Urdangarín y su abogado a su llegada a los juzgados de Palma, en febrero pasado
El abogado del Duque de Palma afirma en su recurso contra la fianza que «no sabe de qué hechos o delitos debe defenderse»
PABLO MUÑOZ / MADRID
Día 06/02/2013 - 15.01
La abogado de Iñaki Urdangarín, ejercida por Mario Pascual Vives, cambia de estrategia y decide pasar al ataque. En el recurso de reforma contra el auto judicial en el que se le imponía junto a su exsocio Diego Torres una fianza casi 8,2 millones de euros, al que ha tenido acceso ABC, el letrado advierte al juez José Castro de que «en el momento procesal oportuno» acudirá al Tribunal Constitucion al considerar que se ha vulnerado el derecho de defensa de su cliente.
El abogado del Duque de Palma denuncia además lo que considera «la inclusión parcial, sesgada y fuera de plazo, del contenido de determinados documentos, cuya elección o rechazo de otros también ha sido subjetiva, así como de la parte de testigos y/o imputados, bien en sede policial o judicial, algunas incluso emitidas recientemente», lo que le impide «emitir cuantas alegaciones resultasen convenientes para la defensa de sus legítimos intereses ya que a través del presente Recurso de Reforma no es el cauce procesal pertinente»
Además, Pascua Vives argumenta en su escrito que durante la instrucción del caso se ha vulnerado el derecho de defensa de su cliente, hasta el punto de que «no sabe de qué hechos o delitos debe defenderse de manera concreta y precisa». «Esa vulneración del derecho de defensa recogido en el artículo 24.2 de nuestra Constitución -añade- se denuncia aquí y ahora, a los efectos de que pueda continuar siendo invocado, en el momento procesal oportuno, ante la sala de la Audiencia Provincial de Baleares y, en su caso, ante el Tribunal Constitucional».
Para la defensa de Urdangarín, la instrucción de la causa se está «rellenando con nuevos delitos a medida que el tiempo va pasando, orillándose los principios de acusación y contradicción básicos en el procedimiento penal, vulnerándose los consiguientes derechos de defensa y de tutela judicial efectiva, protegidos por la Constitución Española».
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