70 personas inician una huelga de hambre en defensa de los presos políticos
Liberen a los presos de conciencia, por DESMOND TUTU
EWALD SCHARFENBERG Caracas 12 JUN 2015 - 04:33 CEST
El exalcalde de San Cristóbal (Estado de Táchira, suroeste del país), Daniel Ceballos, aceptó este jueves ser alimentado y concluir así la huelga de hambre que había mantenido durante 20 días, desde que el 22 de mayo fue trasladado a una cárcel de delincuentes comunes en el interior de Venezuela. Su salud había empeorado gravemente y, tras abandonar la huelga, las autoridades venezolanas procedieron de inmediato a mudar a Ceballos a una de las sedes del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia, policía política) en Caracas, donde permanecerá recluido.
“Mi esposo abandonó la huelga de hambre por motivos de salud”, confirmó la esposa de Ceballos, Patricia Gutiérrez, actual alcaldesa de San Cristóbal a las afueras del Helicoide, una lúgubre edificación de los años 50 en el oeste de Caracas, reconvertida hace tres décadas como cuartel de la policía política. Sin embargo, matizó, “no celebro su traslado porque lo que merece es estar en libertad”.
Ceballos está acusado del delito de rebelión civil, cargo por el que es procesado. Está preso desde marzo de 2014, cuando, en medio de las protestas callejeras que durante el primer semestre de ese año brotaron en varias ciudades venezolanas, el Gobierno de Nicolás Maduro señaló al alcalde de San Cristóbal y a otros de sus colegas de colaborar con el levantamiento.
Al mismo tiempo, la voluntad de hacer huelga de hambre con fines políticos se esparce en Venezuela como un virus contagioso. Según un recuento del partido Voluntad Popular (VP) del exalcalde Leopoldo López, difundido el miércoles por la esposa de este, Lilian Tintori, a través de su Twitter, suman 70 las personas que protestan de esa manera, casi tantas como los presos políticos, 78, por cuya libertad claman. El petitorio de los huelguistas se completa con otras exigencias para el Gobierno de Nicolás Maduro, como la pronta convocatoria de elecciones parlamentarias.
La oleada se inició con los dirigentes de VP y exalcaldes Leopoldo López y el propio Ceballos, quienes hasta el 22 de mayo permanecían recluidos en la cárcel militar de Ramo Verde. Ese día, sin embargo, Ceballos fue trasladado sin ningún protocolo a una prisión de delincuentes comunes en San Juan de los Morros (Estado de Guárico, centro de Venezuela), como castigo por sus intentos de transmitir mensajes grabados al exterior de la cárcel. Como reacción, el propio ambos iniciaron sendas huelgas de hambre en la que el primero cumplió este jueves 20 días y el segundo, 18.
Un grupo de estudiantes inició también su propia huelga en solidaridad con los presos e hizo una acampada permanente frente a una iglesia del este de Caracas. Familiares de los prisioneros se sumaron. El ejemplo fue imitado en otras 14 ciudades de provincia y entre la comunidad de exiliados en el extranjero. La protesta llegó hasta la Ciudad del Vaticano. Dos concejales del Estado de Táchira, copartidarios de López y Ceballos, se habían apostado desde el domingo en las inmediaciones de la Santa Sede, pero levantaron la protesta el jueves después de que pudieran conversar con el papa Francisco durante la audiencia general de los miércoles.
Estas acciones extremas le han creado un punto de presión al Gobierno chavista, pero también levantaron un nuevo tema de debate en el seno de la oposición.
Hasta ahora el régimen de Maduro se ha mostrado insensible ante las peticiones de los huelguistas, y no son pocos los que recuerdan el caso del productor agropecuario Franklin Brito, quien falleció en 2010 tras una infructuosa huelga de hambre, la tercera que emprendía en solicitud de la restitución de unas tierras que le habían sido expropiadas.
Ante la posibilidad de que la presente campaña desemboque en la inmolación de algunos huelguistas, los sectores moderados de la oposición vienen pronunciándose en las últimas horas por el levantamiento de la protesta. En ese sentido se expresaron por Twitter el excandidato presidencial y gobernador del Estado de Miranda, Henrique Capriles Radonski, y el Secretario Ejecutivo de la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba.
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