jueves, 24 de abril de 2014

EE UU entra en la ‘lista negra’ de la CIDH

Entrada a la prisión de Guantánamo. / JOE RAEDLE (GETTY IMAGES)

Cuba, Honduras, Venezuela, República Dominicana y Ecuador también preocupan a la Comisión en su informe anual 2013

MAYE PRIMERA Miami


Los criterios según los cuales la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decide o no incluir a alguno de sus Estados miembros entre los países que no garantizan plenamente el ejercicio de derechos fundamentales en el hemisferio son cuatro: violaciones graves contra la institucionalidad democrática –incluyendo abusos de poder y golpes de Estado; la suspensión total o parcial de los derechos contemplados en la Convención y en la Declaración Americana; la violación masiva, grave y sistemática de los DDHH por parte del Estado; y la ocurrencia de crisis institucionales, omisiones e incumplimientos que vulneren el disfrute de los DDHH. En su informe anual 2013, la CIDH ha mencionado por primera vez a Estados Unidos dentro del panorama general de problemas y desafíos que enfrenta la región, a causa de su manejo delcentro de detención de Guantánamo. Y en esa lista negra comparte lugar con Ecuador, República Dominicana, Cuba, Honduras y Venezuela.

La opinión de la CIDH es que Washington ha fallado en su deber de garantizar el derecho a la libertad de las personas detenidas en la Base Naval de Guantánamo, ubicada sobre la costa sudeste de Cuba. Desde la apertura misma del centro de detención, a principios de 2002, la Comisión ha recomendado su cierre inmediato y en varias oportunidades ha solicitado sin éxito permiso para visitar la base y entrevistar libremente a los detenidos. En mayo de 2013, la CIDH reiteró su llamado a acabar con la detención indefinida de los presos de Guantánamo, que calificó como una “flagrante violación al derecho internacional” y como “una forma de trato cruel, inhumano y degradante”. Tres meses antes, varios de los detenidos iniciaron una huelga de hambre para demandar un cambio de su detención y fueron sometidos a tratamientos de alimentación forzada que la comisión tildó de “injustificables”.

La CIDH prepara actualmente un informe temático sobre la situación de los presos de Guantánamo, donde promete abordar “los sucesos recientes relacionados con las condiciones de detención, el acceso a representación legal y las restricciones de los traslados”, entre otros asuntos. A tales fines y durante el último semestre de 2013, la comisión convocó varias audiencias públicas en las que Estados Unidos no presentó alegatos, bajo la excusa de que el cierre del Gobierno –en octubre de 2013—le impidió preparar su defensa.

En su labor de monitoreo anual del panorama de los derechos humanos en el hemisferio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha detenido también en la nueva jurisprudencia adoptada por Ecuador y República Dominicana que lesiona, respectivamente, el derecho de sus ciudadanos a la libre expresión y a la nacionalidad. En el caso de Ecuador, el informe se refiere a la Ley Orgánica de Comunicación promulgada por el presidente Rafael Correa en junio de 2013, que impone mayores restricciones y obligaciones a los medios de comunicación social, “que podrían impedir de forma severa el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y generar un fuerte efecto intimidatorio, incompatible con una sociedad democrática”.

En el caso de República Dominicana, la comisión sigue atenta y preocupada por la sentencia dictada en octubre de 2013 por el Tribunal Constitucional que despojó de la nacionalidad a miles de dominicanos de ascendencia extranjera, nacidos en territorio de la República a partir de 1929; para la CIDH, esta sentencia tiene “un efecto discriminatorio” pues afecta principalmente a los descendientes de haitianos, “priva de la nacionalidad retroactivamente” y “genera apatridia” en el caso de aquellas personas que no son consideradas como ciudadanos de ningún Estado.

En la evaluación individual de la situación de los derechos humanos, Cuba, Venezuela y Honduras son los tres países que esta vez concentran el foco de atención y a cada uno, la comisión ha dedicado un informe especial. Como cada año, la situación de los derechos humanos en Cuba sigue ocupando un lugar destacado en el informe de la Comisión.

La CIDH insiste en la responsabilidad jurídica del Estado cubano en esta materia, aún a pesar de que La Habana no participa en la Organización de Estados Americanos (OEA) desde 1962 –en principio, por una resolución adoptada por la OEA y desde 2009, por voluntad propia del Gobierno castrista. En este sentido, el documento señala: “Las restricciones a los derechos políticos, de asociación, a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento, la falta de elecciones, la falta de independencia del poder judicial y las restricciones a la libertad de movimiento, han conformado durante décadas una situación permanente y sistemática de vulneración de los derechos humanos de los habitantes en Cuba. En el transcurso del 2013, la información disponible sugiere que la situación en general de derechos humanos no ha variado”. A la situación preexistente, se suman casos de severa represión contra defensores de DDHH en la isla, y de discriminación y violencia contra la comunidad LGBT –de lesbianas, gais bisexuales y transexuales. Como es usual, la Comisión envió estas observaciones a Cuba y Cuba no respondió.

En Honduras, la comisión continúa observando fallos estructurales en materia de justicia, seguridad, marginación y discriminación “que han afectado durante décadas los derechos humanos de sus habitantes”. Pero también le preocupa la fragilidad de las instituciones democráticas y los continuos episodios de violación de DDHH que han sido documentados desde el golpe de Estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya en junio de 2009, que han complicado aún más la ya difícil situación del país.

La subordinación del Poder Judicial frente al Ejecutivo, el uso abusivo del derecho penal, la inseguridad ciudadana, la negación sistemática de derechos políticos, la violencia en los centros penitenciarios y las amenazas a la libertad de expresión y a los defensores de derechos humanos son los problemas más graves que la CIDH sigue identificando en Venezuela en su informe 2013. Y lo que más lamenta la comisión en esta oportunidad, es la denuncia por parte de Caracas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, vigente desde el 10 de septiembre de 2013, y que en opinión de la CIDH “limita los recursos con que cuentan los ciudadanos venezolanos para defenderse en el contexto de violaciones a los derechos humanos”.

Mas y Rajoy, desencuentro en Barcelona

Artur Mas, presidente de la Generalitat / EFE

El presidente del Gobierno certifica que la economía crecerá un 1% en 2014 y por encima del 1,5% en 2015


ÀLEX GUBERN / BARCELONA - Día 24/04/2014 - 14.56h


Ni se cruzaron por los pasillos. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el de la Generalitat, Artur Mas, han coincidido este mediodía en un acto del Foro de Marcas Renombradas en Barcelona, aunque con horarios distintos no han llegado ni siquiera a saludarse, en una muestra más del clima de frialdad entre los dos ejecutivos a propósito del proceso soberanista. «No está en la agenda», ha respondido lacónicamente Mas cuando se le ha preguntado sobre la posibilidad de una reunión.

Del mismo modo que el día anterior la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría acudió a Barcelona para reunirse con el Gremio de Editores sin que se incluyese encuentro alguno con representantes de la Generalitat, la presencia de Rajoy tampoco ha propiciado un acercamiento. De hecho, el Gobierno parece decidido a cultivar una estrategia de intensa presencia en Cataluña al margen de la Generalitat.

«Marca Barcelona»

En su intervención en el Foro, antes del cierre previsto a cargo de Rajoy, el presidente catalán ha vuelto a presumir del grado de internacionalización de la economía catalana, que «con un peso aproximado del 19% del PIB español es responsable del 25% de sus exportaciones». Es más, ha apuntado el jefe del ejecutivo, si se descontase de la balanza exterior la exportación de barcos, aviones y armamento, «aún sería superior». En este contexto, y en un argumento utilizado a menudo en el contexto del debate soberanista, Mas ha recordado que desde hace dos años, Cataluña exporta más al resto del mundo que al mercado español, a la vez que capta el 25% del turismo que recibe España.

Por otra parte, el presidente Mas ha sacado pecho con la «marca Barcelona», a su criterio «la más potente que tiene España y el sur de Europa ahora mismo». «En España hay otras marcas territoriales, que se defienden, como es el caso de Cataluña, pero que no está al mismo nivel que Barcelona», ha añadido. Dirigiéndose a los alrededor de 200 representantes de las empresas reunidas en Barcelona, Mas ha recordado la dificultad de construir una marca y las dificultades para mantener su prestigio. «Si cogemos la experiencia española veremos como deteriorar la imagen de una marca es relativamente fácil», ha apuntado el presidente.

Por su parte, el presidente del Foro, y a la vez de Freixenet, José Luis Bonet, ha reclamado a las administraciones que propicien las «condiciones políticas y económicas» para que las empresas pueden internacionalizarse y competir.

«Mejor ir acompañado»

El presidente Rajoy ha destacado el valor de la estabilidad políticacomo motor de crecimiento económico, en un momento precisamente de máxima convulsión política en Cataluña. En su discurso en la reunión del Foro de Marcas Renombradas, Rajoy ha realizado una intervención de tipo económico, aunque repleta de alusiones al proceso político catalán. Así, y tras elogiar la capacidad de internacionalización de las empresas españolas, Rajoy ha señalado que «encerrarse en sí mismo y permanecer inmune a los cambios conduce al fracaso», instando en cualquier caso a quienes «caminan en sentido contrario» a explicar los «costes» de esa actitud, en lo que ha sonado como unaadvertencia clara al presidente Mas.

