Nelly Cárcamo Vargas
Presidente Nacional de la ONG UNExPP de Chile
La (Corporación de Desarrollo ONG) Unión de Ex Prisioneros Políticos de Chile, UNExPP de Chile, organización de derechos humanos, denuncia e informa a la opinión pública y muy especialmente a los señores senadores quienes tienen la responsabilidad de votar la nominación para que integre la Corte Suprema, de la ministra Gloria Ana Chevesich. Con mucha inquietud y preocupación hemos tomado conocimiento de dicha nominación por parte del presidente Sebastián Piñera.
Con sorpresa hemos escuchado su tajante declaración en la que afirma textualmente: “jamás, en ninguna de las causas en que se investigan graves atentados a los DD.HH. cometidos por agentes del Estado, jamás he aplicado ni la prescripción, ni la media prescripción, ni tampoco la amnistía y espero que eso haya quedado claro”.
Rechazamos en forma rotunda ésta afirmación de la magistrada, ya que al parecer debe haber sufrido un lapsus, y está obviando dos fallos en los que ha aplicado la prescripción en juicios civiles por daño moral, en contra del Estado de Chile por prisión política y tortura, es decir, delitos de la máxima gravedad, considerados delitos de lesa humanidad, de acuerdo con lo que establecen los Organismos Internacionales de Derechos Humanos.
Concretamente hablamos de nuestra segunda demanda civil contra el Estado de Chile “Aguilar y Otros Contra el Fisco de Chile" donde la magistrada Chevesich se pronunció por acoger la aplicación de la prescripción y con la agravante de condenar al pago de costas en contra de 511 demandantes, víctimas sobrevivientes; esto nos obligó a presentar la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El 17 de enero del presente año en nuestra cuarta demanda colectiva “Abarzúa Rivadeneira y otros con Fisco”, iniciada en 2007 en representación de 962 víctimas de tortura, causa que se vio en la Quinta Sala de la Corte de apelaciones de Santiago, la Ministra Chevesich, nuevamente vuelve a aplicar la prescripción revirtiendo así el fallo favorable de primera instancia.
De esta forma la ministra ha dañado los intereses de las víctimas sobrevivientes de la prisión política y la tortura favoreciendo y permitiendo que el Estado no pague un solo peso de indemnización; y le salga gratis torturar a prisioneros políticos, entregando un pésimo precedente, no dando garantía alguna de no repetición. Con este tipo de sentencias nuestro país se pone manifiestamente al margen de la ley internacional; interpreta a su amaño el derecho internacional humanitario y transgrede abierta y fraudulentamente los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y la propia Constitución del 80. Este fallo nos obligó a presentar el recurso de casación para que la Corte Suprema anule esta sentencia.
De la misma forma rechazamos aplicar a un genocida como Manuel Contreras, la atenuante de la “Irreprochable conducta anterior”, este tipo de fallos daña moralmente a miles de víctimas sobrevivientes, como también a los familiares de las víctimas de prisión y tortura que no sobrevivieron la acción de los genocidas, que en nombre y pagados por el Estado sembraron el terror en nuestro país durante la dictadura militar.
Creemos que magistrados con estos antecedentes no pueden ser premiados con un cargo de tanta importancia; por esta razón solicitamos e instamos a los señores senadores con espíritu democrático y respetuoso de los derechos humanos a rechazar su nominación a la Corte Suprema.
Con sorpresa hemos escuchado su tajante declaración en la que afirma textualmente: “jamás, en ninguna de las causas en que se investigan graves atentados a los DD.HH. cometidos por agentes del Estado, jamás he aplicado ni la prescripción, ni la media prescripción, ni tampoco la amnistía y espero que eso haya quedado claro”.
Rechazamos en forma rotunda ésta afirmación de la magistrada, ya que al parecer debe haber sufrido un lapsus, y está obviando dos fallos en los que ha aplicado la prescripción en juicios civiles por daño moral, en contra del Estado de Chile por prisión política y tortura, es decir, delitos de la máxima gravedad, considerados delitos de lesa humanidad, de acuerdo con lo que establecen los Organismos Internacionales de Derechos Humanos.
Concretamente hablamos de nuestra segunda demanda civil contra el Estado de Chile “Aguilar y Otros Contra el Fisco de Chile" donde la magistrada Chevesich se pronunció por acoger la aplicación de la prescripción y con la agravante de condenar al pago de costas en contra de 511 demandantes, víctimas sobrevivientes; esto nos obligó a presentar la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El 17 de enero del presente año en nuestra cuarta demanda colectiva “Abarzúa Rivadeneira y otros con Fisco”, iniciada en 2007 en representación de 962 víctimas de tortura, causa que se vio en la Quinta Sala de la Corte de apelaciones de Santiago, la Ministra Chevesich, nuevamente vuelve a aplicar la prescripción revirtiendo así el fallo favorable de primera instancia.
De esta forma la ministra ha dañado los intereses de las víctimas sobrevivientes de la prisión política y la tortura favoreciendo y permitiendo que el Estado no pague un solo peso de indemnización; y le salga gratis torturar a prisioneros políticos, entregando un pésimo precedente, no dando garantía alguna de no repetición. Con este tipo de sentencias nuestro país se pone manifiestamente al margen de la ley internacional; interpreta a su amaño el derecho internacional humanitario y transgrede abierta y fraudulentamente los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y la propia Constitución del 80. Este fallo nos obligó a presentar el recurso de casación para que la Corte Suprema anule esta sentencia.
De la misma forma rechazamos aplicar a un genocida como Manuel Contreras, la atenuante de la “Irreprochable conducta anterior”, este tipo de fallos daña moralmente a miles de víctimas sobrevivientes, como también a los familiares de las víctimas de prisión y tortura que no sobrevivieron la acción de los genocidas, que en nombre y pagados por el Estado sembraron el terror en nuestro país durante la dictadura militar.
Creemos que magistrados con estos antecedentes no pueden ser premiados con un cargo de tanta importancia; por esta razón solicitamos e instamos a los señores senadores con espíritu democrático y respetuoso de los derechos humanos a rechazar su nominación a la Corte Suprema.
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