El duque de Palma y su exsocio tenían un plazo de cinco días para abonarla
AGENCIAS Barcelona 5 FEB 2013 - 13:57 CET
El abogado de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, ha presentado un recurso contra el pago de la fianza de 8,1 millones de euros que debe pagar junto a su exsocio en el Instituto Nóos, Diego Torres, según informa Europa Press.También lo ha hecho esta mañana Torres. Ambos debían responder solidariamente, es decir, ponerse de acuerdo, ya que el juez José Castro, que investiga el presunto desvío de fondos públicos de Baleares y la Comunidad Valenciana a través del Instituto Nóos, no estableció qué cantidad debe aportar cada uno. En caso de no hacerse efectiva la fianza acarrearía el embargo de sus propiedades.
A 24 horas de que venza el plazo para hacer el pago -obligatorio pese a haber presentado el recurso-, Pascual Vives ha asegurado en declaraciones a los periodistas a las puertas de su despacho que todavía no ha alcanzado un acuerdo "en firme" con el abogado de Torres, Manuel González Peeters, sobre cómo harán frente a la fianza.
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El abogado del Duque de Palma ya aseguró el lunes que "pinta feo" poder reunir esa cantidad de dinero para pagar la fianza, y este martes ha vuelto a recordar que, si no pueden hacerle frente, la ley establece el embargo de bienes.
Pascual Vives ha asegurado también que está preparando con Urdangarin su declaración del 23 de febrero ante el juez de Palma y ha asegurado no saber si el abogado de Torres puede estar preparando la entrega de nuevos correos electrónicos que impliquen a la infanta Cristina.
Al preguntársele si en estos momentos la Infanta sigue siendo el gran apoyo del Duque de Palma, ha bromeado: "¡Y yo también!".
Antes de fijar la fianza, el juez señaló que el Instituto Nóos, que Urdangarin y Torres utilizaban para gestar sus relaciones comerciales con Administraciones Públicas, se definía como asociación filantrópica y entidad sin ánimo de lucro, pero el juez determina que su forma de actuar “desvelará que en la realidad estaba presidida por un desmedido ánimo de lucro”.
La cifra, que se ajusta con exactitud a lo que habían solicitado la Fiscalía y la acusación popular que ejerce el Sindicato Manos Limpias, corresponde a los fondos públicos de Baleares y la Comunidad Valenciana percibidos por Nóos entre 2004 y 2007 por diversos contratos presuntamente irregulares, más un tercio añadido de esa cantidad como se hace habitualmente en cálculos procesales.
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