En esta línea, y poniendo como ejemplo el «trabajo codo con codo entre administración y empresas para fomentar la exportación», Rajoy ha apuntado que en un momento en el que «el mundo tiende a borrar fronteras», es preferible la colaboración. «Para ir rápido mejor ir solo, pero para llegar lejos mejor ir acompañado», ha añadido.
Crecimiento por encima del 1%

Por otra parte, y en un guiño ya habitual en el presidente Rajoy, éste ha destacado el papel de Barcelona como punta de lanza de la apertura de la economía española al mundo, en una ciudad, ha recordado, que es «el gran escaparate de Cataluña y de España», apuntando además a su carácter «tolerante, fruto de su capacidad de integración de personas, vinieran de donde vinieran». A la vez, y en un momento de máxima convulsión en Cataluña, Rajoy ha recordado que «la estabilidad política es un valor para el progreso». «Unir fuerzas, energías y talentos es el camino. Hemos demostrado solidaridad sin límites en los peores momentos. De norte a sur. Nuestro futuro juntos no conoce fronteras», ha añadido.

Por otra parte, y en clave estrictamente económica, Rajoy ha querido certificar el cambio de ciclo de la economía española, que «este año crecerá por encima del 1% y en 2015 lo hará claramente por encima del 1,5%», en línea con la revisión de las cifras de crecimiento anunciadas en las últimas semanas y apuntadas ayer por el ministro Luis de Guindos. En este mismo sentido, y tras repasar cifras relativas a la buena salud de la exportación o del sector turístico, el presidente del Gobierno ha apuntado también a un inminente cambio de tendencia en la creación de empleo.

Reforma tributaria: Economistas proponen sumar impuesto al patrimonio

Aplicado durante la presidencia de Eduardo Frei Montalva, se trata de un gravamen que según los expertos permitiría recaudar 900 millones de dólares, en directa relación con la inequidad en la distribución de ingresos y el alto grado de concentración de riqueza que existe en el país. Este martes, la comisión de Hacienda aprobó y despachó el documento.

Por Fernando Seymour 

La comisión de Hacienda de la Cámara continúa discutiendo la reforma tributaria, donde los diputados están votando el articulado en específico.

En este proceso se han presentado diversas indicaciones, y expertos proponen la idea de incorporar un impuesto al patrimonio, como ocurrió en la década del 60 durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva.

Así lo plantea el economista Andrés Solimano, panelista de Radioanálisis, quien explicó que se trata de “un impuesto justo en un país con un desmedido porcentaje de millonarios”, lo que implica preparar el sistema tributario para que las personas declaren no solo sus ingresos, sino también su patrimonio.

“Hubiera sido una buena instancia para que en esta reforma se iniciara el trabajo preparativo para un impuesto al patrimonio, que podría ser modesto y no expropiatorio, de entre uno y dos por ciento, lo que podría recaudar 900 millones de dólares”, explica el economista, agregando que “esto no es un impuesto a los empresarios, sino que a una especie de clase rentista, porque existe una distinción entre el empresario, que está afectado con el aumento del 20 al 25 por ciento de los impuestos, del rentista o patrimonialista”.

Según Solimano, este ingreso fiscal apunta a mejorar los niveles de equidad en cuanto a la distribución de ingresos.

Consultado por Radio Universidad de Chile, el senador Andrés Zaldívar, ministro de Hacienda de Frei Montalva, declinó referirse al tema quien solo hablará sobre la reforma tributaria cuando el texto ingrese al Senado.

Quien sí analizó la posibilidad de incorporar un impuesto al patrimonio fue Jorge Arrate, ex ministro de Minería, y propone que el gravamen sea considerado en el actual proyecto del Gobierno.

Como explica Arrate, gravando las grandes fortunas sería viable obtener una importante recaudación, añadiendo que “todo el mundo ha olvidado este impuesto que es a la riqueza acumulada, por lo que tiene muchos detractores, que están entre los más ricos, pero también tiene partidarios. Creo que es un impuesto justo en un país que tiene un porcentaje desmedido de multimillonarios”.

Asimismo, asevera que “es evidente que con un impuesto de estas características se debe comenzar de arriba hacia abajo, tratando de gravar ciertos márgenes de riqueza que están por sobre un cierto límite y que, por lo tanto, están afectando a los grupos más pequeños”.

También a favor de un impuesto al patrimonio se muestra el economista de la Fundación Sol Gonzalo Durán, quien plantea que la estructura tributaria de los países desarrollados se basa principalmente en los impuestos directos, los que corresponden a impuestos a la renta y también a la propiedad, como ocurre con los bienes raíces, y que permite obtener una recaudación significativa, pero que en Chile es algo prácticamente inexistente.

“El empresariado se ha acostumbrado a que no le toquen la ganancia, y ante un alza en los impuestos, que efectivamente apunta a que disminuya la rentabilidad y la pague la empresa, lo que hacen los empresarios en Chile es traspasar todo esto a precios y que finalmente el impuesto lo termine pagando no solo la clase media, sino que todos los chilenos. Es decir, el empresariado no está dispuesto a ceder ningún ápice en lo que es la tasa de ganancia y contribuir con eso a la sociedad”, analiza.

En cuanto a la discusión parlamentaria, el senador de RN Manuel José Ossandon, contrariando los planteamientos de su sector, estudia la idea de presentar una indicación para subir el impuesto de primera categoría de las grandes empresas a un 30 por ciento, más que el 25 propuesto por el Gobierno, tal como lo planteó en el programa Semáforo.

Además, en cuanto a los artículos que se han votado en la comisión, asegura que “sí se puede subir el impuesto a los alcoholes y al tabaco. No creo que eso signifique, como se dice, matar a la industria vitivinícola en Chile, lo cual no es así, pues la mayoría del vino se exporta al extranjero y no paga ese impuesto”.

Por ello, reconoce que “hay muchas acusaciones de que esto beneficia a unos o a otros y por supuesto que hay señales preocupantes. Por ejemplo, es muy extraño que cuando se inicia este proceso el presidente de la Asociación de Bancos es el primero que apoya la reforma. Claro, si se acaba el FUT todos tendrán que ir a los bancos, lo que sería un tremendo negocio, por lo que pareciera que este proyecto ha sido hecho justamente para ellos”.

La discusión del proyecto prosiguió este miércoles con una nueva sesión en el Congreso, donde fueron aprobados el artículo 5, respecto del impuesto anual que gravará las emisiones de material particulado, y el artículo 6, que elimina el Decreto Ley 600 relativo al resguardo de la inversión extranjera. Durante la tarde, se aprobó el último artículo referente al Código Tributario, y con esto se aprueba y despacha el proyecto desde la comisión. Ahora, su discusión se traslada a la Sala de Diputados, donde será ingresado la semana del 12 de mayo.

Así puede un profesor prevenir el acoso escolar en su clase

ISABEL PERMUY
La Fundación Gestiona recomienda colgar en clase carteles con los valores de los niños

BULLYING

Los expertos denuncian falta de percepción por parte de los maestros de lo que ocurre en el aula

CARLOTA FOMINAYACARLOTAFOMINAYA / MADRID - Día 24/04/2014 - 01.24h


Amanda, de 19 años, Jokin, de 14, Mónica, de 16... y así hasta una larga lista de nombres de adolescentes con un denominador común: todos decidieron quitarse la vida tras haber sido víctimas de acoso escolar. «Un niño no se suicida de un día para otro. Emiten señales que los adultos que están en su esfera diaria, como pueden ser sus padres o, en este caso, los profesores, deben saber leer», indica Juan Carlos Vilar, presidente de la Fundación Gestiona. «Hay que actuar preventivamente. Las consecuencias, en demasiadas ocasiones, son irremediables», advierte. Hay otro factor común a todos estos casos de acoso, y es que todos ellos comenzaron en el colegio. «El problema está en que en muchos de los casos, los profesores que había cerca de estos pequeños nunca apreciaron que hubiera acoso escolar. O si lo detectaron, la dirección del centro no consideró oportuno sancionar a los agresores o no informó a la Consejería de Educación», añade este especialista. «Demasiadas veces tenemos que leer en los medios de comunicación las siguientes frases: "nunca se apreció acoso escolar", o "problemas ajenos al centro por completo"», recuerda.

Es indudable que para la Fundación Gestiona, «falta percepción por parte de los maestros de lo que ocurre en el aula. Las peleas, los insultos... no son "cosas de niños"», remarcan. Para Irene López-Assor, psicóloga de esta organización, esta dificultad para detectar las situaciones de acoso en sus fases preliminares es la causa de algunas de las sentencias condenatorias a colegios por casos de acoso escolar que se están produciendo en España. «Como responsables de los menores a su cargo durante las horas lectivas, los colegios tienen la obligación y la posibilidad de combatir esta lacra social. Y para ello necesitan nuevas herramientas que les ayuden a detectar y a prevenir este tipo de situaciones», añade López Assor. «Es crucial que los profesores sepan cómo detectar cualquier señal», insiste. Lo corrobora Abel González, profesor de criminología en la UDIMA con una larga experiencia en el Plan Director de Mejora de la Convivencia y Seguridad Escolar puesto en marcha por el Ministerio de Educación. «Es un imperativo que los profesores sepan detectar cualquier señal que vean durante la estancia de los niños en el centro escolar».

