martes, 28 de julio de 2015

Allende exigió lo obvio

Degradar a militares condenados por violaciones a los derechos humanos

Por Cambio21 - 28/07/2015 

La senadora dijo que "obviamente no pueden ostentar ni los títulos de generales ni medallas. Ojalá el Gobierno le ponga urgencia y también solicitamos que haya una revisión más exhaustiva"

La senadora Isabel Allende (PS) reiteró su llamado a que los ex militares que hayan participado en violaciones de los derechos humanos sean degradados y dejen de recibir beneficios por parte de la institución, como se indica en un proyecto tratado por última vez en el Congreso en 2013.

La parlamentaria recalcó que "obviamente no pueden ostentar ni los títulos de generales ni medallas. Ojalá el Gobierno le ponga urgencia y también solicitamos que haya una revisión más exhaustiva, porque me parece inaceptable que gente que estuvo comprometida en esas gravísimas violaciones tenga remuneraciones, tenga cargos o esté actualmente en la institución del Ejército".

"Le hemos pedido al Gobierno que ojalá mire eso detenidamente", según consignó Radio Cooperativa.

Por su parte, la directora del Instituto de Derechos Humanos (INDH), Lorena Fries, pidió la "degradación de aquellas personas que siendo funcionarios de las Fuerzas Armadas cometieron crímenes. Esas personas han roto con el honor militar, no necesariamente debieran ser personas que reciben pensión por parte de las Fuerzas Armadas".

"Hay que dar una vuelta, hay que dar una reflexión porque se requiere justicia, más reparación con las víctimas de la dictadura", precisó.

Un millar de expertos alerta del peligro de los ‘robots asesinos’

Stephen Hawking en la Royal Society de Londres el 20 de julio. / NEIL HALL (REUTERS)

En una carta abierta advierten de que estas armas "son ideales para desestabilizar naciones, someter a la población y acabar con un grupo étnico determinado"

Los ‘robots asesinos’ salen de la ciencia ficción


EL PAÍS Madrid 28 JUL 2015 - 13:57 CEST


Un millar de científicos han alertado en una carta abierta de los peligros que entrañan las armas que tienen capacidad de matar "sin necesidad de intervención humana". Los firmantes —entre los que figuran el físico Stephen Hawkins y el cofundador de Apple Steve Wozniak— explican que se trata de una tecnología diferente de los drones o los misiles por control remoto. Hablan de artefactos capaces de "buscar y eliminar personas que tengan ciertos criterios predefinidos", los llamados robots asesinos. Tras el descubrimiento de la pólvora y de la bomba nuclear, esta sería la “tercera revolución” en armas de guerra. Por eso reclaman que se prohíban.

Los firmantes, muchos de ellos considerados como los mayores expertos en inteligencia artificial del mundo, creen que el desarrollo de estas armas es cuestión de "años, no de décadas" y que "si una gran potencia militar impulsa las armas de inteligencia artificial, será prácticamente imposible evitar una carrera armamentística global", dice el documento sobre los que, afirma, se acabarán convirtiendo en "los kalashnikov del mañana".

Para sostener este argumento, explican que se pueden construir con materiales relativamente fáciles de conseguir, a diferencia de las armas nucleares, por lo que "se convertirán en ubicuas y baratas de producir para todas las potencias militares significativas". Por eso, afirman los científicos, "es cuestión de tiempo que aparezcan en el mercado negro y acaben en manos de terroristas, de dictadores en busca de una mejor forma de controlar a la población o de señores de la guerra con ansia de llevar a cabo una limpieza étnica. Las armas autónomas son ideales para para cometer asesinatos, desestabilizar naciones, someter a la población y acabar con un grupo étnico determinado".

La petición de que esta tecnología se prohíba, se presenta hoy en Buenos Aires, durante la Conferencia Internacional Conjunta sobre Inteligencia Artificial. En el texto, los científicos inciden e que la inteligencia artificial debe usarse para mejores propósitos: "Creemos que la Inteligencia Artificial tiene un gran potencial para beneficiar a la humanidad de muchas maneras".


Campaña contra el uso de robots en la guerra, en Londres en 2013. / AFP

Henrique Capriles pide a la OEA que supervise las elecciones

Henrique Capriles y Luis Almagro en su reunión en la OEA / OEA

CRISIS POLÍTICA EN VENEZUELA

El líder opositor venezolano se reúne en Washington con el secretario general de la OEA


SILVIA AYUSO Washington


Henrique Capriles no necesitaba las dos horas que permaneció este lunes reunido con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para convencerlo de la importancia de que envíe una misión de observación a las elecciones parlamentarias de Venezuela el 6 de diciembre. Hace casi un mes que el excanciller uruguayo viene haciendo esta oferta a Caracas. Pero la visita del líder opositor venezolano sí sirvió para retar públicamente al presidente Nicolás Maduro a que acepte una propuesta ante la que parece hacer oídos sordos.

"Si el Gobierno dice que hay plenas garantías, y que hay normalidad, ¿qué problema hay de que la elección tenga acompañamiento internacional?", se preguntó Capriles. “El Gobierno quiere organismos internacionales que estén al servicio de su partido, no al servicio de los pueblos ni de la legalidad”, acusó el dos veces candidato presidencial y gobernador del Estado de Miranda tras su reunión privada con Almagro, en la sede de la OEA en Washington. “Si la OEA hablara bien del Gobierno de Maduro, probablemente se escucharía a Maduro aplaudiendo el rol de la OEA”, agregó en referencia a las críticas del presidente venezolano, quien horas antes de la cita del opositor en Washington puso en duda las declaradas intenciones de Almagro de abrir una nueva vía de diálogo en Venezuela.

