viernes, 22 de agosto de 2014

Viernes, de reflexión...








Y para el final…


Brasil: Dos izquierdas se disputan el poder

Las elecciones presidenciales de octubre en Brasil se perfilan como un duelo entre dos mujeres con distintas ópticas

JUAN ARIAS


Las elecciones presidenciales de octubre en Brasil se perfilan como un previsible duelo entre dos mujeres y ya se habla de las candidatas en “blanco y negro” no solo por la raza, sino por sus trayectorias, una el reverso de la otra.

Las personalidades de la presidenta, Dilma Rousseff, y de la aspirante socialista, Marina Silva, son una especie de asíntotas de hipérbola, dos líneas que se acercan sin encontrarse del todo. Son de izquierdas, pero de tonos diferentes. La primera, más de la izquierda verde, y la segunda, de la izquierda estatalista.

Rousseff, blanca, de origen europeo, quemó su juventud en la lucha violenta contra la dictadura militar brasileña. Fue torturada y acabó abrazando los valores democráticos. Silva, negra, con sangre de esclavos africanos e inmigrantes portugueses, se forjó en la lucha política y social desde muy joven al lado del líder sindicalista y ecologista Chico Mendes, asesinado por su defensa de la Amazonia.

La presidenta proviene de la clase media alta. Estudió en escuelas privadas de calidad. Su padre era un comunista búlgaro. Su rival, también con la izquierda en sus venas, fue alfabetizada a los 16 años porque la pobreza familiar la obligó a trabajar como seringueira (cortadora de caucho). Las dos fueron a la Universidad y comparten, además de los estudios, una gran dignidad personal porque no se han manchado en el fango de la corrupción.

De carácter fuerte, a veces hasta duro, intransigentes, no muestran excesivas dotes o talento para la mediación. Son dos luchadoras. Tampoco son aptas para quedarse en un segundo plano. Están permeadas por la ambición del poder. No juegan a ser simpáticas, pero sí a ser coherentes.

Silva despierta más atracción entre los jóvenes, los votantes con mayor nivel cultural y entre una determinada franja de mujeres pobres que admiran su coraje por abrirse camino en la vida, a pesar de la extrema miseria de su infancia.

Rousseff aparece, bautizada por su mentor, Lula da Silva, como la “madre de los pobres”, la madre de “la Bolsa Familia”. En ciertos círculos, gusta que sea a veces capaz de saber imponerse más que los hombres. La empresa y los mercados las ven con una cierta dosis de desconfianza. A Rousseff por considerarla excesivamente estatalista y a Silva por su rechazo a la vieja política de negociaciones, compromisos y componendas, que es la que las bolsas prefieren.

Hay un campo donde las dos asíntotas no se encuentran: la cuestión religiosa. Marina Silva es una mujer fuertemente bíblica. Fue católica, pero de los católicos de la Teología de la Liberación, y hoy es evangélica. Rousseff milita más a gusto en el agnosticismo, aunque, en un país como Brasil, necesita de vez en cuando tomar un baño religioso.

Las dos tienen un miedo cerval a viajar en avión. En el duelo entre las dos izquierdas que está por disputarse, Rousseff llega con la fuerza del gigante Goliat por el peso del aparato de la presidencia y Silva como el pequeño David.

Dilma Rousseff tiene que rezar para que, esta vez, la Biblia no tenga razón.

El PSOE pide que Rajoy explique en el Congreso su reforma electoral

Declaraciones de Rajoy en una jornada de 'The Economist' en febrero de 2013. / ATLAS

LA REFORMA ELECTORAL

Los socialistas se niegan a negociar lo que consideran un "pucherazo" para las municipales

El presidente de la FEMP cree que la iniciativa facilitará "la gobernabilidad en los ayuntamientos"

EL PAÍS Madrid 22 AGO 2014 - 13:10 CEST

El PSOE e IU han solicitado la comparecencia en el pleno del Congreso del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para que explique sus intenciones respecto a la modificación de la legislación electoral respecto a la elección de alcaldes. Los socialistas dan otro paso en su ofensiva para que el PP retrate los términos de su iniciativa en el Parlamento. La propuesta para que Rajoy se explique será discutida por los grupos en la próxima reunión de la diputación permanente, que se celebrará el próximo martes. El paso forma parte de la ofensiva socialista contra unos cambios que califican como un "pucherazo y una cacicada".

Izquierda Unida, a través de su grupo parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA, solicitó este jueves la comparecencia urgente para que Rajoy exponga “personalmente, al detalle y sin trampas ni intermediarios políticos ni mediáticos de ningún tipo”, el proyecto, según el portavoz José Luis Centella. En una nota ha explicado que ponen en marcha esta iniciativa "por dos motivos principales, el primero para demostrar en sede parlamentaria, donde creemos que hay que hacer estas cosas, la falsedad de la oferta de diálogo de un intransigente y temeroso PP sobre este grave asunto, por mucho que se les llene ahora la boca de que quieren oír opiniones distintas sobre el mismo". La segunda razón "es que también quede patente con nitidez en sede parlamentaria nuestro firme rechazo pasado, presente y futuro a esta reforma involucionista".

La intención del PP de llevar adelante la reforma gracias a su mayoría parlamentaria choca con las manifestaciones que el propio Rajoy realizó en febrero de 2013: "Nunca modificaré la ley electoral por mayoría. Creo que hay consensos básicos que preservar", admitió entonces. Ahora, con un escenario electoral adverso -el PP ha pasado de tener el 44,6% de los apoyos en las elecciones generales de 2011 al 26% en las últimas europeas-, el partido está transmitiendo la idea de que estaría dispuesto a llevar adelante la reforma si no alcanza un acuerdo global con el PSOE, algo que los socialistas rechazan de plano. Nunca antes en democracia se ha cambiado la ley electoral sin acuerdo entre los dos grandes partidos.

Los escasos datos que se conocen de la iniciativa apuntan cambios para otorgar la gobernabilidad de un municipio al partido (no al cabeza de lista, como en otros países) que logre un 40% de apoyo y saque al menos cinco puntos a que esté en segundo lugar. De no obtener ese porcentaje, se celebraría una segunda vuelta, en que se enfrentarían los dos candidatos más votados. Eso bloquearía la posibilidad de pactos post-electorales en los municipios para formar gobiernos de coalición.

Llamadas al debate

Esta mañana, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Íñigo de la Serna (PP), ha señalado que "no hay razones" para que el PSOE se niegue a debatir la propuesta para que las listas más votadas se hagan con las alcaldías en las próximas elecciones de mayo de 2015.

A su juicio, "la propuesta de Rajoy sobre la elección de alcaldes es abierta y busca el diálogo con otras fuerzas políticas" y, además, ha advertido, en declaraciones a Onda Cero, que el sistema actual beneficia "a los que pretenden ser alcaldes sin ganar las elecciones".

El también alcalde de Santander, asegura que con la reforma que pretenden impulsar los populares no son los partidos los que saldrán beneficiados, "sino los ciudadanos" y ha añadido que se facilitará "la gobernabilidad en los ayuntamientos".

La reforma educativa de Bachelet enfrenta un camino complejo

Imagen de la manifestación estudiantil frente al Palacio de La Moneda / M.R. (EFE)

REFORMAS EN CHILE


El proyecto educativo de la presidenta chilena comienza a discutirse en el Congreso
Bachelet presenta su reforma educativa


ROCÍO MONTES Santiago de Chile


Miles de estudiantes se movilizaron este jueves en Santiago de Chile para pedirle a Michelle Bachelet y al Parlamento que se escuche a la calle en la discusión de la reforma educativa, la principal propuesta con que la socialista llegó en marzo pasado a La Moneda. Las protestas no han tenido la intensidad de las de 2011 —cuando el movimiento estudiantil remeció al Gobierno de Sebastián Piñera y a la clase política en general—, pero la de esta semana llama especialmente la atención: una de las principales críticas que se le ha realizado desde diferentes frentes a la actual Administración es, justamente, el esfuerzo por congratularse con los estudiantes y mantener controladas las manifestaciones en el arranque de su reforma. Los jóvenes, sin embargo, pretenden mostrar su fuerza a las autoridades cada vez que el Ejecutivo, consciente de las complejidades de la propuesta, intenta tomar un respiro que ayude a ordenar el confuso escenario.

