domingo, 31 de agosto de 2014

PALADINES: Archivo secreto de la Colonia Dignidad

¿Dónde están las piezas que faltan?

En abril de 2014, el juez que investiga a la ex Colonia Dignidad como asociación ilícita entregó al Instituto de Derechos Humanos una copia digitalizada del archivo incautado en 2005 en el predio alemán. Durante nueve años este conjunto de documentos -que abarca un periodo que va desde antes del golpe hasta 1992, cuando el primer gobierno civil post dictatorial quitó la personería jurídica al enclave-- permaneció bajo secreto judicial, sin que hasta ahora se conozcan las razones de tal medida que solo contribuyó a ocultar información sobre la forma de operar de la represión, limitó el conocimiento de más verdad sobre los crímenes y facilitó la persistencia de la impunidad.

¿Quiénes elaboraron las fichas y con qué objetivos?

Se ha establecido judicialmente la estrecha vinculación de la ex Colonia Dignidad con agentes de la DINA (Dirección Nacional de Inteligencia), con los que actuaron en conjunto "en la comisión de delitos de lesa humanidad, ejecutados en contra de determinadas personas, por razones de índole político o ideológico"1. Para ello contaron además con una amplia red de apoyo externo. Esta complicidad se hace más evidente al observar que una cantidad considerable de fichas están relacionadas con la represión y vigilancia en las ciudades y campos más cercanas al predio alemán, como Chillán, Talca, Curicó, Los Ángeles y Concepción; no obstante que el archivo tiene un alcance nacional.

Se trata de un rompecabezas con numerosas piezas perdidas, omitidas o que fueron deliberadamente ocultadas. Por ello, la justicia y el Estado deben tomar la iniciativa y destinar recursos en la búsqueda de estos archivos y con ello dar una señal clara de que importa profundizar en verdad y justicia sobre los crímenes de la dictadura cívico militar porque la omisión es también una forma de complicidad.


Los archivos por orden alfabético

Central General de Trabajadores de Chile (CGT)

PULSO SINDICAL Nº 248 

Recientemente se presentó un proyecto de ley con la firma de 4 diputados, que expone con claridad algunas de las demandas más sentidas por los trabajadores, en su relación diaria con la patronal. De esto nada se ha dicho o escrito.

Por MANUEL AHUMADA LILLO - Presidente C.G.T CHILE


Y es que resulta vital avanzar en cuestiones que parecen no ser importantes para quienes tienen la obligación de buscar caminos que permitan que el abuso no se eternice, los poderes ejecutivo y legislativo.

Es cierto que ante la pregunta de que es lo más necesario, muchas sean las organizaciones y trabajadores que digan un nuevo Código del Trabajo, pero no es menor la constatación que con el actual estado de cosas este es simplemente un sueño que difícilmente se 
concretice.


Carecemos de fuerza sindical efectiva como para demandar en la calle y al interior de los lugares de trabajo reformas laborales profundas. No hemos desarrollado instrumentos ni organizaciones que puedan educar, capacitar y desde ahí organizar a los millones de abusados, que trabajan cabeza gacha sin más expectativa que mantener la fuente de trabajo.

Seguimos expuestos a una negociación o conversación entre cuatro paredes, donde unos y otros invocan a los trabajadores sin consultarlos. Son esos que están día a día en las empresas los que sufren con sueldos deficientes y pagados a destiempo, los mismos que deben aceptar presiones y suscribir documentos que pueden no compartir con el único objetivo de recibir una indemnización que muchas veces se les paga en cuotas mensuales.

Miles hay que cumplen jornadas de 10 o más horas diarias, están obligados a desempeñar 2, 3 o más funciones por qué así lo permite la legislación vigente, mientras otros tantos acuerdan términos de contratos y ni siquiera tienen la tranquilidad de que sus retenciones de AFP y otras estén pagadas y al día. Es enorme la cantidad de anomalías que están permitidas por ley y mientras no haya reformas concretas, poco o nada avanzará el proceso de organización sindical y negociación colectiva.


Además, ¿quién puede decir con certeza que aquellas cuestiones discutidas entre las organizaciones patronales y laborales, reconocidas como interlocutores por los gobiernos, sean en definitiva aquellas que mas preocupan a los trabajadores?

Claramente, y al menos en lo que respecta al Multirut y el ingreso mínimo el referente que actúa en representación de los dueños de la fuerza de trabajo, está a años luz de lo que son las necesidades reales de los asalariados.

Si a esto agregamos el derecho a sala cuna sin mínimo de trabajadoras por empresa, o una jornada única de 45 horas para todos, demandas que ni siquiera son expuestas por estos “representantes laborales”, poco o nada se puede esperar de ellos.



Es en este cuadro que cobra importancia el proyecto de ley presentado por el diputado ex RN Gaspar Rivas, apoyado por los diputados Cicardini y Fernandez del PS mas Girardi del PPD, proyecto de ley que publicaremos en nuestra página web (www.cgt-chile.cl), para que sea conocido por los trabajadores.

Los recién organizados y los que están en vías de hacerlo podrán encontrar en este proyecto una base sólida para preparar sus proyectos de contrato colectivo. Las organizaciones podrán apoyarlo contactando a los diputados o solicitando a otros en la Cámara que adhieran al proyecto, incorporando todas aquellas cuestiones que en el proyecto no estén consideradas.

Lo importante, lo vital, es hacernos de la herramienta y usarla para avanzar, sin que esto implique renunciar a nuestra aspiraciones históricas y de clase.



Una sorpresa gratificante ha sido para nosotros la relación de trabajo sostenida con el diputado Rivas.

Es el primero de muchos que por nuestra sede han pasado, que no hizo una visita de doctor - esas que se hacen para decir que se está sin estarlo - tomó nota de nuestras propuestas, algunas de las cuales ha transformado ya en proyectos de ley, dándose el tiempo para informar regularmente del trámite de las mismas.

Tenemos más que claro que esto no alcanza ni para saludo a la bandera, que es solo con fuerza propia, con millones de organizados ojalá en torno a una sola y gran organización, que podremos horquillar al sistema, pero al menos conocimos a un tipo que más allá de los cálculos políticos - propios de sus pares – se ha comprometido a poner las demandas en la mesa y ha dado pasos concretos para ello.


Gaspar Rivas y otros 9 diputados presentaron un proyecto de ley para intentar normar y regular algunos aspectos de la ley 20.729. Hace algunos días el diputado ha recibido de un asesor de la ministra del Trabajo, un documento que va en la misma línea de mentiras que han sostenido el subsecretario de esa cartera y, entre otros, el diputado Osvaldo Andrade.

Májaderamente... se obstinan en vincular esta ley vigente (20.729) a lo que será la futura ley que establece normas laborales para los trabajadores del turismo, por lo que no habría razón para considerar el proyecto de ley presentado.

Sin embargo, lo que es muy grave, es que todas estas autoridades han expuesto que respecto de dicho proyecto de ley del turismo, la CGT habría apoyado su redacción, hecha en el gobierno anterior. Esa es una enorme mentira y extrañamente la ministra y sus colaboradores, se han negado sistemáticamente a recibirnos. Al parecer tampoco se han tomado la molestia de conocer la propuesta entregada por nuestra organización (CGT) a la Comisión de Turismo de la Cámara, en donde no solo rechazamos el proyecto de ley de reformas laborales a los trabajadores del turismo, sino que también hacemos entrega de nuestra propuesta.



Una de las principales obligaciones de la organización sindical es la referida al apoyo permanente que se debe dar al proceso de negociación colectiva. A los dirigentes nos asiste el deber de conversar con dirigentes y trabajadores respecto de los errores que se cometen, particularmente en las huelgas que se hacen efectivas, única manera para ir haciendo correcciones que en mediano o largo plazo, posibiliten victorias.

He creído importante exponer algunas deficiencias que hemos conocido en el último tiempo, tomando solo el resguardo de no dar el nombre de las empresas, por qué a fin de cuentas los trabajadores deben ir aprendiendo de los errores para fortalecerse y avanzar.

Lo primero que salta a la vista es la falta de participación, el desgano con que algunos se incorporan a la huelga.



Sucede que se está tomando casi como una continuación del turno que se cumple al interior de la empresa. Esto hace que se llegue tarde o no se participe de algunas actividades, que se retiren tempranamente e incluso que se nieguen a pedir monedas o participar de alguna de las comisiones.

No es bueno trabajar en contra, no es bueno ir conversando por ahí de que a lo mejor hay que reincorporarse, que los dirigentes no lo hacen bien, etc. Esto solo tiene valor si se discute en el colectivo.

Sin embargo, lo más grave es tratar de violentar las cajas o tarros en los que se piden monedas, o pedirlas por las libre para alimentarse a escondidas. 



Por último, hay que terminar de una vez con la mala costumbre de ingerir alcohol, o realizar acciones de todo tipo que no hayan sido resultas por la mayoría.

Esto solo pone en riesgo la unidad del grupo y lesiona gravemente la disciplina.