“Aquí no se puede estar bien con dios y con aquello. O se está con los pueblos o se está con el imperio. Así de sencillo. Díganselo a Almagro de mi parte”, dijo Maduro el domingo durante un acto televisado, en el que reiteró que la OEA “no sirve para nada”, más allá de “aprobar invasiones y golpes de Estado”, informa Efe. Almagro debe “aclarar” si “va a impulsar la democracia, el respeto a los pueblos y a condenar las conspiraciones o va a seguir el mismo jueguito (...), la misma línea intervencionista de la derecha y de (el chileno José Miguel) Insulza”, su antecesor al frente de la OEA, agregó.

Capriles, al que Maduro acusa de tener “planes de violencia conspiradora”, subrayó el lunes la importancia de que un organismo como la OEA, que tiene una larga tradición de observación de elecciones, acompañe los comicios clave de diciembre en su país.

El acompañamiento es fundamental para que se den todas las garantías, para que tengamos un proceso de elecciones en Venezuela que al día siguiente nos permita al país cambiar de rumbo”, sostuvo. Es necesario que haya garantías internacionales, insistió, para que “el 7 de diciembre los venezolanos podamos levantarnos después de una elección transparente en la que elegimos un parlamento y se respetó la mayoría”.

A la par, rechazó las acusaciones de Maduro contra Almagro, quien durante su época anterior como canciller uruguayo del Gobierno de izquierdas de José Mujica apoyó la misión de Unasur —aceptada por Caracas— para intentar mediar en la crisis política desatada en 2014 tras las protestas sociales y la detención de líderes opositores como Leopoldo López.

“Nadie puede decir que el secretario general de la OEA pertenece a la derecha o defiende intereses de la derecha”, subrayó Capriles, que agradeció a Almagro “que haya abierto un espacio para escuchar”.

Para que la OEA pueda enviar una misión electoral a un país, el Gobierno de ese Estado debe dar su visto bueno, algo que Venezuela todavía no ha hecho. Por el momento, Caracas solo ha aceptado el acompañamiento de Unasur. Capriles subrayó que Maduro todavía puede dar su visto bueno antes de que los plazos hagan imposible organizar una misión de esta envergadura. "Tenemos como un mes por delante donde este asunto tiene que resolverse", señaló y apuntó: "El Gobierno debería ser el primer interesado en que las elecciones del 6 de diciembre sean la gran oportunidad de que los venezolanos, mediante su voto, decidamos el rumbo de nuestro país".

España se queja a Venezuela por los insultos de Maduro a Rajoy

Nicolás Maduro toma una taza de café durante su visita a la sexta Feria del Libro en Caracas este sábado. / CARLOS GARCIA RAWLINS (REUTERS)

Exteriores traslada su malestar al embajador de Caracas en Madrid

MIGUEL GONZÁLEZ Madrid 27 JUL 2015 - 20:30 CEST


La incontinencia verbal del presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha vuelto a colmar la paciencia del Ministerio de Asuntos Exteriores, que ha convocado en la tarde de este lunes al embajador de Caracas en Madrid, Mario Isea, para trasladarle su “rechazo y malestar por los inaceptables insultos” contra el presidente español, Mariano Rajoy. En una intervención televisada, el pasado sábado, a propósito de la crisis griega, Maduro calificó al presidente español de “sicario del pueblo” y añadió que la ley de Seguridad Ciudadana es “una puñalada a la democracia que ha dado Rajoy a nombre de Franco con la ley mordaza”.

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El embajador venezolano ha sido recibido por el director general para Iberoamérica, Pablo Gómez de Olea, quien le ha trasladado “el firme rechazo y el malestar del Gobierno español por las afirmaciones y calificativos injuriosos” contra Rajoy. La Oficina de Información Diplomática ha difundido una nota en la que lamenta además que Maduro “recurra reiteradamente a afirmaciones irrespetuosas que en nada ayudan a mejorar la relación”.

No es la primera vez que Exteriores convoca al embajador venezolano para quejarse de los improperios de Maduro. Ya lo hizo el pasado 15 de abril, cuando el presidente venezolano traspasó la línea roja de la descalificación personal tachando de “racista” a Rajoy. Una semana más tarde, las relaciones entre ambos países llegaban a su punto más bajo con la llamada a consultas del embajador español en Caracas, Antonio Pérez-Hernández, después de que Maduro insistiera en acusar a Rajoy de apoyar el terrorismo en Venezuela y formar parte de una conjura internacional contra su Gobierno.

A principios de mayo, tras unas declaraciones conciliadoras de Maduro, España mandó de vuelta a Caracas a su embajador. Venezuela, por su parte, mantuvo al suyo fuera de Madrid desde octubre hasta febrero pasados. El detonante del nuevo encontronazo diplomático ha sido la reciente visita de una delegación parlamentaria española a Caracas, integrada por los senadores Dionisio García (PP), Iñaki Anasagasti (PNV), Ander Gil (PSOE) y Josep Maldonado (CiU), a quienes se negó el permiso para visitar al líder opositor encarcelado Leopoldo López, aunque sí pudieron ver al alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, en arresto domiciliario.

Maduro no ocultó su malestar por la visita y dijo que “es muy irritante que venga gente de España a decirle a Venezuela qué debemos hacer. Eso es vomitivo […]. No necesitamos que venga la ultraderecha de Rajoy a trazarle a Venezuela, 200 años después de la independencia, cuál debe ser nuestro rumbo”. En el telón de fondo está la convocatoria de elecciones legislativas en Venezuela el próximo 6 de diciembre y el temor de la comunidad internacional a que Maduro maniobre para evitar un eventual triunfo de la oposición.

Lagos dice que "no hay otro país del mundo" que haya abordado las violaciones a los DD.HH. "como fuimos capaces de hacerlo nosotros"

Para el ex Presidente este "es el momento" para poner fin a los pactos de silencio, "siempre es posible hacer más, el tema del silencio al cual se refirió hoy día la Presidenta Bachelet es un tema muy real, y de ahí las distintas instancias y esfuerzos que se hicieron para que los institutos armados pudieran abrir lo que eran sus registros, y siempre sostuvieron que no había registros", indicó.

por EL MOSTRADOR



El ex Presidente Ricardo Lagos se refirió a los casos de violaciones a los DD.HH. que se registraron durante la dictadura militar, luego de que el ministro Carroza reabriera la causa del caso Quemados y de que una de las víctimas, Carmen Gloria Quintana, apuntara a él, junto al ex Mandatario Sebastián Piñera y a José Miguel Insulza como "encubridores de criminales" en la materia.