La reforma educativa de Bachelet, que recoge las principales demandas del movimiento estudiantil, es ambiciosa en sus horizontes y expectativas. Como explica Juan Eduardo García-Huidobro, académico de la Universidad Alberto Hurtado, “pretende combatir la desigualdad educacional, la segregación y la crisis de la educación pública, a lo que se añade como desafío una gran deuda de calidad”. Fundamentalmente, añade, busca desmontar un modelo creado en los 80: “Pasar de un sistema educativo que ha estado regulado principalmente por mecanismos mercantiles, a una regulación estatal de la educación que la sitúa como un derecho social, que debe llegar por igual a todos y todas con independencia de su situación social, étnica y del lugar del país que habite”. Pero lo que parece un objetivo sensato en sus titulares presenta complejidades políticas y técnicas difíciles de administrar.

El Gobierno debutó sin tener claridad sobre los contenidos de la reforma educacional, su cronograma y menos las prioridades

Jorge Navarrete, analista político

El martes 5 de agosto, la presidenta socialista se reunió con los principales dirigentes de su conglomerado en un encuentro en el Palacio de Cerro Castillo de Viña del Mar, a 120 kilómetros de Santiago. El objetivo del cónclave extraordinario fue solicitar unidad a sus ministros y parlamentarios frente a la reforma educativa y, de esta forma, frenar las críticas surgidas desde la propia coalición Nueva Mayoría, que abarca desde la Democracia Cristiana al Partido Comunista. La señal de fondo fue evidente: Bachelet tomó el control de la discusión y puso en juego su propio capital político con el objetivo de sacar adelante su reforma estrella. La líder socialista decidió, en un punto de inflexión, ponerse en primera línea y transmitir que si se atacaba la iniciativa, también se le atacaba a ella. No es poco si se considera que fue elegida con el 62% y el respaldo a su gestión alcanza un 50%, de acuerdo con una encuesta reciente del Centro de Estudios Públicos (CEP).

La situación era compleja en varios sentidos. “A todas luces, este Gobierno debutó sin tener claridad sobre los principales contenidos de la reforma educacional, su cronograma y menos las prioridades”, señala el analista político Jorge Navarrete. De acuerdo con el columnista del diario La Tercera, un factor que jugó contra el Gobierno fue “la innecesaria presión de contar con una propuesta concreta antes de los primeros 100 días de gestión”. Entonces, el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, decidió en mayo arrancar con uno de los cerca de diez proyectos de ley que darán cuerpo a la reforma: el que intenta impedir a los particulares lucrar con recursos públicos en la educación, finalizar con la selección de alumnos en los establecimientos subvencionados por el Estado y terminar con el financiamiento compartido en la educación escolar –el pago mensual que los padres realizan para ayudar en la educación de sus hijos–, que contempla a unos 1,9 millones de alumnos.

Fue una estrategia arriesgada arrancar con este proyecto polémico, según se ha reconocido desde el propio oficialismo. Aunque se trata del corazón de la reforma y una de las peticiones clave del movimiento estudiantil, no se consideró la resistencia que iba a generar en diferentes sectores. Entre ellos, la oposición, parlamentarios de la Nueva Mayoría, la Iglesia católica y los ciudadanos de los sectores medios-bajos que votaron por Bachelet. En estos últimos meses, los padres y apoderados de los colegios particulares subvencionados por el Estado, donde estudia el grueso de los escolares chilenos, han hecho públicas sus críticas y en algunos casos se han movilizado. De acuerdo con la encuesta CEP, un 52% de los chilenos está de acuerdo con financiar parte de la educación de sus hijos si se traduce en mayor calidad, un punto destacado por los críticos de la reforma. El problema radica en que la ciudadanía no confía en la educación pública que existe actualmente en Chile: en la última década el sistema público tiene un 30% menos de matrícula. Precisamente por ello, existe cierto consenso en que la reforma debería haber debutado con proyectos que buscaran robustecer los establecimientos escolares financiados por el Estado.

El ministro de Educación estuvo en problemas y en algún momento se especuló con su salida, a pocos meses de asumir el cargo. De hecho, los estudiantes agrupados en la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) han puesto en duda su participación en las mesas de diálogos que instauró el secretario de Estado, pese a la cantidad de gestos que se les ha hecho. El exdirector del Departamento para el Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), sin embargo, cuenta con el apoyo total de la presidenta, que desde la cita en Cerro Castillo se transformó en la escudera de su ministro. Ni siquiera el escaso control verbal de Eyzaguirre —que ha puesto en aprietos a La Moneda en variadas ocasiones en estos meses— ha logrado desestabilizarlo. Tampoco las encuestas: desde que se instaló el Gobierno en marzo, ha disminuido en 20 puntos su popularidad. Tiene 44% de aprobación y un 50% de desaprobación, de acuerdo con la última encuesta Adimark.

La propuesta de Bachelet es contradictoria en su origen, inmadura y con un débil sustento intelectual y técnico

José Joaquín Brunner, académico

La pregunta es si Bachelet logrará llevar adelante su reforma estrella durante su período, que acaba en marzo de 2018. Para el investigador José Joaquín Brunner, académico y exministro del Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, parece poco probable: “Pensar que en estos cuatro años vamos a avanzar en todos los frentes, es completamente irrisorio”. El investigador explica que el conjunto de la reforma implica cambios de gran magnitud, como la promesa de Bachelet de lograr la gratuidad universal en educación superior en un plazo de seis años, que se comenzaría a discutir en el Parlamento en el segundo semestre. Para Brunner se trata de “una propuesta inmadura, contradictoria en su origen y con un débil sustento intelectual y técnico”. Entre otras cosas —explica— porque el 10% más rico de los estudiantes recibirían el 24% del gasto público. En su última columna de El Mercurio se preguntaba: “¿Es posible y justo la gratuidad universal de los estudios superiores antes siquiera de tener educación básica y media de calidad y gratuita?”.

El pasado martes, el proyecto de ley central de la reforma —el que elimina el lucro, la selección y el copago— comenzó a avanzar en el Congreso de los Diputados, donde el oficialismo es mayoría. Los parlamentarios tendrán hasta el 9 de septiembre para presentar indicaciones y se prevé que la discusión será compleja, incluso entre los integrantes de la Nueva Mayoría. Pese a la aparente primera victoria de la agenda reformista, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) a la mañana siguiente se tomó la sede del ministerio de Educación, que tuvo que ser desalojado por la policía. Fue apenas una muestra de los conflictos que enfrenta el Gobierno de Bachelet, desde diferentes frentes, para consensuar una reforma compleja que pone a prueba la destreza política de la actual Administración. Por ahora, sin embargo, La Moneda parece haber optado por intentar ordenar la discusión para ganar algo de tiempo.