Solo aquellos que actúan unidos y van resolviendo en reuniones periódicas los pasos a seguir, son los que consiguen victorias, de manera que el llamado es a profundizar la educación sindical y a no olvidar nunca que los resultados van a permitir que las familias tengan un mejor pasar futuro, a la vez que van a acelerar la organización para las luchas futuras.

Trabajadores ante la Reforma Laboral: el fantasma de la “cocina” se aparece ad portas de la gran marcha del 4 de septiembre

Mientras la CUT le notifica a los empresarios que es fundamental hacerse cargo de la desigualdad para evitar mayores niveles de conflictividad, los sindicatos exigen participación de las bases, aunque asumen que los tiempos no dan ni para “revoluciones” ni “códigos nuevos”. Nueva Mayoría y Alianza encienden los fuegos sobre el rol de los empresarios.

Por Luis Casanova R.


No sólo la memoria de los presidentes Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende saldrá a la palestra el próximo 4 de septiembre, a propósito de sus históricos triunfos electorales en 1964 y 1970, respectivamente.

Ese mismo día, el "plan laboral" que se aplicó en la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet será fuente de repudio por parte del mundo de los trabajadores, por cierto, a través de una caminata por la Alameda y extensa jornada de movilizaciones.

El motivo no es antojadizo. Entre el mes de la patria y octubre se analizarán los pilares de lo que será la reforma sectorial del Gobierno, instancia prelegislativa que tiene ajetreada a la CUT y preocupados a los sindicatos más importantes del país.

En la antesala de la discusión, Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, notificó a los empresarios que "es fundamental hacerse cargo de la desigualdad para evitar mayores niveles de conflictividad".

"No estoy haciendo política de chantaje, pero si no queremos eso trabajemos juntos, porque es posible", insistió.

"La marcha es en positivo. No estamos en contra, estamos por", añadió para esta crónica Jorge González Castillo, secretario de Negociación Colectiva y Conflictos de la multisindical, quien llamó a "hacer las cosas bien", lo que en rigor significa "hacernos cargo del momento que vivimos, porque como nunca antes es posible avanzar y recuperar derechos".

La parte llorada

El gran "pero" que se palpa en las diferentes agrupaciones es la falta de participación que proviene de las bases sindicales, más allá de la figuración política que tienen sus líderes.

Álex Solís, directivo de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias (Fenatraos), lo resume así: "Cuando un empleado tiene resuelto su problema salarial deja de luchar. Entonces, ¿quiénes terminan dando la cara? Los más perjudicados".

De todas formas y ante la presente coyuntura, el dirigente dijo a este medio que "los trabajadores están entusiasmados con la posibilidad de dar un giro, tanto en la ley laboral como en la reforma previsional".

"Los derechos que exigimos no se consiguen con los brazos cruzados y esperando que la bondad del legislador y la buena voluntad del gobernante, que puede que la tengan, aparezcan. Es fundamental que le gente esté involucrada", complementó González.

Como receta, Solís clama por tener una "comunicación más adecuada, como sucedió con la movilización estudiantil y los grupos contra HidroAysén, donde la información traspasó los límites de los gremios y sindicatos. Se llegó a la gente vía Facebook y Twitter y se entendieron los pasos que había que dar".

¿Miedo fundado?

Sin rodeos, los trabajadores quieren ser incluidos por el Parlamento a la hora de redactar las reformas al Código Laboral, siendo los más emblemáticos los relativos a la sindicalización automática, negociación colectiva, fortalecimiento del sector, término de la huelga con reemplazo, entre otros.

Eso sí, se entiende que "no se puede armar una revolución o crear un nuevo código", como admiten en la CUT, y que "siempre que entra una ley al Congreso después en el camino y a espaldas de nosotros se hacen modificaciones que nos perjudican", dispara Edward Gallardo, vicepresidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre.

¿Por dónde pasa la principal aprehensión? "No podemos permitir que a la reforma laboral le pase lo mismo que a la tributaria, que se transformó en una cocina aprobada entre pocos", contestó el presidente del Sindicato Nacional de Industria Chile (Constramet), Horacio Fuentes.

Desde el Senado, la presidenta de la Comisión del Trabajo, Adriana Muñoz, indicó -en diálogo con Cambio21- que las relaciones son "buenas" entre centrales, gremios y legisladores, toda vez que "nos hemos reunido con ellos y con el Gobierno y, además, hay nueve puntos de acuerdo estipulados entre la CUT y el Ejecutivo y está el respaldo que entrega el propio programa de la Presidenta".

"En ese contexto, la marcha del 4 de septiembre tiene como objetivo resguardar las reformas y generar una alerta para que salgan de la misma forma en la que se han venido planteando, a lo que se suma el temor sobre lo que plantee la derecha y los empresarios durante la tramitación de los proyectos", manifestó.

Según la militante PPD, "es obvio que van a buscar que se desvirtúe y no se amplíe la negociación colectiva, que se no se hagan efectivos los reemplazos en caso de huelga y que no se fortalezcan los sindicatos. Por eso la preocupación de los trabajadores".

A diferencia del carácter "técnico, complejo y poco accesible" de la reforma tributaria, que dio lugar a la firma del protocolo por parte de los senadores y el ministerio de Hacienda, Muñoz explicó que "los contenidos laborales son mucho más nítidos, fáciles y sustantivos, como la libertad sindical y el que apenas el 10% de los trabajadores negocie colectivamente. Por ende, es mucho más complejo y casi imposible llevar esto a la cocina".

"El asunto es que la derecha está hace rato con la cantinela de que aquí no se puede gobernar usando las mayorías, cuando en el fondo lo que se quiere es inhibir que se despliegue la ventaja de votos que se obtuvo en el Parlamento", remató.

El prejuicio

En respuesta a las críticas, Felipe de Mussy diputado de la UDI e integrante de la Comisión del Trabajo de la Cámara, aclaró en estas páginas que es "nuevo" en estas lides y que aún faltando los contenidos del proyecto que presentará La Moneda, "no voy a andar defendiendo a nadie".

En su lectura, "hay que ser responsables y tomar en cuenta las problemáticas laborales existentes, lo que incluye la búsqueda de acuerdos en los proyectos que más beneficien a los chilenos. Yo mismo se lo dije a la Presidenta: las reformas tienen que ser pensadas a 30 ó 40 años y no se puede creer que solamente un sector puntual y con una mayoría simple puede hacer lo que quiera. Eso es malo para Chile".

Enfático, el dirigente del gremialismo aseveró que "el país está en una situación económica que no es de las mejores, por lo que hacer reformas laborales muy extremistas podrían generar un ámbito negativo en el país, como lo es el aumento del desempleo".

A nivel global, De Mussy acusa "prejuicios" contra el bando que representa. "Desgraciadamente tratan de achacarnos cosas que no son verdad sobre el apoyo de las grandes empresas. Porque si fuera por eso, es un hecho que la candidata presidencial que tuvo más recursos provenientes del empresariado en la última campaña fue Michelle Bachelet", reclamó.

"Nosotros queremos que al país le vaya bien y creemos que para eso el empleo es fundamental y que la calidad del trabajo tiene que ser lo mejor posible. Pero hay que ser realista, tal como sucedió con el salario mínimo... Todos soñaríamos que fuera de 500 mil pesos, pero eso es irreal, sobre todo para las micro, pequeñas y medianas empresas, que no podrían pagarlo", añadió.

A manera de conclusión, el congresista pide que "más que tener discursos populistas, que consiste en tratar de solucionar todos los problemas de una, hay que intentar avanzar -dentro de lo que se puede hacer- en las mayores modificaciones posibles".

Traducido al español: una retroexcavadora con potencia limitada y gasolina de regular octanaje.

Qué se quiere

- Protección de la organización sindical y sanciones drásticas a los que realicen prácticas antisindicales.

- Modificar las normas de término de contrato de trabajo y regular los despidos masivos.

- Cambiar el artículo 161 del código laboral, en lo referido a las causas de despido por necesidad de la empresa, y que la expulsión no se aplique dentro de los 90 días posteriores a la negociación colectiva o después de la constitución de un sindicato.

- Sanciones a las empresas que reincidan en atropellos al fuero sindical, nieguen permisos sindicales y cometan acciones contra los derechos fundamentales de los trabajadores.

- Modificar la Ley de Subcontratación y exigir que la empresa no externalice labores que le son propias.

- Aplicar la igualdad salarial entre hombres y mujeres y dotar a la Inspección del Trabajo de una unidad especial para la aplicación de la norma.

- Los sindicatos deben contar con información oportuna sobre la situación económica de la empresa. Para lo cual, una copia del balance general que se entrega al SII debe ser exhibida a los trabajadores.

- Gratificación anual debe ser de acuerdo a las utilidades brutas de las empresas y sin tope del 4,75 % del ingreso mínimo mensual.

- Simplificar el proceso de negociación colectiva, establecer fecha de presentación, respuesta y fecha de término, y reducir el periodo máximo que pueda extenderse a la vigencia de la misma (no más de 24 meses).

- Reconocer derechos de negociación colectiva para los trabajadores a honorarios, part time y otros y crear una normativa legal.

- Negociación colectiva con derecho a huelga para los sindicatos de trabajadores de las empresas públicas, sin importar el porcentaje accionario que el Estado tenga en tal empresa.

