Por Claudio Pereda Madrid
La descarada propuesta que el abogado de Manuel Contreras intentó poner en la discusión de los derechos humanos, sacó a la luz un secreto a voces que circula desde hace mucho tiempo en este sector. Al buscar supuestas ventajas carcelarias para los militares responsables de muertes y torturas, ofreciendo a cambio información sobre los detenidos desaparecidos, René López dejó evidentemente en claro que los uniformados aún manejan un código de silencio.
Mireya García, vicepresidenta de Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, no se ahorró adjetivos para referirse a la especial propuesta del leguleyo. "Es un chantaje inaceptable, cobarde, que demuestra una falta de humanidad que raya en lo psicopático", dijo.
Comentó que durante cuarenta años no se ha sabido nada de los cuerpos de sus familiares porque los inculpados siempre han negado tajantemente saber qué pasó. "Sin embargo, bajo el ofrecimiento de un precio, hoy plantean que esa información existe", señaló la dirigenta.
Y es que, en verdad, la piel quedó muy sensible con la particular propuesta. La soltura de cuerpo con la que habló el abogado, arrogándose representaciones y aludiendo a encuentros con "autoridades", dejó muy feble el funcionamiento de la institucionalidad. "Esperemos que no se esté configurando un escenario para favorecer la impunidad. Luego de haber avanzado tanto al recordar los 40 años del golpe, esto sería retroceder demasiado", planteó García.
En septiembre, el Pleno de la Corte Suprema decidió fijar condiciones para que magistrados con causas de derechos humanos asumieran dedicación exclusiva en sus investigaciones, con el fin de acelerar los procesos, tal como señaló el presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros. El titular del máximo tribunal había hecho declaraciones en días anteriores en las que reconoció que "por acción u omisión" el Poder Judicial "tenía responsabilidad" en las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.
García sostiene que el conducto regular para conocer antecedentes sobre los detenidos desaparecidos tiene que darse a través de las instituciones del Estado y los tribunales.
"Con todas las dificultades que existen, en Chile las instituciones funcionan y son ellas las que deben determinar el destino de nuestros familiares y la sanción a los responsables. No podemos aceptar el chantaje de criminales. Con lo planteado por el abogado López queda establecido que la información para esta labor de los tribunales existe y que no hay punto de encuentro posible con el chantaje", concluyó.
Los casos que aportan nuevos reos
Uno de los últimos informes de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales señala que entre los años 2010 y 2013 se han interpuesto cerca de 2.000 nuevas querellas criminales por las 3.216 víctimas de desaparición forzada o ejecución política actualmente reconocidas por el Estado de Chile.
El abogado Nelson Caucoto señala que en la mayoría de las condenas no existen sentencias definitivas, se aplican medidas de prescripción parcial o se envía a los condenados a cárceles especiales en las que gozan de privilegios. Si a eso se suma la ausencia de arrepentimiento por parte de los culpables y de sus cómplices civiles, "lo cierto es que el proyecto de reconciliación nacional ha resultado frustrante", dice.
El destacado abogado ha dicho en varias oportunidades que "todos los crímenes de la dictadura pueden ser investigados y esclarecidos, pero que el gran problema para conocer la verdad es la falta de colaboración por parte de quienes conocieron de los asesinatos y torturas y han decidido callar, más el silencio de las Fuerzas Armadas que tienen toda la información y han decidido no entregarla".
Es en ese contexto que en un plazo mediano se espera que casi un centenar de condenados siga incrementando la población penal en Punta Peuco. Se espera la inminente llegada de ex agentes de la DINA, CNI, Carabineros e incluso civiles.
Los últimos corresponden a 79 ex-DINA (incluido el propio Manuel Contreras), procesados por la desaparición de siete miembros del Comité Central del Partido Comunista y el asesinato del secretario general Víctor Díaz, padre de una de las fundadoras de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Viviana Díaz.
Entre los casos que determinarán responsables se encuentran cuatro emblemáticos: Calle Conferencia (entre el 30 de abril y el 6 de mayo de 1976 la DINA detiene y hace desaparecer a la cúpula del Partido Comunista de Chile), Caso Torres San Borja (seis homicidios en la Torre 12, entre los que se encuentra un funcionario del Fondo Monetario Internacional), Caso Paine (secuestros y homicidios de 26 opositores entre septiembre y octubre de 1973, sin conocer el destino de esos cuerpos) y el Caso Comando Conjunto (agrupación de inteligencia que operó a fines de 1975 y 1976, cuyo objetivo principal fue la represión al PC y a las Juventudes Comunistas).
