LA AMPLIACIÓN DEL CANAL
El consorcio liderado por la constructora española acepta que las reclamaciones se hagan según los contratos del concuso, anuncia la ministra de Fomento española, Ana Pastor
"Es un problema entre un contratista y su cliente. En ningún caso España aportará fondos", afirma el embajador español en Panama
JOSÉ MELÉNDEZ / EP Panamá 6 ENE 2014 - 16:11 CET
Sacyr y Panamá se han comprometido a negociar para llegar a buscar una solución al conflicto que mantienen sin que se paralicen las obras del Canal. Nada más salir de su reunión con el presidente panameño, Ricardo Martinelli, la ministra de Fomendo española, Ana Pastor ha anunciado este primer paso. "El compromiso del consorcio es que todas las reclamaciones va ir por la vía dentro del contrato (...) por lo tanto ya ahí hay un primer acuerdo. También que se van a sentar para hablar y a dialogar para intentar resolver todos los problemas", afirmó Pastor.
La ministra se había reunido antes con los representantes del consorcio liderado por Sacyr, que se encarga de las obras de ampliación del Canal de Panamá. Tras el encuentro con Martinelli, Pastor se va a reunir con los jerarcas de la autoridad del canal.
Pastor ha viajado a Panamá para buscar una solución al conflicto que se desató el pasado 1 de enero cuando el consorcio multinacional amenazó con suspender la ampliación del Canal de Panamá a partir del 20 de enero próximo si no se atendía su reclamación de cobrar 1.600 millones de dólares (1.200 millones de euros) adicionales por sobrecostes en las obras.
De entrarda, el Gobierno español se ha mostrado dispuesto a mediar entre Sacyr y el Ejecutivo panameño, pero a nada más. "El Gobierno español no es parte. Es un problema entre un contratista y su cliente", ha declarado el embajador de España en Panamá, Jesús Silva, antes de iniciar junto con la ministra de Fomento, Ana Pastor, la reunión con el presidente panameño Ricardo Martinelli. Silva también ha sido tajante sobre la posibilidad de que España aporte dinero para que se reanuden las obras del Canal: "En ningún caso.
Fuentes políticas panameñas advirtieron, sin embargo, que las gestiones de Pastor carecen de respaldo de la legislación sobre el Canal, ya que sus mecanismos de solución de controversias están fuera de cualquier consideración política, gubernamental o diplomática y están claramente definidos y regulados por el aparato jurídico canalero.
Como agencia estatal panameña autónoma que administra el centenario paso canalero por el que transita el 5% del transporte marítimo mundial, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ha dicho que, de acuerdo con la legislación canalera, los reclamos deben presentarse y demostrarse primero ante esa instancia y, de no haber arreglo, se pasará a dos fases de resolución que son decididas por terceros: una Junta de Resolución de Disputas y un arbitraje internacional en un tribunal en Florida.
Una fuente de la ACP advirtió que el proceso de consulta o negociación diplomática o internacional desplegado por Pastor está fuera de cualquier reconocimiento jurídico dentro de la legislación canalera, que tiene respaldo de la Constitución Política de Panamá y, por lo tanto, la Autoridad está incapacitada de aceptar arreglos o acuerdos extra—contrato, porque su accionar está blindada por los instrumentos legales.
“El contrato está blindado para todos”, aseguró el jurista panameño Jorge Ritter, excanciller de Panamá y exministro de Asuntos del Canal. En una entrevista esta mañana con el informativo TV Noticias, de esta capital, Ritter relató que “no caben las posiciones intermedias. No cabe la posibilidad de negociar. El Grupo tiene dos opciones: o cumple o se va”.
El Estado de Panamá “no puede regalarle el dinero” a una empresa internacional, subrayó. “Lo único que cabe es que la empresa decida que ‘vamos a cumplir’ o ‘vamos a suspender la obra’. Aquí no hay términos medios”, recalcó, al señalar que existen instancias definidas por el contrato para resolver los diferendos.
Si los gastos se sustentan y se demuestran, la ACP está en disposición de pagar, pero siempre ajustado al contrato y sin salirse de sus términos, ratificó. Los arreglos en torno al Canal deben adoptarse dentro de lo que se establece en la Autoridad y están fuera de toda consideración o negociación política, insistió Ritter. Ni siquiera Martinelli puede ejercer su influencia o poder de decisión para imponer un arreglo, y su papel es únicamente de buscar una solución estrictamente limitada lo que dicte el contrato, puntualizó.
El inicio de las negociaciones de Pastor fue precedido por una severa declaración de la ACP, que aseguró este domingo que una nota con la que GUPC amenazó con paralizar las obras de ampliación a partir del 20 de este mes es “inválida” y que los alegatos del contratista “carecen de sustento legal y no son claros”. Según la Autoridad, los gastos adicionales o sobrecostos no han sido demostrados por el Grupo.
GUPC, integrado por Sacyr Vallehermoso, de España, Impregilo, de Italia, Jan de Nul, de Bélgica, y Constructora Urbana, de Panamá, ganó en 2009 una licitación para construir las nuevas esclusas de la ruta canalera, con una oferta de 3.118 millones de dólares, por lo que es la parte más importante de la ampliación, valorada en 5.250 millones de dólares e iniciada en 2007 con la meta de concluir en octubre de 2014, pero ante los frecuentes atrasos finalizarán en junio de 2015. Si se produce la suspensión, las obras seguirán retrasándose.
En una misiva de respuesta, la Autoridad adujo que “no existe ningún elemento en la legislación panameña, o dentro del contrato suscrito por las partes, que sustente la suspensión de las obras” y que, por lo tanto, “el contrato se pactó y debe cumplirse”, apegado a las disposiciones legales del Canal.
Aunque aseguró confiar en que la constructora sea capaz “de cumplir los compromisos pactados”, la ACP advirtió que “de no ser así”, de inmediato “pondrá en acción los mecanismos del contrato que le permiten completar la obra”.
El Grupo acusó a la Autoridad de negarse a “instaurar el diálogo” y reiteró que sus reclamos están debidamente sustentados, ya que los gastos adicionales se deben a factores como la información errónea que le aportó la ACP para diseñar los trabajos, con problemas geológicos o de procesamiento de las mezclas de concreto. “Acudiremos a todas las instancias judiciales para hacer valer nuestros derechos”, dijo Pablo Möder, coordinador de la directiva del Grupo.
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