Ante la creciente preocupación social y del sector por este tema, la Fundación Gestiona ha desarrollado una herramienta destinada a que sean los propios centros de enseñanza los que puedan identificar síntomas y prevenir posible casos de acoso en sus aulas, basada en la información y sensibilización de toda la comunidad educativa: equipo directivo del colegio, profesores y padres, con especial incidencia en el equipo docente, que recibe formación específica para identificar y evitar el acoso. Estos serían algunos de sus consejos a la hora de prevenir el acoso escolar en las primeras etapas:

1. Identificar los perfiles psicológicos que hay en el aula. Para ello López-Assor recomienda a los maestros que observen y estudien los perfiles psicológicos de sus alumnos a la hora de hacer grupos. «Es importante saber en qué clase nos manejamos, haciéndonos las siguientes preguntas: ¿son niños fuertes?, ¿débiles?, ¿qué carga emocional tienen? Nosotros lo sabemos mediante la realización de baterías de test y jornadas de observación en las que analizamos los perfiles psicológicos de los alumnos y de su grupo de pertenencia», explica esta terapeuta. En este sentido, desde la Fundación sugieren que se cuelguen en clase carteles bien visibles con los valores de los niños. «Son una excelente herramienta para subir la autoestima», propone.

2. Enseñar a los niños más pequeños a diferenciar lo que está bien de lo que está mal, y a canalizar su ira. «Tienen que aprender a utilizar la inteligencia emocional a la hora resolver conflictos, y esto se puede enseñar en clase desde las edades más tempranas», recomienda López-Assor.

3. Fomentar la comunicación. «El enemigo número uno de la víctima de acoso es el silencio. Pero si el niño aprende a expresar sus emociones y a comunicárselas a un adulto o a una persona de su confianza, habremos ganado en parte la batalla», indica esta psicóloga.

4. Ser conscientes de la gravedad tanto de los ataques intimidatorios como de los psicológicos. «Debemos apartar la idea de que para que exista acoso los niños se tienen que estar "matando en el patio". Se pueden producir agresiones durante la clase de deporte mediante una patada o un cabezazo jugando al fútbol... En el patio se puede despreciar, aislar, o ignorar a un compañero...». «Pero el peor acoso, el que más se sufre, suele ser el psicológico», matiza esta experta. «Las burlas, el mote.... hoy hay que tener mucho cuidado con esto», añade.

5. La identificación de los lugares «ciegos» en las instalaciones de la instalación escolar sería otra de las recomendaciones de esta organización. «Nos referimos a los lugares donde un niño puede aprovechar para agredir o intimidar a otro al que tenga "manía". Es bien sabido que el bullying se puede presentar de diferentes formas y en distintos lugares: dando un cabezazo durante el partido de la clase de deporte, o aislando e ignorando en el pasillo o el patio al compañero», diferencia López-Assor.

La jaca, una fruta del sudeste asiático, la mejor alternativa al trigo y al maíz

La jaca produce el fruto de mayor tamaño conocido / FAO

Resistente a sequías y altas temperaturas, es ideal para reemplazar a los amenazados cultivos almidonados. 

Puedes pasar un día y medio sin comer tras ingerir una docena de sus gajos

NATURAL - Día 24/04/2014 - 14.05h


La Jaca, un árbol típico del sudeste asiático que produce el fruto más grande conocido (entre 5-7 kg), podría ser el reemplazo perfecto para el trigo, el maíz y otros cultivos básicos amenazados por el cambio climático, apunta un grupo de investigadores de la Universidad de Ciencias Agrarias de Banglore (India), publica The Guardian.

«Es un milagro. La jaca aporta muchos nutrientes y calorías. No necesitarías alimentarte en día y medio tras ingerir una docena de gajos de esta fruta, rica en hierro, potasio y calcio; más saludable que los bienes procedentes de los cultivos almidonados», explica al diario británico el biotecnólogo Shyamala Reddy. «Pese a su alto potencial, y a que desde hace 50 años se sabe que puede ser una alternativa al trigo y al maíz, continúa sin explotarse como "vegetal enlatado" o "comida procesada"», se lamenta.

La Universidad de Banglore acogerá en mayo una reunión internacionalde la que se espera salgan soluciones que animen a emprendedores de todo el mundo a ver en la jaca una oportunidad de negocio.

«Crece con facilidad, sobrevive a pestes, enfermedades, altas temperaturas y sequías. Se trata, además, de un árbol y fruto muy versátiles: se pueden obtener de ellos madera y caucho, por ejemplo», manifiesta Danielle Nierenberg, presidenta de Food Tank.

Los partidos palestinos Al Fatah y Hamás anuncian la reconciliación

CONFLICTO ISRAEL-PALESTINA

Israel cancela una reunión con la OLP y ataca objetivos en el norte de Gaza tras el anuncio

Los palestinos anuncian un Gobierno de unidad en cinco semanas y elecciones en seis meses

JUAN GÓMEZ Jerusalén


Hamás y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) firmaron este miércoles el final de casi siete años de rivalidad. Según anunciaron las partes en una rueda de prensa celebrada en Gaza, la reconciliación se formalizará antes de cinco semanas con la instauración de un Gobierno de unidad que presidirá de forma interina el actual presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) y líder de la OLP, Mahmud Abbas. Su primer cometido será la convocatoria de unas elecciones legislativas conjuntas en Gaza y Cisjordania. Las últimas se celebraron en 2006. Los palestinos se han dado ahora medio año de plazo para organizar las próximas, una vez que el Gobierno de unidad sea ratificado por el Parlamento.

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El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, canceló tras el anuncio una reunión entre representantes de su Gobierno y la OLP planeada para el miércoles por la tarde. Fue la primera señal de alarma ante un acuerdo anunciado apenas una semana antes de que termine el plazo fijado para las negociaciones de paz entre Israel y la ANP de Abbas. Netanyahu acusó a Abbas de haber "elegido a Hamás en lugar de la paz".

La organización islamista Hamás controla la Franja de Gaza y no reconoce la existencia de Israel. Desde 2007 hasta hoy ha negado también la legitimidad del Gobierno de Abbas en Ramala (Cisjordania).

La anunciada reconciliación entre Hamás y la OLP se basa en los acuerdos previos alcanzados por las facciones palestinas en reuniones celebradas en El Cairo y en Doha 2012, que nunca llegaron a aplicarse.

Aunque quedan puntos abiertos en el acuerdo y pese a estos precedentes poco halagüeños, los palestinos aseguran haber dado el miércoles un paso definitivo para resolver el cisma político y administrativo que en los últimos siete años ha separado Cisjordania, administrada por la Autoridad Nacional Palestina que preside Abbas, de la Franja de Gaza. Sometida a un férreo aislamiento por parte de Israel, Gaza quedó bajo el control de Hamás cuando los islamistas expulsaron violentamente a sus rivales en 2007.

Tanto los delegados de la OLP en las negociaciones como el líder de Hamás y jefe del Gobierno de Gaza, Ismael Haniya, dijeron el miércoles que Mahmud Abbas presidirá también el Gobierno de unidad. Haniya aseguró a los periodistas congregados en Gaza que está “feliz de proclamar el final del período de división entre los palestinos”.

Un grupo de palestinos celebra la unión entre Al Fatah y Hamás. / REUTERS

La aviación israelí atacó el mismo miércoles objetivos en el norte de la Franja de Gaza,minutos después del anuncio de reconciliación, en lo que fuentes del Ejército israelí describieron como una “operación antiterrorista”. La agencia France Presse habla de seis heridos, uno de ellos grave. Se vieron así empañadas las celebraciones populares en Gaza por el acuerdo que pretende recuperar la convivencia entre el islamista Hamás y los laicos de Al Fatah, el partido de Mahmud Abbas y principal fuerza política en la OLP.

Abbas debe decidir si busca la paz con Israel o con Hamás

Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel

Antes de que se anunciara el inesperado pacto, el primer ministro israelí había reiterado el miércoles su oposición a cualquier acuerdo con Hamás. Repitió Netanyahu a sus interlocutores palestinos que Abbas debe “decidir si busca la paz con Israel o con Hamás”. Las conversaciones entre Israel y la ANP se prolongan desde el pasado mes de julio. Pese a la tutela estadounidense, todavía no han podido siquiera acordar una prórroga negociadora más allá del martes que viene. El acuerdo entre Hamás y la OLP se interpreta en Israel como una forma de presión por parte de Abbas en las empantanadas negociaciones de paz. Ahora penden de un hilo.