- Derogar de la normativa laboral el descuelgue de trabajadores que participen en la huelga.

- Dar pleno cumplimiento al convenio 87 y 98 de la OIT respecto a libertad sindical y negociación colectiva, derogando la normativa del reemplazo durante la huelga.

- Eliminar el requisito de que existan 20 mujeres para el derecho a sala cuna y que se haga efectivo desde que exista una trabajadora en la empresa.

- Modernizar y fortalecer la Dirección del Trabajo, aumentar la planta de funcionarios y entregar facultades para fiscalizar.

Gobierno no pondrá urgencia a proyecto de Sistema Nacional de Emergencia

Luego de más de tres años de tramitación en el Congreso, la iniciativa está siendo revisada por el Ejecutivo, que enviará la indicación sustitutiva al Senado. La espera terminaría durante la primera semana de septiembre, mediante un anuncio de la presidenta Michelle Bachelet, según indicaron fuentes de gobierno.

La pérdida de vidas humanas y el amplio daño a la infraestructura del país, provocado por el terremoto del 27 de febrero del año 2010, fue el puntapié inicial para la creación de una nueva institucionalidad que permitiera una mejor respuesta a las catástrofes que esporádicamente afectan a Chile.


Por 
Javier Muñoz Aranguiz 
 

Así, en marzo del año 2011, ingresó al Congreso el proyecto de ley que establece el Sistema Nacional de Emergencia y crea la Agencia Nacional de Protección Civil (Ver documento), que reemplazaría a la ONEMI y que pondría a Chile en un estándar internacional en la materia. Pero a más de tres años de tramitación dicha iniciativa aun no ve la luz, mientras que en Chile siguen ocurriendo desastres como el incendio de Valparaíso o el terremoto de Iquique, ambos durante el presente gobierno.

El proyecto fue puesto y retirado de urgencia en 18 oportunidades, como se puede constatar en la página web del Congreso. En primera instancia, la responsabilidad fue acuñada al ex presidente de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización de dicha cámara, Carlos Bianchi, que respondió a las críticas explicando que es el Ejecutivo quien decide eso.

“La comisión se rige por la priorización que le da el Ejecutivo. Entonces si el ministro Larroulet tenía tanto interés en sacarlo, él perfectamente como en otros proyectos como el lobby y los traspasos de competencia y la transparencia, pudo haber llegado a acuerdo y no lo hizo; y retiró 18 veces el proyecto de ley”, dijo el senador independiente.

Senador Carlos Bianchi

Además del retraso legislativo, el proyecto también ha recibido críticas por su mismo contenido, al no contemplar las características necesarias para la “gestión del riesgo” por sobre la “protección civil” que sería un término obsoleto. El especialista en emergencias Cristóbal Mena, indicó que la participación de la ciudadanía es elemental, pero que en Chile no existen herramientas educativas para entender la gestión del riesgo.

“En el resto del mundo hay, uno puede estudiar gestión de emergencias como carrera y uno puede vivir de eso. Todo esto viene de la educación somos muy pocos los que hemos tenido la oportunidad de formarnos profesionalmente en esto porque en Chile no están las herramientas para hacerlo, entonces al final la gente que hace estos proyectos de ley trata de hacerlo lo mejor posible dentro de su capacidad y conocimiento, pero como no tiene acceso a un conocimiento profundo los proyectos tienen esas dificultades”, explicó.

En el 2005 durante la Conferencia Mundial sobre la Reducción de Desastres, celebrada en Hyogo (Japón), Chile decidió adoptar un documento orientador para reducir las pérdidas humanas y materiales originadas por las catástrofes. El encuentro se repite cada dos años para revisar los avances que van teniendo los países en la materia. Pero durante 2007 y 2009, ad portas al 27f Chile no participó, y recién el 2013 el país presentó una exposición, según señaló Mena.

La nueva Comisión de Descentralización del Senado, solicitó al Ejecutivo que informara sobre la continuidad de este proyecto de ley, respuesta que entregó el subsecretario del Interior quien informó que el documento se encuentra en revisión, comprometiéndose al próximo envío de una indicación sustitutiva.

Diputado Ricardo Rincón

Si bien el diputado DC, Ricardo Rincón, quien considera que el proyecto es centralista y replica sistemas de gestión obsoletos, apoya la iniciativa de revisión que está haciendo el Ejecutivo, advierte que es necesario que se incluyan atribuciones especiales en el área de las telecomunicaciones.

“El gran problema del 27f fueron las comunicaciones. Y el capítulo de comunicaciones hemos debido introducirlo nosotros en el proyecto original en la Cámara de Diputados y aun así este proyecto no ha considerado, y obviamente es una petición que le hicimos al ministro del Interior actual, la reserva por ley de espacio en la banda de los 700 MHz, que por su ancho de banda, es la única que permite la transmisión no sólo de voz, sino que todo tipo de datos, incluido videos en tiempo real que para una emergencia son esenciales”.

Así, la decisión final sobre lo que ocurrirá con este proyecto está en manos del Ejecutivo. Fuentes cercanas al Gobierno, anunciaron que durante la primera semana de septiembre la presidenta Michelle Bachelet se pronunciará al respecto de la iniciativa, que además tendría amplias modificaciones, pero no el carácter de urgencia, que tanto ha bullado.

Capitán manos de tijera

En medio de la mayor inyección de capital de un gobierno en la historia de Codelco, Pizarro puede prever que el dinero agitará las aguas: no sólo abrirá el apetito para desarrollar nuevos proyectos, sino que también podría ser alimento para las pretensiones de los sindicatos.

De Nelson Pizarro, el hombre que este lunes asumirá la presidencia ejecutiva de Codelco, se dice que conoce como pocos el mundo de la minería, que tiene un liderazgo carismático y que crea equipos. También se le conoce por su habilidad para reducir costos, algo que le ha valido enfrentamientos con los sindicatos.


Por Emilio Maldonado


Nelson Pizarro (73) siempre ha dicho que su paso por el yacimiento de la ex Disputada de Las Condes -hoy conocido como Los Bronces-, fue su universidad. Ahí tuvo el primer encuentro con la minería del cobre, estuvo a cargo de su primer gran proyecto de ingeniería y experimentó in situ cómo hacer de una compleja operación minera un negocio rentable.

Pero Pizarro no sólo conoció eso. Muchos de sus fines de semana entre 1973 y 1990, período en el cual ocupó diversos cargos en la minera que por ese entonces perteneció a Enami y luego a la Exxon, los pasó a más de tres mil metros de altura. Fue en esas ventanas de ocio cuando aprendió a esquiar, deporte que todos sus compañeros de faena dominaban a la perfección. También fue en la laguna de Castro, cercana al yacimiento, donde este ingeniero en minas tuvo su primer acercamiento con la pesca deportiva. Y, posteriormente, con la navegación. Cuando estaba en la Disputada, Pizarro compró su primer bote de madera, al cual bautizó Rapala por la marca finlandesa de señuelos. Luego vendría uno de aluminio. Hoy ya tiene dos lanchas de gran eslora: Rapala IV y V, las cuales mantiene atracadas en Algarrobo.

Certificado como capitán costero, Pizarro, quien el próximo lunes asumirá como el nuevo presidente ejecutivo de Codelco, acepta con resignación que con su nuevo cargo sus escapadas a la Cofradía Náutica serán más escasas. Eso le inquieta. Le gusta estar en alta mar con algunos de sus 16 nietos o viajar a los lagos del sur con amigos.

No es, desde luego, la principal preocupación en el horizonte para quien está a horas convertirse en uno de los máximos ejecutivos de la minería mundial. En medio de la mayor inyección de capital que ha hecho un gobierno en la historia de Codelco -alrededor de US$ 4.000 millones -, Pizarro, a quien su familia lo llama “el capitán” cuando están en la costa, puede prever que el dinero agitará las aguas: no sólo abrirá el apetito para desarrollar nuevos proyectos en la cuprera, sino que también podría ser alimento para las pretensiones de los sindicatos por incrementar las condiciones de beneficios de sus asociados.

Las organizaciones de trabajadores, por su parte, también están alerta. Saben que el otro apodo de Pizarro es “el manos de tijera”, por los polémicos recortes de costos que llevó a cabo mientras estuvo a la cabeza del yacimiento de Chuquicamata, en su anterior paso por Codelco. Los sindicatos lo han declarado públicamente: estarán atentos a las movidas del ingeniero.

NACE UN APODO

Pizarro ya llevaba cuatro años al mando de la división Andina cuando, en abril de 1994, Juan Villarzú lo citó a una oficina de calle Huérfanos. Villarzú había sido nombrado nuevo presidente ejecutivo de Codelco y estaba armando su equipo. Había escuchado buenas cosas de Pizarro al mando de Andina: su éxito al rentabilizar la operación de montaña, la construcción de nuevos sistemas de tranques, alargando la vida del yacimiento y, principalmente, la baja de los costos de la explotación. Todo ello había evitado el cierre de la mina, hoy uno de los pilares de la producción de cobre para Codelco.


