La diputada destituida se defiende de la acusación de tramar el asesinato del presidente
ALFREDO MEZA Caracas 30 MAY 2014 - 06:09 CET
La destituida parlamentaria María Corina Machado (Caracas, 1967) vuelve a la primera plana. Este miércoles el Gobierno de Venezuela la acusó de tramar el asesinato del presidente de la República, Nicolás Maduro. El chavismo mostró correos electrónicos presuntamente enviados por ella en los que promete hacer todo lo posible por “obtener el financiamiento y aniquilar a Maduro”.
Y también dice: “Hay que limpiar esta porquería, comenzando por la cabeza, y aprovechando el clima mundial con Ucrania y ahora con Tailandia”.
La exprecandidata presidencial niega ser la autora de esas líneas y ha demandado a los funcionarios que la vincularon con ese supuesto plan. El pulso parece apenas estar comenzando. Machado es una de las más activas promotoras de la situación venezolana en el exterior. El chavismo busca la forma de confinarla en el país para evitar que se sigan difundiendo versiones no oficiales del conflicto que mantiene con la oposición desde hace cuatro meses.
Pregunta. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, dijo que todas las personas involucradas por el alcalde Jorge Rodríguez en el supuesto intento de asesinato del presidente Nicolás Maduro serían investigadas. Y para justificar la intercepción de sus correos electrónicos que se exhibieron en esa rueda de prensa, Ortega Díaz aseguró que contra usted existe una averiguación penal desde el 19 de marzo pasado, y un juez autorizó al Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebín) vigilar sus comunicaciones. ¿No indica esa diligencia que el Gobierno procedió de manera legal al interceptar sus correos?
Respuesta. Yo no he sido informada de esa investigación, así que hay allí una violación al debido proceso. Además, en ese momento aún asistía al hemiciclo (Machado fue destituida en abril por un procedimiento exprés del presidente del Parlamento Diosdado Cabello) por lo que correspondía solicitar un antejuicio de mérito en mi contra ante el Tribunal Supremo de Justicia y luego, aprobado ese requisito, allanarme la inmunidad parlamentaria. Pero partamos del hecho de que la investigación es real. Eso quiere decir que las actuaciones del Ministerio Público están en una etapa de reserva de las actas y las pruebas, se supone, solo deben estar en manos de la fiscal. ¿Cómo es posible entonces que el alcalde Rodríguez las enseñe en una rueda de prensa? Eso evidencia una confabulación de todos los poderes públicos para perseguirme.
P. En la rueda de prensa enseñaron no solo sus cuentas de correo sino su número de teléfono móvil. ¿Qué ha sucedido desde entonces?
R. Ya perdí la cuenta de las llamadas que he recibido con insultos. Este teléfono no cesa de repicar. Eso, además de una invasión a la privacidad, ha llegado al extremo de las amenazas de muerte contra mí y contra mi familia. Voy a solicitar que se haga una experticia a la línea telefónica.
P. La oposición asegura que la fiscalía está subordinada a los intereses del Poder Ejecutivo. Si esto es así, ¿por qué presentar una denuncia contra el llamado Alto Mando Político de la Revolución Bolivariana?
R. Estoy clara: no habrá una decisión que contraríe al gobierno. No ha habido en todos estos años una sola sentencia de la Sala Político-Administrativa del Supremo en contra del Ejecutivo. Pero hay que dejar registro de los atropellos y agotar el fuero interno para luego acudir a instancias internacionales. Y en segundo lugar porque la justicia algún día va a llegar. Nosotros estamos luchando porque esta situación de impunidad no se repita nunca más en Venezuela La propia fiscal ha reconocido que 94% de los delitos que ocurren en el país no son castigados. Esa es la justicia que hoy tenemos.
P. ¿Cómo explica usted que el Gobierno tenga estas pruebas en su poder?
R. La misma fiscal lo confesó en la conferencia de prensa que ofreció este jueves. Un periodista se lo preguntó y ella respondió algo muy grave: que no había sido la fiscalía sino el Sebin que le había hecho llegar al alcalde de Caracas esa información. Eso es un escándalo. Cuando se rompe la cadena de custodia de evidencias cualquier proceso se puede declarar nulo. Pero esto no es lo más importante. Todos sabemos que todos estos correos fueron escritos por ellos mismos. Yo dejé de utilizar una de esas cuentas en abril de 2013 luego de que me hackearon la cuenta y revelaron fotos de mi vida privada. Más allá de su veracidad, he solicitado que un perito informático revise esa cuenta y haga constar lo que yo estoy afirmando. Lo dije el miércoles. Yo no me ando escondiendo. Quienes promovemos en la calle una salida a esta situación hemos sido claros. La Constitución venezolana establece mecanismos que permiten salir de este Gobierno antes de que llegue el año 2019. Aquí hay quienes piensan que no hay nada que hacer, y quienes estamos convencidos de que urge un cambio por la vía democrática. La Salida es un movimiento que busque la renuncia de Maduro. Debemos ser capaces de ofrecer una transición hacia la democracia que culmine en una Asamblea Nacional Constituyente. Ambos planes no son excluyentes.
