El juicio por la muerte del conservacionista entra en su recta final
La playa sigue expuesta al saqueo de huevos de tortuga
ÁLVARO MURILLO Limón (Costa Rica)
"Aquí uno ve lo que ve y se calla", dijo mirando hacia los lados un joven flaco y greñudo. Teme a algo o a alguien. Pide que nadie cuente haberlo visto y vuelve a su choza entre el humedal que colinda con la playa inhóspita donde hace 18 meses mataron al conservacionista Jairo Mora, de 26 años, una noche en la que intentaba rescatar huevos de las enormes tortugas baula que llegan a playas del Caribe de Costa Rica.
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El juicio por el asesinato de Mora está en el tramo final. Quedan días para que se conozca la sentencia sobre los siete acusados y la playa de Moín, que toma el nombre del principal puerto de Costa Rica, a 11 kilómetros, estaba solitaria el pasado sábado, como casi siempre. El muchacho apenas acepta contar dónde vive una tal María que puede indicar el sitio donde Jairo murió en junio del 2013 después de ser golpeado. Él quería rescatar los huevos de las tortugas baula para después liberar a los animales, y sus atacantes querían llevarse los huevos para venderlos como afrodisíacos y bajo la premisa de que son sabrosos. "Por allá", señala con dejadez, y vuelve a lo suyo.
Ahora los saqueadores de huevos están solos. Con Jairo cumplieron la amenaza de muerte y nadie más siguió haciendo el trabajo que él lideraba con cooperantes extranjeros, con una ONG conservacionista y el apoyo de una familia que ahora solo tiene un refugio para aves y mamíferos. Solo está la playa gris, los cocoteros, el bosque y una línea ferroviaria casi en desuso. En este mes de enero, ni siquiera llegan las tortugas; no es temporada.
Todos saben que esto es zona de narcotráfico. Hay alguna choza metida entre los árboles y algún paseante valiente que aprovecha la luz del día. Venir de noche acompañado de cuatro chicas, como hacía Jairo Mora para rescatar huevos recién puestos, es un acto peligroso que nadie está dispuesto a repetir. Nadie niega que algo de temerario tenía el joven de 26 años cuyo nombre dio la vuelta al mundo como símbolo del ecologismo —y de sus riesgos en América Latina— en un país que hace bandera y negocio turístico de esa causa.
Entre cocoteros están los restos podridos de una casa. Es la que, según las investigaciones policiales, sirvió para que los sospechosos retuvieran a tres chicas norteamericanas y una veterinaria española mientras esa noche se encargaban de Mora, quien trabajaba para la organización Widecast, asociada con el refugio que regentaba una amiga suya llamada Vanessa Lizano. Widecast ya no tiene voluntarios dispuestos a vencer el miedo y Vanessa huyó a la capital con su hijo para evitar que alguien cumpliera la amenaza de muerte. La playa ahora no tiene patrullaje policial y está lejos de convertirse en zona protegida, como pidieron los activistas en 2013 al calor del crimen de Mora.
Él quería rescatar los huevos de las tortugas baula para después liberar a los animales y sus atacantes querían llevarse los huevos para venderlos como afrodisíacos
La presión política se ha reducido y el Gobierno ha cambiado. Lo único que preocupa a los saqueadores de huevos es que esta zona es parte del proyecto de ampliación portuaria concesionado por el Estado a la empresa holandesa APM Terminals y eso ahuyentará a las tortugas baula, prevé Bernal Lizano, padre de Vanessa y actual propietario del refugio de mamíferos y aves. "Con las obras [que empiezan este año], las corrientes van a variar y eso se sumará a la contaminación sónica. Ya no habrá tortuga baula en riesgo en esta playa porque van a dejar de llegar. Claro, es que vienen 1.000 millones de dólares [monto anunciado de inversión de APM Terminals]", lamenta Bernal desde su refugio cerrado a cal y canto, con un rottweiler amarrado en la entrada.
"Queríamos que al menos la muerte de Jairo sirviera para algo", dice. La playa de 18 kilómetros está a merced de los saqueadores de huevos, reconoce Didiher Chacón, director de la organización Widecast, que abandonó la playa de Moín, la de mayor presencia de tortugas baula en el Caribe costarricense, y ahora solo mantiene programas en otro pueblo cercano. Chacón celebra la posibilidad de que condenen a los siete sospechosos, pero teme que el Estado salga impune a pesar de no haber cumplido con la vigilancia policial a quienes hacían un trabajo público de conservación en esta playa. Chacón cree que la sentencia castigará el asesinato como si se tratara de un asalto en cualquier calle, como uno más de los 411 ocurridos en el año 2013 en Costa Rica, sin el reconocimiento del trabajo que él hacía y de los riesgos que asumió para ello. Teme que este no sea para la justicia un crimen ambiental. Con Jairo parece haber muerto también su causa en la costa Caribe costarricense.
