Morales tranquiliza a Brufau al coincidir poco después de la expropiación
Evo Morales expropia la filial de Red Eléctrica de España en Bolivia
Argentina expropia a Repsol su filial YPF
A. MARS / EFE Madrid / Campo Margarita 2 MAY 2012 - 01:29 CET
La jornada de ayer no pudo ser relajada para el presidente de Repsol. Antonio Brufau, que acaba de afrontar la expropiación de su filial en Argentina, YPF, se topó, precisamente en Bolivia, con la noticia de que el Gobierno boliviano nacionalizaba una filial de Red Eléctrica de España. Y justo cuando la petrolera española está potenciando sus inversiones en el país. Poco después, se topó, además, con el propio ejecutor de la expropiación. El presidente boliviano, Evo Morales, y Brufau coincidieron en la inauguración de la planta procesadora de gas de Campo Margarita, al sur del país. La instalación, sufragada por Repsol y sus socios, permitirá incrementar la exportación de gas de Bolivia a Argentina de 7 a 11,6 millones de metros cúbicos.
En el ambiente flotaban las dos nacionalizaciones, la sufrida por Repsol y la que acababa de ejecutar Morales. Sin embargo, el presidente boliviano llegó a la inauguración tarde pero con otro discurso. “Reconozco el liderazgo de Repsol y su inversión será siempre respetada como socio”, dijo en una intervención en la que incluyó como justificación a su anuncio expropiador este eslogan: “Bolivia necesita inversión y socios pero no dueños de nuestros recursos naturales ni dueños de nuestros servicios básicos”.
El presidente de Repsol por su parte se declaró “satisfecho” por el trabajo realizado en Bolivia. Repsol no ha tenido una andadura sencilla en el país. En 2006 Morales anunció, también justo el Día del Trabajo, la nacionalización de los hidrocarburos y encomendó a las Fuerzas Armadas el control de una cincuentena de estaciones levantadas por petroleras extranjeras, entre ellas, Repsol. Comenzó la negociación de nuevos contratos y ese mismo año, en plena trifulca, dos altos ejecutivos de la compañía en Bolivia, el español Julio Gavito y el argentino Pedro Sánchez, fueron detenidos acusados de supuesto contrabando de petróleo, aunque más tarde el juez archivó el caso argumentando que el proceso abierto fue “indebido” y los hechos no eran constitutivos de delito. En 2008 acordaron tras duras negociaciones la cogestión de la empresa Andina, accionista mayoritaria de los campos de mayor producción de gas de San Alberto y San Antonio.
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