El presidente, a través de un mensaje difundido en los canales nacionales, no presentó su renuncia pese a las protestas callejeras y la renuncia de sus ministos
JOSÉ ELÍAS Guatemala 24 AGO 2015 - 06:11 CEST
Abrumado por la contundencia de las pruebas que lo ligan a estructuras mafiosas que han esquilmado al Estado de Guatemala, con ministros y otros altos cargos que han presentado su renuncia en las últimas horas y un pueblo que sigue en las calles reclamando a voz en grito su renuncia, el presidente Otto Pérez Molina dirigió, la noche del domingo, un mensaje a la nación en el que anunció su decisión de continuar en el cargo.
En su alocución, previamente grabada, Pérez Molina negó que tuviera relación alguna con la estructura mafiosa conocida como La Línea, como denunciaran el viernes la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). “Declaro categóricamente que rechazo mi vinculación (a la estructura mafiosa) y haber recibido dinero alguno de esa vinculación (…) Daré la cara y demostraré que no he sido parte de esa estructura”, dijo Pérez visiblemente molesto.
“No hay una sola línea”, añadió para atacar tanto al empresariado, que el sábado le dio la espalda, como a los entes investigadores. “No hay una sola Línea. Son dos. Hasta ahora ha aparecido la que recibe, pero no la que paga, sin duda enraizada en el sector empresarial”.
Inmediatamente después arremetió contra la Cicig. “No es aceptable que en Guatemala se pretenda instalar una estrategia intervencionista que tiene como objetivo dictarnos qué hacer o dejar de hacer y quebrantar la democracia”, advirtió.
“Asumiré mi responsabilidad y aceptaré la ley”, dijo para pedir que “la Guatemala profunda” se pronuncie en su defensa. “No renunciaré. Con toda entereza enfrentaré y me sujetaré a los procesos legales que en ley correspondan”, concluyó.
Este mensaje se da después de un fin de semana nefasto para el mandatario y que inició el viernes con la orden de detención de su ex vicepresidenta Roxana Baldetti, quien fue llevada de un sanatorio privado a un cuartel militar donde también están recluidos otros funcionarios implicados es actos de corrupción.
Pérez Molina tiene cada vez menos margen de maniobra desde que el último viernes la Fiscalía y la CICIG lo señalaron como el máximo líder de una mafia que esquilmaba al Estado desde las aduanas. De los tres posibles escenarios –renunciar al cargo, enfrentar el Antejuicio (como aquí se conoce al largo proceso para ser despojado de la inmunidad inherente a su cargo) o aferrarse al poder hasta el 14 de enero, cuando debe entregar la Presidencia a su sucesor–, ha elegido el segundo, quizás esperanzado en que pueda manipular al Congreso para evitar que este dé luz verde para que sea llevado a los tribunales.
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