Bank of America expía sus pecados

SANCIONES POR LAS 'SUBRPIME' »

El banco pagará 12.600 millones, la multa más alta a Wall Street, por la hipotecas basura

GRÁFICO Las mayores multas sobre hipotecas basura a entidades de Wall Street


VICENTE JIMÉNEZ Nueva York


Estados Unidos dio por liquidado este jueves uno de los capítulos más vergonzantes de su historia económica con una multa récord al gigante de Wall Street Bank of America, el segundo banco en activos del país, por el fiasco de las hipotecas basura, detonante del colapso financiero de 2008 que desembocó en la peor crisis de la economía occidental desde el desastre de 1929. El fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, anunció un “histórico” acuerdo con la entidad bancaria para el pago de 16.650 millones de dólares (unos 12.600 millones de euros) por “mantener a sus clientes en la oscuridad”, según el comunicado de la Securities Exchange Commission (SEC), sobre los riesgos que entrañaban dichos productos financieros. Pese a esta admisión de culpas, el acuerdo alcanzado no recoge acción alguna contra los ejecutivos del banco.

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El fiscal general o ministro de justicia cambió las ardientes calles de Ferguson, en Misuri, donde las protestas tras la muerte de un joven negro tiroteado por un agente de policía han puesto en jaque a la autoridades, por la moqueta de su departamento en Washington para hacer una exhibición de firmeza frente a los excesos de Wall Street. “Estamos aquí para anunciar un paso histórico en nuestro continuo esfuerzo por proteger al pueblo estadounidense del fraude financiero y hacer rendir cuentas a aquellos cuyas acciones han amenazado la integridad de nuestros mercados financieros y socavado la estabilidad de nuestra economía”, proclamó Holder en una solemne declaración acorde con el tamaño de la multa.

Se trata de la mayor sanción impuesta por las autoridades estadounidenses a una entidad financiera porque ningún otro banco contribuyó tanto al desastre para la economía mundial y para millones de inversores como Bank of America. El anterior récord, también por irregularidades con las hipotecas basura, lo estableció JPMorgan Chase, con 13.000 millones de dólares (unos 9.800 millones de euros), en 2013. Hace unas semanas, el Departamento de Justicia cerró otro acuerdo, esta vez con Citigroup, por 7.000 millones (unos 5.300 millones de euros) por los mismos motivos. Quedan casos de menor cuantía pendientes (Goldman Sachs y Wells Fargo). Hasta el momento, los bancos de Wall Street han pagado unos 130.000 millones de dólares como castigo por sus abusos hipotecarios.

“Esta histórica resolución va mucho más allá del costo de hacer negocios. La multa es la adecuada, dado el tamaño y el alcance del delito”, declaró Holder. El acuerdo establece que Bank of America pagará 9.650 millones en efectivo a las autoridades, mientras que 7.000 se dedicarán a aliviar a los propietarios de viviendas, los prestatarios y las comunidades afectadas. La multa pone punto y final a decenas de investigaciones emprendidas por las autoridades de todo el país. Hay procesos abiertos en Manhattan, Brooklyn, Los Ángeles, Nueva Jersey o Carolina del Norte. Entre los Estados beneficiarios del pago figuran California, Delaware, Illinois, Kentucky, Maryland o Nueva York, que podrán reembolsar las pensiones de los que perdieron dinero en títulos hipotecarios o sanear sus presupuestos.

El fiscal general asociado, Tony West, añadió: “La importancia de este acuerdo radica no sólo en su tamaño, sino en que permite ayudar a cientos de miles de estadounidenses que todavía luchan por salir por sí mismos de la crisis financiera”. Julián Castro, responsable del Departamento de Vivienda, señaló: “El acuerdo de hoy es otro paso importante en los esfuerzos del presidente Obama por aliviar a los propietarios que resultaron heridos durante la crisis”.

La multa llega tras largas y costosas negociaciones, en las que Bank of America no ha tenido más remedio que ceder. La entidad había solicitado una sanción muy inferior, con el argumento de que estaba pagando en exceso por las malas prácticas anteriores de dos entidades que adquirió en plena crisis: Merrill Lynch y Countrywide. En total, los tres bancos movieron entre 2004 y 2008 uno dos billones de dólares en productos hipotecarios. El fiscal general amenazó con abrir un proceso similar a Merrill Lynch si Bank of America no se avenía a pagar los 16.000 millones de dólares. Eso, unido a la presión de otros jueces federales que también amenazaban con reclamaciones millonarias, llevó a la entidad a ceder y cerrar un acuerdo que pone fin a todos los litigios. En total, la entidad ha pagado unos 70.000 millones de dólares como factura legal para cerrar la demandas de los inversores, los Estados y las agencias federales.

El acuerdo anunciado este jueves no menciona uno de los flecos del desastre de las hipotecas basura: Angelo Mozilo, quien, desde Countrywide, la financiera que adquirió Bank of America, inundó el mercado de hipotecas subprime. Mozilo, que ya aceptó una multa de 67,5 millones de dólares con la Securities and Exchange Commission (SEC), está en el punto de mira de la fiscalía de Los Ángeles. Sus abogados han informado de que padece una grave enfermedad.

Ramón Mercader: el comunista español que asesinó a Trotski con un pico de escalar

Han pasado 74 años desde que Mercader clavara el piolet en la cabeza del revolucionario ruso

DANIEL RAMÍREZDANIELRAMIREZ99 / MADRID - Día 22/08/2014 - 06.03h


Agosto de 1940. Ramón Mercader entra en el despacho de León Trotsky, en su casa de Coyoacán (México). Se presenta como un joven admirador que va a publicar un artículo en un periódico; un chico que necesita del creador del ejército rojo para revisar sus escritos. Cuando Trotsky se sienta en su escritorio y centra la mirada en el papel, Mercader clava un piolet en su cabeza. El joven Ramón, de 27 años, ve sorprendido cómo su víctima no desfallece y grita a los guardaespaldas que ya apresan al español: «No le matéis. Tiene que decir quién le envía». El líder de la revolución rusa, expulsado por Stalin de la URSS en 1929, moría horas después. El comunista catalán ingresó en la prisión mexicana de Lecumberri después de haber recibido una paliza de los guardaespaldas y un mordisco en la mano de un Trotski que se resistía a morir.

«Tiene que decir quién le envía». El grito del que inició la revolución bolchevique junto a Lenin todavía resonaba en la habitación. ¿Quién encargó el asesinato? Mientras Stalin, desde los soviets, veía cómo se apagaba la respiración del que podía disputarle el control del régimen, Mercader ocultaba el nombre del impulsor portando consigo una carta: «Fui un devoto adepto de Trotsky. Conocerlo constituyó un gran desencanto. Me encontré ante un hombre que no deseaba más que satisfacer sus deseos de venganza». Más tarde, durante el juicio, se defendería diciendo que atacó a Trotski con el pico de escalar porque el líder ruso le amenazó con una pistola. ¿Por qué llevaba un piolet? «Porque era escalador y lo llevaba al carpintero».

Ramón Mercader, un español con nombre de músico o artista, entraba así en la Historia de España, de Rusia, y del mundo. Entró en la Historia y la cambió, con sangre de por medio. ¿Pero cómo llegó este comunista español hasta el despacho de Trotski? ¿Por qué?

Una madre que muere con la foto de Stalin

Ramón Mercader del Río nació en Barcelona en febrero de 1913, el mismo año en el que Stalin conoció a Trotski en algún lugar de Viena. Hijo de un fabricante burgués de la Ciudad Condal y de una mujer que vivía por y para el anarquismo, terminaría siendo el agente secreto con más fama de toda Rusia, el «James Bond» español. Su madre fue internada en un manicomio después de convertirse en la cabecilla de una célula terrorista que hizo explotar una bomba en la fábrica del que todavía era su esposo.

Sus compañeros de partido y de ideología se apañaron para sacarla del psiquiátrico y la llevaron a Francia, donde se instaló con sus hijos. Nuria Amat, escritora y pariente lejana de Mercader, relató en «Amor y Guerra» que Caridad, madre de Ramón, moriría en París (1975) con la foto de Stalin bajo el colchón. Allí, en Francia, Mercader iría aprendiendo las técnicas de espionaje. Lo hizo de la mano de su padrastro, Leonid Eitingon, uno de los espías más prestigiosos de la red estalinista.