P. Cuando usted fue precandidata presidencial no era partidaria de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para refundar al Estado. ¿Por qué ha cambiado de opinión?
R. Hay un sector importante de la sociedad que se identificó con Hugo Chávez y debe derivar hacia estructuras políticas que les permita convivir con otras expresiones políticas de distinto signo, de tal manera que podamos reencontrarnos en la construcción de una nueva sociedad. La sociedad nos demanda cambios profundos. Ni magnicidio ni golpe. Que Maduro renuncie y nos permita de una manera pacífica una transición hacia la democracia. Maduro está empeñado en imponer un sistema totalitario que reproduce el sistema político de la Habana y que permite sostener al régimen de los Castro con los ingresos provenientes del petróleo venezolano.
P. La fiscal también dijo también que a los involucrados les podrían prohibir la salida del país. Usted es tal vez la opositora que más ha viajado por América y Europa denunciando lo que a su juicio sucede en Venezuela. Esas visitas han provocado reacciones concretas de la comunidad internacional para condenar o promover sanciones contra Venezuela. ¿Cómo afectaría una medida judicial que le impida salir del país a esa estrategia de la oposición?
R. En ese caso tendría que haber un juicio en el cual sea condenada.
P. El juez también podría pedir que, mientras dure el juicio, usted no pueda salir del país.
R. Yo he demostrado que no me quiero ir del país. Cuando me acusó el alcalde Rodríguez dijo que yo estaba en Panamá y que venía de Estados Unidos. Estuve por última vez en ese país hace 70 días. Y es cierto: tenía un compromiso este jueves en Panamá, pero decidí suspenderlo para acusar penalmente al alto gobierno. Sería una medida injustificable, pero aquí cualquier cosa puede pasar.
P. Leopoldo López lleva ya más de tres meses preso y usted está sometida a esta averiguación. ¿La Salida ha quedado definitivamente descabezada?
R. Al contrario. Han surgido miles de líderes. Se ha criticado mucho que el movimiento de protesta que tomó la calle en febrero no tenía estructura piramidal y que su carácter autónomo lo hacía anárquico. Eso, lejos de ser una debilidad, es una fortaleza. Las protestas no están dirigidas por una instancia central. Esto ha sido una reacción de la sociedad venezolana que está unida por muchos factores: los universitarios que consideran con razón que no tienen futuro en Venezuela, los jóvenes que están hartos de la violencia y la delincuencia. Este movimiento es impredecible en sus formas de lucha y organización. Toda la sociedad se ha unido en torno a ellos. Son centenares y organizaciones de muy diverso tamaño, jóvenes, mujeres, personas de barrio y urbanización, asambleas de ciudadanos. Ahora estos grupos están obligados a articularse. Si algunos somos anulados vendrán muchos otros a sustituirnos.
P. Usted ha dicho en varias entrevistas que está obsesionada con propinarle una derrota al chavismo. Después de tantos años de luchas y fracasos, ¿no se ha paseado por la posibilidad de explorar y tramar, como lo asegura el gobierno, una salida distinta a la electoral?
R. Mi respuesta es: Ni magnicidio, ni golpe de Estado. Que Maduro renuncie. Mucha gente está pasando hambre en Venezuela. Se necesitan tres sueldos mínimos para poder adquirir los alimentos, a lo que se suma la pérdida de empleos como consecuencia de la destrucción del sector privado. El país no aguanta más. Si como sector civil no somos capaces de proveer un mecanismo democrático para la transición, la respuesta podrá venir de otra parte. Y seremos responsables de no haberle sabido presentar al país una oferta.
P. ¿Puede haber otra salida distinta a la electoral? Esa es la denuncia que plantea el Gobierno.
R. Pudiera producirse un autogolpe, por ejemplo. Venezuela es un estado mafioso con facciones que se están disputando las cuotas de poder.
P. ¿Cómo evalúa la reacción del ala moderada de la oposición que no está de acuerdo con La Salida?
R. Yo no he parado de recibir llamadas de apoyo de todo el país. Dirigentes estudiantiles, diputados, no me he dado abasto para agradecerles a todos. La unidad de la oposición es fundamental pero ésta debe incluir y trascender a los partidos. Es fundamental que esas vías de organización sean incluidas dentro de la Mesa de la Unidad Democrática. Los ciudadanos quieren ser escuchados. No es un debate político, sino una lucha existencial.
P. La subsecretaria de Estado para Latinoamérica, Roberta Jacobson, dijo que no era el momento adecuado para sancionar a Venezuela, a propósito de la aprobación en la Cámara de Representantes de una moción que establecerá sanciones a funcionarios responsables de la violación de derechos humanos en el país. ¿Qué opinión tiene usted sobre este asunto?
R. Nadie sensato plantearía imponer sanciones a un país en la situación económica actual. Lo que se ha considerado es sancionar a individuos que hayan violado de manera cruel los derechos humanos para que no puedan beneficiarse de un país democrático. Al tomar esas acciones habría un efecto disuasivo porque le elevaría a los represores el costo político de sus acciones. Más allá de esto, nos corresponde a nosotros los venezolanos asumir la plena vigencia de los derechos consagrados en nuestra Constitución.
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