Estados Unidos advirtió tras el anuncio que solo reconocerá un futuro Gobierno de unidad palestino que, a su vez, reconozca el Estado de Israel, renuncie a la violencia y suscriba los acuerdos firmados por la ANP. Fuentes del Gobierno estadounidense citadas por el diario israelíHaaretz aseguran que estas condiciones “determinarán” su relación con el Gobierno palestino de unidad anunciado el miércoles.

Hace un par de semanas, el secretario de Estado estadounidense, John Kerry, amenazó con abandonar su papel mediador ante la parálisis de israelíes y palestinos, que no avanzaban en las eternas negociaciones.

Obama reafirma el compromiso de defensa de EE UU con Japón

El presidente de EE UU, Barack Obama, este jueves junto al primer ministro de Japón, Shinzo Abe. / BLOOMBERG

El presidente estadounidense trata de mantener un delicado equilibrio entre Tokio y su importante relación con Pekín

Japón dispara el rearme en Asia

JOSE REINOSO Tokio 24 ABR 2014 - 13:07 CET


No hay nada como una comida informal para estrechar los lazos personales. Y si esta tiene lugar en el diminuto —pero poseedor de tres estrellas Michelin— restaurante del maestro de sushi de 88 años Jiro Ono, en Tokio, el objetivo parece estar al alcance. Allí cenaron juntos el miércoles por la noche, sin corbata y en un ambiente distendido —algo raro para el estricto protocolo japonés—, Barack Obama, y el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, al inicio de la primera visita de Estado de un presidente estadounidense a Japón desde la de Bill Clinton hace 18 años.

Tras la cena privada de anoche, Obama y Abe se han puesto este jueves manos a la obra de forma oficial. Se han reunido en el palacio de Akasaka para celebrar uno de los encuentros más importantes de la gira asiática de ocho días de Obama: la cumbre bilateral entre Japón y Estados Unidos. Y la han concluido con la declaración que Abe quería: la reafirmación, por boca del presidente estadounidense, del claro compromiso de Washington con la defensa del archipiélago llamado Senkaku por Japón y Diaoyu por China, en el mar de China Oriental, que se disputan estos dos países. Con ello, el primer ministro japonés ha conseguido enviar un mensaje con una fuerte carga simbólica a Pekín.

“El artículo 5 (del tratado de seguridad entre Estados Unidos y Japón) incluye todos los territorios bajo administración de Japón, incluidas las islas Senkaku”, ha asegurado Obama. “No tomamos partido sobre la determinación de la soberanía final de las Senkaku, pero históricamente han sido administradas por Japón, y no creemos que deban ser objeto de un cambio unilateral”, ha dicho el líder americano, que ha insistido en que “esta no es una posición nueva” y ha pedido que cualquier disputa en la región sea resuelta mediante el diálogo. Obama ha escogido las palabras con cuidado. Para Washington, se trata de mantener un delicado equilibrio entre Tokio y su importante relación con Pekín.

“Mi visita representa mi profunda convicción de que una relación fuerte entre Estados Unidos y Japón no solo es buena para nuestros países sino para el mundo”, había asegurado Obama antes del inicio de la cumbre. Abe afirmó que la alianza de los dos países es “indispensable e irreemplazable”.

El tratado de seguridad de Estados Unidos con Japón le obliga a acudir en su defensa en caso de ataque, pero Abe quería que Obama reafirmara de forma explícita este compromiso. Obama ya lo había hecho de otra forma en una entrevista por escrito con el diario japonés Yomiuri previa al viaje, en la cual adelantó lo que ha dicho hoy: que el tratado incluye las islas en disputa y que opone a cualquier intento unilateral de modificar la administración de estas islas. “Nuestra interacción con China no se produce ni se producirá a costa de Japón o algún otro aliado”, añadió Obama en el periódico.

El Ministerio de Exteriores chino ha respondido rápidamente a las declaraciones de Obama. “El llamado Tratado de Seguridad Estados Unidos-Japón es un producto de la guerra fría y no puede ser dirigido contra una tercera parte ni debe dañar la soberanía territorial de China”, ha afirmado su portavoz Qin Gang en Pekín, informa Reuters. “No importa lo que diga o haga quien sea, no puede cambiar la realidad básica de que las islas Diaoyu son territorio intrínseco chino y no puede debilitar la determinación del Gobierno y del pueblo de China de proteger nuestra soberanía y nuestros derechos marítimos ”.

Al mismo tiempo que estrecha su pacto con Washington, Japón ha dado pasos para reforzar el papel de sus Fuerzas de Autodefensa en la protección de su territorio. Abe, que llegó a la jefatura del Gobierno en diciembre de 2012, ha decidido dotar a Japón de un Ejército más fuerte para hacer frente, en particular, a las tensiones territoriales marítimas con China y la amenaza norcoreana. Ha incrementado el presupuesto de defensa y va a desplazar tropas del norte del país a las islas en el suroeste y crear la primera unidad de anfibios de Japón para responder con celeridad en caso de invasión extranjera de las islas. También va a desplegar radares y sistemas de defensa antimisiles en las zonas sensibles. “(Este cambio de la política de defensa) es una ampliación de nuestro esquema político. Hemos relajado demasiado la defensa de las islas en el sur. No podemos continuar dependiendo totalmente de Estados Unidos, porque está experimentando una disminución de su presupuesto de defensa”, explica Yoshinori Saeki, secretario general del Instituto para la Paz y la Seguridad, en Tokio.

Además de reafirmar su compromiso de defensa con Japón, otra de las prioridades del viaje de tres días de Obama a Japón es impulsar las negociaciones sobre el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (TPP en sus siglas en inglés), un pacto comercial entre 12 países, en el cual no está China, que se encuentra estancado.

No ha habido grandes logros hoy en este sentido. Obama ha reconocido que persisten diferencias, y ha dicho que “ahora es el momento de dar pasos valientes”. Entre las dificultades a las que se enfrenta el TPP, destacan las negociaciones bilaterales de Washington y Tokio, que mantienen profundas discrepancias sobre las tarifas arancelarias para los mercados automovilístico y agrícola. Un acuerdo bilateral entre Washington y Tokio es crucial para impulsar el pacto general del TPP, considerado un componente fundamental de la política estadounidense de giro económico, diplomático y militar hacia Asia-Pacífico.

El presidente estadounidense ha comenzado el día con una reunión con el emperador Akihito en el Palacio Imperial, situado en un parque de vegetación exuberante rodeado de modernos rascacielos en el centro de la capital. En el encuentro, Obama ha comentado al emperador que la última vez que se vieron no tenía el pelo gris, a lo que Akihito ha respondido: “Tiene usted un trabajo muy duro”. Obama es agasajado esta noche con una cena de Estado en el Palacio Imperial.

Tokio es la primera etapa de la esperada gira de Obama a Japón, Corea del Sur, Malasia y Filipinas, en la que intentará convencer a sus socios asiáticos de que el compromiso de seguridad y económico estadounidense con la región, en un momento de tensiones crecientes con China y amenazas de Corea del Norte, sigue siendo primordial para Washington a pesar de que la complicada situación internacional —Sira, Irán y más recientemente Ucrania— ha impedido a Estados Unidos bascular la atención hacia la región Asia-Pacífico con la intensidad prevista.

Aunque Obama no visitará China en este viaje, las referencias a la potencia económica, diplomática y militar estarán presentes en las conversaciones con los diferentes líderes asiáticos. Washington ha asegurado que la gira de Obama y el viraje hacia Asia no van dirigidos a contrarrestar el peso ascendente de China, y ha insistido en que el presidente no busca que los países asiáticos escojan entre Washington o Pekín. Pero pocos dudan de que el rápido ascenso de China es una de las principales razones de la nueva política asiática de Estados Unidos. Tampoco lo duda el Gobierno chino.

El actual viaje de Obama pretende borrar el desencanto que produjo la cancelación del que debía haber realizado a Asia en octubre pasado y que fue anulado debido al cierre de la Administración estadounidense. La suspensión dio fuerza a aquellos en la región que opinan que la muy publicitada estrategia de viraje hacia Asia ha sido relegada por Obama al asiento trasero frente a otras prioridades nacionales e internacionales.

El guarda de un hospital asesina a tres estadounidenses en Kabul

Policías resguardan una de las entradas del hospital atacado en Kabul. / S. M. (AFP)

El pistolero fue herido y detenido por otro agente a la entrada del centro

24 ABR 2014 - 14:05 CET


Tres ciudadanos estadounidenses murieron este jueves y uno más resultó herido a consecuencia de los disparos de un guardia de seguridad del hospital Cure International, al oeste de Kabul. Las víctimas mortales eran un médico y un padre con su hijo.

El pistolero es un expolicía que trabajaba como guarda de seguridad en el hospital, especializado en niños y salud materna. El atacante fue herido y detenido por un agente a la entrada del centro, que está a cargo de una organización benéfica de Estados Unidos.

Los ataques contra extranjeros en Kabul, que hasta hace dos años ofrecía cierto margen de seguridad a los numerosos residentes foráneos, han aumentado los últimos meses. El más mortífero ha sido un atentado suicida en enero pasado contra un restaurante libanés muy frecuentado por extranjeros. Murieron un total de 21 personas, entre ellas 13 extranjeros.

