Los magistrados ven "indicios" de que el diputado de Convergència "dirigió y coordinó" a los imputados y que usó su “peso político” para lucrarse
El ‘hereu’, en la cuerda floja
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JESÚS GARCÍA / MIQUEL NOGUER Barcelona 19 MAR 2013 - 13:33 CET
Tres semanas después de recibir la documentación del caso, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) han tomado una decisión de enorme calado político: la imputación del número dos de Convergència Democràtica de Catalunya, Oriol Pujol,por un presunto delito de tráfico de influencias. El dirigente nacionalista utilizó su “peso político” para dirigir una trama corrupta que pretendía amañar concursos de estaciones de ITV. Los magistrados aprecian indicios de que Pujol, mano derecha del presidente de la Generalitat, Artur Mas, intentó “beneficiarse personalmente” con la trama. Pujol no dimitirá como diputado, pero delegará sus funciones orgánicas en tres dirigentes de Convergència. Se trata de Josep Rull, Jordi Turull y Lluís M. Corominas.
La interlocutoria del TSJC, que ha sido notificada al diputado esta mañana, se basa en las conclusiones de la juez que investigó el caso ITV y del fiscal anticorrupción Fernando Maldonado. En base a esas indagaciones y al examen que han realizado de las conversaciones telefónicas que figuran en el sumario, así como de las declaraciones de imputados y testigos, los magistrados concluyen que hay “indicios racionales” de que Pujol realizó una serie de actuaciones “mediante la intervención de terceras personas, amigos o conocidos suyos” que tenían la intención de “conseguir, de una u otra manera” -pero al margen de la legalidad, subraya la interlocutoria- la adjudicación de estaciones de inspección técnica de vehículos.
Tras conocer su imputación, Oriol Pujol ha comparecido en una conferencia de prensa en la sede de Convergència Democràtica para anunciar que “delega” sus cargos orgánicos y los que le corresponden como presidente del grupo de CiU. Pujol delega, pero no dimite, y se queda como diputado. De esta forma, y de forma “temporal”, tres dirigentes de Convergència de su máxima confianza asumirán sus funciones. Se trata de Jordi Turull, actual portavoz parlamentario, quien asumirá la delegación de funciones de Pujol como presidente del grupo de CiU. El también diputado Josep Rull asumirá parte de las funciones derivadas de la secretaría general, que compartirá con Lluís M. Corominas, vicepresidente del Parlamento autónomo.
MÁS INFORMACIÓN
“¿Dónde factura Anna los trabajos?”
Un delfín en las redes del ‘caso ITV’
Oriol Pujol: “Ni soy colaborador, ni soy necesario en el caso de las ITV”
Pujol ha justificado el hecho de dar un paso atrás en el partido pero mantenerse como diputado. “Dejar el escaño sería como asumir mi culpabilidad”, ha dicho al tiempo que admitía su voluntad de dar “reversibilidad” a las decisiones tomadas. En el momento que considere oportuno, pues,podrá volver a asumir todos los cargos. El dirigente nacionalista ha asegurado que continuará como “militante de base”, pero nadie en CiU duda de que seguirá ejerciendo su influencia desde el Parlament y desde un segundo plano. Pujol solo se ha apartado, dice, "para no estorbar en el proceso de transición nacional".
Pujol no ha querido entrar a valorar los hechos por los que se le ha imputado, ni las grabaciones telefónicas en las que media para cambiar determinadas adjuciaciones de estaciones de ITV. “Ni he sido colaborador ni necesario”, se ha limitado a repetir alegando que sigue existiendo secreto sumarial. También ha añadido que sus gestiones en este caso han sido inherentes a su función de diputado y que solo quería “mejorar las cosas”.
Aunque Pujol ha negado que quiera envolverse en la senyera, como le ha acusado la oposición, el dirigente nacionalista ha recordado que en otros casos de corrupción que salpican a CiU existe “juego sucio”.
