La 'ley Macron' amplía la apertura tiendas en domingo y el acceso a profesiones reguladas
CARLOS YÁRNOZ París 10 DIC 2014 - 08:49 CET
Francia pone en marcha este miércoles el más importante paquete reformista del mandato de François Hollande para liberalizar su economía. El Consejo de Ministros ha aprobado la ley para el Crecimiento y la Actividad, que persigue la eliminación de “trabas” y “cerrojos” para facilitar la creación de nuevas empresas, la apertura de comercios en domingo y el acceso a profesiones reguladas, especialmente en el sector jurídico. El Gobierno presenta el proyecto como “el mayor paso” para agilizar la anquilosada economía francesa, pero la norma es rechazada por los sindicatos, los sectores afectados y el ala izquierdista del Partido Socialista. La apoyan la patronal y, según los sondeos, la opinión pública.
La norma ha sido bautizada en los medios de comunicación como ley Macron por ser obra del ministro Emmanuel Macron, de 36 años, quien se incorporó al Ejecutivo el pasado agosto. El titular de Economía, el más joven del equipo de Manuel Valls, ha reiterado estas semanas pasadas que hay que “desatascar” la economía francesa, a la que le achaca tres enfermedades: “Desconfianza, complejidad y corporativismo”. Valls, que ha decidido presentar él mismo el proyecto junto con su ministro y otros siete miembros del Ejecutivo, ha comunicado por escrito a la Comisión Europea que esta ley da respuesta a la exigencia de Bruselas para que París emprenda transformaciones más profundas.
El capítulo más polémico de la norma es el relativo a la apertura de comercios en domingo, hoy limitada a cinco al año. El proyecto lo amplía a 12 y, a la vez, autoriza al Gobierno a crear más “zonas turísticas internacionales” –por ejemplo en París, donde ahora hay siete- en las que los comercios podrán estar abiertos los siete días a la semana y hasta media noche en las zonas de Campos Elíseos, Bulevard Haussmann o calle Rivoli. Las tiendas en grandes estaciones ferroviarias también podrán funcionar domingos y festivos. La patronal apoya la medida frente a los sindicatos o la alcaldesa de París, la socialista Ana Hidalgo, que pierde la competencia para autorizar esos horarios más amplios.
El proyecto apuesta por la libre instalación, aunque con limitaciones, de nuevos notarios, especialmente jóvenes, y por la rebaja de las elevadas tasas en este sector, uno de los mejor remunerados, con unos 300.000 euros de ingresos anuales de media. Oficiales de justicia, peritos tasadores o administradores judiciales también se verán afectados por medidas similares. En total, son unos 13.500 los integrantes de estas profesiones reguladas, muy cerradas al acceso de competidores, y cuya actividad encarece y complica la actividad empresarial y las operaciones individuales, en opinión del Gobierno. Este mismo miércoles, están convocados por sus organizaciones para manifestarse contra la reforma en el centro de París.
El proyecto es rechazado por los sindicatos y los afectados, y apoyado por la patronal y la opinión pública
La ley Macron también facilitará la creación de empresas de transporte en autobús, hoy sometidas a complejos sistemas de autorización, o el acceso al permiso de conducir. Asimismo, prevé agilizar las opciones de que el Estado venda activos propios por entre 5.000 y 10.000 millones, que serán destinados a rebajar la abultada deuda pública (95,6% del PIB) y a dinamizar la economía. El Gobierno acaba de vender por 300 millones a una empresa china la gestión del aeropuerto de Toulouse y tiene previsto privatizar los de Niza y Lyon.
Valls aseguró que la nueva ley responde a "la voluntad reformadora del Gobierno" y "solo sirve al interés general del país", añadió, porque su objetivo es "modernizar Francia y favorecer el crecimiento y el empleo", pero "respetando nuestro modelo social". Como ejemplo, mencionó que la norma obliga a fijar contrapartidas para los empleados que trabajen los domingos, si bien serán negociadas entre trabajadores y empresarios. Para Macron, su ley es "pragmática, justa y eficaz", porque promoverá la actividad económica y creará empleos, sobre todo entre los jóvenes. "Estamos intentando cambiar el país, modernizarlo", insistió Macron.
Para el ala más izquierdista del gubernamental Partido Socialista, el proyecto es "demasiado liberal". Coincidiendo con su presentación, la alcaldesa de Lille y exlíder del partido, Martine Aubry, ha señalado en Le Monde que la nueva ley es "una rgresión social". "Combatiré esa regresión a nivel nacional y en mi ciudad", declara Aubry, la figura más destacada del ala socialista crítica con la actual política económica.
Este rechazo en las filas propias, junto al sindical y el de los sectores afectados, contrasta con el de la opinión pública. Según un reciente sondeo de Odoxa para el diario Les Echos, el 70% de los franceses desean la apertura de comercios en domingo y el 58% asegura que votaría a favor de la 'ley Macron' si fueran parlamentarios. La encuesta arroja, sin embargo, un dato demoledor: el 86% cree que la política económica es mala.
Este nuevo proyecto de ley, cuya tramitación parlamentaria a partir de enero se augura complicada, es el tercero que integra el paquete reformista del mandato de cinco años de François Hollande, una vez lanzados el Pacto de Responsabilidad –prevé un recorte de 50.000 millones de gasto público en tres años- y la reducción de 22 a 13 del número de regiones.
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