En la víspera de la Semana Santa de 1994, entonces, Villarzú le pidió que se hiciera cargo del principal yacimiento de Codelco: Chuquicamata. Un gran ascenso para Pizarro, quien había partido como jefe de distrito en Lota Schwagger en los 60, para luego ser administrador de la mina Navío en 1970, proveedor de la caliza que empleaba Cementos Melón. Convertirse en el líder de la mina a rajo abierto más grande del mundo significaba la coronación de su carrera.

Antes de partir a Chuquicamata, Pizarro le compró el antiguo Volkswagen naranjo al chofer que lo trasladaba de Santiago a Los Andes cuando trabajaba en Andina. Quería dar una señal de austeridad. No necesitaba más que un viejo automóvil para recorrer los dos kilómetros que separaban su casa de la oficina de Codelco en Chuqui. Años más tarde, cuando en 1998 se trasladara a Illapel, dejó el auto en el norte. Aún se arrepiente de eso.

A su llegada a Chuquicamata, Pizarro puso en práctica lo que había aplicado en Andina. Comenzó a buscar formas de hacer eficiente la operación, hasta que un día descubrió que los camiones que transportaban estériles rodeaban todo el poblado para sacar el mineral. “Eso encarecía los costos enormemente”, dice.

Su nombre “saltó a la fama” un poco después, merced de su franqueza. En 1995, en medio de una ceremonia en la que inauguraba el nuevo equipamiento médico en el hospital que Codelco mantenía en Chuquicamata, dijo que el hospital debía reubicarse, porque ése terreno servía para la extensión de la mina. Los doctores y el personal presente quedaron con la boca abierta.

Los días posteriores fueron una verdadera caldera en el pueblo. Se convocó a una asamblea en el teatro de Chuqui y Pizarro, entre pifias, subió al escenario. Le dijo a la audiencia que debían estar “tranquilos-nerviosos”. Finalmente no sólo movería el hospital. También se inició el programa para eliminar el poblado -y reemplazarlo por nuevas casas en Calama-, con el fin de extender el yacimiento. Pero el plan continuaba: además de reubicar Chuqui, se redujo el número de trabajadores en casi dos mil personas. “Manos de tijera” se ganaba su apodo.

Un poco después, en 1998, una conversación en un tren sellaría su salida de Chuquicamata. En el ferrocarril que une Calama con la mina Radomiro Tomic, coincidió con Andrónico Luksic Abaroa, con quien entabló una conversación muy relevante para su futuro: Pizarro le dio consejos de cómo echar a andar Pelambres, que por ese entonces era sólo la idea de un yacimiento minero en la cordillera de Illapel. Luego de la charla, Luksic le hizo un regalo que se transformaría en una alegoría: le entregó un sombrero de conductor. A los pocos meses, lo contactó y le pidió que “condujese” el nuevo proyecto, símbolo del naciente grupo Antofagasta Minerals.

Pizarro renunció a Codelco y decidió entonces volver a Illapel. Era un regreso simbólico: era la ciudad donde nació, donde vivió su madre, dueña de casa, y su padre, camionero de fletes. Lo primero que hizo fue visitar su casa de infancia.

Su paso por el brazo minero de los Luksic terminaría en 2003, año en que Pizarro protagonizaría otro retorno. En su destino reaparecía Chuquicamata. A petición de Villarzú, quien también había regresado a la cuprera, el “manos de tijera” se encargó de finiquitar el traslado de todos los profesionales y mineros a Calama.

En 2006 abandonó nuevamente Codelco para aterrizar en la presidencia ejecutiva de la privada Lumina Copper, cargo que ocupó hasta esta semana. 

UN APRENDIZAJE GRINGO

Lo puesto en práctica en el desierto no lo aprendió en las aulas de la Universidad de Chile. Tampoco en su paso por Lota o por La Calera. Fue arriba, en la cordillera, cuando Nelson Pizarro se forjó como uno de los ejecutivos de la minería más reputados del país.

Hacia el fin de 1973 terminaba su tesis cuando le pidió a un compañero de facultad, Mario Solari Martínez, que lo ayudase a entrar a la Disputada de las Condes. Trabajó un par de meses en las oficinas centrales de calle Bandera, cuando fue traslado al yacimiento.

Arriba lo hizo todo: subadministrador, administrador, gerente técnico y luego a cargo del proyecto de expansión de la Disputada.

Fue ahí que Pizarro aprendió la rigurosidad de la faena en alta montaña. Pero su principal enseñanza vendría cuando Exxon compró la empresa en 1978. Los nuevos dueños, con una manera distinta de hacer minería, con prácticas gerenciales del mundo privado anglosajón, le enseñaron a Pizarro el valor por la búsqueda de eficiencias y, además, la insistencia por la seguridad.

Pero tuvo que ocurrir un accidente para que Pizarro tuviese la oportunidad de brillar dentro de la Exxon. Una noche de julio del 78, en medio de un frente de mal tiempo que había azotado Santiago por días, el turno de noche de la planta de concentrados estaba próximo a subir a la faena. Pizarro se dio cuenta que el trayecto a su casa, a bordo de su Peugeot 403, se estaba tornando difícil por la nieve. Decidió que el turno de trabajadores no debía subir.

En la madrugada, el telefonista de la planta lo despertó. El río El Palomo había generado una avalancha y había arrasado con la planta de flotación. Ninguna víctima que lamentar, gracias a la decisión tomada horas antes.

Fue ahí que la gerencia de Exxon decidió encargarle la reconstrucción de la planta. Luego, el emplazamiento de un nuevo tranque de relave, hasta que finalmente, le pidieron que liderara el plan de crecimiento de Los Bronces.

“Nelson siempre decía que las cosas se hacían bien y a la primera”, recuerda el ex director de Codelco Jorge Bande, con quien compartió labores en la cuprera estatal cuando Pizarro fue nombrado gerente de Andina y Bande, gerente de Desarrollo. Fue su paso por la Exxon lo que motivó a que el ex presidente de Codelco, Alejandro Noemi, lo reclutara para la estatal.

LA TRIPULACIÓN QUE LLEVA CONSIGO

En Andina comenzó a aplicar las estrategias “gringas”. Recortó costos, puso énfasis en el crecimiento del yacimiento e hizo algunos despidos. Así, en lo alto de la montaña, enfrentó su primera huelga.


Pese a su búsqueda por eficiencia y utilidades, y a su apodo de “manos de tijera”, a Pizarro se le reconoce su liderazgo carismático. En Codelco se hizo cercano a Bande y también del actual ministro de Energía, Máximo Pacheco. También entabló una buena relación con Juan Villarzú.

Hoy reconoce que tiene pocos amigos, y que todos los ha ido forjando desde su paso por la Disputada de las Condes.

Jaime Andrade, Luis Lodi y Nemesio Orellana, actuales ejecutivos de Lumina Copper, lo han seguido por sus diferentes etapas. Y, seguramente, lo acompañarán en Codelco a partir del lunes. “Antes me he llevado a muchos de mis amigos. Estoy tratando de que, esta vez, algunos de ellos me acompañen”, explica el nuevo presidente de Codelco.

Quienes lo conocen, dicen que detrás de esto está el valor que Pizarro le asigna a la lealtad, y al hecho de que le gusta transmitir su conocimiento a sus cercanos, por lo que le resulta natural querer llevárselos a sus nuevos desafíos. “Es un educador permanente. Tiene un dominio tan amplio de la minería, que es difícil que no esté enseñando”, afirma el gerente de Riesgos de Lumina Copper, Luis Lodi.

De hecho, quien reemplazará a Pizarro en la presidencia ejecutiva de Lumina será Ricardo López, a quien Pizarro reclutó en 2006 para secundarlo cuando llegó a la firma japonesa. Para muchos, uno de sus últimos discípulos.

Ha sido hasta ahora la historia de Nelson Pizarro. El nuevo capítulo comienza a escribirse este lunes.

sábado, 30 de agosto de 2014

Camilo Escalona y su visión del Gobierno fuera de la política

El Partido Socialista comprometió un apoyo absoluto a las reformas del gobierno en el Comité Central.


En un nuevo capítulo de "Tomás Mosciatti en CNN Chile", estuvimos con el ex senador y presidente del Instituto Igualdad, Camilo Escalona, quien abordó sus tres periodos como timonel del PS, el tiempo para llevar a cabo las campañas en la región del BioBío, y su retiro del ámbito político durante este último tiempo, entre otros temas.

"Mi relación con el gabinete político es lo suficientemente positiva y constructiva", aseguró Escalona.

La Justicia investiga los robos de recién nacidos que conmueven a Chile


Los robos de recién nacidos que conmueven a Chile


La Justicia investiga una treintena de casos ocurridos en hospitales públicos durante los 70 y 80

ROCÍO MONTES Santiago de Chile 30 AGO 2014 - 02:04 CEST


La Justicia chilena investiga una treintena de robos de recién nacidos en hospitales públicos de Chile durante los años 70 y 80 que afectaron, sobre todo, a madres y parejas muy jóvenes y humildes. Los niños y niñas fueron dados por muertos después de nacer y, mediante mentiras y sin papeles oficiales, funcionarios de la salud los entregaron a familias acomodadas, en algunas ocasiones con ayuda de monjas y sacerdotes.