Cuatro hechos marcan la imputación de Pujol en la trama, según la resolución. Dos de ellos tienen que ver con las presiones que, presuntamente, ejerció sobre un ex alto cargo de la Generalitat catalana -el entonces secretario general del Departamento de Industria y Ocupación, Enric Colet- para que situara a dos personas de su confianza en la gestión del conflicto de las ITV, que enzarzaba a diversas empresas del sector.
Pujol logró que Colet nombrase, “a instancias suyas”, a Isidre Masalles como subdirector general de Seguridad Industrial, “una de las autoridades administrativas que tenía que decidir” sobre la concesión de ITV. Masalles, sin embargo, debía seguir “el plan propuesto” por otra de las personas que Pujol logró colocar: su amigo íntimo Josep Tous, que fue designado “mediador” con las empresas en liza.
Algo fallaba, sin embargo, en el nombramiento de Tous, ya que no solo servía a los intereses públicos: en esas mismas fechas, el hombre en la sombra de Pujo l”también trabajaba al servicoi y defendiendo los intereses” de dos de los empresarios imputados, Sergi Alsina y Ricard Puignou. Este último le pagaba un sueldo de unos 2.000 euros mensuales. Pujol “era conocedor de este hecho”, concluyen los magistrados en base a las conversaciones telefónicas.
El otro bloque de hechos que han propiciado la imputación de Oriol Pujol tienen que ver con su estrecha relación con el empresario y amigo personal Sergi Alsina. Ambos colaboraron para “ampliar el número de estaciones de ITV” de forma que todos los implicados “pudieran salir beneficiados”. Lo más grave de este asunto es que Pujol, según los magistrados, “participó en la trama societaria ideada” para repartirse los beneficios una vez logradas las adjudicaciones, algo que no llegó a concretarse. Los implicados crearon la empresa Upprime Energy para que fuera beneficiada con “el apoyo y amparo” de Pujol, quien “coordinaba y daba instrucciones a todos ellos de forma periódica”.
Alsina, al que Pujol “presuntamente debía un favor personal”, según los magistrados, fue nombrado director general de Upprime Energy. Hay “indicios” para concluir que éste iba a compartir sus beneficios en la empresa con Pujol. En definitiva, y gracias a su “peso político”, el dirigente nacionalista intentó conseguir las adjudicaciones con el objetivo de “obtener un beneficio económico para él y / o sus amigos y colaboradores”. Con su actuación “coordinaba, dirigía y daba el apoyo necesario”, desde una vertiente política, al resto de implicados.
La resolución llega después de que la juez que investiga el caso ITV, de presunta corrupción, se inhibiera en favor del TSJC, ya que Oriol Pujol es diputado en el Parlament y, como tal, tiene la condición de aforado. A principios de febrero, la Fiscalía Anticorrupción remitió su informe a la juez del caso, en el que concluía que el delfín de Mas “coordinó, dirigió y amparó la actividad delictiva" de los imputados. Pujol cometió tráfico de influencias, según Anticorrupción, porque utilizó sus cargos como secretario general de CDC y como presidente del grupo parlamentario para "presionar" a su favor.
El pasado 25 de febrero se formó la sala del TSJC que ha deliberado sobre la imputación de Oriol Pujol y que ha estado formada por los magistrados Miguel Ángel Gimeno -presidente de la institución-, Maria Eugènia Alegret y Enric Anglada. Este último fue designado ponente y será el encargado de instruir, esto es, de llevar las investigaciones a partir de ahora. Los magistrados discutieron sobre la documentación que obra en la causa en torno a Pujol: ocho tomos, entre ellos un informe del servicio de Vigilancia Aduanera que señalaba al líder de CDC como “impulsor” de la trama corrupta.
Con la imputación de Oriol Pujol, el TSJC concluye -por ahora- un mes de infarto, en el que ha tenido que decidir, consecutivamente, sobre la imputación de otros diputados catalanes: Daniel Fernández, del Partit dels Socialistes (PSC) y Xavier Crespo, también de Convergència. En todos los casos, los magistrados han optado por citarles a declarar. A Fernández, por haber presionado para colocar a una persona en un cargo del Ayuntamiento de Montcada i Reixac; a Crespo, por haber recibido regalos y viajes de una presunta trama mafiosa rusa que blanqueó 56 millones cuando él era alcalde de Lloret de Mar.
