Las estadísticas públicas están cuestionadas por los propios trabajadores, no hay cifras estables sobre la inflación y el desempleo, y el Gobierno no mide la pobreza
CARLOS E. CUÉ / ALEJANDRO REBOSSIO Buenos Aires 24 JUN 2015 - 01:02 CEST
Argentina es cada vez más un país acostumbrado a vivir de manera muy particular. Los argentinos han desarrollado una capacidad innata para vivir con una inflación de alrededor del 30%, la segunda del planeta después de Venezuela. No parece un problema grave y no desgasta la imagen del Gobierno, aún bien valorado en las encuestas sobre todo si se tiene en cuenta que lleva 12 años en el poder. Los ciudadanos se han acostumbrado a vivir también prácticamente sin datos oficiales respetados por todos. Mientras el Gobierno dice oficialmente que la inflación es del 15%, acepta subidas de salarios del 27%, reconociendo que este último dato es el real. O no.
La presidenta, Cristina Fernández, asegura que la pobreza está por debajo del 5%, pero varios organismos, entre ellos la Iglesia, la sitúan por encima del 20% o del 25%. Ni siquiera los datos del crecimiento, exportaciones o paro son aceptados por todos. Los propios trabajadores del Instituto Nacional de Estadística (INDEC), hartos del control político, rodean el edificio cada mes para denunciar la situación. Este mes han cumplido su abrazo número 100.
La situación de la intervención de los datos oficiales empezó hace ocho años y ha vivido momentos cumbre. Hace dos años, el INDECllegó a decir oficialmente que con seis pesos al día de entonces, equivalente a un dólar, una persona podía comer en Argentina. Todos sabían que era y es imposible. “Era tan ridículo que dejaron de medir la pobreza porque nadie les creía. Desde entonces no hay dato oficial de pobreza. El 5% es el último que se hizo en 2013 y era irreal, nosotros hemos hecho un cálculo con una canasta de la compra conservadora y nos sale 25,1%”, explica Raúl Llaneza, secretario del sindicato que agrupa a los trabajadores del INDEC que exigen recuperar un tratamiento profesional de los datos. El Gobierno desplazó a los jefes de servicio que hacían las estadísticas para reemplazarlos por personas de confianza que sacan los nuevos datos, en los que nadie confía.
La cifra del PIB también está cuestionada, pero no las del déficit fiscal ni las de la baja deuda
Bajo la amenaza de sanciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno de la peronista Cristina Fernández de Kirchnerrevisó en 2014 sus indicadores de inflación y PIB, pero el organismo con sede en Washington no ha aprobado las nuevas metodologías sino que se tomará su tiempo, hasta 2016, cuando ya haya un nuevo presidente en el país sudamericano. Es una de las tareas clave del nuevo Gobierno que surgirá de las urnas en octubre.
También están bajo sospecha, aunque menos, las estadísticas de desempleo o las de exportaciones.
Algo más de consenso hay en las cifras de déficit, que después de años muy controladas e incluso con superávit en los primeros años del kirchnerismo se están disparando en año electoral. También la deuda está aumentando en 2015 aunque incluso los principales opositores reconocen que ha bajado en estos 12 años de kirchnerismo a niveles históricamente bajos.
Con la aprobación de los Kirchner, el entonces todopoderoso secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, calculaba entre 2007 y 2013 un IPC que suponía casi un tercio del que miden las agencias provinciales de estadística, que no han sido intervenidas como el INDEC, y las consultoras. Desde 2014, después de que Moreno dejara el Gobierno y Axel Kicillof se convirtiera en el mandamás económico, la inflación oficial redujo la brecha respecto de la computada por provincias y consultoras, pero sigue suponiendo casi la mitad: del 15% que se admite a un 27% real que se pacta en los aumentos salariales, en algunos casos por encima del 30% con pluses.
Diputados de la oposición como Federico Sturzenegger, uno de los principales asesores económicos de Mauricio Macri, señalan que en realidad los economistas como él ya se han acostumbrado a vivir con otras estadísticas, con lo que no es que no haya datos, simplemente hay que trabajarlos de una manera distinta a la de otros países y recurrir mucho más a las instituciones privadas.
En el paro, por ejemplo, el INDEC calcula un 7,1%. El economista conservador Rogelio Frigerio cita un cálculo de la consultora que fundó, Economía & Regiones, que habla de un 9,8% de paro. Fuera del ámbito económico hay quienes reprochan el retraso en la publicación de datos de homicidios. No es que todas las estadísticas del INDEC sean falsas, pero los datos ya se ha convertido en centro de la batalla política y nadie los asume. “Estamos volando sin radar, un país y un Gobierno necesitan estadísticas fiables para diseñar las políticas contra la pobreza o la desigualdad. Es una decisión política. En el momento que quieran se puede recuperar el INDEC”, resume Llaneza.
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