Según Lagos, este "es el momento" para poner fin a los pactos de silencio, "siempre es posible hacer más, el tema del silencio al cual se refirió hoy día la Presidenta Bachelet es un tema muy real, y de ahí las distintas instancias y esfuerzos que se hicieron para que los institutos armados pudieran abrir lo que eran sus registros, y siempre sostuvieron que no había registros", indicó a Publimetro.

Además, aseguró que los "pactos de silencio como el que se ha visto en estos días, creo que es el momento de empezar a romperlos".

En cuanto a la supuesta priorización de los casos durante el proceso de transición en el Gobierno de Aylwin, Lagos dijo que "todas las causas son emblemáticas, por lo tanto, todas tienen que tener igual actitud para condenarlas".

Finalmente, hizo hincapié en el rol que tuvo la Concertación: "¿Cuántos países en el mundo tienen una Comisión Rettig, cuántos países del mundo tienen una Comisión Valech? Por lo que yo sé, no hay otro país del mundo que haya abordado el tema de prisión política y tortura en la profundidad que fuimos capaces de hacerlo nosotros. Pero siempre quedan más cosas que hacer", agregó.

Washington saca a La Habana de la lista negra de tráfico de personas

El secretario de Estado John Kerry presenta el informe sobre tráfico humano / MANDEL NGAN (AFP)

Su salida es criticada por quienes ven un uso "politizado" de los informes oficiales

SILVIA AYUSO Washington 28 JUL 2015 - 01:19 CEST


Cuba se ha quitado otra mancha política. El último informe sobre el tráfico y la trata de personas que cada año elabora el Departamento de Estado norteamericano ha sacado a Cuba del peor de los apartados: el de los países que “no cumplen con los estándares mínimos” para combatir esta lacra y donde los gobiernos tampoco realizan los esfuerzos suficientes. La decisión no implica un sello de buena conducta absoluta, puesto que Cuba solo ha pasado a una categoría media, de países en “observación especial”.

Pero el cambio es importante, por las circunstancias que rodean la decisión del Gobierno de Barack Obama, en pleno proceso de normalización de relaciones con La Habana. Y, sobre todo, por los potenciales beneficios del ascenso, ya que estar en la peor categoría —donde estaba Cuba desde 2003— implicaba la amenaza de eventuales sanciones, como la congelación de ayudas. Según la estimación oficial, aunque el Gobierno cubano sigue sin “cumplir totalmente con los estándares mínimos”, está haciendo “esfuerzos significativos para ello”. El texto cita el juicio a 13 personas por delito de trata en 2013 y “asistencia a las víctimas”. La mejor consideración de Cuba en la lucha contra el tráfico de personas, sin embargo, despertó este lunes las sospechas de quienes ven en esta decisión una “politización” de los instrumentos de presión política de Washington.

Críticas por el cambio

Las denuncias por la salida de Cuba de la lista negra —también lo ha logrado Malasia, un país que está en negociaciones con EE UU por el tratado de libre comercio con el Pacífico— no se hicieron esperar. Varios legisladores denunciaron lo que consideran una maniobra, que llega menos de dos meses después de que Washington sacara también a Cuba de su lista de Estados patrocinadores del terrorismo.

"El presidente Obama ha hecho un grave perjuicio a las víctimas del tráfico humano en Cuba y Malasia por meras razones políticas”, denunció el congresista republicano Chris Smith, autor de la ley por la que desde el año 2000 se elabora esta lista anual. “Las mejoras de categoría de Malasia y Cuba son una clara politización del informe, y suponen un sello de aprobación de países que no han realizado las acciones básicas para merecer esta mejora”, coincidió el senador demócrata Bob Menéndez, un cubanoamericano muy crítico con la normalización de relaciones con la isla. El también senador cubanoamericano Marco Rubio, candidato presidencial republicano, denunció asimismo los intereses políticos que dijo esconden la decisión de John Kerry, quien en menos de dos semanas se convertirá en el primer secretario de Estado norteamericano en más de medio siglo que visita Cuba, para reabrir oficialmente la embajada estadounidense en La Habana.

Según la estimación oficial, aunque el Gobierno cubano sigue sin "cumplir totalmente con los estándares mínimos para la eliminación del tráfico humano, está haciendo esfuerzos significativos para ello". El informe cita en este sentido intentos para combatir "por segundo año consecutivo" el tráfico sexual, incluido el juicio a 13 personas por este delito en 2013 y "asistencia a las víctimas".

La subsecretaria de Estado Sarah Sewall negó al presentar el informe que hubiera una decisión política tras el cambio de categoría de Cuba y aseguró que a Washington le sigue preocupando que La Habana no considere el trabajo forzado como un problema, un asunto que aseguró será tratado en las conversaciones bilaterales futuras.

Rescatan un tesoro valorado en un millón de dólares de un barco español hundido en 1715

REUTERS
Imagen del tesoro rescatado

La familia Schmitt ha recuperado 51 monedas de oro de varias denominaciones y una cadena ornamentada en oro de unos 12 metros


EP / ORLANDO - Día 28/07/2015 - 13.09h


Una familia del estado estadounidense de Florida ha rescatado un tesoro valorado en más de un millón de dólares en los restos de unbarco español hundido en 1715 en aguas del Atlántico, según las estimaciones realizadas por una empresa que lo ha llevado a cabo.

El botín recuperado hace una semana incluye 51 monedas de oro de varias denominaciones y una cadena ornamentada en oro de unos 12 metros, según ha detallado Brent Brisben, cuya compañía, 1715 Fleet-Queens Jewels LLC, posee los derechos de los restos.