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JESÚS GARCÍA / MIQUEL NOGUER Barcelona 19 MAR 2013 - 13:33 CET
Tres semanas después de recibir la documentación del caso, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) han tomado una decisión de enorme calado político: la imputación del número dos de Convergència Democràtica de Catalunya, Oriol Pujol,por un presunto delito de tráfico de influencias. El dirigente nacionalista utilizó su “peso político” para dirigir una trama corrupta que pretendía amañar concursos de estaciones de ITV. Los magistrados aprecian indicios de que Pujol, mano derecha del presidente de la Generalitat, Artur Mas, intentó “beneficiarse personalmente” con la trama. Pujol no dimitirá como diputado, pero delegará sus funciones orgánicas en tres dirigentes de Convergència. Se trata de Josep Rull, Jordi Turull y Lluís M. Corominas.
La interlocutoria del TSJC, que ha sido notificada al diputado esta mañana, se basa en las conclusiones de la juez que investigó el caso ITV y del fiscal anticorrupción Fernando Maldonado. En base a esas indagaciones y al examen que han realizado de las conversaciones telefónicas que figuran en el sumario, así como de las declaraciones de imputados y testigos, los magistrados concluyen que hay “indicios racionales” de que Pujol realizó una serie de actuaciones “mediante la intervención de terceras personas, amigos o conocidos suyos” que tenían la intención de “conseguir, de una u otra manera” -pero al margen de la legalidad, subraya la interlocutoria- la adjudicación de estaciones de inspección técnica de vehículos.
Tras conocer su imputación, Oriol Pujol ha comparecido en una conferencia de prensa en la sede de Convergència Democràtica para anunciar que “delega” sus cargos orgánicos y los que le corresponden como presidente del grupo de CiU. Pujol delega, pero no dimite, y se queda como diputado. De esta forma, y de forma “temporal”, tres dirigentes de Convergència de su máxima confianza asumirán sus funciones. Se trata de Jordi Turull, actual portavoz parlamentario, quien asumirá la delegación de funciones de Pujol como presidente del grupo de CiU. El también diputado Josep Rull asumirá parte de las funciones derivadas de la secretaría general, que compartirá con Lluís M. Corominas, vicepresidente del Parlamento autónomo.
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“¿Dónde factura Anna los trabajos?”
Un delfín en las redes del ‘caso ITV’
Oriol Pujol: “Ni soy colaborador, ni soy necesario en el caso de las ITV”
Pujol ha justificado el hecho de dar un paso atrás en el partido pero mantenerse como diputado. “Dejar el escaño sería como asumir mi culpabilidad”, ha dicho al tiempo que admitía su voluntad de dar “reversibilidad” a las decisiones tomadas. En el momento que considere oportuno, pues,podrá volver a asumir todos los cargos. El dirigente nacionalista ha asegurado que continuará como “militante de base”, pero nadie en CiU duda de que seguirá ejerciendo su influencia desde el Parlament y desde un segundo plano. Pujol solo se ha apartado, dice, "para no estorbar en el proceso de transición nacional".
Pujol no ha querido entrar a valorar los hechos por los que se le ha imputado, ni las grabaciones telefónicas en las que media para cambiar determinadas adjuciaciones de estaciones de ITV. “Ni he sido colaborador ni necesario”, se ha limitado a repetir alegando que sigue existiendo secreto sumarial. También ha añadido que sus gestiones en este caso han sido inherentes a su función de diputado y que solo quería “mejorar las cosas”.
Aunque Pujol ha negado que quiera envolverse en la senyera, como le ha acusado la oposición, el dirigente nacionalista ha recordado que en otros casos de corrupción que salpican a CiU existe “juego sucio”.
Cuatro hechos marcan la imputación de Pujol en la trama, según la resolución. Dos de ellos tienen que ver con las presiones que, presuntamente, ejerció sobre un ex alto cargo de la Generalitat catalana -el entonces secretario general del Departamento de Industria y Ocupación, Enric Colet- para que situara a dos personas de su confianza en la gestión del conflicto de las ITV, que enzarzaba a diversas empresas del sector.
