CLAUDIO FUENTES S.Director de la Escuela de Ciencia Política, Universidad Diego Portaleshttp://www.icso.cl
El programa de Michelle Bachelet propone establecer una nueva Constitución mediante un proceso democrático, institucional y participativo. Se trata de una declaración que contiene una contradicción en sus términos, dado que la actual institucionalidad no permite instancias participativas para formular una nueva Constitución. Consecuentemente, ni el programa ni las autoridades que asumieron en marzo han sugerido la posibilidad de una Asamblea Constituyente. ¿La razón? Como no existe un marco jurídico que permita convocarla, la sola mención de la idea implicaría romper con el orden institucional establecido.
La asamblea constituyente es la máxima expresión de la soberanía popular. La ciudadanía delegaría a través del voto la responsabilidad de escribir un nuevo texto en un grupo de representantes del pueblo. Dicha Asamblea se convocaría sólo y exclusivamente para definir estas nuevas reglas del juego. Una vez aprobada, la ciudadanía lo ratificaría y nuevas autoridades serían electas.
Pero muy probablemente esto no ocurrirá en Chile. Gran parte de la elite sí está convencida de contar con una nueva Constitución. Desde algunos sectores de la derecha hasta los partidos de izquierda concuerdan en la necesidad de modernizar sustantivamente el texto constitucional. Sin embargo, importantes grupos de esta misma elite consideran que una Asamblea Constituyente provocaría fuerte incertidumbre. Pero, además, como existen disputas respecto de los aspectos específicos a cambiar, su opción es promover un proceso controlado desde “arriba”.
Al escepticismo de la elite sobre esta Asamblea se suma una débil presión social respecto del tema constitucional. La campaña “marca tu voto” fue muy relevante en amplificar socialmente esta demanda, pero a partir de marzo observamos el debilitamiento de los actores sociales que podrían tomar esta bandera. El movimiento estudiantil, el gremio de los profesores, las comunidades indígenas y algunos otros colectivos se muestran divididos y preocupados –naturalmente– de promover sus demandas sectoriales. Se requerirá una nueva coyuntura para retomar la demanda por participación en la definición de las reglas del juego.
Por ejemplo, surgen propuestas de establecer una comisión de expertos(as) o establecer una comisión constitucional en el Congreso. Se podría consultar informalmente a la ciudadanía, pero el proceso estaría controlado por los actuales representantes políticos. Bajo esta fórmula. La ciudadanía tendría que pronunciarse con un SI/NO sobre un texto acordado por estas elites.
Se establece así una profunda división en la élite entre los pro participación y los pro delegación. Los primeros quieren abrir el juego político a la ciudadanía. Sugieren, por ejemplo, reformar la Constitución para permitir que la Presidenta pueda convocar a un plebiscito con el objetivo de consultarle a la ciudadanía si quiere o no una Asamblea Constituyente. Los grupos pro delegación, en cambio, quieren controlar el proceso desde las instituciones actuales bajo el argumento de que es imposible romper con la actual institucionalidad, o porque sería inconveniente y engorroso iniciar un proceso constituyente.
Al escepticismo de la elite sobre esta Asamblea se suma una débil presión social respecto del tema constitucional. La campaña “marca tu voto” fue muy relevante en amplificar socialmente esta demanda, pero a partir de marzo observamos el debilitamiento de los actores sociales que podrían tomar esta bandera. El movimiento estudiantil, el gremio de los profesores, las comunidades indígenas y algunos otros colectivos se muestran divididos y preocupados –naturalmente– de promover sus demandas sectoriales. Se requerirá una nueva coyuntura para retomar la demanda por participación en la definición de las reglas del juego.
Finalmente, se necesita de un liderazgo social de carácter nacional que logre cristalizar la demanda por una nueva Constitución y hoy este liderazgo no existe. Se requiere convencer a la ciudadanía de que los problemas cotidianos que enfrenta son fruto de un problema constitucional: la escasez de agua en su comuna, los abusos de empleadores a los trabajadores, la discriminación, la falta de reconocimiento a los pueblos originarios, la desigualdad en el acceso a educación o salud; todos estos problemas cotidianos son expresión de un problema constitucional. La postergación y discriminación que sufren algunas regiones son fruto de un problema constitucional.
Eventualmente, en el año 2015 podría resurgir la demanda por una Asamblea Constituyente. Si el gobierno propone un mecanismo específico para abordar la agenda de una Nueva Constitución y si este mecanismo no es ni tan democrático ni tan participativo, quizás resurja el interés ciudadano por demandar participación. Pero hasta ahora ni el gobierno ni la elite política parecen estar convencidos de la participación como el mejor instrumento para establecer un nuevo pacto constitucional. El dilema el próximo año será muy simple: o la Constitución la definen los mismos de siempre o se abre la democracia a la deliberación ciudadana. La elite se dividirá y –salvo que enfrentemos una importante y sostenida presión social– muy probablemente no tendremos Asamblea Constituyente.
