El ‘ex número dos’ castrense admite que recibió sobornos
MACARENA VIDAL LIY Pekín
China aprobará a toda velocidad nuevas leyes contra la corrupción, una de las principales lacras del país, para conseguir que los funcionarios “no se atrevan, no puedan y no quieran” participar en actos de soborno. Los documentos finales del plenario del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh), divulgados este martes, incluyen este anuncio entre nuevos detalles de la reforma judicial de la semana pasada, que busca hacer más fiables unos tribunales desprestigiados y, sobre todo, consolidar el mando del partido.
No es coincidencia que, junto con estos documentos, se haya dado a conocer la confesión del militar más poderoso en China, el general Xu Caihou. Según la agencia oficial Xinhua, el número dos entre 2004 y 2012 de la Comisión Militar Central —el principal órgano castrense en China, donde solo tenía como superior al presidente Hu Jintao—, ha confirmado que recibió sobornos “en cantidades masivas”.
El caso del general Xu ha sido uno de los más escandalosos en la campaña contra la corrupción que ha puesto en marcha el presidente Xi Jinping desde hace dos años. Aunque los documentos oficiales no dan cifras, el diario South China Morning Post manejaba hace meses la cifra de 4,4 millones de euros. El general recibía ese dinero, directamente o a través de su familia, a cambio de “promocionar a otros”, según Xinhua.
Xu, de 71 años y enfermo de cáncer de vejiga, se encontraba detenido desde marzo pasado, cuando los investigadores del partido le sacaron del hospital militar donde estaba ingresado para interrogarle en un lugar desconocido y sin comunicación con el exterior, bajo el procedimiento conocido como shuanggui. El 30 de junio se confirmó que había quedado arrestado. Expulsado ya del partido y del Ejército, su confesión abre las puertas para que sea llevado a juicio, según Xinhua.
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La caída en desgracia del general, a quien también se ha vinculado con Zhou Yongkang, el antiguo jefe de los servicios de seguridad igualmente caído en desgracia sin que se conozca de momento su sino, representa una fuerte llamada de atención al estamento militar, muchos de cuyos mandos fueron ascendidos durante la era Xu. Aunque desde los años noventa el Ejército de Liberación Popular (PLA) tiene prohibido participar en actividades comerciales, en su seno se llevan a cabo lucrativas operaciones.
Además del caso Xu, los documentos del plenario divulgados este martes aportan nuevos detalles sobre la reforma del sistema judicial, que el partido admite que está plagado de juicios no imparciales y de magistrados corruptos. El Comité Central promete asegurar la independencia de los jueces y evitar las injerencias de los funcionarios. Será posible también revisar en los tribunales decisiones administrativas y se adoptarán nuevas normas para la obtención, presentación y uso de pruebas.
Se impedirá, entre otras cosas, que se puedan obtener testimonios mediante la tortura. Cómo hacer cumplir la ley también se verá sometido a reforma. Quedará vetada la “brutalidad” a la hora de hacer cumplir la ley, según Xinhua, que apunta también una revisión de los temidos chengguan, agentes parapoliciales encargados de vigilar que se apliquen los reglamentos de cada municipalidad y muy criticados por su frecuente uso abusivo de la fuerza.
Y, en momentos en los que el país ve con preocupación un aumento de los incidentes separatistas en Xinjiang, hogar de la minoría étnica uigur, el partido también aspira a poner en marcha de manera “urgente” legislación antiterrorista.
Con esta serie de medidas, el partido busca devolver la confianza de la población en un sistema judicial desprestigiado y evitar una fuente de descontento que cada año provoca decenas de miles de protestas sociales. “El sistema judicial es la última línea de defensa para la justicia social”, afirma Xi en los documentos. “Si fracasa, la gente pondrá en duda (esta capacidad de lograr) la justicia social y será difícil mantener la estabilidad”.
Porque lo que sí dejan claro los documentos, pese a su vaguedad al detallar los cambios y su alcance, es el objetivo final de la reforma: consolidar la autoridad del PCCh. “El liderazgo del partido es la característica clave del socialismo con características chinas y la garantía fundamental del Estado de Derecho socialista”, asegura Xi.
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