Las polémicas cárceles especiales
¿Cuál es el sentido de que existan cárceles especiales para estos violadores a los derechos humanos? Hacerse esta pregunta en medio del contexto actual, en donde las movilizaciones sociales han abierto las mentes y los límites, no es lo mismo que preguntarse a mediados de los años 90. Con Pinochet vivo y el Ejército aún reciente en sus acciones.
Sin embargo, mantener este criterio -una vez pasado el tiempo y cambiadas las condiciones- es lo que muchos consideran inexplicable. La abogada Carmen Hertz, por ejemplo, comenta a Cambio21 que "los represores son criminales de lesa humanidad y deberían ir a la Cárcel de Alta Seguridad, de ninguna manera un lugar que no fuera un penal, como el Cordillera. En medio de los pactos tácitos de la transición, los poderes fácticos presionaron para la construcción de esos lugares diferentes. Es un escándalo social y moral".
El abogado Nelson Caucoto sostiene que se trata de los crímenes más graves en la historia del país, por lo que no se justifican las regalías que reciben los militares encarcelados, considerando -además- que muchos beneficios no son ordenados en la condena, sino condiciones que desvían el rol de la justicia al declararlos culpables.
Alicia Lira, presidenta de la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos, aspira a resoluciones que les den a los uniformados un trato de un reo común: "Vamos a pedir que los violadores que han cometido crímenes de lesa humanidad vayan a cárceles comunes. Es discriminador para los reclusos por delitos comunes, Punta Peuco implica un trato deferente de los gendarmes", ha dicho.
Gendarmería también ha participado en el debate de este tema. Una de las quejas es que los militares presos siguen "mostrando la jineta" en el trato al interior, lo que transforma su figura desde vigilantes a -prácticamente- subalternos de los presos.
La Caja de Pandora que abrió el abogado López puede tener consecuencias insospechadas para los reclusos y a medida que pasan los días adquiere más cara de desliz. Hasta el propio hijo de Manuel Contreras debió salir a desmarcarse. "Sus declaraciones son muy extrañas", dijo el primogénito del principal de la DINA. "No entiendo lo que está haciendo", señaló.
Lo peregrino de la propuesta hizo afirmar a Manuel Contreras Valdebenito que "toda la información ya fue entregada a tribunales, a todos los que corresponde, no sé de qué otra información está hablando". Y fue más allá, pues tildó la propuesta del abogado como "una brutalidad". A los nuevos cautivos de Til Til les salió el tiro por la culata. No sólo no lograrán beneficios, sino que comenzarán a tener cada vez más compañía.
La necesaria dedicación exclusiva
La Corte Suprema permitió, a partir de septiembre, que los jueces a cargo de casos por violaciones a los derechos humanos cuenten con "dedicación exclusiva" a sus investigaciones y se refuerce el Poder Judicial para reemplazarlos. Es el paso más importante con el que el principal estamento de la judicatura del país reconoce sus omisiones durante la dictadura militar. Más de cinco mil recursos de amparo por desapariciones o detenciones ilegales fueron rechazados en los tribunales entre 1973 y 1989.
En la actualidad, casi 1.500 causas por crímenes cometidos en los 17 años de la dictadura permanecen abiertas, con poco más de 800 agentes civiles y militares procesados o condenados. De ellos, unos 70 cumplen penas de cárcel, casi todos en recintos militares especiales.
Una de las principales expectativas de la medida tomada por la Corte Suprema es un avance mayor y más rápido de los casos que aún se encuentran en investigación. Y las principales dificultades de los magistrados se relacionan a la edad de los imputados o procesados y la desaparición de las evidencias y pruebas, lo que por cierto genera un "cuello de botella" en las cortes de Apelaciones y en la propia Suprema.
Si bien la noticia es considerada positiva, en el ámbito de los derechos humanos se entiende que la mejor alternativa es ampliar a todo el país la figura de jueces con dedicación exclusiva, de manera de copar todas las causas existentes y las que haya que reabrir.
