lunes, 14 de mayo de 2012

Irregularidades en más de 50 mil casos se han detectado en la Ficha de Protección Social, instrumento usado para identificar a la población que requiere más ayuda del Estado.

El gobierno llamó a la conformación de una comisión de “expertos” que planteen modificaciones a la actual encuesta. Mientras, las autoridades de las comunas populares reaccionan con duros términos frente a estos “supuestos” casos.

Por Pilar Guevara

En la actualidad la Ficha de Protección Social (FPS), instrumento que tiene como objetivo identificar y priorizar con mayor precisión a la población más vulnerable del país y que al año deriva en beneficios por 4.600 millones de dólares, ha saltado nuevamente a la palestra por denuncias de falsificación de datos. Esta vez se constataron 52.512 casos de irregularidades, de un universo de tres millones 893 mil 541. Así lo explicó el ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín, quien planteó que estos reportes falsos se produjeron en un período de transición desde la antigua ficha CAS a la nueva FPS, que se creó en 2011, que tendría cruces de información entre las reparticiones, lo que dificultarán la entrega de datos.

Las irregularidades se dividen en cuatro categorías: subdeclaraciones de ingresos; composición familiar (personas que dicen vivir sin su cónyuge); problemas de salud (personas que aseguran tener algún problema de discapacidad) y subdeclaraciones en el nivel de educación.

Las magnitudes son diferentes. En algunos casos una persona que tiene cuarto medio afirma tener sólo octavo básico: "Pero en aquellos casos en que la diferencia entre lo que nos dice la ficha y lo que nos dice el ministerio es muy notoria, por lo menos 10 años de diferencia, los estamos poniendo en una especie de luz roja. De esos llevamos cuatro mil casos", agregó Lavín.

Éstos han sido derivados a las secretarías regionales ministeriales (seremis) respectivas, de manera que evalúen si ameritan ser denunciados al Juzgado de Policía Local. Ahí deben descartar que se trate de errores de digitación de los datos. Los casos que han llegado a esta instancia legal son 800.

Los siguientes cruces de información previstos son con el ministerio de Salud, para detectar falsos discapacitados, y el Servicio de Impuestos Internos. Además, hay un equipo de 80 fiscalizadores en terreno que van a ser enviados aleatoriamente a diferentes comunas.

Denuncias online

A los cruces con el Mineduc se suman las denuncias que se han formulado a través del sitio web del ministerio de Desarrollo Social, hasta donde han llegado 512 denuncias de irregularidades cometidas por otras personas. Éstas corresponden en 36% a subdeclaraciones de ingresos.

A ellas se agrega el 27% de casos sobre composición familiar y 26% de acusaciones de entrega de información falsa sobre situaciones de salud. El 11% de casos restante corresponden a subdeclaraciones en educación.
Hasta la fecha se han entregado 40 mil fichas nuevas y se pretende volver a encuestar a dos millones de familias este año. La meta para el recambio total al nuevo sistema es 2013.

¿Qué dicen las comunas?

Las declaraciones de Joaquín Lavín causaron repercusiones en las comunas del sector norte y sur de nuestro país. El alcalde de La Granja, Claudio Arriagada, conversó con Cambio21 y señaló que la denuncia del ministro es un mero intento de desviar la atención por sobre los casos de quienes quedaron fuera de los programas sociales del gobierno a causa de la FPS. "No creo en esa denuncia, el ministro no ha sido enfático en ningún momento. Debería señalar detalladamente los casos y, si fuera así, habría un error de ellos por no haber fiscalizado dicha encuesta", enfatizó.

El alcalde de San Miguel, Julio Palestro, en tanto, señaló que "no sé a qué casos específicos se refiere el ministro Lavín, aquí por lo menos no ha llegado ningún informe de fraudes".

"Yo creo que el tema de fondo es que ahora a le gente se le paralizaron todos los beneficios que podían obtener con la ficha que existía anteriormente. Yo vengo escuchando hace más de dos años de que van a cambiar el formato de esa encuesta, pero hasta ahora no ha pasado nada", opinó.

Por otro parte, los profesionales del Programa Puente en San Bernardo indican que es cierto que mucha gente miente sobre sus condiciones socioeconómicas al responder la Ficha de Protección Social. Según ellos, la manipulación de los datos tomó fuerza desde 2007, no sólo por el cambio de la ficha CAS, sino porque ese año comenzó a verse más nítidamente el sistema de protección de Bachelet, con pensiones para dueñas de casa, pensiones complementarias, capacitación laboral para jefas de hogar y subsidios preferentes, entre otros beneficios. La gente veía que algunos de sus vecinos los obtenían y se pasaban el dato para responder la FPS.

