El expresidente queda libre por los fallecidos en las protestas tras el corralito
CARLOS E. CUÉ Buenos Aires
La Corte Suprema argentina, el máximo tribunal, ha cerrado definitivamente cualquier posibilidad de juzgar al el presidente Fernando De la Rúa por las cinco muertes que se produjeron en 2001 en los disturbios alrededor de la Casa Rosada, la sede del Gobierno, en la crisis del corralito, la más dura de la reciente historia democrática argentina.
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De la Rua y otros funcionarios implicados en la denuncia quedan así definitivamente liberados de un proceso que les ha perseguido durante 13 años. En el peor momento de la crisis, el 19 y 20 de diciembre de 2001, cuando Buenos Aires estaba tomada por los ciudadanos que protestaban por el secuestro de sus ahorros en los bancos -el llamado corralito- decretado por el Gobierno para frenar la salida de capitales y el hundimiento de los bancos, De la Rua decretó el estado de excepción y la policía reprimió a los manifestantes alrededor de la sede del Gobierno.
Además de esos cinco muertos, hubo 117 heridos. De la Rua finalmente dimitió y abandonó la Casa Rosada en helicóptero para evitar a los manifestantes, una imagen que hundió para siempre su figura, hasta entonces respetada, y hundió a su partido, el Radical, en una crisis de la que todavía está lejos de salir.
La dimisión del presidente dio paso a un proceso de inestabilidad que todos los argentinos recuerdan como "cinco presidentes en una semana" aunque en realidad fue un poco más largo. Buena parte del éxito de la gestión del matrimonio Kirchner, que llegó después, en 2003, se debe a la comparación precisamente con esos días. Aún hoy en los mítines de campaña del kirchnerismo para atacar a la oposición se dice que "quieren volver al helicóptero" en referencia a esa salida de De la Rua.
La Corte Suprema, por unanimidad, dejó firme el sobreseimiento de De la Rúa y declaró “inadmisibles” los recursos extraordinarios presentados por el fiscal Ricardo Gustavo Wechsler y por los abogados querellantes, Rodrigo Diego Borda y Rodolfo Yanzón, contra el sobreseimiento del expresidente por los delitos de “homicidio imprudente” y “lesiones culposas”.
El sobreseimiento fue dispuesto por el juez de instrucción, Claudio Bonadío, y fue homologado, tras la primera apelación, por la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. Los recursos de casación fueron rechazados por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal y ahora por la Corte Suprema de Justicia.
La causa había sido liderada por el CELS, una institución argentina que se dedica a buscar el procesamiento de los responsables de la dictadura pero también a labores de investigación social de todo tipo y a llevar adelante litigios como este por la represión a manos del Estado. El director del Área de Litigios del Centro de Estudios Legales y Sociales, Diego Morales, aseguró que el organismo analiza “apelar ante instancias internacionales” tras este fallo de la Corte Suprema. “El fallo no permite indagar en las responsabilidades institucionales de la represión y, lo que es más grave, omite establecer cuáles son las limitaciones que debe tener el estado de sitio en democracia”, explicó Morales a la agencia Télam.
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