La familia Schmitt, quienes se dedican a buscar tesoros en un buque de su propiedad, no han sido localizados por el momento. Brisben ha asegurado que uno de los hijos de la pareja encontró y recuperó las piezas en junio en Fort Pierce, unos 210 kilómetros al norte de Miami.

Brisben ha asegurado que los documentos del barco indican que portaba productos valorados en unos 400 millones de dólares, de los que unos 175 millones de dólares han sido recuperados.

Entre los más destacados de los recuperados por la familia Schmitt se encuentra un real que data de 1715 y en el que está tallada una efigie del rey Felipe V. Existen pocas monedas de este tipo, de ahí su gran valor.

Según las leyes federales y estatales, el estado de Florida se hará con el 20 por ciento del tesoro recuperado para colocarlo en un museo estatal. El resto será dividido entre la familia Schmitt y la compañía de Brisben.


REUTERS

DÍA MUNDIAL CONTRA LA HEPATITIS

MAYA BALANYA
Jesús Escudero (izquierda) y Jesús Fargas han recibido los nuevos medicamentos

Los pacientes que reciben los nuevos fármacos logran superar la hepatitis C, un virus que afecta a unos 472.000 españoles, aunque no todos enferman

JAIME RECARTE / MADRID - Día 28/07/2015 - 10.04h


Los enfermos pueden no saber que padecen hepatitis C. De hecho, se calcula que siete de cada diez afectados no saben que la sufren. Se trata de una enfermedad asintomática hasta que muestra su cara, cuando ya puede haber causado graves daños en el hígado que desemboquen en cirrosis o en cáncer. Ése es el mayor problema a la hora de enfrentar esta infección vírica, sobre el que ponen el acento los especialistas en elDía Mundial contra la Hepatitis, que se celebra hoy.

En España se calcula que hay actualmente unos 472.000 adultos con viremia, es decir, portadores del virus VHC, y según la OMS esta afección se cobra la vida de 350.000 personas al año en todo el mundo,sin que exista ninguna vacuna que la prevenga.

En 2014, una nueva serie de medicamentos abrió una esperanza para los pacientes. Tras decenas de años infectados, unas simples pastillas prometían ser la cura. Con una efectividad que rondaba el 85%, medicamentos como el Sofosbubir o Simeprevir, eliminaban por completo el virus del organismo en muy poco tiempo y sin apenas efectos secundarios. Sin embargo, el alto coste del tratamiento hacía difícil el acceso. No obstante, la aprobación del Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C, acordado por el Ministerio de Sanidad y las comunidades, ha aliviado la desesperada situación en que se encontraban miles de afectados, a los que ya está llegando la medicación.

Jesús Fargas y Jesús Escudero son dos de ellos. Fargas, que además es presidente de la Asociación Nacional para la Defensa de los Afectados de Hepatitis C (Andaahc), cuenta que después del terminar el tratamiento de doce semanas con Simeprevir, el virus ha desaparecido de su organismo. Ahora se encuentra en un periodo llamado «ventana» en el que no toma medicación. Después, los análisis confirmarán las noticias.

Escudero, por su parte, explica que las reuniones de la asociación a la que ambos pertenecen antes servían para lamentarse, pero que cada vez más sirven para compartir alegrías. También él ha tomado Simeprevir, aunque todavía debe terminar un tratamiento más antiguo que le prescribieron en diciembre de 2014, antes de que se extendieran los nuevos medicamentos y que finalmente han logrado eliminar todo rastro del virus en su cuerpo.

Una reliquia del pasado

Tras más de 30 años padeciendo la enfermedad y someterse a un trasplante, que también resultó infectado por el virus, ahora muestra su tratamiento con Interferón –uno de los antiguos fármacos– casi como una reliquia. De hecho, este medicamento ya ha dejado de prescribirse.

Como tantos otros pacientes, Escudero y Fargas sólo esperan que no haya recidiva, es decir, que el virus no reaparezca tras haberse «escondido» en el organismo, una de las razones por las que algunos pacientes rechazaban los trasplantes. Ahora los nuevos medicamentos consiguen lo que parecía imposible: erradicar el virus del organismo, incluso en una semana, aunque el tratamiento dure tres meses. De hecho, Fargas empezó el tratamiento en febrero y lo terminó antes que su amigo y vecino.

Con el nuevo plan estratégico se ha agilizado el acceso a un tratamiento que salva vidas. En opinión de Escudero, el documento elaborado a instancias del ministerio de Sanidad es «médicamente perfecto», si bien todavía hay problemas con la financiación entre comunidades autónomas.

Juan José Montes, presidente de la Asociación Catalana de Enfermos de Hepatitis (Asscat) recuerda que lo más importante del plan todavía no se ha llevado a cabo: son necesarios estudios epidemiológicos, incrementar los recursos y contar con una financiación suficiente. Aunque «los medicamentos están fluyendo mejor» todavía las comunidades tienen que concretar cómo se van a financiar.

Claves de los nuevos fármacos

¿Cuántos afectados de hepatitis C hay en España?

Según los datos del Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C, en España hay 472.000 adultos con viremia, aunque las asociaciones recuerdan que no hay una cifra exacta a falta de estudios epidemiológicos.

¿Quién recibe los nuevos tratamientos?

Pacientes con una fibrosis avanzada, pacientes en lista de espera de trasplanteo pacientes trasplantados hepáticos con recidiva de la infección en el injerto hepático. También los enfermos que no han respondido a otras terapias y que tengan otros trasplantes.

¿Cómo actúa el tratamiento?

Medicamentos como el Sofosbubir y el Simeprevir impiden que el virus utilice las células hepáticas para reproducirse.

¿A quién corresponde pagar el medicamento?

A las comunidades autónomas. El Ministerio de Hacienda se ha comprometido ha ofrecer el pago por adelantado y que luego sean las comunidades las que se arreglen con Hacienda.