Tras ese atentado, se han sucedido en Kabul otros incidentes armados como la incursión talibán en el hotel Serena y el ataque la semana pasada contra el hostal de una ONG estadounidense en la que murieron siete personas, entre ellas una niña de diez años.

La fotoperiodista alemana Anja Niedringhaus murió tiroteada a principios de abril en el este de Afganistán en un ataque en el que fue herida grave la reportera canadiense Kathy Gannon cuando ambas cubrían el 5 de abril la primera vuelta de los comicios presidenciales afganos.



La fiebre del hierro abre grietas en Suecia

Ulf Bergdahl, un indígena sami sueco hace una demostración con el lazo en el día nacional sami, en Estocolmo el pasado febrero. / FREDRIK SANDBERG (AFP)

La demanda asiática de minerales dispara la extracción en Laponia.

Los indígeneas samis temen por su futuro

ESPECIAL: Elecciones Europeas 2014

ANA CARBAJOSA Kiruna


Matti Berg es un fornido indígena del norte de Suecia que creció con una advertencia firme de su padre: “Cuando haya tormenta, no te acerques a la montaña. Sobre todo, si hay rayos”. Hace siglos que los samis saben que en Laponia, su venerada madre tierra, hay minerales ultramagnéticos. Lo que el último pueblo indígena de Europa tal vez no supiera es que se asienta sobre la laja de minerales de hierro más grande del mundo y que esa coincidencia, en época de bonanza mercantil, podría acabar con su cultura ancestral.

La fuerte subida del precio mundial de los minerales, impulsada por la sed de acero de una China en construcción, junto a los progresos tecnológicos han animado a las empresas a perforar en lugares en los que antes no les resultaba rentable. La bella Laponia sueca está repleta de potenciales minas. En Kiruna, la ciudad más septentrional de Suecia, a unos 65 kilómetros al norte del círculo polar, el trasiego de contratistas y empresarios es continuo. La oportunidad de hacer grandes negocios se palpa en esta ciudad gélida y remota.

Las administraciones y la población local dan la bienvenida al maná minero, pero como los samis, temen que la avaricia acabe por destrozar su paraíso natural. Intuyen que la paradoja de la abundancia acostumbra a no perdonar. Para el Estado sueco, el boom supone una fuente ingresos vital cuando las economías europeas se esfuerzan por competir en un mercado global que sienten que se les escapa de las manos. La producción minera supone por ejemplo un tercio del potente gasto sueco en educación superior e I+D. A pesar de que las proyecciones apuntan a una leve caída de la demanda de algunos minerales, Marie Wickberg, asesora política del Ministerio de Industria, confía en que “mientras haya una creciente clase media mundial, seguiremos manteniendo nuestra posición de liderazgo en la UE”. Suecia proyecta duplicar el número de minas en 2020.

A unos diez kilómetros de Kiruna, Niila Inga, un hombre de 33 años, se despide en sami de sus renos, que pastan entre la nieve que todavía lo cubre todo en el mes de abril. Este es uno de los campamentos base de su comunidad, Laevas, al que los samis van y vienen siguiendo a los renos. Los animales rigen su calendario y su vida nómada. El año sami empieza en mayo, cuando nacen las crías de reno. Los animales y sus pastores suben y bajan de las montañas a las llanuras huyendo de las moscas, al olor de los champiñones frescos o con la llegada de las primeras nieves. En septiembre llega la matanza y venden la carne, pieles y cuernos. Así desde hace miles de años.

De los casi 80.000 samis de Escandinavia y Rusia —20.000 en Suecia— no todos viven como Inga, de los renos. La mayoría se ha asentado en las ciudades y muchos han perdido prácticamente el contacto con su cultura, tras años de discriminaciones e intentos de asimilación por parte de las autoridades. Las relaciones con “los suecos” han mejorado mucho y las nuevas generaciones son más asertivas y cuentan con una renovada identidad sami. “Los suecos ahora nos aceptan como sus indígenas. Les gustamos para hacerse fotos con nosotros, pero nosotros queremos derechos y tierras”, pide Inga

Pero para los samis, los renos siguen siendo el gran referente del que depende el resto de fuentes de ingresos, como el turismo o la artesanía. Sin los renos, dicen, se convertirían en una cultura fósil, en un zoo humano de las nieves. “Si los renos no migran, se mueren y con ellos, nuestra cultura. El lenguaje sami por ejemplo, se ha mantenido vivo gracias a los renos”, piensa Inga, que explica que tienen hasta 100 palabras para describir el estado de la nieve que transitan los renos. Cŭonu por ejemplo es el hielo que se forma cuando ha habido un mínimo deshielo durante el día que luego se congela durante la noche. Se emplea para las heladas de invierno no de primavera, que tienen otro nombre. No son buenas para los renos.

Un traslado piedra a piedra

En un aparcamiento de Kiruna, un pequeño artefacto incrustado en el asfalto mide los movimientos de la tierra. Detecta el avance de las gigantescas grietas causadas por la mina de la que procede el 90% de los minerales de hierro que consume la UE. Las fallas han obligado a la empresa estatal LKAB a medidas radicales: va a trasladar la ciudad de Kiruna y a la mayoría de sus 20.000 habitantes.

El Ayuntamiento será el primero en emigrar, en 2016. Luego lo harán los demás, incluida la emblemática iglesia neogótica, que será trasladada piedra a piedra. Supone un desafío jurídico y económico descomunal. “Nos va a costar muchísimo dinero, pero somos una compañía rentable y nos lo podemos permitir”, explica David Petersson, director de marketing de LKAB. Según las primeras estimaciones, el traslado costará 1.430 millones de euros.

Los avances tecnológicos —potentes y precisos martillos hidráulicos— permitieron abrir el año pasado una nueva galería a 1.365 metros de profundidad, causante de las grietas.

La población acepta resignada la mudanza. Sabe que se debe a una catástrofe creada por el hombre para generar beneficios, y que ellos, los vecinos de Kiruna, participan del filón. Michael Karlsson dueño de un restaurante lo explica: “No tenemos otra opción que el traslado. Si la mina cierra, Kiruna muere”.

Lo que en la jerga minera se conoce como “el superciclo”, el que ha cuadriplicado el precio de ciertos metales en diez años, es lo que preocupa a Berg. Cree que la proliferación de minas e infraestructuras asociadas supone una grave amenaza para los rebaños trashumantes de renos, cada vez más acorralados. A las minas se le suman los parques eólicos, la deforestación y el cambio climático, que también compiten con los renos por el manto nevado de Laponia. Un recorrido de la mano de Berg, da una idea de la magnitud de los proyectos. “Ahí a la derecha quieren abrir los australianos una mina de cobre. Un poco más allá, habrá otra pronto”. Vagones de tren, cargados de minerales, atraviesan en hilera el paisaje nevado y tapizado de pinos.

Ann-Catrin Fredriksson, abogada del Ayuntamiento de Kiruna, confirma las predicciones de Berg. En su ordenador muestra el mapa minero de la región. Entre prospecciones y yacimientos, la superficie aparece prácticamente cubierta por ellas. Fredriksson cree que sin la minería, Kiruna probablemente no existiría. La industria garantiza que haya varios vuelos al día, trenes y consumo. La abogada recuerda las vacas flacas de los precios del hierro en los ochenta, los despidos, la emigración masiva. Ese recuerdo mantiene vivo el apoyo de la mayoría de la población a las extracciones, pero como también reconoce Fredriksson, “la gente aquí empieza a pensar que tal vez esto sea excesivo. Que no es necesario extraer todo posible en esta generación sólo porque el precio esté por las nubes. No tenemos necesidades económicas, ni un alto desempleo. ¿Por qué nos arriesgarnos a destrozar nuestro medio ambiente?”. Un portavoz de LKBA, la gran mina de minerales de hierro de Kiruna, considera que utilizan “muy poca superficie de tierras”. Explica que se consulta a los sami en las grandes decisiones de la mina y que ahora buscan “soluciones, como abrir pasos para el ganado”, dice el portavoz, Fredrik Björkenwall. LKBA cifra en 2.300 los puestos de trabajo creados en la mina.

En un apartamento medio vacío de Kiruna, Anna Inga pasa los meses entre las migraciones de los renos. Hoy ayuda a su hijo de ocho años con los deberes de la escuela sami. Recortan en una gomaespuma marcas en orejas de reno, que indican a qué familia pertenecen los animales. El pequeño, que sabe hacer fuego, desollar a un animal y sobrevivir en el monte a 40 grados bajo cero, quiere dedicarse a los renos cuando sea mayor. Igual que su hermano, su tío y su abuelo. Su madre no ve el futuro con tanta claridad. “No quiero que pierda el contacto con los suecos. No sabemos cuánto va a durar nuestra cultura”, teme Inga, que deposita sus esperanza en Bruselas. “El Gobierno nos ha dejado tirados frente a las empresas mineras. Espero que en Bruselas nos puedan ayudar”.