Mercader vuelve a España para luchar por la República

Ya en 1931, con el nacimiento de la segunda República, los Mercader del Río, volvieron a Barcelona. Ramón, un joven políglota educado en Francia, se ganaba la vida como profesor de catalán y en su tiempo libre ejercía como capitán del equipo de equitación del Real Club de Polo de la ciudad. Incluso participaría en la organización de unas olimpiadas populares paralelas constituidas en 1936 como protesta a los juegos olímpicos berlineses de Adolf Hitler.

En 1938, Ramón luchaba en el frente de Guadalajara, de donde desapareció después de recibir un encargo de su madre. Vuela a París. De vuelta en el país donde creció, Mercader conseguiría enamorar a Silvia, hermana de la secretaria de Trotski, que le llevaría hasta el despacho mexicano del enemigo de Stalin.

Mercader se convierte en «El Santo»

Una vez apresado, después de haber conseguido su cometido con un pico de escalar, recibió el nombre de «El santo». El asesino comunista dedicó sus veinte años en prisión a leer y a alfabetizar al resto de los presos. Incluso el presidente mexicano entró en la cárcel de Lecumberri para felicitarle. Sara Montiel llegó a decir: «Mató a Trotski, pero malo no era». El comunista español llegó al despacho del enemigo de Stalin con la careta de hombre belga y a pesar de las palizas y torturas no se la quitó. Cuentan que un funcionario de prisiones descubrió la verdadera identidad del asesino porque le escuchó cantar una canción de cuna catalana: «¿Qué li donarem al noi de la mare? ¿Qué li donarem que li sápiga bo?».

Fue conocido como «El Santo» por alfabetizar al resto de presos

Después de veinte años, con la condena cumplida y 47 veranos a sus espaldas, viajó a Moscú. Allí fue recibido con todos los honores y condecorado con la medalla de Stalin; pero era una condecoración anónima, una vitola que colgaron sobre otra careta; la de Ramón Paulovich López, como sería conocido hasta su muerte. Mercader recibía en la URSS todo tipo de caprichos, pero era un homenaje de doble filo para el régimen porque el exterior podía descubrir al asesino de Trotski. La escritora catalana, Nuria Amat, una de las reveladoras de la cruenta historia de este español, habla de la URSS como la «prisión dorada» de Mercader.

El trato envenenado de Santiago Carrillo

Enfermo grave de cáncer y cansado de la opacidad del estalinismo consiguió, por medio de un intermediario, pedir a Fidel Castro que le dejase ir a vivir a Cuba. El compañero revolucionario del Che aceptó y Mercader moriría allí. Según los escritos de Amat, corre la sospecha de que pudo ser envenenado antes de salir de Rusia, aunque nadie pudo ni quiso certificarlo. Aquel que clavara un pico de escalar para acabar con la vida de Trotski en agosto de 1940 pidió una última concesión antes de morir: volver a España.

AFP
Santiago Carrillo

Se lo comunicó al líder del Partido Comunista, Santiago Carrillo, que le respondió con un mensaje envenenado: «De acuerdo, pero tendrás que escribir una confesión completa de las actividades realizadas a lo largo de tu vida y de quién te dio la orden del asesinato». Ya a punto de morir, volvió a actuar como el hermético espía de Stalin que fue, y no confesó crimen ni detalle alguno. Ramón Mercader falleció en La Habana un 19 de octubre de 1978.

AP
El comunista español y asesino de Trotski, Ramón Mercader

El Conde de los Andes y los huevos fritos

ABC
Huevo frito con patatas

GASTRONOMÍA

Francisco Moreno y Herrera, fundador de la Academia Española de Gastronomía

CRISTINO ÁLVAREZABC_ES / MADRID - 
Día 22/08/2014 - 13.55h

Cuando empecé a interesarme en serio por la gastronomía me encantaba leer las crónicas gastronómicas que, en ABC, firmaba «Savarin». Las leía con deleite, y supe pronto que «Savarin» era el seudónimo del séptimo Conde de los Andes, Francisco Moreno y Herrera. Fue fundador de la Academia Española de Gastronomía, que hoy ha dejado paso a la Real Academia de Gastronomía, y de la Cofradía Española de la Buena Mesa, de la que fue el primer presidente, cargo que hoy desempeña con brillantez su hija Ymelda, de cuya amistad disfruto desde hace tiempo.

Cuando ABC publicaba esas crónicas, escritas sin acritud, la cocina pública española era muy diferente a la de ahora. «Savarin» apreciaba la buena cocina, la cocina bien hecha, por encima de las modas; entonces, los gastrónomos (y él fue modelo para todos los que pretenden serlo) primaban la calidad de la cocina por encima de todo. Aquellas crónicas permitían tener una visión de lo que era en los años 70 del pasado siglo, justo antes de la llegada de la nouvelle cuisine, la alta cocina española.

La gente piensa que un gastrónomo sólo come cosas raras, carísimas. No tiene por qué ser así.

La propia Ymelda me comentaba que una de las cosas que más le gustaban a su padre eran los huevos. También, siempre según su hija, le gustaban mucho las patatas. Un par de huevos de gallina campera, fritos en mucho y muy caliente aceite de oliva, de yema temblorosa, clara cuajada, blanquísima por arriba, tostadita por debajo, con puntilla... y su escolta de patatas fritas, doradas y crujientes. A partir de ahí, los añadidos que cada cual prefiera: unos pimientos verdes, un poco de tocino... Un plato sencillo sólo en apariencia: freír bien un huevo requiere una técnica depuradísima. Si no, lo que salen son huevos «cocidos» en la sartén. Pero bien hechos, son una obra de arte, de las de, y nunca mejor dicho, toma pan y moja

El trago: Valbuena

JUAN FERNÁNDEZ-CUESTA

Savarin inició el 30 de noviembre de 1969 sus críticas gastronómicas en ABC y ya por esa época los restaurantes tenían como vino de la casa «un Rioja aceptable». Tiempo después, escribía: «Tengo para mí que la comida debe siempre acompañar al vino». Hoy recordamos su gusto por los huevos fritos. Y pensamos, ¿a qué vino deben acompañar? No a un Rioja aceptable, ni a uno sublime siquiera. Algo más. Y más es Vega Sicilia: nobleza, elegancia y poder. Todo el sabor de esos huevos y todo el sabor procedente de esa extraordinaria casa: Valbuena. Y sí, toma pan y moja.

Puntos: 97. Precio: 90 euros. Añada: 2009. Origen: D.O. Ribera del Duero. Variedades: tinto fino (95%) y merlot.Bodega: Vega Sicilia. Valbuena de Duero (Valladolid). Tel: 983 680 147. www.vega-sicilia.com

Hamás mata a 18 colaboracionistas tras el asedio a sus comandantes

Un líder de Hamás reconoce el secuestro de los tres jóvenes israelíes. / REUTERS 

La organización islamista les acusa de proporcionar información a Israel


CARMEN RENGEL Jerusalén 22 AGO 2014 - 13:09 CEST


Hamás ha matado ea 18 palestinos a los que acusaba de colaborar con Israel. Lo ha confirmado la agencia de noticias Al Ray, vinculada a la organización islamista, y la propia televisión del grupo, que añade que todos los muertos eran varones, fueron asesinados en una comisaría de Gaza capital y previamente habían sido “condenados por los tribunales”. La agencia Maan añade que varios de los cuerpos fueron localizados en la calle, cerca de la Universidad de Al Azhar, mientras que otros fueron trasladados al hospital Al Shifa.

