MANUEL PLANELLES Madrid 12 DIC 2014 - 14:06 CET
El Gobierno intenta vencer las reticencias respecto a lasprospecciones y el fracking de las comunidades autónomas y los municipios por el flanco de la fiscalidad. El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes una modificación de la ley de Hidrocarburos que, entre otros aspectos, incluye un nuevo impuesto sobre la explotación de petroleo y gas. Parte de lo que se recaude con esta tasa, que gravará "el valor de la producción de hidrocarburos", se destinará a las comunidades autónomas y a los Ayuntamientos donde se ubiquen los yacimientos en el caso de que sean proyectos terrestres. Si son explotaciones marinas, la comunidad más cercana será la que se beneficie.
Según ha indicado el ministro de Industria, José Manuel Soria, también se actualizará el "canon de ocupación". Esta cambio supondrá que los propietarios de los suelos recibirán el "1% del valor de la producción anual mientras dure la explotación".
El Ejecutivo de Mariano Rajoy (PP) busca romper así la posición negativa de algunas comunidades, que rechazan las exploraciones en busca de petroleo y que, incluso, están legislando en contra de nuevas técnicas como la fractura hidráulica para la obtención de gas. Andalucía, por ejemplo, acaba de aprobar en el Parlamento aplicar una moratoria de dos años contra el fracking. En otras comunidades, como Cantabria, Navarra o La Rioja se ha optado por una prohibición total. En el ámbito local, unos 400 Ayuntamientos han aprobado mociones de rechazo a esta técnica, según los datos que maneja Ecologistas en Acción.
Esta postura de rechazo contrasta con la que mantiene José Manuel Soria, ministro de Industria, que públicamente y a través de cambios normativos está incentivando las prospecciones y la fractura hidráulica. El Gobierno ha encontrado el respaldo de los tribunales. En el caso de las prospecciones, tanto el Supremo como el Tribunal Superior de Justicia de Canarias han avalado los permisos que desde el Estado se han concedido a Repsol para las prospecciones. Y el Constitucional ha anulado o suspendido cautelarmente las leyes autonómica antifracking.
Pero en un Estado descentralizado en el que muchas competencias sobre el medio ambiente y la ordenación del territorio están transferidas a las autonomías y los Consistorios, la oposición de las comunidades y los Ayuntamientos pueden dificultar mucho cualquier proyecto de este tipo.
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