La descarada propuesta que el abogado de Manuel Contreras intentó poner en la discusión de los derechos humanos, sacó a la luz un secreto a voces que circula desde hace mucho tiempo en este sector. Al buscar supuestas ventajas carcelarias para los militares responsables de muertes y torturas, ofreciendo a cambio información sobre los detenidos desaparecidos, René López dejó evidentemente en claro que los uniformados aún manejan un código de silencio.
Mireya García, vicepresidenta de Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, no se ahorró adjetivos para referirse a la especial propuesta del leguleyo. "Es un chantaje inaceptable, cobarde, que demuestra una falta de humanidad que raya en lo psicopático", dijo.
Comentó que durante cuarenta años no se ha sabido nada de los cuerpos de sus familiares porque los inculpados siempre han negado tajantemente saber qué pasó. "Sin embargo, bajo el ofrecimiento de un precio, hoy plantean que esa información existe", señaló la dirigenta.
Y es que, en verdad, la piel quedó muy sensible con la particular propuesta. La soltura de cuerpo con la que habló el abogado, arrogándose representaciones y aludiendo a encuentros con "autoridades", dejó muy feble el funcionamiento de la institucionalidad. "Esperemos que no se esté configurando un escenario para favorecer la impunidad. Luego de haber avanzado tanto al recordar los 40 años del golpe, esto sería retroceder demasiado", planteó García.
En septiembre, el Pleno de la Corte Suprema decidió fijar condiciones para que magistrados con causas de derechos humanos asumieran dedicación exclusiva en sus investigaciones, con el fin de acelerar los procesos, tal como señaló el presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros. El titular del máximo tribunal había hecho declaraciones en días anteriores en las que reconoció que "por acción u omisión" el Poder Judicial "tenía responsabilidad" en las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.
García sostiene que el conducto regular para conocer antecedentes sobre los detenidos desaparecidos tiene que darse a través de las instituciones del Estado y los tribunales.
"Con todas las dificultades que existen, en Chile las instituciones funcionan y son ellas las que deben determinar el destino de nuestros familiares y la sanción a los responsables. No podemos aceptar el chantaje de criminales. Con lo planteado por el abogado López queda establecido que la información para esta labor de los tribunales existe y que no hay punto de encuentro posible con el chantaje", concluyó.
Los casos que aportan nuevos reos
Uno de los últimos informes de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales señala que entre los años 2010 y 2013 se han interpuesto cerca de 2.000 nuevas querellas criminales por las 3.216 víctimas de desaparición forzada o ejecución política actualmente reconocidas por el Estado de Chile.
El abogado Nelson Caucoto señala que en la mayoría de las condenas no existen sentencias definitivas, se aplican medidas de prescripción parcial o se envía a los condenados a cárceles especiales en las que gozan de privilegios. Si a eso se suma la ausencia de arrepentimiento por parte de los culpables y de sus cómplices civiles, "lo cierto es que el proyecto de reconciliación nacional ha resultado frustrante", dice.
El destacado abogado ha dicho en varias oportunidades que "todos los crímenes de la dictadura pueden ser investigados y esclarecidos, pero que el gran problema para conocer la verdad es la falta de colaboración por parte de quienes conocieron de los asesinatos y torturas y han decidido callar, más el silencio de las Fuerzas Armadas que tienen toda la información y han decidido no entregarla".
Es en ese contexto que en un plazo mediano se espera que casi un centenar de condenados siga incrementando la población penal en Punta Peuco. Se espera la inminente llegada de ex agentes de la DINA, CNI, Carabineros e incluso civiles.
Los últimos corresponden a 79 ex-DINA (incluido el propio Manuel Contreras), procesados por la desaparición de siete miembros del Comité Central del Partido Comunista y el asesinato del secretario general Víctor Díaz, padre de una de las fundadoras de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Viviana Díaz.
Entre los casos que determinarán responsables se encuentran cuatro emblemáticos: Calle Conferencia (entre el 30 de abril y el 6 de mayo de 1976 la DINA detiene y hace desaparecer a la cúpula del Partido Comunista de Chile), Caso Torres San Borja (seis homicidios en la Torre 12, entre los que se encuentra un funcionario del Fondo Monetario Internacional), Caso Paine (secuestros y homicidios de 26 opositores entre septiembre y octubre de 1973, sin conocer el destino de esos cuerpos) y el Caso Comando Conjunto (agrupación de inteligencia que operó a fines de 1975 y 1976, cuyo objetivo principal fue la represión al PC y a las Juventudes Comunistas).