"Antes, cuando uno iba a visitar las casas, las señoras escondían el refrigerador. Ahora esconden al marido", dice Isabel Gálvez, encargada del programa Puente en San Bernardo.

Virginia Garrigó, directora de Desarrollo Comunal de Puente Alto, cree que las fichas se podría focalizar mejor si Mideplan y Fosis dieran más autonomía a los municipios para crear planes sociales y hacer un seguimiento a las familias antes de seleccionarlas: "Conocemos mejor que nadie la realidad territorial", enfatiza.

El gobierno estudia implementar cambios en la FPS, aunque el principal problema que ven los profesionales de los municipios no es la desfocalización, porque es tan amplia la franja de hogares vulnerables que son marginales los casos en que se beneficia gente que no los necesita.

"En Puente Alto tenemos dividida la comuna en seis sectores. Donde están las poblaciones El Volcán tenemos 4.600 familias que cumplen con puntaje para ingresar al Programa Puente, pero en toda la comuna contamos con 800 cupos", explica Virginia Garrigó.

Falsos pobres

Para postular a planes de salud, a una vivienda social, obtener la subvención escolar preferencial, becas universitarias o subsidio al agua potable, se debe presentar la FPS. Este instrumento ya no es una simple encuesta, sino que es la que define y articula la política social y es, según los pobladores organizados en la Federación Nacional de Pobladores (Fenapo), la punta de lanza para esconder la pobreza.

Algunos lugares donde se han detectado irregularidades en la FPS son La Cisterna, Negrete, Valparaíso, Arica, La Calera, Concepción, Puerto Montt, Punta Arenas, Puerto Natales y Cañete.

Por ejemplo, la ex administradora municipal de Negrete está acusada de levantar una casa de $10 millones falseando sus años de estudio y disminuyendo su $1,5 millón de remuneración. En Valparaíso, una vendedora ambulante dijo tener segundo básico para obtener un subsidio, cuando en realidad tenía cuarto medio.

En La Calera, el concejal Lautaro Correa aseguró en el año 2010 que "los vecinos me han denunciado que los encuestadores cobran $5 mil por poner menos condiciones en la ficha".

Más al sur, en Concepción, el mismo año la concejala Alejandra Smith pidió investigar la entrega de viviendas y la "posible adulteración de fichas de protección social, antes y durante el proceso de selección de los beneficiados".

En tres días, el consejero regional Karim Bianchi recibió más de 1.500 reclamos en Punta Arenas y Puerto Natales. "Personas que tenían cambios de puntajes abruptos, sin cambio en las condiciones del hogar; toma de datos para la ficha con lápiz mina y una persona que al hacer la ficha vendía joyas. La gente alegaba que tenía puntaje alto a pesar de que compró joyas o que creía tener problemas por no haber comprado", explicó Bianchi. La vendedora fue despedida y la Contraloría estudiará el caso.

En Cañete, una empresaria de la zona indicó un ingreso mínimo y una discapacidad que no existe. En Chiguayante se habrían detectado al menos 29 casos de personas minusválidas que no lo son.

¿Quién explica esto?

Silvia Bendel tiene 4 hijos, vive con su pareja actual y la familia de dos de sus hijos (parejas e hijos pequeños), además de una hija con discapacidad. Ellos viven de allegados en un sitio de las hermanas de la pareja de la mujer, en una casa para estas tres familias. Cada una dispone de una pieza donde debe dormir la pareja y sus hijos. Uno de los hijos tiene tres niños y no caben todos en la pieza, por lo que el mayor, de 8 años, debe dormir en otra casa. Es por eso que no se explica los 11.800 puntos que arbitrariamente le designaron y que la dejan fuera de acceder a ciertos beneficios. Comenta que antes tenía un poco más de 7.000 puntos. Un día fue a revisar su puntaje y se encontró con la sorpresa que había sido actualizado, sin haber sido reencuestada.

Vecinos del comité de allegados Pobladores en Lucha Concepción relatan que ellos viven en una toma de terreno en situación de hacinamiento y no se explican cómo sus puntajes alcanzan a 4 mil puntos, lo que les impide optar a una vivienda propia. Pidieron explicaciones en la municipalidad y allá les dijeron que donde ellos vivían era un sitio residencial, lo que automáticamente sube los puntajes. "Para nosotros esto es un absurdo, no puede ser, ya que nosotros aquí no tenemos nada, es una toma de terreno, vivimos todos hacinados y con el constante riesgo de quedar en la calle porque existen amenazas de remate del sitio", comenta una vecina.
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