Un tribunal libio condena a muerte al segundo hijo de Gadafi

Saif el Islam Gadafi, hijo del fallecido dictador libio, en la prisión de Zintan en 2014. /REUTERS

SAIF EL ISLAM | HIJO DE GADAFI »

Saif el Islam recibe la pena máxima por la represión de las revueltas de 2011


La Corte Penal Internacional exige a Libia la entrega del hijo de Gadafi para juzgarle

AGENCIAS El Cairo 28 JUL 2015 - 12:19 CEST


Un tribunal de Libia ha condenado a muerte al segundo hijo del Muamar el Gadafi, Saif el Islam, por la represión violenta cometida durante las revueltas de 2011. Junto a Saif, han sido también condenados otros ocho acusados entre los que se encuentran el ex jefe de los servicios secretos del dictador, Abdullah Senussi y el ex primer ministro libio, Baghdadi al Mahmudi. Los tres fueron acusados, entre otros cargos, de genocidio durante el levantamiento popular contra Gadafi en 2011. Los condenados pueden interponer recurso de apelación.

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Saif al Islam ha sido juzgado en rebeldía, toda vez que permanece detenido en Zintan en manos de un grupo de milicianos que se niega a entregarle a las autoridades libias, por lo que ha participado en el proceso judicial por videoconferencia.

El Tribunal Penal Internacional en la Haya había pedido en 2014 la extradición de Saif al Islam Gadafi, acusado de crímenes de lesa humanidad. Varias organizaciones defensoras de los derechos humanos habían expresado el temor de que el hijo de Gadafi no tuviese un juicio justo en Libia.

Saif al Islam, capturado en 2011, y cuyo nombre se traduce como 'la espada del islam', fue considerado el heredero del dictador libio y fue la cara mediática durante toda la guerra.
El 'sucesor' de Gadafi

Nació en Trípoli el 25 de junio de 1972 y fue designado por su padre como su sucesor al frente de la Yahamiriya, nombre dado por Gadafi a la nueva República en 1977. Educado en Austria, donde estudió Arquitectura, completó su formación en la London School of Economics.

En 2000 su nombre saltó a la esfera internacional al comenzar a actuar como mediador en la liberación de un grupo de rehenes occidentales que la organización terrorista Abu Sayaf mantenía secuestrado en la isla filipina de Jolo.

A partir de este momento inició un papel de mediador en la gestión de conflictos, como el asunto de las indemnizaciones que Trípoli tuvo que abonar en 2003 a los afectados por el atentado de Lockerbie. Esto, unido a su gestión en torno al desmantelamiento del programa nuclear en 2004, permitió el regreso de Libia a la comunidad internacional.

En octubre de 2009 fue propuesto por su padre para ocupar el puesto de coordinador de los comités populares y sociales, el segundo en importancia en el país. Saif el Islam se convirtió así en el heredero político del coronel.

Las dudas sobre la fortaleza de la economía china se disparan

Un inversor revista una pantalla con información bursátil en Pekín / WU HONG (EFE)

TURBULENCIAS EN LA ECONOMÍA CHINA »

BOLSA DE CHINA »


Pekín insiste en que las medidas de apoyo a la Bolsa siguen vigentes

El supervisor bursátil reacciona tras el batacazo del índice de Shanghái, que pierde el 8,5%

La debilidad china lleva las materias primas a precios mínimos de 13 años

XAVIER FONTDEGLÒRIA Pekín 28 JUL 2015 - 08:53 CEST


Tras el desplome de la Bolsa de Shanghái, que encajó este lunes su mayor retroceso desde 2007, la Comisión Reguladora del Mercado de Valores de China (CRMV) ha salido al paso de las dudas sobre la continuidad de las medidas de apoyo que diseñó Pekín para sostener las cotizaciones. En la noche del lunes, a pocas horas del arranque de una nueva sesión, la CRMV aseguró que las instituciones financieras controladas por el Estado continuarán con la compra de acciones con el fin de intentar estabilizar las Bolsas chinas.

El portavoz de la CRMV, Zhang Xiaojun, señaló en declaraciones a la agencia oficial china Xinhua que la CSF, entidad estatal para dar crédito a los corredores de bolsa, continuará financiando estas adquisiciones.

Las medidas de Pekín habían mantenido en calma a las volátiles Bolsas chinas en las dos últimas semanas, tras su peor descalabro de las últimas décadas. Pero los principales parqués del país volvieron a cerrar este lunes con fuertes pérdidas: Shanghái se dejó un 8,5% —su mayor caída diaria en ocho años— y Shenzhen ha cedido un 7%. Hong Kong, un selectivo muy influido por lo que sucede en los dos principales parqués del gigante asiático, ha retrocedido un 3,09%.

La vuelta a los números rojos vino acompañado de las dudas sobre si el amplio paquete de medidas aprobadas por el Ejecutivo chino para sostener las Bolsas es suficiente para controlar los impulsos de los millones de pequeños inversores que operan en los parqués. Los analistas achacan el desplome a nuevos datos que apuntan a una mayor ralentización de la economía china o a los temores ante la inminente subida de los tipos de interés en Estados Unidos, pero la lógica de los pequeños inversores chinos -que manejan hasta un 85% del volumen de negocio- raramente está relacionada con fundamentos económicos, por lo que su comportamiento es difícil de predecir y explicar.

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Los indicadores económicos publicados durante el fin de semana apuntan a un bajón de la actividad del sector manufacturero del gigante asiático y una ligera caída de los beneficios de las grandes compañías industriales, pero los datos no afectaron de forma significativa a los mercados durante la sesión matutina: hasta media sesión, Shanghái perdía solamente un 0,83%. Los inversores empezaron a vender de forma masiva sus títulos cuando quedaba una hora para el cierre y la tendencia se acrecentó, hasta niveles desconocidos, en los últimos diez minutos de la jornada bursátil. Más de 1.500 acciones de las cerca de 2.200 que cotizan en ambos parqués quedaron automáticamente suspendidas al caer por debajo del umbral del 10%. Solamente 77 han cerrado con ganancias.