Pujol logró que Colet nombrase, “a instancias suyas”, a Isidre Masalles como subdirector general de Seguridad Industrial, “una de las autoridades administrativas que tenía que decidir” sobre la concesión de ITV. Masalles, sin embargo, debía seguir “el plan propuesto” por otra de las personas que Pujol logró colocar: su amigo íntimo Josep Tous, que fue designado “mediador” con las empresas en liza.
Algo fallaba, sin embargo, en el nombramiento de Tous, ya que no solo servía a los intereses públicos: en esas mismas fechas, el hombre en la sombra de Pujo l”también trabajaba al servicoi y defendiendo los intereses” de dos de los empresarios imputados, Sergi Alsina y Ricard Puignou. Este último le pagaba un sueldo de unos 2.000 euros mensuales. Pujol “era conocedor de este hecho”, concluyen los magistrados en base a las conversaciones telefónicas.
El otro bloque de hechos que han propiciado la imputación de Oriol Pujol tienen que ver con su estrecha relación con el empresario y amigo personal Sergi Alsina. Ambos colaboraron para “ampliar el número de estaciones de ITV” de forma que todos los implicados “pudieran salir beneficiados”. Lo más grave de este asunto es que Pujol, según los magistrados, “participó en la trama societaria ideada” para repartirse los beneficios una vez logradas las adjudicaciones, algo que no llegó a concretarse. Los implicados crearon la empresa Upprime Energy para que fuera beneficiada con “el apoyo y amparo” de Pujol, quien “coordinaba y daba instrucciones a todos ellos de forma periódica”.
Alsina, al que Pujol “presuntamente debía un favor personal”, según los magistrados, fue nombrado director general de Upprime Energy. Hay “indicios” para concluir que éste iba a compartir sus beneficios en la empresa con Pujol. En definitiva, y gracias a su “peso político”, el dirigente nacionalista intentó conseguir las adjudicaciones con el objetivo de “obtener un beneficio económico para él y / o sus amigos y colaboradores”. Con su actuación “coordinaba, dirigía y daba el apoyo necesario”, desde una vertiente política, al resto de implicados.
La resolución llega después de que la juez que investiga el caso ITV, de presunta corrupción, se inhibiera en favor del TSJC, ya que Oriol Pujol es diputado en el Parlament y, como tal, tiene la condición de aforado. A principios de febrero, la Fiscalía Anticorrupción remitió su informe a la juez del caso, en el que concluía que el delfín de Mas “coordinó, dirigió y amparó la actividad delictiva" de los imputados. Pujol cometió tráfico de influencias, según Anticorrupción, porque utilizó sus cargos como secretario general de CDC y como presidente del grupo parlamentario para "presionar" a su favor.
El pasado 25 de febrero se formó la sala del TSJC que ha deliberado sobre la imputación de Oriol Pujol y que ha estado formada por los magistrados Miguel Ángel Gimeno -presidente de la institución-, Maria Eugènia Alegret y Enric Anglada. Este último fue designado ponente y será el encargado de instruir, esto es, de llevar las investigaciones a partir de ahora. Los magistrados discutieron sobre la documentación que obra en la causa en torno a Pujol: ocho tomos, entre ellos un informe del servicio de Vigilancia Aduanera que señalaba al líder de CDC como “impulsor” de la trama corrupta.
Con la imputación de Oriol Pujol, el TSJC concluye -por ahora- un mes de infarto, en el que ha tenido que decidir, consecutivamente, sobre la imputación de otros diputados catalanes: Daniel Fernández, del Partit dels Socialistes (PSC) y Xavier Crespo, también de Convergència. En todos los casos, los magistrados han optado por citarles a declarar. A Fernández, por haber presionado para colocar a una persona en un cargo del Ayuntamiento de Montcada i Reixac; a Crespo, por haber recibido regalos y viajes de una presunta trama mafiosa rusa que blanqueó 56 millones cuando él era alcalde de Lloret de Mar.
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