Tropas ucranias luchan por sofocar la sublevación en Slaviansk

Imágenes de uno de los puestos de control de las milicias prorrusas en Slaviansk. / REUTERS

TENSIÓN EN UCRANIA

El Ministerio de Interior ucranio cifra en cinco los muertos en los choques.
Putin advierte de que habrá consecuencias si se confirma que Ucrania utiliza al Ejército

Tensión en Ucrania

PILAR BONET / EFE Donetsk / Moscú 24 ABR 2014 - 13:50 CET


Varios puestos de control de las milicias prorrusas en los accesos a la ciudad de Slaviansk, en el sureste de Ucrania, han sido tiroteados este jueves, según denunció Misroslav Rudenko, uno de los líderes de las "fuerzas de autodefensa" de Donbass, la cuenca hullera de Donetsk. Al menos cinco personas han muerto en los choques, según el Ministerio de Interior ucranio. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha advertido que habrá "consecuencias" y que Kiev estaría cometiendo un crimen grave contra su pueblo, si se confirma que el Gobierno de Ucrania ha utilizado al Ejército contra su propio pueblo en el este del país.

Según el canal de televisión ruso Rossía 24, efectivos militares ucranios avanzan lentamente hacia Slaviansk, protegidos por unidades blindadas. Slaviansk, con cerca de 120.000 habitantes, es el bastión de la sublevación prorrusa contra el Gobierno central de Kiev que estalló hace casi tres semanas en las regiones surorientales de Ucrania, de mayoría rusohablante.

Decenas de soldados ucranios leales a Kiev vestidos con uniformes dispares,instalaron defensas con sacos de arena en torno a al menos seis vehículos blindados ligeros BMD y colocaron una tienda de campaña cerca de una localidad llamada Malinivka, a unos 12 kilómetros al sur de Slaviansk, en la principal carretera hacia la capital regional, Donetsk, informa la agencia Reuters. Poco después, las tropas ucranias abandonaron sus puestos defensivos, que retomaron las fuerzas prorrusas.

La denominada República popular de Donetsk (RTD) declaró hoy una movilización general de todos los activistas ante “la operación de exterminio” iniciada por las autoridades provisionales de Kiev -que los federalistas y separatistas prorrusos no reconocen-, según manifestaron fuentes de la defensa de esta entidad.

También esta mañana, en Marioupol, en el sur de Ucrania, un grupo de personas vestidas de paisano entró en el Ayuntamiento de la localidad y acorraló a los que estaban dentro. Poco después, se fueron.

Putin reaccionó ante el movimiento de tropas en el este del país. "La operación punitiva tendrá desde luego consecuencias para la gente que ha tomado esa decisión, y también para las relaciones entre los dos Estados", dijo Putin. El presidente ruso reconoció además que las sanciones internacionales están causando un daño, aunque no grave, a la economía del país.

El Gobierno ucranio anunció la víspera que reanudaba la "operación antiterrorista" contra las formaciones armadas ilegales en el sureste del país. La decisión fue adoptada por el presidente interino de Ucrania, Olexander Turchínov, después del hallazgo en Slaviansk del cadáver de Vladímir Ribak, diputado de la asamblea municipal de Górlovka, que pertenecía al partido Batkivschina (Patria), la mayor formación de la coalición que gobierna en Kiev.

La comisaría que vigila a medios en Ecuador aplica la mano dura

Correa entrevistado por el periodista encargado de vigilar a sus colegas / PRESIDENCIA

El órgano creado por el Gobierno hace seis meses atiza a los medios privados críticos con el presidente Correa

SORAYA CONSTANTE Quito


El periodista Carlos Ochoa acaba de cumplir seis meses como titular de la novísima Superintendencia de la Información y la Comunicación, creada para ejecutar la Ley de Comunicación. Este periodista fue elegido en octubre pasado de una terna propuesta por el presidente Rafael Correa y dejó los platós de televisión para convertirse en un juez de los medios de comunicación y de sus colegas. Su designación fue polémica por su apego al Gobierno pues venía de dirigir el noticiero en uno de los canales de televisión incautados por el Estado y antes estuvo en el canal público.

Su rechazo a los medios de comunicación privada era notario, en las columnas de opinión que escribía para el diario cercano al Gobierno PP El Verdadero, Ochoa se refería a la prensa privada con calificativos como: dependientes del poder, representantes o defensores de un sistema excluyente y generador de miseria, agoreros del desastre y miserables.

Aquella parcialidad ha quedado en evidencia durante el poco tiempo que lleva al frente de la Superintendencia de la Información y la Comunicación. Las sanciones que ha impuesto, y que se han hecho públicas gracias a los demandados, han afectado solamente a periodistas de los medios privados y las primeras multas han recaído en los diarios El Universo y Extra, condenados a pagar el 10% del promedio de su facturación trimestral. El primero fue sancionado por no haber dado información veraz y contrastada en una caricatura, y el segundo por negarse a rectificar un par de titulares tachados de morbosos.

Él último caso que pasó por el tribunal de Ochoa fue el pedido de sancionar al periodista veterano Diego Oquendo (vapuleado constantemente por el presidente Rafael Correa), por supuestamente haber instigado el linchamiento mediático de nuevo a una exministra de Educación, que fue desprestigiada en los años noventa por copiar su tesis doctoral. Al final este caso no fue a más, pero analistas de la comunicación como César Ricaurte, director de la ONG Fundamedios, opina fue "un llamado de atención".

Los medios de comunicación del Estado no han recibido ninguna sanción, al menos no se ha conocido públicamente. La única queja contra los medios del oficialismo que trascendió fue descartada en pocos días. La denunciante fue la activista política de centroizquierda Martha Roldós que reclamó por haber sufrido linchamiento mediático de parte del periódico público El Telégrafo y el concierto de medios gobiernistas que durante diez días replicaron como noticia su iniciativa de buscar financiamiento en Estados Unidos para crear una agencia de noticias. "Hicieron una interpretación novelesca de mis correos electrónicos, que además fueron hackeados, e iniciaron un linchamiento mediático, no fue una mención, fue el diario El Telégrafo, más la Agencia Andes, más la radio pública y hasta hubo un especial de tres partes en los canales incautados por el Estado, en horario prime-time, todos reflejaban esa visión delirante y paranoica de que un pequeño proyecto realizado por ciudadanos ecuatorianos pretendía desestabilizar a los gobiernos progresistas de la región y esto se hizo eco hasta en las sabatinas (rendición de cuentas semanal de Rafael Correa)", cuenta Roldós.

La denuncia de Roldós fue archivada con el único argumento de que no se había adjuntado la copia del documento de identidad de la demandante. "Esto es un tecnicismo, me podían haber comunicado que faltaba esto para completar la denuncia que presenté personalmente, pero nada, ni siquiera nos comunicaron del archivo de la queja, yo me enteré por una periodista, por eso digo que yo mismo comprobé que la Ley de Comunicación a más de inconstitucional, también es discrecional en su aplicación", dice la afectada.

La Superintendencia de la Información y la Comunicación se ha negado a dar detalles de los procesos que ha conocido en estos seis meses. En su sitio web solo ha publicado datos generales sobre el casi centenar de denuncias que ha recibido hasta marzo pasado. En el boletín señala que 36% de los reclamos tiene relación con pedidos de rectificación de noticias difundidas por los medios de comunicación y que la mayoría de las quejas involucra a medios audiovisuales (42%), seguido en un menor porcentaje por medios impresos (33%), radiales (20%) y digitales (5%). De esas denuncias se han resuelto 77; 14 cuentan con resolución sancionatoria, tres han sido archivadas y otros 60 no han terminado el trámite por desistimiento de una de las partes, falta de documentación, entre otras razones.

Este periódico, particularmente, hizo un pedido para entrevistar a Carlos Ochoa en febrero y recién en esta semana recibió un correo electrónico para remitir los temas a tratar durante el encuentro y la disculpa fue que el departamento de Coordinación General de Imagen y Comunicación de la Superintendencia está en proceso de conformación. La ONG Fundamedios ha apelado a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para obtener más detalles de los procesos, pero ya ha recibido dos negativas porque no se ha explicado para qué se usará esa información. Para su director, César Ricaurte, hay "una voluntad deliberada de ocultar los procesos de juzgamiento a los medios de comunicación, eso debería ser público, no hay ningún artículo en la Ley que diga que eso es información reservada".

Ricaurte también habla de la implementación de la censura previa. "La Ley se ha convertido en una herramienta para castigar líneas editoriales y para amedrentar a los periodistas críticos al Gobierno", señala. "Si uno ve el castigo contra diario El Universo lo que le dicen es que si usted no censura las caricaturas, los contenidos, incluso de sus editorialistas, usted puede ser castigado. Eso es censura previa".

Fundamedios tiene reportes de que ya existen abogados trabajando codo a codo con los periodistas en las redacciones. "Los abogados revisan las páginas, las notas, para buscar una situación de riesgo que podría conducir a la apertura de un proceso contra el medio y esa nota se la descarta o se la rehace, algunos medios han adoptado esta práctica y es natural, los medios no quieren someterse a procesos que conduzcan a multas millonarias", dice Ricaurte

Vicente Ordoñez, presidente de la Unión Nacional de Periodistas, considera que con tantas restricciones al final pierde la sociedad. "Esta institución (la Superintendencia de la Información y la Comunicación) se ha convertido en una especie de comisaría que vigila el trabajo de periodistas y los medios de comunicación y se denota una clara intención de poner miedos a los medios y periodistas y eso afecta a la fluidez de la información".

