Un cuarto de siglo después de la llegada de la democracia, el Parlamento aprueba una ley que garantiza mayor representatividad
ROCÍO MONTES Chile 21 ENE 2015 - 04:23 CET
Después de 25 años desde el fin de la dictadura y tras cinco gobiernos democráticos, este martes el Parlamento chileno ha vivido una jornada histórica al aprobar un nuevo sistema electoral que reemplazará al binominal implantado por el Gobierno de Augusto Pinochet. La iniciativa ha sido impulsada desde el Ejecutivo de la socialista Michelle Bachelet, que se había comprometido a movilizar su mayoría oficialista y lograr la aprobación del proyecto de ley antes del 31 de enero, cuando comienza el receso legislativo.
“Después de décadas de espera se ha dado un paso sustantivo para profundizar nuestra democracia. El Congreso desde ahora será expresión de la diversidad social, política y cultural del país. Nunca más el 30% va a equivaler al 60%, como ocurría con las inaceptables distorsiones del binominal”, ha señalado el portavoz del Gobierno, Álvaro Elizalde.
El antiguo mecanismo debutó en las elecciones de 1989, donde por primera vez en Chile se celebraron elecciones parlamentarias democráticas desde el golpe militar de 1973. El sistema promovía la estabilidad política de la transición al favorecer a los dos principales conglomerados de Chile, la Alianza de derecha y la Concertación de centroizquierda. En la práctica, sin embargo, se daban situaciones insólitas. Como se elegían solamente dos cargos por cada uno de los distritos de diputados y circunscripciones de senadores, no siempre resultaban electos los dos primeros candidatos con mayor votación, sino los primeros de cada una de las coaliciones. Dirigentes con alto respaldo quedaban fuera del hemiciclo aunque llegaran segundos, si no lograban doblar junto a su compañero de lista.
Con este sistema, las fuerzas minoritarias tenían escasas posibilidades de tener alguna representación en el Parlamento, como le ocurrió durante años, por ejemplo, al Partido Comunista, que solo en 2009 pudo conseguir tres escaños desde el retorno a la democracia gracias a diferentes pactos instrumentales con la Concertación.
La reforma incluye una ley de cuotas que fija en un 60%-40% la relación máxima entre candidatos hombres y mujeres
La superación del sistema electoral binominal, con los años, comenzó a ser una demanda de las minorías y, poco a poco, a transformarse en una bandera de lucha de la centroizquierda, que desde el Gobierno y el Parlamento tardó décadas en tener la decisión política de una verdadera transformación. En ocasiones, finalmente, también les convenía mantener el statu quo. Las protestas sociales de 2011 encabezadas por los estudiantes, sin embargo, pusieron el binominal en el centro del debate y su modificación se transformó en una de las demandas clave para conseguir un sistema con mejores parámetros democráticos. Cuando Bachelet regresó a Chile en 2013 para llevar adelante su segunda campaña presidencial incluyó el cambio del sistema electoral en su programa de Gobierno y su conglomerado Nueva Mayoría, integrado desde la Democracia Cristiana al Partido Comunista, se cuadraron con la iniciativa.
El nuevo sistema aprobado este martes por el Parlamento tiene mayores niveles de proporcionalidad y representatividad. Comenzará a regir desde las elecciones parlamentarias de 2017 y, entre otros aspectos, establecerá cupos impares en determinados distritos y circunscripciones, lo que forzará a que se termine el empate entre los dos principales conglomerados. También aumentará el número de diputados, de 120 a 155, y el de senadores, de 38 a 50, con el objetivo de darle mejor representatividad a los lugares con mayor número de habitantes. El proyecto despachado por el Congreso implicará un completo rediseño al mapa electoral de Chile, incentivos para la creación de nuevos partidos políticos y una ley de cuotas, que establece que la relación máxima entre candidatos hombres y mujeres debe ser un 60% y un 40%, respectivamente.
La nueva ley será promulgada luego de la revisión del Tribunal Constitucional. La derecha ha recurrido al organismo por considerar que el proyecto aprobado en el Congreso es un traje hecho a la medida de la izquierda y una derrota para Chile.
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