El programa de Michelle Bachelet propone establecer una nueva Constitución mediante un proceso democrático, institucional y participativo. Se trata de una declaración que contiene una contradicción en sus términos, dado que la actual institucionalidad no permite instancias participativas para formular una nueva Constitución. Consecuentemente, ni el programa ni las autoridades que asumieron en marzo han sugerido la posibilidad de una Asamblea Constituyente. ¿La razón? Como no existe un marco jurídico que permita convocarla, la sola mención de la idea implicaría romper con el orden institucional establecido.
La asamblea constituyente es la máxima expresión de la soberanía popular. La ciudadanía delegaría a través del voto la responsabilidad de escribir un nuevo texto en un grupo de representantes del pueblo. Dicha Asamblea se convocaría sólo y exclusivamente para definir estas nuevas reglas del juego. Una vez aprobada, la ciudadanía lo ratificaría y nuevas autoridades serían electas.
Pero muy probablemente esto no ocurrirá en Chile. Gran parte de la elite sí está convencida de contar con una nueva Constitución. Desde algunos sectores de la derecha hasta los partidos de izquierda concuerdan en la necesidad de modernizar sustantivamente el texto constitucional. Sin embargo, importantes grupos de esta misma elite consideran que una Asamblea Constituyente provocaría fuerte incertidumbre. Pero, además, como existen disputas respecto de los aspectos específicos a cambiar, su opción es promover un proceso controlado desde “arriba”.
Al escepticismo de la elite sobre esta Asamblea se suma una débil presión social respecto del tema constitucional. La campaña “marca tu voto” fue muy relevante en amplificar socialmente esta demanda, pero a partir de marzo observamos el debilitamiento de los actores sociales que podrían tomar esta bandera. El movimiento estudiantil, el gremio de los profesores, las comunidades indígenas y algunos otros colectivos se muestran divididos y preocupados –naturalmente– de promover sus demandas sectoriales. Se requerirá una nueva coyuntura para retomar la demanda por participación en la definición de las reglas del juego.
Por ejemplo, surgen propuestas de establecer una comisión de expertos(as) o establecer una comisión constitucional en el Congreso. Se podría consultar informalmente a la ciudadanía, pero el proceso estaría controlado por los actuales representantes políticos. Bajo esta fórmula. La ciudadanía tendría que pronunciarse con un SI/NO sobre un texto acordado por estas elites.
Se establece así una profunda división en la élite entre los pro participación y los pro delegación. Los primeros quieren abrir el juego político a la ciudadanía. Sugieren, por ejemplo, reformar la Constitución para permitir que la Presidenta pueda convocar a un plebiscito con el objetivo de consultarle a la ciudadanía si quiere o no una Asamblea Constituyente. Los grupos pro delegación, en cambio, quieren controlar el proceso desde las instituciones actuales bajo el argumento de que es imposible romper con la actual institucionalidad, o porque sería inconveniente y engorroso iniciar un proceso constituyente.
Al escepticismo de la elite sobre esta Asamblea se suma una débil presión social respecto del tema constitucional. La campaña “marca tu voto” fue muy relevante en amplificar socialmente esta demanda, pero a partir de marzo observamos el debilitamiento de los actores sociales que podrían tomar esta bandera. El movimiento estudiantil, el gremio de los profesores, las comunidades indígenas y algunos otros colectivos se muestran divididos y preocupados –naturalmente– de promover sus demandas sectoriales. Se requerirá una nueva coyuntura para retomar la demanda por participación en la definición de las reglas del juego.
Finalmente, se necesita de un liderazgo social de carácter nacional que logre cristalizar la demanda por una nueva Constitución y hoy este liderazgo no existe. Se requiere convencer a la ciudadanía de que los problemas cotidianos que enfrenta son fruto de un problema constitucional: la escasez de agua en su comuna, los abusos de empleadores a los trabajadores, la discriminación, la falta de reconocimiento a los pueblos originarios, la desigualdad en el acceso a educación o salud; todos estos problemas cotidianos son expresión de un problema constitucional. La postergación y discriminación que sufren algunas regiones son fruto de un problema constitucional.
Eventualmente, en el año 2015 podría resurgir la demanda por una Asamblea Constituyente. Si el gobierno propone un mecanismo específico para abordar la agenda de una Nueva Constitución y si este mecanismo no es ni tan democrático ni tan participativo, quizás resurja el interés ciudadano por demandar participación. Pero hasta ahora ni el gobierno ni la elite política parecen estar convencidos de la participación como el mejor instrumento para establecer un nuevo pacto constitucional. El dilema el próximo año será muy simple: o la Constitución la definen los mismos de siempre o se abre la democracia a la deliberación ciudadana. La elite se dividirá y –salvo que enfrentemos una importante y sostenida presión social– muy probablemente no tendremos Asamblea Constituyente.
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