El caricaturista Xavier Bonilla (Bonil), que tuvo que rectificar una de sus viñetas, por la que El Universo tuvo que pagar en torno a 90.000 dólares, dice que ha habido suficientes indicios de que la Superintendencia se hace "eco de las acciones de revanchismo del régimen" y le preocupa que este organismo siga trabajando al margen de la demanda de inconstitucional que se planteó en contra de la Ley de Comunicación hace siete meses en la Corte Constitucional.

La legitimidad de la Superintendencia de la Información también está en duda porque su creación no fue discutida en la Asamblea Nacional. La creación de este organismo simplemente apareció de la noche a la mañana dentro de ese conjunto de artículos de la Ley de Comunicación que no fueron debatidos por los legisladores.

Para el investigador Christian Oquendo, que elaboró un informe sobre la gestión de Ochoa, es muy difícil justificar dede la Academia las acciones de la Superintendencia de la Información y la Comunicación tomando en cuenta parámetros éticos, deontológicos o incluso teorías de la comunicación. "Se ha organizado una suerte de tenaza que opera al nivel institucional, judicial y mediático para acallar y limitar las opiniones de los críticos y opositores al Gobierno", concluye en un escrito.

El Congreso de Argentina aprueba el acuerdo con Repsol sobre YPF

Debate sobre el acuerdo con Repsol en la Cámara de Diputados. / EFE

La Cámara de Diputados ratifica la compensación de 5.000 millones de dólares por la expropiación

FRANCISCO PEREGIL Buenos Aires 24 ABR 2014 - 13:03 CET


Dos años después de que la presidenta de Argentina anunciara la expropiación del 51% de las acciones de Repsol en YPF, la Cámara de Diputados aprobó este jueves la compensación de 5.000 millones de dólares (algo más de 3.600 millones de euros) con que el Gobierno argentino resarcirá a la compañía española. El acuerdo fue aprobado con 135 votos a favor, 59 en contra y 42 abstenciones. El debate, como suele suceder en las votaciones importantes del Congreso argentino, se prolongó más de 15 horas, desde el mediodía del miércoles hasta las cuatro de la madrugada del jueves.

El Senado ya aprobó la compensación en otro debate que duró 11 horas y terminó a la una de la mañana del 27 de marzo. Lo hizo por 42 votos a favor y 18 en contra. Así que solo queda la promulgación de la ley para que Argentina comience a pagarle a Repsol. La presidenta, Cristina Fernández, se comprometió con Repsol a promulgarla antes del 1 de mayo.

El acuerdo contempla el pago de 5.000 millones de dólares en bonosincluso en caso de que Argentina decida reestructurar su deuda. A cambio, la petrolera española retirará los 28 pleitos que había planteado ante tribunales argentinos, estadounidenses, españoles e internacionales. El Gobierno espera con esta medida tener un mayor acceso al crédito de organismo internacionales y a la llegada de capitales extranjeros.

En su día, el 3 de mayo de 2012, el Gobierno consiguió que la Cámara de Diputados aprobase la expropiación con un respaldo del 85%. Esta vez, sin embargo, el oficialista Frente para la Victoria ganó la votación, como estaba previsto, gracias a su cómoda mayoría en la Cámara, apoyada por escasos opositores. La mayoría de la oposición votó en contra bajo el argumento de que el pago es excesivo y de que no se evaluaron debidamente los supuestos daños ambientales por parte de Repsol que el Gobierno denunció en su día.

El PRO, partido de centro derecha que abandera el alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, se opuso en su día a la expropiación y ahora decidió abstenerse. “No será el PRO el que obstaculice un acuerdo que plantea finalmente una normalización institucional y certeza contractual”, indicó un legislador de este grupo.También se abstuvieron los diputados del Frente Amplio, que lidera el peronista opositor Sergio Massa, quien encabeza las encuestas electorales como candidato presidencial en las elecciones de 2015. “El que expropia debe pagar. Argentina debe volver al mundo y arreglar la situación con los acreedores externos. Pero el precio que se ha fijado es irregular y no tiene correlato con la realidad”, indicó el diputado de esta formación Gilberto Alegre.

El acuerdo fue aprobado con 135 votos a favor, 59 en contra y 42 abstenciones

Los legisladores de la coalición de centro izquierda Frente Amplio-UNEN, que agrupa a cinco candidatos presidenciales y fue presentada el martes, votaron en contra. La diputada de esta coalición Margarita Stolbizer señaló en uno de los 120 discursos que se escucharon en la Cámara: “El acuerdo es malo porque el precio es exageradamente alto y no se encuentra justificado; porque primero llegaron a un acuerdo con la empresa sobre el monto de la compensación y luego amañaron la tasación del Tribunal para convalidar lo que ya habían arreglado”.

Miguel Bazze, diputado de la Unión Cívica Radical (UCR), subrayó: “Está claro que el Gobierno acordó con la empresa española el precio y después adaptó la tasación a ese acuerdo”. Su compañero de partido, Eduardo Costa, añadió: “Apoyamos y creemos en una YPF estatal, pero no apoyamos este acuerdo por el que se pretende pagar más de 5.000 millones de dólares a la empresa que destruyó YPF”.

Entre los 120 discursos que se oyeron el más virulento fue el de la diputada opositora de Unión Cívica Elisa Carrió, quien dijo: “Muchos van a ir presos: españoles y argentinos, esta es una asociación ilícita de españoles y argentinos. (…). Son 5.000 millones de dólares que no paga este Gobierno, lo paga el pueblo de la Nación: este es momento post revolucionario. La mayor empresa de América fue entregada y vaciada con la complicidad de las autoridades argentinas, como Chile no entregó el cobre, ni Brasil Petrobras”.

Tres días antes, su compañero de filas en la Unión Cívica, el senador Fernando, Pino, Solanas, denunció ante una juzgado de primera instancia al ministro de Economía, Axel Kicillof, por "incumplimiento de los deberes de funcionario público" y "fraude a la administración pública” en relación al convenio firmado con Repsol.

En el último tramo del debate, la presidenta del bloque oficialista, Juliana Di Tullio, expresó su satisfacción por el acuerdo al tiempo que criticaba a la oposición: “Vimos con asombro que quienes nos acompañaron en esta decisión estratégica de la presidenta de volver a tener el 51% de las acciones en manos del Estado argentino, hagan verdaderas peripecias para oponerse a un acuerdo que creemos a todas luces que es bueno para la Argentina. (…) El futuro es inmenso para la Argentina, demanda una enorme responsabilidad, cosa que no se ha visto hoy en este parlamento por parte de la oposición. No es responsable votar negativamente”.

Santos se ve obligado a restituir a Petro en la alcaldía de Bogotá

Santos, a la izquierda, y el alcalde Petro, en julio de 2013 / AFP

Un juez ordena al presidente de Colombia que restituya en su cargo al alcalde de la capital, quien fue inhabilitado durante 15 años por el modelo de basuras impuesto en la ciudad

ELIZABETH REYES L. Bogotá


El presidente colombiano, Juan Manuel Santos ha tenido que dar marcha atrás a su polémica decisión de destituir a Gustavo Petro de la alcaldía de Bogotá e inhabilitarlo 15 años para ejercer cargos públicos. Este miércoles, dos magistrados del Tribunal Superior de Bogotá decidieron aceptar los argumentos de una tutela -un recurso para la defensa de derechos fundamentales- interpuesta por un ciudadano que pedía que se obligara al presidente a aplicar las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concedió a Petro (CIDH) el 19 de marzo.

El anuncio de la restitución de Petro le da un giro radical a este novelón jurídico en que se ha convertido la sanción disciplinaria que le impuso la Procuraduría General (Fiscalía) el pasado 9 de diciembre. Entonces, se ordenó su destitución del cargo de alcalde de Bogotá por un polémico plan de limpieza de la ciudad que otorgó por decreto la concesión a una empresas públicas arrebatándosela a las empresas privadas que venían encargándose. El plan, aparte de un fracaso, pues las empresas públicas no estaban preparadas para asumir la limpieza de una ciudad de ocho millones de habitantes, fue considerado por la Procuraduría contrario a los “principios constitucionales de libre empresa y competencia". Desde entonces, los abogados de Petro y sus seguidores han emprendido lo que se ha llamado en Colombia como la tutelatón, una batalla con la que buscaban, a través de amparos judiciales, frenar la sanción. Hasta este lunes, parecía una batalla perdida, pero acaba de revivir, dándoles, por lo menos por ahora, la victoria.

Santos, en una breve alocución en la casa presidencial, dijo que en la mañana de este miércoles sancionó el decreto que le devolvió la administración capitalina al político de izquierda. “En este caso, las leyes, los jueces, me ordenan restituir al Alcalde Petro y he firmado el decreto correspondiente… No tengo alternativa, es mi obligación, algunos les puede gustar a otros no”, agregó.

