Paolo Gabriele está acusado de “robo agravado” de la correspondencia secreta de Benedicto XVI
PABLO ORDAZ Roma 29 SEP 2012 - 10:10 CET
Sin cámaras ni grabadoras, en una sala presidida por un crucifijo, tres jueces laicos juzgan desde las 09,30 a Paolo Gabriele, de 46 años, casado y con tres hijos, mayordomo del Papa desde 2006 hasta que, el 23 de mayo de 2012, fuese detenido en su casa del Vaticano en posesión de la correspondencia secreta de Joseph Ratzinger filtrada a la prensa. Junto al asistente de cámara, acusado de “robo agravado”, está siendo juzgado el informático Claudio Sciarpelleti, a quien le ha sido permitido no estar presente en la sala. Al informático, empleado de la secretaría de Estado vaticana, solo se acusa de “favorecer” el delito haciendo de correo entre el mayordomo y otros supuestos filtradores de documentos. Ambos son juzgados atendiendo a una legislación ya solo vigente en el Vaticano, el código de Derecho Procesal italiano de 1913 y el Código Penal promulgado por Humberto I de Italia en 1889. El mayordomo, que ha admitido su culpabilidad y ha pedido perdón al Papa, puede ser condenado a un máximo de cuatro años de cárcel y el informático, a uno. Solo una vez celebrado el juicio y dictada la sentencia, Benedicto XVI puede ejercer su prerrogativa de conceder el perdón al mayordomo infiel.
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El inicio de las filtraciones se remonta a principios de año. La primera fue la divulgación de una carta del arzobispo Carlo Maria Viganò, actual nuncio en Estados Unidos, en la que avisaba al Papa de diversos casos de corrupción dentro del Vaticano y le pedía no ser removido de su cargo como secretario general del Governatorato –responsable de licitaciones y abastecimientos--. Viganò, sin embargo, fue enviado lejos de Roma. Luego se fueron produciendo más filtraciones, hasta el punto de que el portavoz Lombardi no tuvo más remedio que reconocer que la Iglesia estaba sufriendo su particular Vaticanleaks. La prensa italiana siguió publicando una serie de documentos que ponían al descubierto casos de corrupción en la Santa Sede y un extraño y hasta cierto punto descabellado complot para quitar de la circulación al papa Ratzinger. Nadie duda de que aquellas filtraciones ponían al descubierto las descarnadas luchas de poder entre distintos sectores de la curia ante la posible inminencia del fin del papado. L’Osservatore Romano describió a Benedicto XVI, un hombre de 85 años, solo y enfermo, como “un pastor rodeado por lobos”.
En un primer momento, el entorno de Paolo Gabriele lo presentó como un chivo expiatorio, pero enseguida su estrategia de defensa cambió. El mayordomo decidió colaborar con la investigación encargada por el Papa a tres cardenales octogenarios –de la que no ha trascendido ningún detalle—, pidió perdón a Joseph Ratzinger a través de una carta privada y, siempre a través de allegados, mostró su preocupación por el impacto mediático del proceso en sus hijos pequeños. Nadie duda de que tanto el Papa como su antiguo mayordomo, al que trataba como un hijo y llamaba Paoletto, desean un juicio rápido, en el que se administre justicia sin sacar a la luz detalles más escabrosos aún del ambiente de tensión y lucha existente entre los distintos grupos de la Curia vaticana. En busca de ese efecto –juicio público pero no demasiado--, a la sala del Tribunal Vaticano solo podrán asistir ocho periodistas. Cuatro estarán fijos y otros cuatro irán rotando. El resto se tendrá que conformar con lo que le vayan contando sus colegas. En cualquier caso no será un juicio espectacular al modo anglosajón. Tanto la acusación como la defensa solo se podrán dirigir al presidente del Tribunal, Giuseppe Dalla Torre, rector de una universidad católica privada (Lumsa), que decidirá si la pregunta es pertinente y, en su caso, pedirá a Gabriele que lo haga. También el juez decidirá si deben comparecer algunas de las personas que han sido entrevistadas durante la investigación y cuya identidad sigue estando oculta.
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