Ya el jueves Hamás mató a tres supuestos colaboracionistas más, parte de un grupo de siete detenidos cuando estaban “localizando información para el enemigo”, indica la radio de los islamistas. Otro hombre fue tiroteado en Rafah, el 13 de julio pasado, por el mismo motivo, y el Centro Palestino por los Derechos Humanos (PCHR, por sus siglas en inglés) denuncia que hay un grupo de mujeres arrestadas, de las que se desconoce su estado, sospechosas de señalar a Israel resultados de sus ataques aéreos.

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Estas ejecuciones coinciden con la nueva ofensiva israelí contra los comandantes de Hamás, que ayer descabezó a la cúpula de su brazo armado -las Brigadas Ezzedin Al Qassam- del sur de Gaza. Un día antes, Israel trató de matar al máximo comandante de esta rama, Mohamed Deif, un ataque en el que perecieron su esposa y dos de sus hijos, así como tres vecinos. Esta madrugada, el que fuera primer ministro gazatí hasta que se pactó el Gobierno palestino de unidad en junio, Ismael Haniyeh, ha insistido en que el comandante está vivo y en que la persecución de Israel los “fortalece”. “Seguimos nuestro camino sin vacilar ni dar un paso atrás”, señaló.

En los territorios palestinos aún las leyes permiten la pena de muerte en los casos de colaboracionismo. Sin embargo, hace años que no se aplica en Cisjordania. Hamás sí la mantiene viva en Gaza, pese a que se supone que una condena así debe ser ratificada por el presidente Mahmud Abbas, algo que nunca sucede. El PCHR recuerda que Naciones Unidas ha denunciado constantemente el “oscurantismo” de los procesos judiciales por los que se imponen estas penas. “Los informadores son criminales de guerra y merecen penas de prisión. Juicios justos pueden salvar vidas inocentes”, remarca esta ONG.

El viernes deja ya al menos cuatro muertos palestinos en un ataque en el centro de la Franja. Son 38 los fallecidos desde que el lunes acabó la última tregua. La noche fue relativamente tranquila. Israel, según su Ejército, atacó una veintena de objetivos y los cohetes casi cesaron. Por la mañana, los proyectiles han vuelto sobre suelo israelí, en un número aún no precisado. Dejan dos civiles heridos, uno moderado y otro leve, en Beer Sheva y Sderot.

En el plano diplomático, el presidente palestino Mahmud Abbas viajó ayer a Qatar para reunirse con el líder político de Hamás, Khaled Meshaal, y hoy se espera que llegue a El Cairo y se entreviste con el presidente Abdelfatah al Sisi; su gobierno media entre ellos e Israel. Francia, Alemania y Reino Unido, avalados por Estados Unidos, están promoviendo una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU para un alto el fuego “inmediato y sostenible”, que incluye un llamamiento para el fin del bloqueo en Gaza, informa AFP.

El gobernador de Misuri ordena la retirada de la Guardia Nacional

Manifestantes en Ferguson, anoche, toman un descanso. / LARRY W. SMITH (EFE)

TENSIÓN RACIAL EN EE UU

El Gobernador ordena el repliegue de la Guardia Nacional


MARC BASSETS Ferguson


Las autoridades de Misuri creen que la situación en Ferguson, escenario de casi dos semanas de protestas y disturbios por la muerte de un negro desarmado por los disparos de un policía blanco, está bajo control. El gobernador del estado, el demócrata Jay Nixon, ordenó el jueves la retirada de la Guardia Nacional, la milicia estatal que el sábado llegó a esta ciudad de 21.000 habitantes en los suburbios de San Luis.

La tensión se relaja. A la espera de lo que ocurriera en la noche del jueves al viernes y el fin de semana, lo peor de los disturbios parece superado. El miércoles las protestas en West Florissant Avenue —la avenida donde miles de personas se han concentrado en los últimos 13 días pidiendo justicia— acabaron sin incidentes. La noche del martes fue relativamente tranquila, con incidentes aislados.

Nixon desplegó el lunes a la Guardia Nacional después de varios días en que la violencia desbordó a los distintos cuerpos de policía que intentaban mantener el orden. Enviar la Guardia Nacional —una especie de ‘ejército’ de los estados, con sus vehículos blindados y sus tropas con traje de camuflaje— a las calles de una ciudad norteamericana no es habitual. El anuncio del despliegue evocó enseguida imágenes del pasado, desde la intervención de tropas para garantizar los derechos de los negros en el Sur en los años cincuenta y sesenta hasta los disturbios de Los Ángeles en 1992, donde el goberanador de California también envió la Guardia Nacional.

Pero la presencia de las tropas estatales apenas se notó. La Guardia Nacional no apareció en las protestas. No participó en la represión. Se mantuvo a distancia y buena parte de los habitantes de Ferguson ni los vio. Los efectivos de la milicia se instalaron en el aparcamiento de un centro comercial a menos de un kilómetro de West Florissant Avenue, donde se ubicaba el centro de mando de las fuerzas de seguridad.

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Su misión, explicó el gobernador Nixon en un comunicado, ha sido proteger el centro de mandos de la policía para que los agentes “pudieran centrarse en la tarea importante de aumentar las comunicaciones con la comunidad, recuperar la confianza y proteger a las personas y propiedades de Ferguson”.

La mejora en el ambiente de las protestas coincidió con la visita a Ferguson, el miércoles, del fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, y la presentación ante un gran jurado de las primeras pruebas de la investigación. La decisión sobre si inculpar al agente Darren Wilson, que el 9 de agosto disparó a Michael Brown, requerirá meses pero que el procedimiento legal haya comenzado contribuye a apagar la ira. La empatía de Holder con una comunidad de mayoría afroamericana que se sentía abandonado por los líderes locales blancos --políticos y policías-- también ayuda. “La historia hierve debajo de la superficie en otros lugares además de de Ferguson”, dijo en una rueda de prensa. “El Departamento de Justicia seguirá apoyando a Ferguson”, prometió.

Una de las reivindicaciones de los manifestantes --la mayoría, negros y jóvenes-- es que se “haga justicia”. Muchos exigen la detención y procesamiento de Wilson. Con el caso de Michael Brown ha salido a flote un agravio más profundo: la sensación, por parte de los afroamericanos de Ferguson, de que la policía no les protege sino que les persigue.

Los líderes negros han tenido un papel decisivo en la paz de los últimos días. Líderes como los pastores que, en cooperación con Johnson, han evitado choques. Líderes como el capitán Ron Johnson, jefe del dispositivo de seguridad, a quien hace una semana el gobernador Nixon, colocó al frente del operativo policial tras la gestión errática de la policía local.

La llegada de Johnson a Ferguson puso fin a la presencia de agentes y vehículos militarizados de la policía en la zona de las protestas. Con él empezó un ensayo de policía comunitaria, o de proximidad, facilitado por la presencia de la Guardia Nacional, que puede haber sido decisivo. En vez de confrontación diálogo. En vez de antagonismo, colaboración y diálogo con los líderes de la protesta.

El capitán Johnson llegó a desfilar un día con los manifestantes. En alguna de las noches más explosivas, dialogó con ciudadanos agitados que le recriminaban la dureza policial. Conciliación, más de confrontación.

El Estado Islámico pidió 132 millones para liberar a Foley

Los jefes del Pentágono explican la operación fallida para liberar a Foley / AFP

El asesinato de Foley reaviva el debate sobre el pago de rescates

Decenas de soldados intentaron liberarle en una fallida operación en Siria


SILVIA AYUSO Washington


Poco antes de que el Estado Islámico (EI) asesinara al periodista James Foley, un comando de fuerzas especiales del Ejército de Estados Unidos realizó una operación secreta en Siria para intentar liberar al reportero y a otro número no revelado de rehenes extranjeros. El presidente, Barack Obama, había dado la autorización expresa para ello, en un intento de lograr recuperar a los ciudadanos estadounidenses —según la prensa, hay al menos tres más— en manos de los extremistas sin ceder a sus demandas de un multimillonario rescate.

