domingo, 23 de agosto de 2015

La presión para destituir a Rousseff tiene una tregua

La presidenta Dilma Rousseff, el miércoles pasado / REUTERS

Un acuerdo tácito entre empresarios y políticos para retomar el control de la crisis ayuda a la mandataria a ganar tiempo y aísla a su peor enemigo, el presidente de la Cámara de los Diputados

CARLA JIMÉNEZ São Paulo 23 AGO 2015 - 00:57 CEST


La adrenalina de las recientes protestas multitudinarias que pidieron la destitución de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, fue dando lugar a una curiosa serenidad en los días posteriores al domingo, 16. Al menos en el centro del poder. Después de varias humillaciones públicas que culminaron con las manifestaciones, Rousseff tuvo días menos ácidos. Una victoria para el ajuste fiscal, con la aprobación en el Senado de un proyecto que aumenta los tributos de empresas, el pasado miércoles. La visita de la canciller alemana, Angela Merkel, para ampliar negocios el jueves, y 50.000 personas en la calle en protestas contra su destitución en ese mismo día. Menos que los 800.000 del domingo pasado, en todo caso, pero un aliento en el desierto de su baja popularidad.

Para completar el cuadro, una denuncia contundente en el Supremo contra su gran enemigo, el presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, acusado de promover chantajes para obtener sobornos millonarios de contratistas de Petrobras.

El cambio repentino de clima se debe a un pacto entre actores económicos y políticos para frenar lo que parecía un torbellino sin fin, que tuvo su auge diez días antes de que los gritos anti Rousseff invadieran las calles. El 6 de agosto, la Cámara, insuflada por Cunha, instauró una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) del Banco Nacional del Desarrollo Económico y Social (BNDES), la entidad pública que ha concedido crédito a casi todas las principales empresas brasileñas.

"La investigación pondría a todos los empresarios que negociaron con BNDES en un clima peligroso, como si hubiera algo ilícito. Todos se vieron bajo el riesgo de la exposición", observa el politólogo Fernando Limongi.

Ese mismo día, la Cámara, liderada por Cunha, votó a favor del aumento de sueldos de algunos servidores públicos que pasarían a ganar más que la presidenta. Era un golpe contra el ajuste fiscal que el país necesita para restablecer la credibilidad en la economía.

Cunha le hizo la vida imposible a Rousseff desde que asumió la presidencia de la Cámara en febrero. Dejó de votar proyectos importantes y la criticó en todas las oportunidades que tuvo. La mala relación se avinagró cuando se hizo público, a mediados de julio, el vídeo del delator Julio Camargo. Este lobista de una empresa que trabajaba para Petrobras, investigado por la operación Lava Jato, denunció que Cunha lo presionaba para recibir un soborno de cinco millones de dólares. Fue entonces cuando el presidente de la Cámara anunció su ruptura con el Gobierno. Creía que Rouseff estaba involucrada para perjudicarlo políticamente.

Nadie se quejó mientras sus ataques intentaban desgastar a Rousseff . Pero cuando la sed de venganza del diputado puso en riesgo la ya fragilizada economía (y aumentó las posibilidades de que Brasil perdiera la actual nota de inversión de las agencias de riesgo) el establishment reaccionó. Y advirtió, públicamente, de que los dueños del capital - que financian las campañas electorales - no podían seguir viviendo en ese ambiente de inseguridad política que contamina la economía.

La bronca funcionó y Cunha empezó a ver menguar su poder. Dos días antes de las protestas, la Justicia le cortó las alas al diputado al determinar que las cuentas públicas de Rousseff tienen que ser evaluadas por la Cámara y por Senado, y no solo por los diputados, como quería Cunha. Los gastos públicos del Gobierno en 2014 están bajo análisis del Tribunal de Cuentas. Si este encuentra irregularidades, puede dar fuerza a una petición de impeachment en el Congreso, una estrategia no muy segura, según varios politólogos, porque un proceso de este tipo vale para delitos cometidos durante el mandato en vigor. Rousseff fue reelegida en octubre del año pasado.

En Brasil se respira un sentimiento de que, independientemente de lo que suceda – guerras políticas que pueden incluso culminar con una destitución- no se puede perder lo conquistado hasta ahora. Este año ya se han perdido 345.000 puestos de trabajo y la expectativa es que muchos más trabajadores pierdan su empleo hasta diciembre. También la inflación castiga a Brasil, con una alza que puede llegar a 10%, sobrepasando la meta establecida por el Banco Central por primera vez en una década.

Pero Brasil creó 20 millones de empleos en los últimos 13 años y venció una inflación de 80% al mes en 1994. Más aún, el Producto Interior Bruto (PIB) se multiplicó por tres desde 1995, cuando el país domó la hiperinflación. Todas estas conquistas están en riesgo. Pero si el huracán sigue, las consecuencias serán más graves.

La percepción de la sociedad brasileña - de los empresarios y de la población inconforme con el Gobierno pero que no se unió a las protestas contra Rouseff - es que el país está mal con la presidenta pero estaría peor sin ella, porque no hay alternativas de liderazgo. Al menos por ahora. La destitución podría salir adelante si se comprueba que los gastos públicos de este año han usado alguna maniobra contable que afectó al equilibrio fiscal. Otra posibilidad es que se descubra el uso irregular de dinero en su campaña electoral del año pasado.

El viernes por la noche, el juez del Supremo y vicepresidente del Tribunal Superior Electoral, Gilmar Mendes, pidió investigaciones sobre los gastos para la reelección de Rousseff, alegando que hay "indicios" de que su campaña se benefició de dinero de sobornos procedente de Petrobras. El politólogo Thiago Aragão no ve gran potencial para que este pedido perjudique a la presidenta, pero seguro que la mantiene bajo la presión deseada por sus opositores. Prueba de que el alivio pos protestas puede durar mui poco. La prueba de que el alivio post protestas puede durar muy poco.

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