Los casos han comenzado a desvelarse después de una investigación periodística publicada en abril, pero ni los tribunales ni el Gobierno han logrado dimensionar el verdadero alcance de esta trama. “Es probable que lo que ha sucedido en Chile haya sido tan masivo como lo que ocurrió en España, porque era una práctica extendida”, señala la abogada del Servicio Nacional del Menor (SENAME), Consuelo Gazmuri.

El 8 de junio de 1980, Olivia dio a luz a una niña en el hospital del Salvador, en Santiago. Provenía de una familia humilde, pero le hacía mucha ilusión tener a la pequeña, porque tenía cuatro hijos varones. Nació a los nueve meses, pesó 3,2 kilos y apenas se produjo el parto, la madre la tomó en su regazo. El médico que la atendió, Gustavo Monckeberg, la sorprendió abrazando a la recién nacida. La regañó e incluso le dio una fuerte palmada en su muslo. Pocas horas después, a la mujer le informaron que su hija había muerto. Al día siguiente, sin embargo, le llevaron al mismo bebé para amamantarlo: Olivia se dio cuenta de que estaba sana y la tuvo consigo durante horas. En un momento, llegó el médico con una pareja a observarla:

—No es nada de fea la mujer—, señaló la visitante y los tres salieron de la habitación.

Ese mismo día, una enfermera le informó de que la niña estaba grave y que debían trasladarla a otro hospital, especializado en menores. La madre se resistió, dijo que no la había visto enferma, pero se la arrebataron de todas formas. Fue la última vez que Olivia vio a su hija. Algunas horas después, le indicaron nuevamente que había muerto. Cuando quiso hacerle un funeral, le señalaron que su cuerpo había sido donado a la ciencia. La madre fue al hospital Calvo Mackenna, donde supuestamente había sido trasladada su pequeña, pero en ese centro le indicaron que su niña nunca había sido ingresada. En el Registro Civil tampoco pudo encontrar un certificado de defunción.

La madre siempre sospechó que su hija había sido dada en adopción por la pareja que llegó a verla junto al médico. En 2014, Olivia se animó a denunciar los hechos al conocer por la prensa el testimonio de otras mujeres a las que les robaron a sus hijos con el mismo método. En algunos casos —no está determinada la cantidad exacta— también participó el doctor Monckeberg, que falleció en 2008. El SENAMEhabilitó una página web para recopilar las denuncias y han llegado cerca de 150. La semana pasada, el organismo del Gobierno se querelló por seis casos ocurridos en Santiago. Uno de ellos es el de la madre que llegó a parir al hospital del Salvador ese 8 de junio de 1980 y su relato está en poder de la Justicia y será investigado. “Posiblemente vamos a presentar nuevas querellas en otras ciudades del país”, señala la abogada Gazmuri.

El ministro de la Corte de Apelaciones, Mario Carroza, investiga otra veintena de casos. El magistrado tiene dedicación exclusiva en causas de violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1973 y 1990, los 17 años de dictadura de Pinochet. Carroza explica que la indagación recién comienza, pero ha logrado configurar el método que hizo posible la sustracción de recién nacidos: “Las madres de escasos recursos se iban a atender a hospitales públicos y se les comunicaba que su hijo había fallecido, pero se los habían entregado a otras familias. Se está investigando la participación de matronas, médicos, enfermeros y religiosos”. El magistrado señala que no ha logrado determinar que haya habido pagos, descarta que se haya tratado de sustracción sistemática de hijos de opositores a la dictadura y señala que existen presunciones de que algunos niños robados están fuera de Chile.

En algunos de los casos se ha determinado la participación de monjas y curas en las sustracciones. Carroza ha interrogado en calidad de inculpada a la religiosa María Graciela Soto, de 93 años, que habría entregado a niños en el hospital Barros Luco de la capital chilena, donde se concentra la mayor cantidad de robos. El abogado Cristian Letelier, que representa a 13 casos, señala que se le ha pedido al magistrado que investigue a una monja de nombre Gertrudis Kuijpers que actualmente vive en Holanda. “Sacó 99 niños chilenos, hijos de madres vulnerables, de forma absolutamente ilegal. Hoy tienen entre 30 y 35 años”, señala el jurista.

Un cura de la élite

El sacerdote Gerardo Joannon, uno de los investigados. / SEBASTIÁN RODRÍGUEZ (LA TERCERA)

La participación del sacerdote Gerardo Joannon destapó la trama de las adopciones irregulares

ROCÍO MONTES Santiago do Chile 30 AGO 2014 - 19:18 CEST


La trama se destapó en abril por una publicación del Centro de investigación Periodística (CIPER), que informó de la participación del sacerdote Gerardo Joannon, de los Sagrados Corazones, en adopciones irregulares en los 70 y 80. El religioso es ampliamente conocido en la élite de Santiago y, según determinó una investigación eclesiástica posterior, tuvo un papel crucial en dos casos. La congregación pidió al sacerdote un acto de reparación hacia las víctimas y lo conminó a viajar a España a un “acompañamiento sicológico y espiritual”. El magistrado Mario Carroza, sin embargo, ha impedido su salida de Chile: este jueves lo interrogó por segunda vez en los tribunales.

Joannon tiene 77 años y también actuó junto al doctor Gustavo Monckeberg, un antiguo conocido de su familia. Pero a diferencia de la mayoría de los casos investigados por la Justicia, el sacerdote dio por muertos a hijos de madres solteras que pertenecían a sectores acomodados de Santiago, con el acuerdo de las familias de las jóvenes. “En esos momentos, una chiquilla que tenía una guagua soltera —un bebé— era muy mal mirada. No diría que se fregaba la vida, pero estaba muy cerca de eso. De partida, nadie se quería casar con ella”, señaló Joannon en una entrevista con CIPER concedida en marzo.

Chile tenía una legislación precaria en materia de adopciones y los trámites de nacimientos e inscripciones eran poco formales

El de mayor connotación pública afectó a Andrés Rillón, que el 1 de junio de 1983 tuvo una hija con su novia de aquella época, Carolina Celedón. Le dijeron que la pequeña había muerto y, durante años, el sacerdote Joannon hizo misas en memoria de la pequeña supuestamente fallecida. En 2004 Rillón pudo reencontrarse con su niña, después de décadas de búsqueda: ella también intentaba dar con el paradero de sus padres. La investigación eclesiástica determinó que el sacerdote tuvo durante años una “relación inapropiada” con Celedón, que nunca ha querido establecer una relación con su hija.

Chile tenía una legislación precaria en materia de adopciones en esos años y los trámites de nacimientos e inscripciones eran poco formales. Estos hechos fueron aprovechados por determinadas personas —como personal médico y religioso— para conformar esta trama de adopciones ilegales y sustracción de menores. El chileno Arturo Fellay, cuya esposa busca a sus padres biológicos, en abril habilitó una web para recibir denuncias y poder reencontrar a sus padres con sus hijos y a los hijos con sus padres (www.nosbuscamos.cl). En estos casi cinco meses, relata, le han escrito cerca de 3.000 personas. De esos casos, unos 2.000 tienen alto nivel de fiabilidad. El objetivo es consolidar una ONG que tenga a su cargo un gran banco de datos de ADN.

Ex alcalde UDI y agente DINA Cristián Labbé sería encarcelado en Punta Peuco, según dicen abogados de derechos humanos

Expediente judicial da cuenta de múltiples testimonios que aseguran que Cristián Labbé, como teniente de Ejército, durante octubre y noviembre de 1973 tuvo bajo su poder a varios prisioneros que fueron sometidos a torturas en las cuales participó. El ex alcalde de Providencia lo niega. Abogado de DD.HH dice: “Ahora no se salva”.


Por Mario López Moya

"Ante mi apareció un militar fuertemente equipado, quien mirándome de manera amenazante me gritó: ¡baja la mirada concha de tu madre!... Ante la sorpresa y el temor, no reaccioné en forma instantánea, provocando en él un estado de histeria que derivó que sustrajera el arma cortopunzante conocida como corvo, avanzara hacia mí y profiriendo insultos y amenazándome con cortarme el cuello...".

Así relata Harry Cohen Vera, por aquel entonces un joven de 22 años su primer encuentro con el teniente boina negra, Cristián Labbé Galilea, en 1973.

Como en aquella situación ocurrida en Inglaterra, en que se detuvo a un grupo de irlandeses de la familia Conlon acusados de pertenecer al IRA y en que fueron condenados incluso a largas penas, siendo personas inocentes, a las cuales se les acusó de cometer o participar de actos terroristas, a Harry Cohen Vera se le secuestró, torturó brutalmente y acusó de ser un terrorista, sin ni siquiera haber militado en algún partido político.

Cambio21 tuvo acceso exclusivo al expediente que busca encarcelar a Cristián Labbé por estos hechos.