Según confirmó este jueves la plataforma de noticias en línea para la que trabajaba Foley, Global Post, el EI llegó a pedir 132 millones de dólares (100 millones de euros) a cambio del periodista. Lo disparatado de la cifra hace dudar de que sus captores pretendieran efectivamente conseguir un dinero prácticamente imposible de reunir si no hay un apoyo del Gobierno. Una duda que sin embargo poco importa en este caso, porque Estados Unidos mantiene una política estricta de no pagar rescates por sus ciudadanos secuestrados.

“No hacemos concesiones a los terroristas y eso incluye no pagar rescates”, reiteró el jueves la portavoz del Departamento de Estado Marie Harf. El objetivo, aduce Washington, es proteger a sus ciudadanos en el extranjero a la par que evitar “financiar” con los rescates a los grupos terroristas.

Reino Unido sigue la misma estrategia, al contrario que otros países europeos de los que se sabe, aunque no lo reconozcan abiertamente, que sí han pagado altas sumas a Al Qaeda para conseguir la libertad de sus ciudadanos capturados. Según revelaba The New York Times a comienzos de mes, en los últimos años Al Qaeda y sus grupos afiliados habrían recaudado un centenar de millones de euros en pagos de Gobiernos europeos a cambio de la liberación de sus ciudadanos.

Esta política diferenciada afecta a los extranjeros secuestrados por grupos extremistas en Oriente Próximo. Mientras en los últimos meses fueron liberados periodistas españoles y franceses, nada se había sabido, hasta la difusión del brutal vídeo que mostraba la decapitación de Foley, de lo sucedido con los reporteros estadounidenses capturados.

“Se necesita con desesperación una respuesta consistente a los secuestros por parte de Estados Unidos y Europa”, reclamaba tras conocerse la muerte de Foley el periodista estadounidense David Rhode, quien también estuvo secuestrado y que sólo se salvó tras conseguir escapar, ya que Washington se negó a pagar el rescate que pedían por él sus captores talibanes.

El dilema para EE UU es más que urgente. Como se ve en el vídeo de Foley, hay al menos otro estadounidense en manos del EI, el también periodista Steven Joel Sotloff, en riesgo inmediato de correr la misma suerte que su compañero.

Algo que explica el intento de operación de rescate que el Gobierno reveló la noche del miércoles, pese a que había intentado mantenerlo en secreto. “Esto sólo hace más difícil nuestro trabajo”, lamentaba una fuente del Pentágono citada por The New York Times, según la cual ahora los extremistas han reforzado probablemente su seguridad.

La información sobre la fallida operación es pese a todo parca. Según reportes coincidentes, en la operación —la primera que EE UU reconoce haber realizado con tropas dentro de Siria desde que comenzó la guerra en ese país hace tres años— participaron varias decenas de efectivos, así como helicópteros, aviones no tripulados (drones) y cazas de apoyo. Los comandos aterrizaron en una zona próxima y realizaron a pie el último tramo hasta el lugar donde se creía que el EI mantenía a sus rehenes.

“La misión se realizó de forma impecable tras un tiempo significativo de preparación, planificación y ensayos”, afirmó el jefe del Estado Mayor Conjunto, Martin Dempsey. “Solo que los rehenes no estaban ahí”, reconoció el secretario de Defensa, Chuck Hagel.

“Cuando llegamos, era demasiado tarde”, lamentó una fuente citada por el Times. Según esa misma fuente, pudo ser “cuestión de horas, o de un día o dos”. O quizás más. El caso es que regresaron con las manos vacías y, poco después, Foley fue salvajemente asesinado. Obama prometió que Estados Unidos “seguirá haciendo lo que tenga que hacer” para proteger a los suyos. La duda es qué más opciones le quedan.

Los hospitales privados de Venezuela entran a urgencias

La sala de emergencia del Centro Médico de Caracas / ARIANA CUBILLOS (AP)

Las clínicas privadas en Venezuela sufren escasez de equipos médicos y sus empleados piden declarar una emergencia humanitaria en el país


Venezuela busca hacer caja para aliviar la falta de efectivo

EWALD SCHARFENBERG Caracas


La medicina privada en Venezuela parece estar bajo estado de sitio. Hace una semana que una de las clínicas más costosas y reputadas de Caracas, al noroeste de la capital venezolana, no puede hacer pruebas hematológicas. El hospital no tiene los tubos para recolectar las muestras de sangre. Como ocurre con otros sectores, el Estado le regatea las divisas y autorizaciones de importación. Gasas y suturas, pañales desechables para adultos y bombas para las máquinas dispensadoras de medicamentos intravenosos, catéteres y radiofármacos; desde lo más elemental a lo más especializado, el rango de lo que falta es muy amplio.

Alrededor de 350.000 venezolanos esperan a que llegue el equipo médico necesario para someterse a intervenciones que tenían programadas.

En otro centro, no hay reactivos para las pruebas serológicas. Las provisiones de anestésicos para inhalar escasean y se reservan solo para intervenciones quirúrgicas con carácter de urgencia. En algunos establecimientos los servicios ambulatorios y los quirófanos han cerrado.

La situación está cerca de ser desesperada. La medicina en Venezuela corre el riesgo de retornar a un estado premoderno.

Los representantes del sector privado —aunque las carencias también afectan a hospitales públicos— solicitaron este martes al Gobierno de Nicolás Maduro declarar una emergencia humanitaria en el país “ante la agudización de la escasez y el suministro irregular de insumos, medicinas, material médico-quirúrgico, equipos médicos y sus repuestos”.

Carlos Rosales y Cristino García, en nombre de la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales (AVCH), advirtieron de que el cuadro actual pone en peligro a pacientes crónicos de enfermedades cardiovasculares y oncológicas. Una veintena de especialidades están siendo afectadas, entre ellas ortopedia, pediatría, neurocirugía y gineco-obstreticia.

La respuesta del Gobierno fue negativa. Una de las voceras que expresó este rechazo fue la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, una exdiputada del gubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Un día después de las declaraciones de los representantes de las clínicas, Ramírez tildó de “desproporcionados” sus argumentos, y les remitió a un proceso de diálogo con las autoridades del Poder Ejecutivo. “Todo esto se ha venido dialogando, los espacios han estado abiertos”, sostuvo en una entrevista televisada en la que, además, pidió evitar la politización del tema: “El estado de emergencia no puede sustituir el diálogo permanente, ni la información sobre los medicamentos que afecten a distintos sectores, especialmente a los pacientes crónicos”.

Rosales y García, los directivos de la AVCH, reconocieron en la rueda de prensa del martes la disposición del ministro de Salud, Francisco Armada, en aceptar la existencia de esta crisis sanitaria. Las cifras que expusieron hablan por sí solas. Cerca del 90% de sus insumos son importados. El inventario regular de un hospital incluye alrededor de 45.000 artículos médicos; hoy escasean 35.000 de ellos. Los distribuidores de equipos sanitarios ya no cuentan con el crédito de los proveedores de otros países.

Los representantes de los establecimientos privados sostienen que la declaración oficial de un estado de emergencia permitiría agilizar los trámites de desembolso de divisas e importación.

En general, el régimen chavista percibe al gremio médico como un adversario de la revolución y al sector privado, al que cíclicamente amenaza con la expropiación, como una mera manifestación de usura.

La justicia de Nueva York considera ilegal el canje de deuda argentino

Protesta contra los 'buitres en Buenos Aires. / V. R. CAIVANO (AP)

El juez rechaza la idea propuesta por el Gobierno de Fernández para pagar a los acreedores, pero no declara al país sudamericano en desacato

Argentina ofrece un canje de deuda para esquivar el bloqueo judicial

ALEJANDRO REBOSSIO


El canje de deuda que quiere emprender la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, para eludir el bloqueo judicial de EE UU al pago del pasivo reestructurado en 2005 y 2010 ha sido calificado como “ilegal” por el juez de Nueva York que lleva el caso. Sin embargo, el magistrado Thomas Griesa evitó declarar al país sudamericano en desacato, lo que hubiese implicado la imposición de multas económicas.