El mandatario colombiano, sin embargo, hizo una llamada de atención sobre el uso que se le está dando a la tutela. “Creo que esta es una oportunidad para que todos reflexionemos acerca de la regulación del ejercicio de los mecanismos de defensa judicial y del uso de la tutela. En este caso, su uso indiscriminado puede conducir a un escenario de inseguridad jurídica y puede conducir inclusive a un caos administrativo y político”.

El presidente se refería a que, tras tomar la decisión de firmar la destitución de Petro y de no avalar la solicitud de medidas cautelares de la CIDH, varios ciudadanos demandaron el decreto haciendo uso de la acción de tutela, una herramienta jurídica que sirve para que cualquier persona en Colombia pida a juez la protección de sus derechos constitucionales. “Ganamos cerca de 32 tutelas a favor (de no acatar las medidas cautelares) pero hubo una en contra y estoy obligado a cumplirla. De eso se trata la democracia y el respeto por la ley, y yo debo ser el primero en cumplirla, dar el ejemplo. La ley es la ley por dura que sea”, explicó.

La sanción de este nuevo decreto ha hecho que en menos de tres días la alcaldía de Bogotá haya estado en poder de tres personas. Primero del ministro de Trabajo, Rafael Pardo Rueda, quien fue encargado tras la confirmación de la destitución de Petro el 20 de marzo pasado; después este martes cuando el presidente Santos aceptó nombrar a María Mercedes Maldonado de una terna enviada por Alianza Verde, y ahora nuevamente estará en poder de Gustavo Petro, tras casi cinco meses de que se iniciara la batalla jurídica contra su destitución y casi un mes desde que abandonara el segundo cargo más importante de elección popular en Colombia.

El político de izquierdas se encontraba en Cartagena cuando se conoció la decisión y de inmediato tomó un vuelo de regreso a la capital colombiana. Anoche, a través de la red social Twitter celebró la decisión de la justicia colombiana y hoy aprovechó para atacar de nuevo la decisión de la Procuraduría que prácticamente lo condenaba a una muerte política. “Esta vez veremos la Procuraduría en toda su desnudez. No como institución protectora de derechos humanos, sino como la Inquisición provocada”. En Cartagena dijo a los medios que esperaba que esta vez, la nueva decisión sí sea “de fondo”.

La magistrada Ruth Elena Galvis, presidente de la sala civil del tribunal que devolvió a su cargo a Petro, dijo a medios radiales que el mecanismo de tutela, que en Colombia se creó en la Constitución de 1991, se ha “mal utilizado, provocando que se congestione la justicia”. Según la magistrada, cada uno de los jueces que integran el Tribunal Superior de Bogotá, tienen que fallar en promedio siete tutelas semanales. Contrario piensa Iván Acuña, uno de los abogados de Petro, que cree que en este caso no ha habido ningún abuso de la tutela “Santos lo que hizo fue respetar la Constitución”, dijo.

Si bien el regreso de Petro a la alcaldía representa un triunfo en su estrategia por tumbar la sanción e inhabilidad decretada por la Procuraduría, tendrá un sabor agridulce ya que según lo reveló Blu Radio, la Superintendencia de Industria y Comercio confirmó este miércoles una multa contra tres empresas del distrito capital por 60 mil millones de pesos (unos 30 millones de dólares aproximadamente) por supuestamente violar el esquema de libre competencia y a 10 funcionarios de la alcaldía, entre ellos el mismo Petro que deberá pagar 410 millones de pesos, más de 200 mil dólares.

Maduro defiende el modelo económico de Hugo Chávez

VARGAS LLOSA EN VENEZUELA. El Premio Nobel peruano Mario Vargas Llosa en el aeropuerto Simón Bolívar de Caracas. El escritor participará en una serie de conferencias en la capital venezolana. / CARLOS GARCIA RAWLINS (REUTERS)

El mandatario promete agilizar la economía, pero no hace concesiones a sus opositores

ALFREDO MEZA Caracas 24 ABR 2014 - 06:03 CET


A menos de 24 horas de la tercera reunión entre el gobierno y la oposición de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ha quebrado una lanza por el modelo económico diseñado por su padre político Hugo Chávez. El chavismo sigue en sus trece y salvo la orden de agilizar trámites burocráticos no pretende dar marcha atrás en el principal motivo de disputa que mantiene a este país dividido desde hace tres lustros.

Las esperadas medidas económicas anunciadas por Maduro, enmarcadas dentro de lo que el relato oficial llama Conferencia Económica por la Paz, se convirtieron en un recital de compromisos sin una concesión de fondo en su visión de la economía. Ya lo había advertido el secretario de la Mesa de la Unidad Democrática, Ramón Guillermo Aveledo, en una entrevista con este diario el pasado domingo. El Gobierno está muy aferrado a su modelo y está convencido de que ese es el camino. Que se pacte una visión compartida del desarrollo económico en las conversaciones que las partes mantienen con los buenos oficios de tres cancilleres de la Unión Sudamericana de Naciones y del embajador del Vaticano es uno de los anhelos de la oposición. Los anuncios de hoy sepultan de momento esa posibilidad. Con esa novedad el Gobierno y la oposición se verán las caras nuevamente este jueves en una cita que no será televisada.

El Gobierno reiteró su promesa de ayudar al empresariado que produce e importa, pero siempre dentro de lo que el vicepresidente Jorge Arreaza llamó el perfeccionamiento del sistema cambiario. Venezuela entrega divisas a tres tipos diferentes de cotizaciones. Una, a Bs 6.3 por dólar, que permite importar alimentos básicos. La segunda, llamada tasa Sicad I, de 11.3 bs por dólar, suministra divisas a importadores de bienes no prioritarios y a los viajeros venezolanos para sus consumos en el exterior. La tercera, de unos 49.5 bolívares por dólar, permite a todo aquel no tomado en cuenta en los dos primeros ítems adquirir dólares para consumo personal o para su negocio. Y está el cambio no oficial que ronda los 67 bolívares por dólar y que en virtud de las restricciones en la entrega de subsidios se ha convertido en el marcador de los precios de los bienes y servicios.

La segunda fase de la llamada “ofensiva económica” empezará el lunes 28 de abril con la visita de ministros y funcionarios a las empresas de todo el país

Para poder recibir los dólares a las tasas preferenciales el productor debe obtener un Certificado de No Producción Nacional, un proceso que, sometido al entuerto kafkiano de la burocracia venezolana, termina por entorpecer el abastecimiento ygenerar la escasez. Es un gesto que el empresariado valora y que los expertos anticipan que podría mejorar el abastecimiento, pero que está lejos de resolver el problema de fondo de la economía venezolana. En plena transmisión de televisión, mientras Arreaza tomaba la palabra, Maduro firmó un decreto que prorroga hasta el 31 de diciembre la vigencia de esos certificados. El gobierno utilizará lo que queda de 2014 para generar tecnología que permita a partir de 2015 simplificar la solvencia para proceder con la importación. “No vamos a eliminar los requisitos”, aclaró Arreaza.

Fue quizá lo más resaltante de los anuncios. El Gobierno también le va a dar a los privados la posibilidad de financiar sus proyectos con los fondos que ha establecido con China (Fondo Chino), el Fonden y el fondo Mercosur-Alba, formados a partir del dinero que entrega el Banco Central al Ejecutivo y que éste maneja a discreción. “Hay recursos en divisas y en bolívares para dinamizar una nueva estrategia de inversión”, señaló Maduro.

La segunda fase de la llamada “ofensiva económica” empezará el lunes 28 de abril con la visita de ministros y funcionarios a las empresas de todo el país. Es muy diferente a la primera etapa, que consistió en la confiscación y venta de electrodomésticos a precios fijados por el Gobierno en vísperas de las elecciones municipales del 8 de diciembre. El Gobierno pretende ahora comprobar cuáles son los problemas de esas empresas que le impiden operar a plena capacidad y apoyarles para que levanten su producción. Aunque parece un plan mucho más sosegado, Maduro y su equipo insisten en la idea de que todos los bienes deben ser vendidos a “precios justos”. Es ese el verdadero cortocircuito que impide elevar la producción local.

Esa expresión, convertida en un mantra por el discurso oficial, se ha convertido en el comodín para intentar hacer justicia. Durante todo el día se esperaba el anuncio de los “precios justos” de los coches nuevos, un bien escasísimo en el país. Cuando llegó la hora de despedir la transmisión el gobernante venezolano pospuso nuevamente el anuncio y lo delegó en sus ministros. Pero antes de irse se permitió justificarse: “Pero antes de anunciar los precios debe haber carros. Hay que regularizar la producción”, dijo con una media sonrisa. Al finalizar el acto la televisora del Estado, Venezolana de Televisión, el gran vehículo de la propaganda oficial, reforzaba el mensaje clave del Gobierno: “El comandante Chávez nos dejó patria y un proyecto para los próximos 100 años con cinco objetivos históricos”.
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