Las polémicas cárceles especiales
¿Cuál es el sentido de que existan cárceles especiales para estos violadores a los derechos humanos? Hacerse esta pregunta en medio del contexto actual, en donde las movilizaciones sociales han abierto las mentes y los límites, no es lo mismo que preguntarse a mediados de los años 90. Con Pinochet vivo y el Ejército aún reciente en sus acciones.
Sin embargo, mantener este criterio -una vez pasado el tiempo y cambiadas las condiciones- es lo que muchos consideran inexplicable. La abogada Carmen Hertz, por ejemplo, comenta a Cambio21 que "los represores son criminales de lesa humanidad y deberían ir a la Cárcel de Alta Seguridad, de ninguna manera un lugar que no fuera un penal, como el Cordillera. En medio de los pactos tácitos de la transición, los poderes fácticos presionaron para la construcción de esos lugares diferentes. Es un escándalo social y moral".
El abogado Nelson Caucoto sostiene que se trata de los crímenes más graves en la historia del país, por lo que no se justifican las regalías que reciben los militares encarcelados, considerando -además- que muchos beneficios no son ordenados en la condena, sino condiciones que desvían el rol de la justicia al declararlos culpables.
Alicia Lira, presidenta de la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos, aspira a resoluciones que les den a los uniformados un trato de un reo común: "Vamos a pedir que los violadores que han cometido crímenes de lesa humanidad vayan a cárceles comunes. Es discriminador para los reclusos por delitos comunes, Punta Peuco implica un trato deferente de los gendarmes", ha dicho.
Gendarmería también ha participado en el debate de este tema. Una de las quejas es que los militares presos siguen "mostrando la jineta" en el trato al interior, lo que transforma su figura desde vigilantes a -prácticamente- subalternos de los presos.
La Caja de Pandora que abrió el abogado López puede tener consecuencias insospechadas para los reclusos y a medida que pasan los días adquiere más cara de desliz. Hasta el propio hijo de Manuel Contreras debió salir a desmarcarse. "Sus declaraciones son muy extrañas", dijo el primogénito del principal de la DINA. "No entiendo lo que está haciendo", señaló.
Lo peregrino de la propuesta hizo afirmar a Manuel Contreras Valdebenito que "toda la información ya fue entregada a tribunales, a todos los que corresponde, no sé de qué otra información está hablando". Y fue más allá, pues tildó la propuesta del abogado como "una brutalidad". A los nuevos cautivos de Til Til les salió el tiro por la culata. No sólo no lograrán beneficios, sino que comenzarán a tener cada vez más compañía.
La necesaria dedicación exclusiva
La Corte Suprema permitió, a partir de septiembre, que los jueces a cargo de casos por violaciones a los derechos humanos cuenten con "dedicación exclusiva" a sus investigaciones y se refuerce el Poder Judicial para reemplazarlos. Es el paso más importante con el que el principal estamento de la judicatura del país reconoce sus omisiones durante la dictadura militar. Más de cinco mil recursos de amparo por desapariciones o detenciones ilegales fueron rechazados en los tribunales entre 1973 y 1989.
En la actualidad, casi 1.500 causas por crímenes cometidos en los 17 años de la dictadura permanecen abiertas, con poco más de 800 agentes civiles y militares procesados o condenados. De ellos, unos 70 cumplen penas de cárcel, casi todos en recintos militares especiales.
Una de las principales expectativas de la medida tomada por la Corte Suprema es un avance mayor y más rápido de los casos que aún se encuentran en investigación. Y las principales dificultades de los magistrados se relacionan a la edad de los imputados o procesados y la desaparición de las evidencias y pruebas, lo que por cierto genera un "cuello de botella" en las cortes de Apelaciones y en la propia Suprema.
Si bien la noticia es considerada positiva, en el ámbito de los derechos humanos se entiende que la mejor alternativa es ampliar a todo el país la figura de jueces con dedicación exclusiva, de manera de copar todas las causas existentes y las que haya que reabrir.
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