jueves, 4 de junio de 2015

Colombia castigará hasta con 50 años de cárcel los feminicidios

Algunos activistas de los derechos de las mujeres en Bogotá. / REUTERS

El proyecto de ley busca sensibilizar a los colombianos y prevenir este tipo de violencia

Jineth Bedoya y su lucha por la justicia

ELIZABETH REYES L. Bogotá


Rosa Elvira Cely, una mujer que fue violada y asesinada en un parque de Bogotá en mayo de 2012, se convirtió en la bandera de la lucha por la justicia en los crímenes contra mujeres en Colombia. Su nombre ha servido para promover marchas y campañas en contra del feminicidio. Ahora, es también el nombre de un proyecto de ley, aprobado por la Cámara de Representantes del Congreso con 104 votos a favor y 3 en contra, que establece que se castigará severamente a quienes asesinen a una mujer por el hecho de serlo. La pena podría llegar hasta 50 años de prisión, un castigo que está por encima del que se paga por un homicidio simple en el país.

En Colombia cada cuatro días ocurre un feminicidio

Se estima que en Colombia cada cuatro días ocurre un feminicidio. El proyecto, que tiene pendiente ser conciliado en el Senado y contar con la firma del presidente, Juan Manuel Santos, para convertirse en ley, busca sensibilizar a los colombianos y prevenir este tipo de violencia. Según cifras de Medicina Legal, en los dos primeros meses de 2015 126 mujeres fueron asesinadas por diferentes causas. El proyecto también propone medidas para que se inicie una investigación con personal especializado cuando se sospeche que el homicidio de una mujer se trata de un feminicidio, y establece un agravante si los agresores son funcionarios públicos y las víctimas son menores de 18 años o mayores de 60.

“Pero más que la pena, lo que las mujeres estamos esperando es que esta ley se convierta en una pieza verdaderamente persuasiva para los hombres violentos, porque la impunidad en estos casos es muy alta. El asunto no es solo que se haga justicia frente a mujeres muertas sino que se eviten esas muertes”, dice la parlamentaria Ángela María Robledo.

Contra la impunidad

Rosa Elvira, una trabajadora de una cafetería de 35 años, fue víctima de un compañero del colegio en el que estudiaba y su muerte conmocionó al país, después de que la hallaran agonizando en la madrugada del 24 de mayo de 2012.

El pasado domingo, para recordar los tres años de la muerte de esta mujer, en Bogotá salieron a marchar bajo el lema “Ni una Rosa más”y este martes, durante la votación en la Cámara, estuvo presente su hermana Adriana, quien calificó el proyecto de ley como un homenaje a Rosa Elvira. Su caso se suma a otros que se conocen con frecuencia en el país. Uno de los más recientes ocurrió en Villavicencio, una ciudad en el centro del país, donde otra mujer, Ángela Rodríguez, fue rociada por su expareja con gasolina dentro de su coche.

En el Congreso colombiano, mientras, también se tramita un proyecto de ley para aumentar las condenas por agresiones con ácido, una práctica que también se ha recrudecido en el país en los últimos años, en especial contra mujeres, y que por ahora es considerada solo como una lesión personal y la mayoría de casos queda en la impunidad.

Jineth Bedoya y su lucha por la justicia

SALLY PALOMINO

Desde 2009, cuando la periodista colombiana Jineth Bedoya contó públicamente que 10 años atrás había sido secuestrada, violada y torturada, ha dedicado sus días a luchar contra la impunidad en los procesos de violencia de género. Pero en su caso se han dado más retrocesos que avances. El martes, la fiscalía de derechos humanos de Colombiaordenó la libertad de uno de los tres hombres que son investigados como responsables del ataque.

El exparamilitar Alejandro Cárdenas saldrá de la cárcel porque, según la fiscalía, no hay suficientes pruebas, pues él solo reconoció su responsabilidad en el secuestro y la tortura, pero no en la violación. El activismo de la periodista permitió que por ley se conmemore el Día nacional de las víctimas de la violencia sexual. Debido a su labor recibió el Premio Mujer de coraje, que entrega anualmente el Departamento de Estado de Estados Unidos. Ahora depende de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se haga justicia.

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