Las Bolsas chinas sufrieron en junio su peor comportamiento en décadas. De noviembre a junio, los mercados experimentaron una euforia alcista durante la cual los dos principales índices del país llegaron a revalorizarse casi un 150%. El mes pasado, los inversores entraron en una espiral de ventas que provocó que los índices perdieran en menos de un mes un tercio de su valor y se evaporaran 2,9 billones de euros en capitalización bursátil, una cifra que supera el PIB del Reino Unido. La mitad de las compañías que cotizaban en ambos parqués suspendieron la negociación de los títulos para evitar que las pérdidas fueran a más.

El Gobierno decidió entonces lanzar un programa de medidas sin precedentes para sostener el mercado, entre las cuales un ingente programa de compra de acciones gracias a una línea de crédito del banco central, una rebaja de los tipos de interés, la suspensión de nuevas salidas a Bolsa o la prohibición a los grandes accionistas de las empresas cotizadas de vender sus títulos en los próximos seis meses. Hasta se inició una investigación policial contra la "venta corta maliciosa", sin que por ahora se haya informado de detenciones.

La intervención gubernamental, que aún sigue en pie, calmó a los inversores, frenó la sangría y logró que muchas de las empresas volvieran a cotizar. Desde entonces y en solamente dos semanas, los parqués de Shanghái y Shenzhen se revalorizaron un 15,5% y un 21% respectivamente hasta la jornada de hoy. "El reciente rebote había sido rápido y fuerte, lo que hace necesaria una corrección técnica", asegura Yang Hai, estratega de Kaiyuan Securities, en declaraciones a la agencia Reuters. La recogida de beneficios de muchos inversores que quisieron recuperar parte de sus pérdidas del mes pasado puede también explicar la caída, especialmente tras dos jornadas en que el índice de Shanghái superó el umbral psicológico de los 4.000 puntos.

Otro de los miedos entre los inversores es la retirada progresiva de la ayuda estatal en las Bolsas. El FMI ha urgido recientemente a China a mejorar la transparencia y a levantar las medidas de apoyo "por su preocupación sobre la capacidad de los inversores para entrar o salir de los mercados financieros cuándo y cómo lo deseen", según Bloomberg. El regulador bursátil chino negó tajantemente esta posibilidad la semana pasada ante la fuerte volatilidad que siguen experimentando los mercados, pero este lunes se ha extendido el rumor de que algunos de valores, sobre todo las grandes compañías, ya no estaban sujetos a la muleta gubernamental, vital para sostener su cotización. Muchos de ellos han terminado hundiéndose el 10%, el máximo permitido. Una sangría que el supervisor bursátil trató de parar al reiterar horas después del cierre que las medidas de apoyo siguen vigentes.

Medellín busca a sus desaparecidos

Una víctima con una foto de un desaparecido. / LUIS BENAVIDES (AP)

La escombrera del horror en Medellín

La ciudad que fue una vez el símbolo de la violencia colombiana, busca a sus desaparecidos en el vertedero de la Comuna 13

ELIZABETH REYES L. Bogotá 28 JUL 2015 - 01:49 CEST


La Escombrera. Así llaman al vertedero que se alza en medio de las laderas de la Comuna 13 al oeste de Medellín (Colombia), disputado a sangre y fuego por las guerrillas, los paramilitares y los agentes del Estado. Allí, debajo de toneladas de deshechos se presume que estarían los cuerpos de decenas de desaparecidos, víctimas de la guerra vivida entre 1999 y 2004, cuando milicias urbanas de las FARC y el ELN dominaban el sector y llegaron los paramilitares a disputarles su territorio.

Han tenido que pasar 13 años —y cada uno ha significado una nueva capa con más escombros— para que la lucha de las víctimas por encontrar a sus seres queridos fuera por fin valorada por la Fiscalía y las autoridades locales, que desde ayer empezaron a remover toneladas de desechos de construcción para luego cavar ocho metros más, en lo que se espera sea "una gota de esperanza en un mar de impunidad".

La búsqueda, que se prolongará cinco meses, es considerada la mayor exhumación masiva en una ciudad colombiana. "El inicio de la excavación es un paso histórico hacia la reconciliación. Una deuda histórica con nuestras víctimas", dijo Aníbal Gaviria, alcalde de Medellín.

Muchos de los desaparecidos arrojados a La Escombrera (unos 90, según la autoridades; pero que organizaciones sociales estiman en 300) fueron vistos por última vez tras la Operación Orión, un operativo militar que se realizó en octubre de 2002 para recuperar el control que tenían las guerrillas en la Comuna 13, que agrupa a 19 barrios donde viven unas 135.000 personas, y en la que participaron paramilitares del Bloque Cacique Nutibara, según han contado varios desmovilizados de esa facción.

Oficiales implicados


Diego Fernando Murillo alias Don Berna, exjefe del Cacique Nutibara, uno de los más temidos bloques de autodefensas del país, aseguró ante la justicia que sus hombres apoyaron "la recuperación" de la Comuna 13 y que, a raíz de esa incursión, muchas víctimas fueron arrojadas en La Escombrera, ya para esa época una especie de cementerio clandestino. El paramilitar, extraditado a EE UU en 2008, implicó a generales como Mario Montoya (Ejército) y Leonardo Gallego (Policía). El primero, que llegó a ser comandante, está siendo investigado y el segundo fue destituido.

Las excavaciones en La Escombrera se iniciaron en el sector conocido como La Arenera, donde se tiene previsto remover 24.000 metros cúbicos de desechos. Luego vendrán dos puntos más, también de enormes proporciones, que dificultan las labores de búsqueda. "Es como pasar una montaña de un lugar a otro", explicó a medios locales Jorge Mejía, consejero para la convivencia y la reconciliación de la Alcaldía de Medellín. Primero, removerán los escombros con retroexcavadoras. Después vendrá la búsqueda, manual. En el lugar —donde trabajan antropólogos, ingenieros y obreros— las víctimas, lideradas por el colectivo Mujeres Caminando por la Verdad, tendrán un campamento para supervisar la búsqueda.