Griesa es el juez que determinó el 30 de julio pasado que Argentina no pudiese girar pagos de intereses a acreedores de deuda reestructurada en EE UU y Europa porque no ha saldado la reclamación de los fondos buitre y otros inversores que habían rechazado la reestructuración. El propio juez había amenazado el pasado día 1 con declarar a Argentina en desacato.

Fernández respondió el pasado martes anunciando un proyecto de ley para ofrecer a los acreedores de deuda pagarles en Argentina, en lugar de EE UU y Europa. Los buitres pidieron este jueves una audiencia urgente con Griesa. Los analistas consideran que el juez se abstuvo de declarar al país en desacato por la falta de impacto concreto de una medida así. En cambio, al tachar de ilegal el canje es probable que desaliente a los inversores norteamericanos que están analizando si lo aceptan.

La oposición de Argentina se opone al canje de deuda y tres centrales sindicales van a la huelga el jueves próximo

El Gobierno de Fernández espera más aceptación del trueque en Europa. Un abogado de acreedores italianos ya ha anticipado su aprobación, aunque el canje debe ser votado por el Congreso argentino. El kirchnerismo domina el Senado, pero apenas mantienen la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. La oposición ha anunciado que rechazará el proyecto de ley porque considera que perjudica a los intereses de Argentina.

El mercado ha reaccionado de mala manera ante el proyecto de canje de deuda: el dólar ha subido a marcas históricas en el mercado oficial, a 8,40 pesos, y en la pequeña pero influyente plaza ilegal, a 13,95. La moneda norteamericana se apreció este jueves siete centavos de peso, el 0,8%, y acumula una subida del 28,8% en lo que va de 2014. En agosto su cotización se ha elevado el 2,3%, el segundo mes con mayor alza, después de la devaluación del 23% en enero pasado.

Una nueva depreciación brusca del peso puede profundizar el estancamiento económico y elevar la inflación, que asciende al 31%, según cifras oficiales. El paro subió en el segundo trimestre al 7,5%, por encima del 7,2% del mismo periodo de 2013. Para contraatacar la inflación, el Gobierno argentino cerró este miércoles por 15 días la exportación de carne vacuna, con la intención de aumentar la oferta en el mercado interno y bajar el precio de este alimento tan recurrente en la mesa de los argentinos. También ha convocado una reunión el próximo jueves con las dos centrales sindicales kirchneristas para elevar el salario mínimo. Ese mismo día, las otras tres centrales -opositoras- harán una huelga general contra los despidos y suspensiones de obreros en la industria y a favor de un alza de la asignación por hijo y del ajuste por inflación del impuesto a la renta.

La otra batalla del ‘padre Goyo’

El abogado Álex Gálvez, el padre Goyo y su hermano Luis.

El sacerdote de las autodefensas de Michoacán pide en Los Ángeles que EE UU conceda asilo político a su hermano por las amenazas del crimen organizado

PABLO XIMÉNEZ DE SANDOVAL Los Ángeles

Se le había visto diciendo misa con un chaleco antibalas, arengando a los campesinos de Michoacán, acompañando a los líderes delmovimiento armado de autodefensa que hace un año surgió en Michoacán para combatir a los carteles del narcotráfico. Pero este miércoles el sacerdote Gregorio López, el conocido como padre Goyo, se presentó en un despacho de abogados del centro de Los Ángeles, California, para llamar la atención sobre una batalla bien distinta. La que ha emprendido su hermano Luis para pedir asilo político en Estados Unidos.

Los dos hermanos, acompañados por el abogado especialista en inmigración Álex Gálvez, relataron que Luis fue secuestrado entre el 27 de julio y el 1 de agosto de 2013. Un grupo perteneciente “al crimen organizado” de Michoacán lo sacó de su casa y lo retuvo en un lugar desconocido. Su exigencia, además de 100.000 pesos y una camioneta, era hablar directamente con el padre Goyo, uno de los líderes del movimiento de autodefensas.

El sacerdote relató que consiguió la liberación de su hermano en una negociación en la que buscó información del entorno familiar de cada uno de los secuestradores y los amenazó con consecuencias si a él o a su hermano les pasaba algo. “Si yo no regreso, tú corres peligro”, asegura que les dijo. La situación se resolvió, pero Luis decidió abandonar Michoacán, según el relato de los hermanos. “Los agarré del buche, y entonces empezaron a aflojar”, dijo gráficamente el sacerdote.

El hermano del padre Goyo tomó un avión a Tijuana, cruzó la frontera y se entregó en el puesto fronterizo de San Ysidro, California. Allí aseguró que buscaba asilo, según su relato. Después, por culpa de una mala asesoría legal en ese momento, según el abogado Gálvez, que acaba de tomar el caso, pasó casi un año detenido. Hace solo dos días que logró salir de la cárcel con una fianza de 25.000 dólares. Según el padre Goyo, el dinero se ha conseguido gracias a donaciones de partidarios en EE UU y préstamos.

El cura Goyo ganó notoriedad el año pasado, tras el levantamiento de los llamados grupos de autodefensa en el estado mexicano de Michoacán, grupos de ciudadanos que se armaron y organizaron para combatir la violencia del cartel criminal de los Caballeros Templarios, liderados por Servando Gómez, La Tuta, uno de los criminales más buscados de México. “Lo conocen como el padre que se ha enfrentado al crimen organizado y a la Tuta”, lo definió el abogado Gálvez. “Por esa razón Luis fue víctima del secuestro”.

“Temo por mi vida”, dijo Luis, de 39 años, tras relatar que fue golpeado durante su cautiverio. Según Gálvez, son muy pocos los casos en que una situación de violencia en México sirve como base para conceder el asilo. “No es imposible”, dijo. Gálvez se propone tomar este caso como ejemplo para que abra la puerta a otros. El argumento para el asilo se basa en tres datos: demostrar el ataque, que sea imposible librarse de la razón por la que es atacado (su hermano) y que el Estado mexicano no pueda protegerlo. Un caso de asilo puede durar cinco años en los tribunales sin contar las apelaciones, aseguró Gálvez.

Sobre la situación en su país, el sacerdote dijo ayer que nada ha cambiado en Michoacán en cuanto a la presencia del crimen organizado. “La Tuta es el gobernador de Michoacán”, dijo en referencia al líder del cartel criminal. Los dos hermanos y el abogado tenían previsto el miércoles reunirse con el cónsul general de México en Los Ángeles para exponerle el caso y pedirle que haya asesoría legal en todos los consulados para los mexicanos en situación de peligro.

Tras llamar la atención internacional por enfrentarse con las armas al narcotráfico, los llamados autodefensas entraron en conflicto con el Gobierno de México por su condición de grupo armado. Las negociaciones para su disolución dividieron a sus líderes. Finalmente, parte de las autodefensas se convirtieron en una fuerza policial oficial tras un pacto con el Gobierno el pasado mes de mayo. El último golpe a las autodefensas ha sido la detención de su antiguo líder, el doctor José Manuel Mireles.

El cogobierno adquiere nuevos bríos

Análisis político

Lo que estamos presenciando en este invierno son sucesivos “baldes de agua fría” a las ilusiones que muchos tuvieron en cuanto a que estábamos ante un gobierno que traía una agenda de transformaciones importantes y que marcarían un antes y un después respecto de todas las administraciones anteriores.

