Aalia fue sentenciado a cadena perpetua tras participar en las protestas de Gdeim Izik
ALEJANDRA TORRES Madrid 22 ENE 2015 - 11:26 CET
España ha denegado el asilo político al activista saharaui Hassanna Aalia, que reside en el País Vasco desde 2011. El joven, de 26 años, fue condenado a cadena perpetua en Marruecos tras su participación en las protestas del campamento de Gdeim Izik en 2010. La manifestación, la más multitudinaria desde que España abandonara el Sáhara Occidental en 1975, reunió a 20.000 personas que exigían empleo y mejores condiciones de vida. Sus abogados recibieron la notificación el pasado lunes y, desde entonces, Aalia tiene 15 días abandonar el país, a donde llegó con una beca de estudios.
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Aalia, nacido en la ciudad de El Aaiún, en el Sáhara, ya había sido juzgado y sentenciado a cuatro meses de prisión a causa de las protestas. Ya en España, cuando le faltaban dos meses para marcharse, vio que su nombre aparecía en la lista de personas que serían llevadas a juicio por los hechos de Gdeim Izik y por ello pidió protección en enero de 2012. En 2013, un tribunal militar de Rabat dictó una sentencia contra 25 saharauis —Aalia, entre ellos—, a quienes había acusado de haber organizado las manifestaciones y haber provocado la muerte de 11 policías marroquíes. El activista, miembro de la Asociación Saharaui de Víctimas por los Derechos Humanos, fue juzgado en rebeldía.
La defensa de Aalia señala que la denegación vulnera el derecho de asilo. "Hassanna ha sufrido detenciones, malos tratos y torturas desde los 17 años", asegura su abogado, que cuestiona que Aalia haya sido sentenciado por un tribunal militar "con acusaciones falsas". "No llegó a España con la intención de quedarse, vino para estudiar".
Asociaciones como la Plataforma de Acción Internacional por los Presos Saharauis de Gdeim Izik y la Federación ACAPS impulsan una campaña de apoyo a Aalia, que incluye la recolección de firmas para Interior y el contacto con intergrupos parlamentarios que tratan el tema saharaui. Las formaciones Ezker Anitza-IU y Amaiur, en el País Vasco, han condenado la denegación y han pedido al Gobierno que le otorgue asilo. España y Marruecos tienen un convenio de extradición, pero los abogados de Aalia esperan frenar su salida del país.
Agentes marroquíes en el campamento saharaui de Gdeim Izik en 2010. / AFP
La región del Sáhara, anexionada y gestionada por Marruecos desde 1976, vigilada por una misión de la ONU desde 1991 y con una disputa sobre su identidad, lleva décadas esperando un referéndum de autodeterminación. Es el último territorio de África por descolonizar, según la lista que mantiene Naciones Unidas. Aalia, según las organizaciones que le respaldan, llevaba a representantes de ONG y periodistas desde la ciudad de El Aaiún hasta Gdeim Izik.
No es la primera vez que Interior recibe críticas por este tema. En abril de 2014, el Tribunal de Estrasburgo cuestionó el sistema de asilo vigente en España, tras abordar el caso de 30 saharauis a los que se les había decretado la expulsión. Los inmigrantes, que llegaron en patera a Canarias en 2011 y 2012, habían pedido quedarse en el país ante el temor de sufrir la represión de Marruecos. En una sentencia, los magistrados consideraron probado que la administración vulneró el derecho de recurrir la decisión.
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