La desaparición forzada es quizás uno de los mayores crímenes que han dejado más de cinco décadas de conflicto armado en Colombia. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, una entidad estatal, la Fiscalía tiene en sus registros más de 25.000 casos de desapariciones asociadas al conflicto. En las exhumaciones se han recuperado 5.878 cuerpos.

Las maras matan a cinco chóferes de autobús en San Salvador

Las pick up, llenas ante la suspensión del transporte. / REUTERS

Las pandillas criminales han decretado una orden de paro que los empleados no acataron

JUAN JOSÉ DALTON San Salvador - 28 JUL 2015 - 02:17 CEST


Cinco chóferes del transporte público fueron asesinados este lunes por no acatar la orden de "paro" ordenado por las pandillas. Otros dos empleados, un chófer y un cobrador, están heridos por la misma causa. Esta nueva acción de las maras en El Salvador ha generado un mayor caos al ya acostumbrado en la capital, San Salvador.

Las escenas de paros del transporte fueron comunes durante la guerra civil (1980-1992), cuando la exguerrilla bloqueaba el país en busca de objetivos políticos. Hoy la connotación es diferente, pero las consecuencias parecidas: las personas de bajos recursos son las que usan el transporte colectivo, considerado deficiente, desordenado e inseguro.

El paro del transporte no tuvo un anuncio oficial de las pandillas. Un dueño de autobuses dijo, sin identificarse, que el rumor corrió desde el fin de semana pasado; entre sábado y domingo, dos autobuses fueron incendiados por los pandilleros después de hacer bajar a todos los pasajeros.

Catalino Miranda, un reconocido líder de los transportistas, aseguró que en San Salvador se ha sentido el paro con más de 40 rutas de autobuses suspendidas. La versión de Miranda fue confirmada por el vocero del Gobierno, quien estimó en unas 38 o 39 las rutas que han acatado el paro.

"Los grupos delincuenciales están queriendo doblegar al Gobierno para que les demos beneficios y puedan reorganizarse y fortalecerse. Pero hemos dicho que el Ejecutivo no negociará ni dialogará bajo ninguna circunstancia con grupos delincuenciales", dijo el secretario de Comunicación, Eugenio Chicas, a EL PAÍS, quien agregó que se está investigando si "esto, como otras acciones, son parte de un plan desestabilizador en contra del Gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén".

Ante el paro del transporte, la Policía Nacional Civil (PNC) ha tomado acciones: "Hemos decidido suspender las licencias de todo el personal policial para poder contar con el 100% de la fuerza", afirmó el subdirector de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto. Agregó que la zona urbana es estratégica ya que ha sido la más amenazada por las pandillas y será ahí donde se concentren los agentes.

La suspensión de licencias pretende hacer presencia en puntos de autobuses, en paradas, en terminales, "pero también hemos estado abordando unidades del transporte, no solo en San Salvador sino a nivel interdepartamental", detalló Cotto.

El Salvador es uno de los países más violentos del mundo por sus altas tasas de homicidios, superiores a los 60 por cada 100.000 habitantes, según agencias de Naciones Unidas (ONU). Oficialmente se estima que en lo que va de año han muerto unos 15 salvadoreños diariamente, en su mayoría a manos de las pandillas.

El rastreo de los 43 revela a Iguala como un campo de fosas comunes

Excavación en Iguala en octubre de 2014. / SAÚL RUIZ

LA BÚSQUEDA DE LOS ESTUDIANTES »

En la búsqueda de los estudiantes ya se han hallado 129 cadáveres ajenos al caso


Un cementerio llamado Iguala (20-10-2014)

PABLO DE LLANO México


Lo que era un hecho sabido por las constantes referencias a hallazgos de fosas ajenas al caso Iguala durante el rastreo de los 43 estudiantes desaparecidos, ha sido confirmado ahora con datos por el Gobierno de México: el rastreo de los jóvenes de la escuela de Ayotzinapa ha llevado a dar con 60 fosas en las que había 129 cadáveres, todos sin relación con el caso. Es decir, antes de la tragedia de los estudiantes el municipio de Iguala ya era un campo de fosas comunes.

De acuerdo con las cifras aportadas por la Procuraduría General de la República (PGR) a la agencia Associated Press (AP) a través de una petición de información amparada por la Ley de Transparencia, en el periodo de búsqueda desde octubre de 2014 (días después de la desaparición de los 43 estudiantes el 26 de septiembre) hasta el 13 de julio de 2015 habían sido encontrados los restos de 92 hombres y 20 mujeres. De otros 17 aún no se han podido determinar el género, y del total de los 129 se ha podido identificar a 16 personas.

Ninguno de esos restos se corresponde con los de los 43 estudiantes, cuyos cuerpos, según la versión oficial, fueron incinerados en un basurero por los narcos que los secuestraron y quedaron reducidos a ceniza y a huesos difíciles de identificar por el grado de combustión que sufrieron. Hasta el momento sólo uno de los 43 ha sido identificado entre esos restos.

La PGR advierte en el informe entregado a AP que el número de fosas en el municipio de Iguala (120.000 habitantes, sur de México, a dos horas en coche de México DF) podría ser mayor al registrado hasta ahora, dado que sus datos sólo incluyen aquellas en cuyo análisis participaron peritos de la Procuraduría. La PGR no indica cuál es el número de fosas del que han tenido noticia y en el que sus peritos no intervinieron.

El municipio de Iguala ha sido en los últimos años zona de lucha entre dos facciones de narcos, un grupo conocido como Guerreros Unidos (supuesto culpable de la tragedia de los estudiantes) y otro llamado Los Rojos. El caso de los alumnos de la escuela de magisterio de Ayotzinapa ha demostrado que incluso las autoridades locales eran parte del ecosistema criminal, pues los 43 fueron retenidos primero por policías municipales y entregados a continuación a sus compinches de Guerreros Unidos.