Por Juan Pablo Cárdenas


La negociación entre el oficialismo y la oposición para concordar la Reforma Tributaria lo que demuestra es que, de derecha a izquierda, la política es un oficio restringido a una misma clase dirigente, más allá de quien esté en La Moneda y de cuánto respaldo popular tenga detrás. Lo que más se nos advertía hacer algunos meses era que el Gobierno de Michelle Bachelet esta vez estaría en condiciones de cumplir con las promesas de su campaña, dado la franca ventaja que había obtenido en la segunda vuelta sobre su adversario, como también por la cómoda posición alcanzada por su coalición en el Congreso Nacional. Se nos aseguró incluso que algunas reformas que exigían quórum calificado iban a ser posibles gracias a que, por primera vez en 25 años, se había quebrado el empate político entre aliancistas y concertacionistas en el Poder Legislativo.

En estas nuevas circunstancias, el Gobierno habría podido aprobar en el Congreso la reforma tributaria que hubiese querido para aquella recaudación fiscal que necesitan los cambios educacionales, como para emprender otros de similar o mayor urgencia. Pero ya el proyecto original del Ejecutivo renunció a imponerle mayores tributos a las utilidades de las empresas, a fijarles un royalty digno a las mineras que operan en nuestros yacimientos, como a reducir el desmedido gasto fiscal en Defensa. En cambio, la discreta iniciativa legal que se remitió al Parlamento terminó, entre gallos y medianoche, negociándose en la casa de un destacado empresario en el ánimo de obtener el respaldo transversal de los senadores, después de que ésta ya fuera aprobada por la mayoría oficialista de la Cámara Baja. Todo indica, entonces, que en los trámites legislativos que siguen se impondrá lo pactado con la Derecha y con las cúpulas empresariales que han hecho en esta ocasión un indisimulado lobby en favor de sus privilegios tributarios. Cuanto para que la recaudación fiscal siga radicando fundamentalmente en los impuestos que pagan los pobres y la clase media, como ocurre con el IVA que en nuestro país alcanza al 19 por ciento.

Ya se ve que todo el ímpetu con que se anunció la Reforma Educacional recién se materializa en algunos proyectos de menor envergadura, en medio de una enorme discusión en que hasta los propios políticos oficialistas parecen cooptados por los “cantos de sirena” de la Derecha y de los sostenedores educacionales temerosos en que la instrucción deje de ser una actividad lucrativa. Aunque tampoco estas reformas necesitan un quórum calificado en el Parlamento para ser aprobadas, lo que empieza a dibujarse es una nueva negociación con la Derecha que, desde luego, las retarde o pueda desbaratarlas. Sobre todo en el propósito de promover la gratuidad en todos los niveles del sistema, destinar mayor financiamiento a la educación pública y dejar de bonificar a aquellos establecimientos que desembozadamente lucran con los recursos los fiscales que se les siguen asignando.

Pese a las bravatas del propio Ministro de Educación, y al reiterado respaldo que recibe de la Jefa de Estado, demócrata cristianos y otros sectores del oficialismo tienen demasiados intereses en el ámbito educacional como para aprobar una reforma tan audaz, para no decir “revolucionaria” como algunos llegaron a concebirla. Por lo mismo es que alentarán, también en este caso, que lo que resulte sea también con el consentimiento de la Derecha, con cuyas posiciones es evidente que concuerdan más que con la de otros socios de su coalición. Coincidencias que también manifiestan con la postura y temores de la jerarquía eclesiástica católica cuyas universidades y colegios en todo el país suelen ser los más exclusivos y segregadores de todo el sistema.

Por otro lado, la opinión pública ha podido comprobar en estos días cómo se ha modificado el sistema electoral binominal gracias a un explícito acuerdo entre la Nueva Mayoría, el Ejecutivo y algunos parlamentarios independientes o escindidos de Renovación Nacional, aunque esta vez con la oposición cerrada de la UDI. En virtud de esta negociación, solo lo que se ha logrado es atenuar el binominalismo para ampliar el número de diputados y senadores en determinados distritos y circunscripciones. Un diseño de “ingeniería política” que permitirá el ingreso de otras expresiones al Parlamento, pero sin que ello llegue a alterar mayormente la correlación de fuerzas actual. Asimismo, aunque se le impondrán algunas restricciones y controles al gasto electoral, estas nuevas normas en ningún caso se proponen impedir que los partidos y candidatos puedan recibir aportes y donaciones de los grandes empresarios y otros grupos fácticos.

Lo que estamos presenciando en este invierno son sucesivos “baldes de agua fría” a las ilusiones que muchos tuvieron en cuanto a que estábamos ante un gobierno que traía una agenda de transformaciones importantes y que marcarían un antes y un después respecto de todas las administraciones anteriores. Es decir, de cuando prevalecía la “política de los acuerdos” entre el pinochetismo y el socialismo renovado; todo un tiempo en que el llamado duopolio político estuvo estrechando diferencias, superando rencores y coincidiendo en la necesidad de perpetuar el régimen político, económico y social legado por la Dictadura, salvo en algunos de sus más manifiestos despropósitos autoritarios. Más de dos décadas en que hasta la impunidad del Tirano también fue concordada, tal como en nuestra política exterior ambas expresiones siguen jactándose de coincidir plenamente en el ánimo de mantener a cualquier precio el reconocimiento de la Casa Blanca y el beneplácito del Fondo Monetario Internacional.

A la luz de lo que acontece parece, entonces, absurdo que se busque ampliar el número de nuestros parlamentarios y se recaben todavía más recursos para sostener la gravosa labor legislativa, cuando ya vemos que las leyes se cocinan (como lo reconoció un avezado senador) entre las más reducidas cúpulas políticas y no en los hemiciclos del Congreso Nacional. Negociaciones que derivan irremediablemente en reformas mínimas y limitadas a los consensos de los dos grandes protagonistas de la posdictadura.

Ciertamente que seguimos demasiado lejos del espíritu y el compromiso ideológico que caracterizó a nuestra política, al mismo tiempo que los partidos y su sus dirigentes continúan muy a contrapelo con las demandas sociales. De esta forma es que puede entenderse la convicción expresada por el senador socialista Carlos Montes (En El Mercurio, por supuesto) en cuanto a la conveniencia de que “en cuestiones tributarias el acuerdo sea lo más amplio posible”, es decir, con la Derecha. Tal como aquella observación del ultra derechista Hermógenes Pérez de Arce cuando a nuestra Emisora declara que Sebastián Piñera “terminó tomando las banderas de la Izquierda”, fustigando la confluencia de su sector hacia el centroizquierdismo.

No hay duda de que el sincretismo político seguirá, entonces, vigente durante este nuevo Gobierno.

jueves, 21 de agosto de 2014

ESTUDIANTES REALIZAN MARCHA Y EMPLAZAN AL GOBIERNO A DEFINIRSE CON QUIÉNES LLEGARÁN A UN ACUERDO EN EDUCACIÓN

El movimiento estudiantil realiza esta mañana una nueva marcha en Santiago en momentos que las relaciones con el gobierno de Michelle Bachelet están en un punto crítico. La Marcha, que se inicia a las 10:30 horas, avanzará desde la Plaza Italia por la Alameda hasta Los Héroes. Según han declarado los estudiantes, a través de esta nueva movilización emplazan al gobierno a definirse si llegará a un acuerdo con la derecha y los sectores a favor del lucro al interior de la Nueva Mayoría, o con los estudiantes.

POR EL CLARÍN DE CHILE


Así lo dijo la presidenta de la Fech, Melissa Sepúlveda, quien emplazó al ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, a definir con quiénes se llegará a acuerdo por la reforma educacional.

Por su parte, el coordinador nacional de la Cones, Tomás Leighton, hizo un llamado a la gente a participar de esta movilización e indicó que están dadas las condiciones para realizar los cambios que se requieren en educación.
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