Una querella sin efecto y pruebas anuladas
Entre cocoteros están los restos podridos de una casa. Es la que, según las investigaciones policiales, sirvió para que los sospechosos retuvieran a tres chicas norteamericanas y una veterinaria española mientras esa noche se encargaban de Mora, quien trabajaba para la organización Widecast, asociada con el refugio que regentaba una amiga suya llamada Vanessa Lizano. Widecast ya no tiene voluntarios dispuestos a vencer el miedo y Vanessa huyó a la capital con su hijo para evitar que alguien cumpliera la amenaza de muerte. La playa ahora no tiene patrullaje policial y está lejos de convertirse en zona protegida, como pidieron los activistas en 2013 al calor del crimen de Mora.
Él quería rescatar los huevos de las tortugas baula para después liberar a los animales y sus atacantes querían llevarse los huevos para venderlos como afrodisíacos
La presión política se ha reducido y el Gobierno ha cambiado. Lo único que preocupa a los saqueadores de huevos es que esta zona es parte del proyecto de ampliación portuaria concesionado por el Estado a la empresa holandesa APM Terminals y eso ahuyentará a las tortugas baula, prevé Bernal Lizano, padre de Vanessa y actual propietario del refugio de mamíferos y aves. "Con las obras [que empiezan este año], las corrientes van a variar y eso se sumará a la contaminación sónica. Ya no habrá tortuga baula en riesgo en esta playa porque van a dejar de llegar. Claro, es que vienen 1.000 millones de dólares [monto anunciado de inversión de APM Terminals]", lamenta Bernal desde su refugio cerrado a cal y canto, con un rottweiler amarrado en la entrada.
"Queríamos que al menos la muerte de Jairo sirviera para algo", dice. La playa de 18 kilómetros está a merced de los saqueadores de huevos, reconoce Didiher Chacón, director de la organización Widecast, que abandonó la playa de Moín, la de mayor presencia de tortugas baula en el Caribe costarricense, y ahora solo mantiene programas en otro pueblo cercano. Chacón celebra la posibilidad de que condenen a los siete sospechosos, pero teme que el Estado salga impune a pesar de no haber cumplido con la vigilancia policial a quienes hacían un trabajo público de conservación en esta playa. Chacón cree que la sentencia castigará el asesinato como si se tratara de un asalto en cualquier calle, como uno más de los 411 ocurridos en el año 2013 en Costa Rica, sin el reconocimiento del trabajo que él hacía y de los riesgos que asumió para ello. Teme que este no sea para la justicia un crimen ambiental. Con Jairo parece haber muerto también su causa en la costa Caribe costarricense.
Una querella sin efecto y pruebas anuladas
La cara de Jairo Mora está pintada en un graffiti en el parque de Limón, frente al pequeño malecón con vista al mar Caribe. A dos cuadras están los tribunales que en los inicios del juicio recibían a los activistas ambientales que se manifestaban para pedir justicia. Los siete imputados en el juicio por el asesinato del joven están cerca de conocer su sentencia. Tres meses después del inicio de un juicio con abundantes complicaciones técnicas y retrasos, se preparan las audiencias finales. Ya no llegan activistas del ambientalismo y los periodistas son menos que antes.
Los padres de Mora son asistentes fijos. Para cada audiencia viajan los 94 kilómetros desde el pueblo de Gandoca (Caribe sur), donde su hijo aprendió a amar a los animales. Los padres han ido perdiendo el ánimo. Primero quedó sin efecto la querella civil que exigía al Estado 300 millones de colones de indemnización (cerca de 555.000 dólares). Después han visto cómo los jueces descartan pruebas que resultaban clave para inculpar a los sospechosos, como los audios de intervenciones telefónicas grabados por los investigadores. Los acusados, para los que se piden 35 años de cárcel, son jóvenes de un grupo al que se le atribuyen otros delitos en la zona, aunque no directamente se les relaciona con el robo de huevos de tortuga. Según la acusación, sí manifestaron su intención de vengarse de Mora por su trabajo.
Los padres de Mora son asistentes fijos. Para cada audiencia viajan los 94 kilómetros desde el pueblo de Gandoca (Caribe sur), donde su hijo aprendió a amar a los animales. Los padres han ido perdiendo el ánimo. Primero quedó sin efecto la querella civil que exigía al Estado 300 millones de colones de indemnización (cerca de 555.000 dólares). Después han visto cómo los jueces descartan pruebas que resultaban clave para inculpar a los sospechosos, como los audios de intervenciones telefónicas grabados por los investigadores. Los acusados, para los que se piden 35 años de cárcel, son jóvenes de un grupo al que se le atribuyen otros delitos en la zona, aunque no directamente se les relaciona con el robo de huevos de tortuga. Según la acusación, sí manifestaron su intención de vengarse de Mora por su trabajo.
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