Aprueba un proyecto de ley para castigar la represión de los opositores
La Administración se ha opuesto recientemente a imponer penalizaciones
JOAN FAUS Washington 29 MAY 2014 - 05:46 CET
Tres semanas después de que la Administración del demócrata Barack Obama descartara sancionar a Venezuela por la represión de las protestas opositoras, la Cámara de Representantes de Estados Unidos se decantó este miércoles por todo lo contrario. Legisladores republicanos y demócratas aprobaron un proyecto de ley que bloquearía los activos en EE UU y prohibiría la entrada al país a altos cargos venezolanos vinculados con la represión de la oleada de manifestaciones que estallaron a mediados de febrero y que se ha cobrado una cuarentena de muertos.
En paralelo, el Senado, que cuenta con mayoría demócrata, está estudiando una propuesta muy similar. En caso de que ambas cámaras llegaran a un acuerdo para aprobar las sanciones, el presidente Obama tendría que decir si rubrica o veta la ley. Teniendo en cuenta las declaraciones de su Administración en las últimas semanas, lo más presumible es que la bloqueara.
La norma, promovida por la oposición republicana y apoyada por algunos congresistas demócratas, establece que serían objeto de sanciones los cargos actuales o pasados del Gobierno venezolano que “han perpetrado o son responsables” de dirigir actos de violencia o vulneraciones de los derechos humanos contra los participantes en las manifestaciones de los últimos tres meses, han ordenado o colaborado en arrestos y persecuciones judiciales que vulneran la libertad de expresión de los opositores; o han promovido actos de censura contra manifestantes o medios de comunicación.
En caso de que el Senado aprobara también las sanciones, Obama tendría que decir si rubrica o veta la ley
Estas penalizaciones tendrían una duración máxima de dos años y en cualquier momento el presidente estadounidense podría levantarlas alegando motivos de seguridad nacional o en caso de que se produzca una mejora del respeto a los derechos humanos en Venezuela. La norma, además, pide bloquear la transferencia de bienes y tecnologías que pueden ser usadas en la opresión de las manifestaciones; y aboga por multiplicar el apoyo a la sociedad civil independiente en el país latinoamericano y ofrecer asilo en EE UU a opositores venezolanos.
La ley aprobada este miércoles por el pleno ya fue validada hace tres semanas por el Comité de Relaciones Exteriores de la cámara baja. Una versión muy similar, promovida por los senadores demócrata Robert Menéndez y republicano Marco Rubio, también fue respalda en comité en la cámara alta.
A principios de mayo el departamento del Estado manifestó su oposición a imponer sanciones a Venezuela porque consideró que hacerlo podría torpedear las incipientes conversaciones entre el oficialismo y la oposición promovidas por Unasur; fomentar el victimismo del Gobierno de Nicolás Maduro y suponerle un “factor unificador” que impulsaría su habitual dialéctica contra Washington. Aún así, el secretario de Estado, John Kerry, reiteró la semana pasada en México que "todas las opciones" siguen sobre la mesa.
El departamento de Estado considera que imponer sanciones podría afectar al diálogo entre el Gobierno y la oposición, y fortalecer a Maduro
La promotora del proyecto de ley, la legisladora republicana cubano-estadounidense Ileana Ros-Lehtinen, argumentó este miércoles que las sanciones buscan apoyar a aquellos “que no pueden hablar libremente” en Venezuela. Por su parte, el demócrata Joaquin Castro, hermano de Julián Castro, flamante secretario de Vivienda en la Administración Obama, subrayó la importancia de mandar, con las penalizaciones, una “fuerte señal” al Gobierno de Maduro. Desde Caracas, el presidente venezolano ya avisó el martes que se enfrentaría “en todos los escenarios mundiales” a unas hipotéticas sanciones, informa la agencia Efe.
JOAN FAUS Washington 29 MAY 2014 - 05:46 CET
Tres semanas después de que la Administración del demócrata Barack Obama descartara sancionar a Venezuela por la represión de las protestas opositoras, la Cámara de Representantes de Estados Unidos se decantó este miércoles por todo lo contrario. Legisladores republicanos y demócratas aprobaron un proyecto de ley que bloquearía los activos en EE UU y prohibiría la entrada al país a altos cargos venezolanos vinculados con la represión de la oleada de manifestaciones que estallaron a mediados de febrero y que se ha cobrado una cuarentena de muertos.
En paralelo, el Senado, que cuenta con mayoría demócrata, está estudiando una propuesta muy similar. En caso de que ambas cámaras llegaran a un acuerdo para aprobar las sanciones, el presidente Obama tendría que decir si rubrica o veta la ley. Teniendo en cuenta las declaraciones de su Administración en las últimas semanas, lo más presumible es que la bloqueara.
La norma, promovida por la oposición republicana y apoyada por algunos congresistas demócratas, establece que serían objeto de sanciones los cargos actuales o pasados del Gobierno venezolano que “han perpetrado o son responsables” de dirigir actos de violencia o vulneraciones de los derechos humanos contra los participantes en las manifestaciones de los últimos tres meses, han ordenado o colaborado en arrestos y persecuciones judiciales que vulneran la libertad de expresión de los opositores; o han promovido actos de censura contra manifestantes o medios de comunicación.
En caso de que el Senado aprobara también las sanciones, Obama tendría que decir si rubrica o veta la ley
Estas penalizaciones tendrían una duración máxima de dos años y en cualquier momento el presidente estadounidense podría levantarlas alegando motivos de seguridad nacional o en caso de que se produzca una mejora del respeto a los derechos humanos en Venezuela. La norma, además, pide bloquear la transferencia de bienes y tecnologías que pueden ser usadas en la opresión de las manifestaciones; y aboga por multiplicar el apoyo a la sociedad civil independiente en el país latinoamericano y ofrecer asilo en EE UU a opositores venezolanos.
La ley aprobada este miércoles por el pleno ya fue validada hace tres semanas por el Comité de Relaciones Exteriores de la cámara baja. Una versión muy similar, promovida por los senadores demócrata Robert Menéndez y republicano Marco Rubio, también fue respalda en comité en la cámara alta.
A principios de mayo el departamento del Estado manifestó su oposición a imponer sanciones a Venezuela porque consideró que hacerlo podría torpedear las incipientes conversaciones entre el oficialismo y la oposición promovidas por Unasur; fomentar el victimismo del Gobierno de Nicolás Maduro y suponerle un “factor unificador” que impulsaría su habitual dialéctica contra Washington. Aún así, el secretario de Estado, John Kerry, reiteró la semana pasada en México que "todas las opciones" siguen sobre la mesa.
El departamento de Estado considera que imponer sanciones podría afectar al diálogo entre el Gobierno y la oposición, y fortalecer a Maduro
La promotora del proyecto de ley, la legisladora republicana cubano-estadounidense Ileana Ros-Lehtinen, argumentó este miércoles que las sanciones buscan apoyar a aquellos “que no pueden hablar libremente” en Venezuela. Por su parte, el demócrata Joaquin Castro, hermano de Julián Castro, flamante secretario de Vivienda en la Administración Obama, subrayó la importancia de mandar, con las penalizaciones, una “fuerte señal” al Gobierno de Maduro. Desde Caracas, el presidente venezolano ya avisó el martes que se enfrentaría “en todos los escenarios mundiales” a unas hipotéticas sanciones, informa la agencia Efe.
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