LA TRANSICIÓN DE EGIPTO
El alto tribunal egipcio se reúne para pronunciarse sobre la decisión de Morsi de restablecer el Parlamento disuelto por una resolución judicial
RICARD GONZÁLEZ El Cairo 9 JUL 2012 - 11:54 CET
Uno de los primeros organismos estatales en reaccionar ayer a la decisión del presidente egipcio Mohamed Morsi de restablecer el Parlamento fue el Tribunal Constitucional. La asamblea general de la Corte, formada por sus 18 magistrados, anunció una reunión extraordinaria para esta mañana con la finalidad de estudiar la crisis generada por el decreto presidencial.
Aunque el encuentro no ha finalizado todavía, no es osado aventurar que su comunicado censurará la acción de Morsi. Esta fue la posición expresada anoche en el periódico Al Ahram por uno de sus magistrados Tarek Shebl. "Los veredictos del Tribunal Constitucional son vinculantes para todas las autoridades públicas. La resolución de reconstituir la Asamblea Popular no cambia la lógica del Tribunal sobre la inconstitucionalidad de la Asamblea", dijo el juez, que interpretó el gestó de Morsi como un intentó de "pasar por encima" de la sentencia.
Faruq Sultan, presidente del Tribunal Constitucional hasta el pasado sábado, cuando presidió la investidura de Morsi, se mostró aún más contundente. "Estoy sorprendido por como el presidente, que prometió respectar la ley, ha promulgado un decreto que no sólo viola la ley, sino también el Tribunal Constitucional". Sultan se mostró confiado que el sistema judicial egipcio anulará la decisión de Morsi.
Quien tampoco se ha pronunciado todavía de manera oficial es la Junta Militar, el organismo más directamente afectado por el desafío lanzado por el nuevo raïs ya que, en teoría, ostenta actualmente el poder legislativo. Tan pronto como se conoció la decisión, la cúpula militar convocó una reunión extraordinaria de la que no se ha filtrado ningún detalle. Una fuente militar anónima citada por el periódico Masry al-Youm se limitó a expresar la "sorpresa" absoluta que causó la decisión de Morsi entre las altas esferas del ejército, lo que confirma que no fue un movimiento pactado.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Popular, el islamista Saad Katatny, expresó su respaldo al decreto presidencial, que calificó de respetuoso con la ley del país. Además, en un comunicado público, anunció que convocará una sesión de la cámara "durante las próximas horas". El Partido de la Libertad y la Justicia, el brazo electoral de los Hermanos Musulmanes, controla la cámara, pues en las últimas elecciones se quedó a un paso de la mayoría absoluta.
Probablemente, Egipto se encontrará durante las próximas horas con un conflicto de legitimidades al existir dos organismos que actúan en paralelo y proclaman ser los depositarios del poder legislativo. Tras la disolución del Parlamento, ejecutada a mediados de junio, la Junta Militar promulgó una declaración constitucional suplementaria en la que se arrogaba la autoridad legislativa en ausencia de la Asamblea Popular.
Con la Constitución de 1971 suspendida, el país se rige por una declaración constitucional aprobada en referéndum popular el mes de marzo del año pasado, si bien ha sido retocada en varias ocasiones de forma unilateral por parte de la Junta Militar. Ante esta situación excepcional desde el punto de vista jurídico, y sin ningún precedente legal que pueda servir de guía, los expertos en Derecho Constitucional egipcios son incapaces de ponerse de acuerdo sobre la validez del decreto presidencial, y el curso de acción a seguir.
Así pues, la turbia transición egipcia, punteada por espasmos violentos, abre ahora una nueva fase marcada por una situación de caos legal y político, sin que se divise una salida clara en el horizonte. La crisis actual es una consecuencia lógica de un proceso de 18 meses plagado de errores y recelos, en los que los principales actores políticos del país han sido incapaces de pactar unas reglas del juego comunes.
RICARD GONZÁLEZ El Cairo 9 JUL 2012 - 11:54 CET
Uno de los primeros organismos estatales en reaccionar ayer a la decisión del presidente egipcio Mohamed Morsi de restablecer el Parlamento fue el Tribunal Constitucional. La asamblea general de la Corte, formada por sus 18 magistrados, anunció una reunión extraordinaria para esta mañana con la finalidad de estudiar la crisis generada por el decreto presidencial.
Aunque el encuentro no ha finalizado todavía, no es osado aventurar que su comunicado censurará la acción de Morsi. Esta fue la posición expresada anoche en el periódico Al Ahram por uno de sus magistrados Tarek Shebl. "Los veredictos del Tribunal Constitucional son vinculantes para todas las autoridades públicas. La resolución de reconstituir la Asamblea Popular no cambia la lógica del Tribunal sobre la inconstitucionalidad de la Asamblea", dijo el juez, que interpretó el gestó de Morsi como un intentó de "pasar por encima" de la sentencia.
Faruq Sultan, presidente del Tribunal Constitucional hasta el pasado sábado, cuando presidió la investidura de Morsi, se mostró aún más contundente. "Estoy sorprendido por como el presidente, que prometió respectar la ley, ha promulgado un decreto que no sólo viola la ley, sino también el Tribunal Constitucional". Sultan se mostró confiado que el sistema judicial egipcio anulará la decisión de Morsi.
Quien tampoco se ha pronunciado todavía de manera oficial es la Junta Militar, el organismo más directamente afectado por el desafío lanzado por el nuevo raïs ya que, en teoría, ostenta actualmente el poder legislativo. Tan pronto como se conoció la decisión, la cúpula militar convocó una reunión extraordinaria de la que no se ha filtrado ningún detalle. Una fuente militar anónima citada por el periódico Masry al-Youm se limitó a expresar la "sorpresa" absoluta que causó la decisión de Morsi entre las altas esferas del ejército, lo que confirma que no fue un movimiento pactado.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Popular, el islamista Saad Katatny, expresó su respaldo al decreto presidencial, que calificó de respetuoso con la ley del país. Además, en un comunicado público, anunció que convocará una sesión de la cámara "durante las próximas horas". El Partido de la Libertad y la Justicia, el brazo electoral de los Hermanos Musulmanes, controla la cámara, pues en las últimas elecciones se quedó a un paso de la mayoría absoluta.
Probablemente, Egipto se encontrará durante las próximas horas con un conflicto de legitimidades al existir dos organismos que actúan en paralelo y proclaman ser los depositarios del poder legislativo. Tras la disolución del Parlamento, ejecutada a mediados de junio, la Junta Militar promulgó una declaración constitucional suplementaria en la que se arrogaba la autoridad legislativa en ausencia de la Asamblea Popular.
Con la Constitución de 1971 suspendida, el país se rige por una declaración constitucional aprobada en referéndum popular el mes de marzo del año pasado, si bien ha sido retocada en varias ocasiones de forma unilateral por parte de la Junta Militar. Ante esta situación excepcional desde el punto de vista jurídico, y sin ningún precedente legal que pueda servir de guía, los expertos en Derecho Constitucional egipcios son incapaces de ponerse de acuerdo sobre la validez del decreto presidencial, y el curso de acción a seguir.
Así pues, la turbia transición egipcia, punteada por espasmos violentos, abre ahora una nueva fase marcada por una situación de caos legal y político, sin que se divise una salida clara en el horizonte. La crisis actual es una consecuencia lógica de un proceso de 18 meses plagado de errores y recelos, en los que los principales actores políticos del país han sido incapaces de pactar unas reglas del juego comunes.
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