EFE – Hace 1 hora 41 minutosWashington, 30 nov (EFE).- Organizaciones de la sociedad civil lamentaron hoy que la Organización de Estados Americanos (OEA) permanezca "inerte" ante las "serias amenazas y violaciones" contra la democracia en América Latina.
Las organizaciones participaron en un Consejo Permanente extraordinario celebrado en la sede del organismo en Washington para discutir sobre la promoción y el fortalecimiento de la democracia en la región y la Carta Democrática Interamericana.
La representante de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, Victoria Amato, mostró su preocupación porque "la OEA no se pronuncie frente a evidentes escenarios de vulneración de derechos humanos y valores democráticos".
Según Amato, la capacidad de liderazgo de la OEA está siendo "seriamente cuestionada" y denunció que mientras "la institucionalidad democrática en los países de la región continúa en declive", el organismo "se mantiene inerte frente a graves violaciones".
La activista señaló que desde hace 10 años, con la creación de la Carta Democrática, en la cual se estableció el compromiso de los Gobiernos de emprender una defensa activa de la democracia en la región, la OEA cuenta con instrumento para reaccionar pero "vemos que se resiste a utilizarlo".
"Demandamos a la OEA mayor voluntad política en la protección democrática de la región y que implemente manera más efectiva los mandatos de la Carta", señaló Amato quien abogó por medidas preventivas y la creación de una Relatoría especial para la democracia que vele por los principios de la Carta.
Para el abogado Omar García, de la Federación Interamericana de Abogados (IABA) "la democracia consiste en algo más que elecciones" y señaló que la Carta "no puede ser sólo un mecanismo reactivo ante la ruptura constitucional".
La democracia "precisa de fortaleza institucional, inclusión de los más desfavorecidos y participación de la sociedad civil" y requiere de "instituciones fuertes" que respeten la independencia de cada rama del poder público.
Marcelo Varela, del Centro Carter, consideró necesario el "establecimiento mecanismos preventivos para evitar erosión de la democracia" y evitar las crisis.
Según Varela la diplomacia preventiva es mucho más efectiva que las acciones "a posteriori" y consideró que otros organismos del gobierno tengan la capacidad de acudir al Consejo cuando detecten algún peligro para la democracia para poder denunciarlo a tiempo.
En este sentido, propuso la creación de un Relator Especial que pueda recibir las denuncias de posibles amenazas a la democracia y con una invitación abierta permanente para visitar países sin permiso previo para reunirse con representantes políticos y de la sociedad civil.
La otra opción que puso sobre la mesa fue una Relatoría a tiempo completo centrada en el derecho a la democracia en el seno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el organismo autónomo de la OEA que se vela por los derechos humanos en la región.
Los representantes de los países que participaron en la sesión recogieron las propuestas de la sociedad civil y se comprometieron a tenerlas en cuenta de cara a futuras reuniones.
El representante permanente de Colombia ante la OEA, Luis Hoyos, pidió que se facilite la participación de las organizaciones en el debate y lamentó que hay varias organizaciones llevan años tratando de estar registradas en la OEA para poder participar en este proceso y "hay un número de ellas que por decisiones de los estados no pueden". "Ningún gobierno debe tenerle miedo a este proceso", dijo.
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, rechazó las críticas de que el organismo sea "reticente" a aplicar la Carta y subrayó que la OEA "intentó desvincular los derechos humanos del cuerpo político, como sucede en la ONU" para garantizar la independencia de la supervisión de los derechos humanos.
"A veces se pide a la OEA que haga cosas que por su naturaleza es difícil que haga", señaló el secretario general, quien instó a que sean las propias organizaciones las que creen una figura de defensor de los derechos humanos (ombudsman) que haga evaluaciones y se las entregue a los países.
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