En el nombre del padre

Era el 7 de noviembre de 1973 cuando Harry Cohen se dirigía desde Santiago a Futrono, donde residía parte de su familia. Lo hacía cada cierto tiempo por razones de negocios y por encargo de su hermano, quien residía con él en Santiago. El pelo largo y la barba destacaban en la desgarbada figura de un muchacho de aquella época, ajeno a la política, más preocupado de su trabajo como técnico eléctrico y de ayudar a los suyos.

Había sido molestado en viajes anteriores por militares por su aspecto. Sabido es que en aquella época pos golpe, el pelo largo y la barba en los hombres y los pantalones en las mujeres, no eran bien vistos por el régimen. Pero estaba acostumbrado. Lo que vendría después, sí que no estaba en lógica alguna. "Yo no era activista ni militante político -señala Harry Cohen a Cambio21-, era un observador de lo que pasaba", señala.

Ya en Futrono junto a su familia, al día siguiente de su arribo y siendo de mañana, se encontró de sopetón con un aspecto de fiereza que jamás había imaginado. Militares camuflados y fuertemente armados rodearon su casa e ingresaron violentamente apuntando a todos en la familia. Él y un familiar fueron hechos prisioneros y trasladados a la comisaría del pueblo.

"No entendía nada"

"Yo he tratado de explicarme lo que sucedió y durante el tiempo le he dado varias interpretaciones. Al comienzo se pudo pensar que se debió a un error de algún funcionario, pero con el tiempo uno se da cuenta que es un comportamiento típico que ellos tenían (la dictadura). Fantaseaban con mercenarios que habían llegado a Chile y en mi caso puedo haber parecido extranjero por el nombre. Les molestaba mi apariencia física, pelo largo y barba, propio de aquella época. Si hasta les parecía extraño que me dedicara a electrónica, pues parece que pensaron que tendría que ver con las comunicaciones de la radio clandestina que operaba en Neltume, pero nada de eso era cierto", asegura Cohen.

Al medio día, un helicóptero del Ejército se posó en la plaza de Futrono. Allí fueron conducidos los prisioneros y entregados a los Boinas Negras que operaban hacía unas semanas en el lugar. El general Nilo Floody estaba a cargo del destacamento de unos 200 hombres llegados desde Santiago en la búsqueda y exterminio de "extremistas" cercanos al llamado Comandante Pepe que habría complotado en la zona, aseguraban. Cristián Labbé estaba entre los oficiales que comandaban a los efectivos militares.

Las amenazas

Ya al interior del helicóptero, se percató que junto a él se encontraban en la misma condición de cautivos Leonardo Santibáñez, Juan Rosales y Jaime Rozas, todos habitantes de esa localidad. Destino Panguipulli, que era el centro de operaciones de los comandos. En pleno viaje las amenazas de ser lanzados a las aguas se repitieron con sadismo y sorna.

"Me pregunté muchas veces por qué me detuvieron, qué hice de malo... De la experiencia de ser una persona normal, que nunca se metió en nada y de pronto aparecer rodeado de militares en ropaje de combate, con camuflaje, con soldados en actitud belicosa y ser preso, trasladado, amarrado arriba de un helicóptero en que amenazaban lanzarnos al lago Riñihue... fue una locura, no entendía nada, era como ver una película de terror, pero que me estaba sucediendo a mí", reflexiona Harry Cohen.

"¡Baja la vista...!"

Pero lo peor estaba por venir. Fue encerrado junto a Santibáñez en una celda. Allí estaba cuando vio de frente a Labbé por primera vez. Jamás olvidará ese rostro, la voz, esa prepotencia, la violencia con que fue encarado, corvo en mano por el militar, por solo mirarlo a la cara. La voz la seguiría escuchando por algún tiempo, en cada sesión de tortura, donde ya no lo podría mirar a la cara, pues la capucha que le fue colocada lo impedía.

Para Cohen, "Las torturas que sufrí fueron sin sentido, las preguntas acerca de lo que hacía yo o mi familia eran acompañadas de descargas de corriente, que aumentaba si no les parecía adecuada mi respuesta (...) en cada oportunidad que fui torturado, era izado con mis manos amarradas a la espalda, capucha en mi cabeza y electrodos puestos en brazos, pies y caderas. Era un ritual que comenzaba en silencio y luego se venían las preguntas, insultos y amenazas. Los golpes de corriente eran insoportables", indica.

Inconfundible

Tres eran las voces que interrogaban una y otra vez. La del exalcalde de Providencia y miembro de la DINA, Cristián Labbé, era inconfundible para Harry Cohen: "Tengo claro quién me torturo y me amenazó matar con un corvo, era Cristián Labbé, cómo no voy a estar seguro si lo miré a la cara y lo vi abalanzarse encima mío mientras me insultaba. Además, lo escuché e identifiqué su voz en mis interrogatorios y además me lo ratificó el sargento Barra. Cuando me interrogaba, era claro distinguir su voz, pues lo vi y escuché claramente cuando me amenazó", afirma sin dudas.

Las sesiones de torturas se prolongaron por días, así lo afirma no sólo Harry Cohen sino que además los otros prisioneros que sufrieron también el rigor de los flagelos. "Fuimos torturados con electricidad, nos amenazaban con corvos en el cuello, nos intentaron fusilar mientras estábamos vendados", afirma Bernardo Santibáñez, compañero de celda y desdichas de Cohen, en la causa rol 5-2013 a cargo del Ministro en Visita Extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Valdivia, Juan Ignacio Correa Rosado.

Groseras contradicciones

Todas las declaraciones de testigos directos en la señalada causa, son coincidentes en ubicar a Cristián Labbé entre octubre y noviembre en la zona y en el lugar de los hechos. Testigos que lo vieron e incluso hablaron con él, como el también detenido sin orden judicial Jaime Rozas, asegura en sus declaraciones: "En ese momento conocí a un oficial de Ejército (...) el que me dijo que era de apellido Labbé (...) quien conversó conmigo, me preguntó de dónde venía, le dije que de Futrono y le pregunté si era familiar de una familia Labbé de Futrono y me dijo que no". Rozas hablaría cara a cara varias veces con el teniente, identificándolo también como uno de sus torturadores.

"Este es un caso que tiene relevancia no solo por el inculpado, por el autor, sino que por la naturaleza de los hechos, que sin revestir una gravedad extraordinaria, como un homicidio, pero que dan cuenta de los abusos con que actuaron los militares en este país", señala categórico el abogado patrocinante de la causa, Roberto Ávila Toledo.

"Ahora no podrá salvarse"

Pero Labbé al declarar ante la Brigada de Derechos Humanos de la PDI negó haber estado allá en ese tiempo: "En relación a su consulta, si yo conocí o ubiqué a una persona de nombre Harry Cohen Vera, que pudiera haber estado detenido o retenido al interior del Regimiento, debo señalar que no existe ninguna posibilidad de que eso haya ocurrido, ya que no existieron personas detenidas bajo mi mando", aseguró el exalcalde UDI.

Es más, negó haber estado en la zona al momento de acontecer el secuestro y torturas de Harry Cohen. Declaró Labbé: "Yo niego haber estado en Futrono y Valdivia en las fechas en que se me indica en este acto (...) además niego haber sido parte de una situación como la descrita", señaló.

Para el abogado querellante Roberto Ávila, "existe contradicción en los dichos de Labbé acerca del lugar en que se encontraba en aquellas fechas, cosa que la Brigada de Derechos Humanos de la PDI detectó y por ello se hace necesario pedir la hoja de vida del querellado y eventualmente incautarla, en caso de negativa", manifiesta.

Asegura el también abogado querellante y experto en materia de derechos humanos, Luis Toro, "Existe contradicción con otros juicios en los que ha declarado Labbé y cuyas fechas no coinciden con sus dichos. Es más -afirma-, el teniente coronel (r) Arturo Bosch González, declara ante el Ministro Solís, en otra causa, que ubica a Labbé en la zona de Valdivia junto a 200 a 300 efectivos de comandos especiales Boinas Negras que llegaron allí en octubre de 1973 y se quedaron hasta noviembre de ese mismo año. Ahora sí no podrá escapar", afirma.

El síndrome Pinochet: La pérdida de memoria

Las contradicciones del exalcalde y coronel (r) son abismantes. Al igual que en otros expedientes en que ha sido interrogado, al preguntársele dónde estaba en noviembre de 1973, responde cambiando los años y habla de 1975, como si un poderoso virus del síndrome Pinochet, perder la memoria, lo atacara.

El expediente tenido a la vista de manera exclusiva por Cambio21, da cuenta de múltiples testimonios, todos contestes en los hechos que acreditan que Cristián Labbé como teniente estaba en la zona durante octubre y noviembre de 1973, a cargo de un destacamento, que tuvo bajo su poder a varios prisioneros, entre los cuales se encontraba Harry Cohen Vera. Labbé fue reconocido físicamente y por la voz por ellos y otros testigos y que, por último, participó de las torturas de que fueran objeto.

"Este es un acto típico de terrorismo de Estado, pues no tiene por objeto una acción de inteligencia, de obtener datos sobre personas o sobre cosas, sino que simplemente aterrorizar -señala el abogado Ávila-, qué gana Harry Cohen con implicar a Labbé, si ni siquiera ha tenido una militancia política. Se acreditaron las torturas mediante un examen del Servicio Médico Legal. Tres testigos lo sitúan en el lugar, además de los dichos del teniente coronel (r) Bosch. Labbé no solo estaba a cargo de las sesiones de tortura, sino que además participó de ellas y además Harry Cohen es reconocido como víctima de torturas por el Estado de Chile", indica el profesional.