En un reportaje publicado en este diario se mencionaba el testimonio de un hombre que vio en persona cómo el propio exalcalde de Iguala José Luis Abarca -ahora detenido- ejecutaba a un dirigente campesino, Arturo Hernández Cardona, y lo dejaba en una fosa: "Vi cómo le apuntaba a la cabeza, en la mejilla izquierda, y le disparaba. Una vez caído en la fosa, le volvió a disparar".

En las labores de búsqueda del caso Iguala junto a las autoridades participaron grupos de policías comunitarios (agentes rurales civiles). Ellos, conocedores de la zona, también fueron clave a la hora de dar con fosas clandestinas.

Lo que era un secreto a voces antes del caso de los estudiantes fue aflorando a golpe de pico a cada jornada de trabajo que transcurría, como se describió en aquellos momentos este periódico en otro artículo titulado Un cementerio llamado Iguala: "Un hombre con la camisa empapada de sudor cava un hoyo entre unos matorrales. Otro que observa la escena, con casco y chaleco fluorescente, cree haber visto algo: "Eh, para. Un momento". Agarra un hueso, lo posa en una piedra y explica a los que están arremolinados en torno al agujero: "Esta persona tuvo que ser asesinada hace dos o tres años. Lo trocearon con un machete. Pueden ustedes observar el corte limpio". Los cerros que rodea la ciudad de Iguala (...) están sembrados de cadáveres anónimos".

lunes, 27 de julio de 2015

El Neruda político llega al cine

Neruda y su esposa, interpretados por Luis Gnecco y Mercedes Morán.

La cinta de Pablo Larraín relata la etapa en que el poeta fue perseguido por ser comunista

ROCÍO MONTES Santiago de Chile 27 JUL 2015 - 16:14 CEST


Es una película de acción y hablará sobre todo de la formación de la identidad. El director chileno Pablo Larraín (Santiago, 1976), ganador del Gran Premio del Jurado en la última Berlinale con su filme El club, ha puesto la mirada sobre uno de los personajes más célebres e internacionales del siglo XX chileno, el Premio Nobel Pablo Neruda, y en un período poco explorado de la vida del poeta: la etapa en que el escritor fue perseguido por el Gobierno del chileno Gabriel González Videla, que decretó en 1948 la llamada Ley maldita, contra los militantes comunistas. Convertido en una figura relevante del mundo de las letras, fue en esa época cuando Neruda terminó de conformar su personalidad política que marcó los siguientes 25 años de su vida hasta su muerte en septiembre de 1973.

“Tiene elementos políticos y poéticos pero, en el fondo, es un filme sobre un policía que le da sentido a su vida al perseguir al poeta”, explica Larraín acerca de su próxima cinta de ficción, que también tendrá elementos del cine negro, la comedia y el drama. “Neruda entiende que, si logra escapar, logrará que su voz sea más fuerte, más grande, más escuchada. En esta vuelta, se transforma en un gigante, en una leyenda”.

La película Neruda, de Larraín, está en pleno período de grabación en las ciudades chilenas de Valparaíso y Santiago y en la capital de Argentina, Buenos Aires. Con fecha de estreno a mediados de 2016, tiene un elenco latinoamericano: Neruda es interpretado por el chileno Luis Gnecco; su esposa, Delia del Carril, está en manos de la actriz argentina Mercedes Morán; y el policía Óscar Peluchonneau, que persigue al poeta, el personaje central a través del que Larraín se aproxima a Neruda, es encarnado por el mexicano Gael García Bernal, que anteriormente había protagonizado No, la cinta de Larraín que hablaba sobre el plebiscito de 1988 que sacó a Augusto Pinochet del poder.

El agente que persigue a Neruda, interpretado por Gael García.

En un paréntesis en medio de la grabación, el mexicano cuenta que, para él, “Neruda es el poeta más importante del siglo XX”. “No creo que otros llegaran a tener esa obra tan extensa y esa notoriedad donde se combinaran dos factores que hoy en día parecen antagónicos: ser político y ser artista”, señala García Bernal, que por primera vez en su vida se dejó bigote para dar vida a Peluchonneau, “un policía triste, resentido, un fascista amoroso, si es que existe esa definición”.

García Bernal (Guadalajara, 1978), que en 2004 interpretó a Ernesto Che Guevara en Diarios de motocicleta, reflexiona sobre el cine que se está haciendo en la región y su interés en estos personajes icónicos de Latinoamérica. “Me siento muy en casa en América Latina. No me es ajeno ni heroico trabajar en sus distintos países, es algo natural que no me cuestiono. Tenemos una interdependencia cultural y un juego dialéctico en común. Compartimos las mismas realidades sociales y tonos particulares que nos hermanan. La extranjería es un gran lugar para remover la melcocha, como diríamos en México, para aventurarse y hacer las preguntas terribles. Me siento orgullosísimo de hacer este personaje de Peluchonneau”, señala en las oficinas de la productora Fábula en Santiago.

Para el actor Luis Gnecco, que interpretará al Neruda de Larraín, pese a que el Nobel es un hombre tan conocido a nivel mundial “casi no ha sido tocado”. “En Chile no nos gusta remover la historia y a estos personajes los subimos a un pedestal y se transforman en seres de cartón intocables”. Pero Neruda mostrará a un escritor que, en 1948, a los 44 años, comienza a construir el mito de sí mismo. Como senador critica al Gobierno desde el Congreso, es desaforado, el agente Peluchonneau lo persigue y Neruda y su esposa, la argentina conocida como La hormiguita, intentan infructuosamente salir del país. Comienza entonces la etapa de la clandestinidad y el poeta se convierte en arma. Escribe Canto General, realiza secretas excursiones nocturnas y su leyenda, que crece en todo el mundo, provoca que artistas como Pablo Picasso clamen a nivel mundial por su libertad. En la película perseguidor y perseguido se funden, uno respira el aliento del otro, y el autor se reinventa hasta convertirse en el mito literario y político que llegó a ser.