Por Teresa Frías K.
A casi dos años de la muerte del dirigente sindical Juan Pablo Jiménez, aún quedan muchas dudas que resolver en torno a las dudas que presenta el caso, esto por las diversas teorías que rondan al respecto.
Para comenzar, cuando aún no se realizaba el funeral del ex presidente del sindicato n°1 de la empresa contratista Azeta, la Policía de Investigaciones (PDI) levantó con premura la hipótesis de que el disparo habría sido una "bala loca" producto de enfrentamientos en el sector de La Legua. Un mes después, un adolescente de 16 años fue detenido como presunto autor del disparo a 1 kilómetro y 35 metros de distancia.
El informe policial, entregado meses después, estableció que la bala realizó un recorrido en forma de parábola, entrando por la zona frontal izquierda de la cabeza de Jiménez, atravesando su cráneo.
Esta explicación fue ampliamente cuestionada por la familia y por la abogada querellante, quienes contrataron un peritaje independiente para desacreditar las diligencias de la PDI.
La conclusión fue contundente: dadas las condiciones ambientales, la velocidad y el ángulo de entrada de la bala, los peritos particulares establecieron que no podría haber viajado más de 719 metros. Quizás 863 máximo, manipulando las variables.
La abogada Margarita Peña señaló que el informe de la PDI es deficiente y que no se ha tomado el real peso de los antecedentes presentados, por lo que ya solicitaron un tercer informe que compare las pericias de la PDI y el particular contratado por la familia.
Cambios judiciales
Una de las últimas indagaciones en el caso, dejó en libertad el menor (?) que hasta ahora ha sido único imputado por la muerte del dirigente sindical, esto debido a que los fiscales Patricio Pérez y Sergio Arévalo de la zona metropolitana Sur, que indagaban el caso junto a la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI, lo reformalizaron por cuasidelito de homicidio y porte ilegal de armas, y solicitaron al juez Jorge Sáez del 12° Juzgado de Garantía de Santiago, la realización de un juicio simplificado.
La petición fue aceptada por el magistrado y así, los persecutores lograron que el adolescente fuera condenado a una pena de 540 días de libertad asistida, sentencia que se da por cumplida, ya que estuvo en internación provisoria desde abril de 2013.
De acuerdo a la investigación, el 21 de febrero de ese año, J.B.P.M se encontraba realizando disparos hacia el sector de la empresa Azeta, donde, sin que él supiera, se encontraba la víctima.
Es por ello, que el lunes llegaron los abogados de la familia de Jiménez hasta la Corte de Apelaciones de Santiago, con el objetivo de presentar un recurso que anule el fallo que dejó en libertad al único imputado del caso. Así lo informó Lorenzo Morales, para quien no existen pericias forenses que aclaren la forma en que murió Jiménez, por lo que apelarán al fallo y en su defecto presentarán un recurso de queja a la Corte Suprema.
Nuevas teorías
Sin embrago, surgen nuevas aristas. En diciembre del año pasado apareció un papel enrollado en un tubo que fue dejado en la animita que hoy recuerda al lugar en que cayó Juan Pablo. En ella se lee que un hombre de apellido Miranda sería quien mató al sindicalista. Los antecedentes fueron entregados al Ministerio Público el miércoles pasado luego de que Criminalística SAV realizara sus propias investigaciones.
Se trata de la empresa de investigación forense que realizó un informe contradiciendo el de la PDI y asegurando la imposibilidad de que a Juan Pablo lo matara una bala perdida. Es la misma empresa que trabajó en el caso de Víctor Montoya, acusado y dos veces absuelto de poner un artefacto explosivo en la comisaría de Las Vizcachas, según indicó el diario The Clinic.
Fuentes de esta investigación señalaron que Miranda ingresó a Azeta un mes antes de la muerte del sindicalista, "y tiene antecedentes penales. Además es extraño que lo hayan contratado porque se supone que la empresa estaba al borde de la quiebra". Azeta presentó una petición de quiebra el 4 de noviembre de 2013 y la sentencia que así lo declaró fue publicada en el Diario Oficial en marzo de 2014.
Exigen justicia
A dos años de la muerte de Jiménez persiste un manto de dudas, principalmente por cómo se han dado las cosas. De hecho, fuentes aseguran que su muerte ocurrió un día antes que él denunciara presuntas irregularidades contra un grupo de trabajadores, lo que llevó a sus familiares y amigos a realizar una serie de marchas por lo ocurrido.
La Campaña Verdad y Castigo, junto a su familia, dirigentes sindicales, estudiantiles y sociales, entregaron una carta al Ministerio del Interior para exigir verdad y castigo por este caso, en el que están seguros que "aún no se haya a los culpables, como sí lo ha planteado la Fiscalía".
Para Takuri Tapia, representante de la campaña, "al dirigente lo mataron en democracia, y creemos que hay que cambiar ciertas cosas para llegar a la verdad. Desde el primer momento se planteó, pero en el gobierno pasado no se llegó a fondo. Es por eso que fuimos hasta el ministerio para que así pueda haber una resolución lo más pronto posible".
A ello, agregó a Cambio21 que "creemos tanto que deben haber pruebas para demostrar todo lo contrario a lo que se ha dicho, y sobre todo demostrar en particular que la teoría de la bala loca no existe", agregando que "estos nuevos antecedentes que nos llegan podría demostrar otra arista, otra posibilidad que surge a dos años de la muerte de Juan Pablo".
"Desde el primer momento se planteo la idea de una bala loca, pero ni siquiera se ha revisado el expediente, y dentro de la investigación ha habido muchas cosas de nivel complejo, y en eso también apuntamos para que intervenga el ministerio del Interior", puntualiza el ex presidente de la federación de estudiantes de la Usach, agregando que "queremos encontrar justicia y castigo para encontrar la verdad.
Por su parte la abogada de la familia, Margarita Peña dijo a nuestro medio que "surgió una pista que para nosotros es importante. Esta surge a muy poquitos días antes de la audiencia donde se dejó libre al único inculpado".
"Es un escrito anónimo que nos indica el nombre de la persona del disparo, eso determina que hoy estamos en una situación muy paradójica, porque fiscalía por una parte llego a un acuerdo con un menor imputado, y el juez de garantía resolvió aplicar un juicio simplificado, al inicio del cual se declara que el menor es el autor del disparo y se le condenó por cuasidelito de homicidio con pena cumplida, pero en paralelo el mismo día se abrió una carpeta para buscar los responsables, entonces es muy paradójica la situación", dijo al profesional.
"Nunca hemos creído que una bala perdida haya matado a Juan Pablo. Nuestra desconfianza nace por todos los datos que tenemos y por cómo se ha llevado el caso", expresó la representante de la familia, agregando que "pueden pasar años y décadas y hay familias que siguen esperando la verdad, así que la familia de Juan Pablo si se debe recorrer el camino largo con tal de llegar al fondo, lo hará, porque existe un sentimiento de indignación hacia el conjunto de la institucionalidad".
No hay comentarios.:
Publicar un comentario