Y aún quedan más pruebas

El abogado Ávila deja abierta la puerta a nuevas pruebas aún más concluyentes: "Existen además conscriptos que aún no han declarado, pero cuyos testimonios extrajudiciales son concluyentes para reafirmar lo dicho. Ha sido difícil convencerlos para que declaren, pero están dispuestos a hacerlo", señala.

Concuerda con ello el abogado Toro: "Los elementos que basan las presunciones en contra de Labbé, son más categóricos aún que los que hubo contra Rosauro Martínez. Si se toman todos los expedientes en que ha declarado Labbé y se cruzan las fechas en que declara haber estado en un lugar u otro, se verán las tremendas diferencias de fechas. Los expedientes conllevan certeza procesal, luego quedan en evidencia sus mentiras en 6 expedientes", asegura.

En la causa se encuentra también en calidad de inculpado el periodista valdiviano y expresidente regional de Renovación Nacional, Eduardo Hunter, quien interrogó personalmente con traje militar de combate y en condición de corresponsal de guerra a Harry Cohen. En tal condición, publicó un reportaje en la revista VEA, sindicando a Cohen como un "peligroso guerrillero".

"Después de los hechos y durante mucho tiempo, no supe nada de Labbé, hasta que lo vi en televisión y me conmocioné. Si lo viera frente a frente... tengo tantas cosas que decirle, que quizás no pueda decirle nada, pero lo primero que se me viene a la mente es decirle ¡hijo de puta, asesino!... porque lo que vivió Labbé, lo disfrutó y hasta la fecha con sus odiosidades y mentiras, lo sigue disfrutando. No es algo personal, pero si veo que puedo ayudar a castigar a alguien que ha hecho mal las cosas, lo haré, denunciando lo que a mí me hizo para ayudar así a otros también a hacer justicia", concluye Cohen Vera.

Miembros del Panel de Concesiones cobran sueldos millonarios y nunca han recibido casos

DEBE RESOLVER CONTROVERSIAS ENTRE 
EMPRESAS Y OBRAS PÚBLICAS

Pocos saben de la existencia del Panel Técnico de Concesiones de Obras Públicas, entidad que debe resolver las controversias de los privados con el Estado. La razón: en sus cuatro años nunca ha recibido casos. La única controversia que ha visto es la del propio panel con el actual ministro del ramo, quien objetó los altos salarios de sus integrantes. Los montos pagados dependen de las sesiones a las que asistan y ellos decidieron reunirse tres veces al mes. Eso significa honorarios por $9 millones para su presidente (al nivel de la Presidenta Bachelet) y cerca de $6,7 millones para el resto de los integrantes.

Por : Francisca Skoknic (CIPER)


En el último piso de un edificio de Plaza Italia y con una imponente vista a la Cordillera de Los Andes, funciona el Panel Técnico de Concesiones. Todos los meses el Ministerio de Obras Públicas (MOP) cursa los pagos de sus integrantes, monto que en el caso de su presidente puede llegar a superar incluso el sueldo del ministro del ramo e igualar el de la Presidenta Michelle Bachelet. El panel sesiona tres veces al mes y en cada ocasión sus miembros se reúnen por cerca de tres horas. Lo llamativo es que en sus cuatro años de funcionamiento -fue creado en 2010- todavía no ha debido resolver ninguna controversia entre el MOP y las concesionarias, que fue el argumento por el cual se creó y la justificación para los altos sueldos de sus integrantes.

Fueron justamente los altos salarios y la falta de casos los que encendieron las alertas en el MOP, cuando se intentó poner en práctica el instructivo que ordenaba que dentro de los ministerios no hubiera sueldos superiores a los del subsecretario. Hasta entonces, el panel había funcionado silenciosamente y sin que se pusiera en cuestión su labor.

Los honorarios de sus integrantes están determinados por el número de sesiones a las que asisten. Hasta ahora no ha habido controversias que los obliguen a reunirse, por lo que son ellos mismos los que definen cuántas veces se juntan y, por lo mismo, deciden parte de lo que ganan. Los primeros integrantes del consejo definieron las normas de funcionamiento del panel, estableciendo que se reunirían al menos dos veces al mes. Sin embargo, habitualmente lo hacen tres veces.

Por ley, el presidente recibe una remuneración mensual de 150 UTM ($ 6,3 millones), más 25 UTM por cada sesión a la que asista ($ 1 millón), con un tope de 300 UTM ($ 12,6 millones). Considerando que en promedio preside tres sesiones al mes, su sueldo habitual supera los $ 9 millones, un monto similar al bruto de la Presidenta Michelle Bachelet (ver sitio de Transparencia). El sueldo bruto del ministro de Obras Públicas es de $ 8,6 millones, lo que tras los descuentos legales queda en $ 6,3 millones (ver especial de CIPER).

Los otros miembros del panel tienen un salario fijo de 100 UTM ($ 4.200.000) más 20 UTM ($ 840 mil) por cada sesión, por lo que habitualmente reciben unos $ 6.7 millones. A diferencia del presidente, quien tiene dedicación exclusiva, los consejeros sólo asisten a las sesiones, por lo tanto ganan, en promedio, unos $2,2 millones por reunión o unos $ 700 mil por hora.

A los cuatro integrantes del panel se suma la secretaria abogada, Paula Silva, quien por ley gana 150 UTM ($ 6,3 millones). Hasta 2013, el convenio anual que firmaba con el MOP contemplaba que debía cumplir 44 horas de trabajo a la semana, un requerimiento que eliminó para el 2014. Según Erwin Stagno, presidente del panel, se trata de una formalidad y en la práctica de todos modos trabaja jornada completa.

Los altos salarios no son pagados íntegramente con fondos públicos. Si bien el MOP debe cubrir los gastos administrativos, la ley establece que sólo la mitad de los honorarios de los integrantes del panel deben ser financiados por el Estado, mientras que el resto es pagado por las empresas concesionarias que tienen proyectos que pueden ser revisados por esta instancia.


Alberto Undurraga

En el MOP cuentan que cuando asumió Alberto Undurraga de todos modos se sorprendió cuando vio la magnitud de los montos. Su molestia aumentó cuando supo que dos de los integrantes del panel habían sido nombrados tres días antes del cambio de gobierno (se elijen vía Alta Dirección Pública) y que por ley él no los podía cambiar. En un comienzo, Undurraga simplemente retuvo los pagos cuando llegaron las boletas del panel, hasta tener claridad de qué se trataba y tener una opinión jurídica sobre si podía limitar de alguna forma los montos. De acuerdo a las actas del panel, sus integrantes no recibieron sus honorarios ni en marzo ni en abril.

En mayo tuvo lugar la primera reunión protocolar entre el nuevo ministro y los integrantes del panel de concesiones. Pese a que había un problema evidente –los sueldos de los invitados se habían retrasado–, el tema no se trató formalmente durante el encuentro, sino que después de la reunión Undurraga le planteó la inquietud en privado al presidente de la entidad, Erwin Stagno. En el ministerio aseguran que pese a que el secretario de Estado le hizo ver que era impresentable tener esos niveles de sueldos si no estaban resolviendo controversias, legalmente no puede impedir que el panel se reúna las veces que sus integrantes lo decidan. Y tiene que cursar los cheques.

Stagno niega que el ministro le haya planteado este tema y enfatiza que los honorarios “están determinados por ley. No es algo que el ministro pueda conversar conmigo”. Pero la ley no establece cuántas sesiones debe haber mensualmente y eso determina parte de la remuneración que reciben. “Pudiéramos sesionar bastante más de lo que sesionamos. El presidente puede asistir a seis sesiones y no sesionamos más de tres. Es lo mínimo necesario, no puede ser menos. La envergadura de los contratos y su importancia hacen que no podamos estar dejando de cumplir nuestras funciones”, argumenta Stagno.

LOS ARGUMENTOS DEL PANEL


Erwin Stagno es ingeniero civil, tiene un MBA y ahora estudia Derecho. Trabajó por años en el MOP y desde marzo de 2011 preside el Panel Técnico de Concesiones de Obras Públicas, un cargo que por ley dura seis años. Fue elegido por el Sistema de Alta Dirección Pública, lo que a su juicio garantiza algo fundamental: que es independiente del gobierno de turno y de los concesionarios.

Stagno se preocupa de explicar la importancia del panel y de mostrar que no es que haya estado de brazos cruzados los últimos tres años. Monitorean desde el principio las concesiones que son susceptibles de tener controversias ante el panel, se reúnen con las empresas, con los inspectores fiscales y él mismo realiza visitas a terreno. Cree que la sola existencia del panel hace que haya menos renegociaciones y controversias en el sector, aunque está seguro de que van a llegar pronto.

