ALFREDO MEZA Caracas
El excomisario venezolano de policía Iván Simonovis, considerado por la oposición como un preso político del chavismo, anunció este domingo que suspenderá la huelga de hambre que había iniciado el martes pasado. Simonovis dejó de ingerir alimentos como medida de presión a un tribunal que debía decidir su excarcelación por motivos de salud pero que se estaba demorando en exceso. Aunque la juez que lleva el caso la negó la libertad, el preso decidió dar marcha atrás en su reivindicación porque al menos había recibido una contestación.
La oposición ha puesto su liberación como una de las condiciones para retomar el diálogo con el Gobierno, que fue suspendido a principios de mayo. En abril las partes acordaron que se formara una junta médica para que al certificar sus padecimientos se procediera a liberarlo. Aunque en un principio aceptó, el régimen ha decidido recular por temor al impacto que de esta medida en su menguada popularidad, que se ha venido a menos en las últimas semanas debido a la crítica situación económica. La negativa del Poder Judicial, cuya independencia siempre ha sido cuestionada por la oposición y por organizaciones como Human Rights Watch, también coloca obstáculos para que se reinicien las conversaciones.
La negación de libertad no ha sido la respuesta que Simonovis y su familia esperaban. La jueza Eda Armas, del Tribunal Primero de Ejecución del estado Aragua (en el centro de Venezuela), ha negado la medida bajo el alegato de que el prisionero se encuentra “en condiciones generales estables”. Su esposa, Bony, y sus abogados afirman que el ex funcionario de la policía científica local sufre de serios trastornos de salud que amenazan su vida.
La defensa de Simonovis, quien fue condenado a 30 años de prisión en 2009 como uno de los responsables de las muertes ocurridas en la víspera de un golpe de Estado contra Hugo Chávez en abril de 2002, informó el viernes que la jueza Armas había decidido sin tomar en cuenta los exámenes que consignó la defensa, ni el criterio de la junta acordada por las partes. Al rechazar la decisión, el abogado José Luis Tamayo denunció que en el expediente solo cursan los informes médicos hechos en septiembre de 2013.
Desde entonces la salud de Simonovis se ha empeorado. En enero fue internado de emergencia en el Hospital Militar de Caracas aquejado de enterocolitis aguda y deshidratación. Los médicos recomendaron operarlo, pero no lo hicieron para evitar complicaciones en su salud. El comisario volvió a su celda de la cárcel de Ramo Verde, a las afueras de la capital venezolana, donde también está detenido el líder opositor Leopoldo López.
El padecimiento de Simonovis ha dejado de ser un asunto exclusivo de sus familiares para concertar la atención de todo el país. El ex comisario fue detenido en 2004 junto a la jerarquía de la extinta Policía Metropolitana de Caracas. Su juicio fue calificado como el más largo de la historia judicial del país y el expediente acumuló cerca de 8 mil folios de actuaciones. La defensa aseguró que el Estado nunca pudo probar la responsabilidad de su defendido en dos de las muertes de aquel 11 de abril de 2002. Ese punto de vista parece haber quedado posteriormente refrendado cuando el magistrado del Supremo que revisó la sentencia, Eladio Aponte Aponte, hoy prófugo de la justicia venezolana, aseguró en una entrevista que el fallecido Chávez había ordenado condenar a Simonovis y a otros ocho funcionarios policiales.
El chavismo pareció preparar el terreno para la medida dictada el viernes. En las últimas emisiones de su programa “En contacto con Maduro”, el jefe de Estado venezolano ha invitado a los familiares de las víctimas de abril de 2002 para que expongan cómo sobreviven a la ausencia de sus muertos. “Justicia es lo que tiene que haber aquí”, afirmó el gobernante en su último programa el 27 de mayo. Los deudos agrupados en la oficialista Asociación de Víctimas del 11 de abril se niegan a que el Gobierno amnistíe a Simonovis.
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