A diferencia del primero, el segundo gobierno de Bachelet ha apostado a la derrota. Es precisamente esa apuesta la que podría significar, en definitiva, el triunfo de las ideas y reformas contenidas en su programa. Esto puede sonar como una paradoja, pero bajo las circunstancias políticas e institucionales del Chile de hoy, no lo es. En efecto, la derrota política pareciera ser la mejor (o quizás la única) estrategia para demostrar, por la vía de los hechos, la perversidad de nuestro sistema institucional y con ello la necesidad de su transformación.
JOHN CHARNEYAbogado, Estudiante de Doctorado
Hoy se respira en Chile un aire reformista. Mientras la izquierda ve por fin una posibilidad cierta de reivindicar viejas luchas, la derecha ve que un espectro se cierne sobre la Cordillera de Los Andes. Ni lo uno ni lo otro se ajusta a la realidad. La izquierda tendrá que seguir esperando por los cambios estructurales y la derecha podrá dejar el pánico para más adelante.
En efecto, si bien la reforma tributaria podría salir del Parlamento con una redacción y un propósito parecidos a los propuestos por el Ejecutivo, algo muy distinto le espera a la reforma educacional (por los altos quórums que requiere para su aprobación), a los proyectos de ley que reconocen los derechos reproductivos de la mujer (por las trabas constitucionales que la derecha se esmerará en activar) y a muchas de las reformas por venir.
Buena parte del programa de Bachelet no es materializable y eso lo sabe (o debiera saberlo) la propia Presidenta, quienes la rodean y la derecha política. Fernando Atria y muchos otros se han encargado de repetirlo una y otra vez: las reglas del juego son tramposas (el sistema binominal, leyes supramayoritarias, el poder de revisión del Tribunal Constitucional) y mientras esas reglas subsistan la derecha tendrá un poder de veto que hará imposible la ejecución de programas tan ambiciosos.
La frustración que podría generar en la ciudadanía una eventual derrota de un proyecto tan emblemático como el de educación, por ejemplo, podría servir de detonante para instalar de manera definitiva y con la fuerza que se requiere la urgencia de las transformaciones políticas, la urgencia de una nueva Constitución. Si los argumentos de intelectuales y la movilización de grupos de activistas no han sido suficientes para generar lo anterior, tal vez la única forma será la constatación fáctica de la imposibilidad de sortear las trabas institucionales de nuestro modelo político.
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