-A ojos de la opinión pública o de quien no conoce bien el tema, alguien puede decir “esta gente no tiene trabajo, no desempeña labores”, pero es al contrario, es una labor ingrata porque esta contención y ordenamiento del sistema que está permitiendo el panel técnico hacen que bajen los niveles de controversia y bajen los niveles de renegociación. Y eso nadie lo va a saber porque no van a llegar reclamaciones -dice Stagno.

Actualmente están desarrollándose concesiones por US$ 3.500 millones que quedan bajo el ámbito de solución de controversias de este panel. Antes de la existencia de este mecanismo, el Estado tuvo que pagar US$ 520 millones por fallos arbitrales y renegociar contratos por US$ 2.500 millones, lo que Stagno expone como un argumento que reafirma que era necesaria una institucionalidad distinta, que hiciera seguimiento a los proyectos desde el inicio y tuviera plazos acotados para resolver.

LA HISTORIA DE LA LEY


Durante su primer gobierno (junio de 2007), la presidenta Bachelet envió un proyecto que modificaba la Ley de Concesiones. Entre los puntos que se buscaba perfeccionar, estaba el hacer más eficiente el trabajo de la comisión conciliadora y la comisión arbitral que dirime las diferencias entre el Estado y la empresa concesionaria.

Fue en el Senado que empezó a hablarse de crear un panel de expertos. De acuerdo al primer informe de la Comisión de Obras Públicas, algunos académicos invitados, como Alexander Galetovic y Eduardo Engel, propusieron un panel que resolvería las controversias entre las concesionarias de obras públicas y el Estado.

Ronald Fischer (Fuente: www.dii.uchile.cl)

Otro de los que abogó por este tipo de institucionalidad fue Ronald Fischer, del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, quien puso como modelo el panel de expertos del sector eléctrico, del que él mismo fue integrante. Expuso que éste ha bajado la conflictividad del área eléctrica, que en sólo 35 días hábiles resuelve las controversias y está compuesto por personas que tienen expertise en la materia. De acuerdo al acta, Fischer dijo que no se habían presentado quejas por falta de independencia ni por fallos mal hechos, lo que a su juicio se debía a la experiencia y conocimientos de los integrantes del panel, con lo cual se había reducido el riesgo para los inversionistas y el Estado no debía compensar a las empresas. Actualmente el propio Fischer es uno de los integrantes del Panel de Concesiones de Obras Públicas.

La recomendación de Fischer, Engel y Galetovic, fue escuchada y en varios aspectos el panel de concesiones se parece al panel eléctrico, pero tienen una gran diferencia: los dictámenes de este último son vinculantes para las partes, en cambio en el sector de las concesiones se trata de una simple recomendación. Lo que decida el panel de concesiones puede ser acatado o no, y las partes de todos modos pueden recurrir a un arbitraje, donde el dictamen del panel será considerado como un peritaje independiente.

A diferencia de las concesiones de obras públicas, el panel eléctrico resolvió 14 discrepancias en su primer año de funcionamiento, en 2004, y desde entonces el nivel de controversias ha sido muy variable, oscilando entre 2 y 35 casos por año. Dicha instancia tiene además 7 integrantes, cuyos salarios son aún más altos que los del panel de concesiones.

Los integrantes del panel eléctrico reciben, por ley, una remuneración de 320 UTM ($13,5 millones). Pese a que estos salarios son íntegramente pagados por las empresas eléctricas, de todos modos en los últimos meses se han presentado dos iniciativas que buscan disminuir sus honorarios. El primer proyecto de ley fue enviado por Sebastián Piñera pocos días antes de dejar La Moneda, el 4 de marzo pasado. El segundo ingresó recién el 22 de julio y lleva la firma del diputado Felipe Ward y de otros parlamentarios de oposición.

Curiosamente, ambos proyectos de ley buscan igualar las remuneraciones del panel eléctrico a su par de concesiones. Eso implica que el presidente del primero gane más que el resto de sus integrantes y que parte de sus remuneraciones sea variable, pues dependerían del número de sesiones realizadas cada mes. “Los diputados firmantes de esta iniciativa legislativa, concordamos en la idea que esta homogeneización es necesaria, toda vez que el panel de expertos eléctrico, que es de dedicación parcial, tiene una remuneración claramente exorbitante, tomando en consideración las otras entidades de similar composición y funciones”, dice el texto.

El diputado Ward explica que decidieron reponer el proyecto de Piñera, descartado por el nuevo gobierno, porque les parece que hay “una falta de sintonía entre las remuneraciones de esta gente y las del resto de la administración pública”. El parlamentario asegura que no ha tenido contacto con las empresas eléctricas, que son las que en realidad pagan dichos salarios.

CONTROVERSIA CON LA CONTRALORÍA

Inicialmente el MOP pagó de forma íntegra los honorarios de los miembros del panel, porque aún no había suficientes empresas concesionarias que se hicieran cargo del 50% de sus remuneraciones. En junio de 2012, el ministerio recurrió a la Contraloría para que ésta resolviera cuándo terminaba el plazo de dos años establecido por la ley durante los cuales el Estado debía pagar por completo los honorarios del panel de concesiones, así como también para aclarar cómo debían realizarse dichos pagos una vez que las empresas comenzarán a cancelar su parte.

El organismo contralor determinó en diciembre de ese año que el plazo había vencido en enero y que es el MOP el que debe definir cómo se prorratea entre las empresas concesionarias el pago del 50% que les corresponde. Además, estableció que es dicho ministerio el que debe requerir los montos a los privados y pagar los honorarios a los integrantes del panel.


Para 2014, el presupuesto máximo aprobado para el panel es de $425 millones. Dicho monto toma en cuenta el máximo de sesiones permitidas por la ley, por lo que probablemente el gasto efectivo sea menor. La mitad de esos honorarios, además, debe dividirse este año entre 14 empresas concesionarias.


 8 COMENTARIOS

SYMURDIERA: Increíble.. Yo gano casi 3 MM, pero trabajo toda la puta semana, me equivoco en algo y me echan, tengo que lidiar con mucha gente, y cada fin de mes se me verifica punto por punto mi labores del mes. Sacrifico familia y salud por que a los míos no les falté nada, y estos pelotas "sesionan" 3 veces y hasta me podrían dar limosna. Claro yo si entré por méritos a mi pega, no tengo apellido, ni soy de familia pudiente... No me dan subsidios, no calzo para ningún benéficio... Pero me saco la chucha más que una buena cantidad de lacras de este país…

URZULA ARREDONDO: Estimados, esos sueldos fueron aprobados en la ley de concesiones. Es impresionante la falta de conciencia de nuestros líderes. La responsabilidad es de quienes aprobaron esta ley y su modificaciones. Parte del artítuclo 36 de la Ley de Concesiones: El Ministerio de Obras Públicas financiará los gastos de administración y funcionamiento del Panel Técnico y la mitad del monto de los honorarios de sus integrantes, incluyéndolos en las partidas correspondientes de la Ley de Presupuestos. La mitad restante de los honorarios señalados será solventada por los concesionarios regidos por esta ley, según la prorrata definida en el reglamento. La remuneración mensual del presidente corresponderá a una suma equivalente a ciento cincuenta unidades tributarias mensuales, más veinticinco unidades tributarias mensuales por cada sesión, con un tope total de trescientas unidades tributarias mensuales; la de los demás integrantes del Panel, corresponderá a una suma mensual equivalente a cien unidades tributarias mensuales, más veinte unidades tributarias mensuales por cada sesión, con un tope total de doscientas unidades tributarias mensuales, y la de su secretario abogado, corresponderá a una suma equivalente a ciento cincuenta unidades tributarias mensuales. Saludos Urzula Arredondo

ROBERTO: Lei el reportaje y no vi los nombres de los personajes que forman parte de tan exclusivo club. Hay alguna razón para tal reserva?

CATALINA: ¿Por qué si es un tema que le puede ocasionar un perjucio económico al Estado, lo ve un panel (o panal..?), y no el Consejo de Defensa del Estado?? Además, si las concesionarias les pagan parte del sueldo, ¿cómo se garantiza la independencia de las decisiones?

CARMEN BASCUÑAN: Los chilenos trabajando y el Panel flojeando!!!!! SR. MINISTRO DEROGUE DEROGUE DEROGUE A ESTOS PATANES.

ZLATKO KEGLEVICH: Quisiera saber si la secretaria abogado es la misma señora Paula Silva Barroilhet, quien trabaja también en el Senadis, ¿está permitido eso? Gracias por la información, muy buen reportaje, no sé en que está el Ministro de OOPP, esperemos que ponga fin a este robo. ¿Y el Sr. Stagno estudia? ¿derecho? ¿estudia en la oficina? otra pregunta....¿con beca?????

SEBASTÍAN SILVA: Este panel de concesiones se creó el año 2010......¿y recién un Ministro de Obras Publicas pone el ojo a los exorbitantes, inmorales e injustificados sueldos?????? ¿En que estarian los ministros anteriores? ¿QUIEN LOS FISCALIZA???????? ¿QUIEN?????? ¿Nos consta a nosotros los chilenos que el presidente de este panel y la secretaria abogado van siquiera a la oficina??????

ALEJANDRA: Es una vergüenza.
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