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HRW señala a mandos militares por ejecuciones ilegales en Colombia
La organización de derechos humanos denuncia que coroneles y generales del Ejército “sabían o deberían haber sabido” de los llamados falsos positivos
De oficiales a comandar el Ejército
JAVIER LAFUENTE / ELIZABETH REYES L. Bogotá 24 JUN 2015 - 12:51 CEST
Hace siete años que estalló en Colombia el escándalo de las ejecuciones extrajudiciales, conocida como falsos positivos, que protagonizaron algunos militares como una estrategia macabra para mostrar resultados y obtener beneficios. Desde entonces se ha sabido cómo en diferentes regiones del país se mataron, entre 2002 y 2008, a cientos de civiles inocentes para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate. La Fiscalía investiga al menos 3.000 presuntos casos.
Aunque en su momento fueron apartados de sus cargos 27 oficiales y soldados, hasta ahora, las condenas de estos hechos han recaído sobre soldados y oficiales de bajo rango. Apenas altos mandos han sido condenados. Así lo evidencia el informe de Human Rights Watch (HRW) El rol de los altos mandos en falsos positivos, de 105 páginas, que asegura que hay “amplias evidencias” que sugieren que coroneles y generales del Ejército “sabían o deberían haber sabido” de los llamados falsos positivos, e incluso “podrían haberlos ordenado”. Este martes, la Fiscalía General ha citado el excomandante del Ejército Mario Montoya, junto con tres oficiales de esa institución, todos retirados, para que declaren por sus posibles nexos con los falsos positivos
Para José Miguel Vivanco, director de las Américas de HRW, "los oficiales del Ejército que estaban al mando cuando sucedieron las ejecuciones han conseguido eludir la acción de la justicia e incluso han ascendido a los niveles más altos del mando militar, incluidos los actuales comandantes del Ejército Nacional y de las Fuerzas Militares”, asegura Vivanco en un comunicado.
Hasta ahora se han condenado a 815 militares por falsos positivos y solo a seis coroneles
Se refiere el responsable de HRW al general Juan Pablo Rodríguez, comandante de las Fuerzas Militares, quien dirigió entre 2007 y 2009 una brigada que está siendo investigada por presuntamente haber cometido al menos 28 falsos positivos en ese periodo; al general Jaime Lasprilla, hoy al frente del Ejército, quien comandaba otra brigada investigada por 48 casos cometidos entre 2006 y 2007. En septiembre de 2014, el general Rodríguez y otros oficiales fueron señalados públicamente por un polémico coronel que está preso. Lasprilla también ha sido mencionado en otros informes. Sin embargo, los dos han negado que impartieran órdenes en contra de los derechos humanos.
HRW realizó un análisis de los datos que maneja la Fiscalía y concluyó que 180 batallones habrían cometido ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2008. También tuvo acceso a expedientes penales y a testimonios de militares implicados en estos casos que afirman que sus superiores presuntamente conocían o facilitaron los falsos positivos. Entre los testimonios se encuentran el de dos exoficiales que contaron que durante más de un año se reunieron semanalmente con el comandante del batallón al que pertenecían para planificar falsos positivos bajo un mismo modus operandi.
En los últimos meses se lleva a cabo un juicio contra cinco coroneles que formaban parte de la cúpula de un mismo batallón que ha sido acusado de la muerte de más de 70 inocentes entre 2006 y 2007. Uno de ellos, el coronel Edgar Ávila, fue director de la Justicia Penal Militar en 2009 y también decano de Derecho de la Universidad Militar. Hasta ahora se han condenado a 815 militares por falsos positivos y solo a seis coroneles. La Fiscalía ha dicho que investiga a 22 coroneles.
El gobierno colombiano debería ordenar a las autoridades militares que cooperen con las investigaciones
José Miguel Vivanco
En el informe, HRW apunta que los fiscales tienen dificultades para avanzar en los casos porque no pueden acceder a información militar y que numerosos casos siguen siendo manejados por la Justicia Penal Militar, “donde prácticamente se garantiza su impunidad”, dice Vivanco. También, que algunos oficiales que han declarado contra sus superiores sufren represalias. “El gobierno colombiano debería ordenar a las autoridades militares que cooperen con las investigaciones, asignar suficientes fiscales a los casos y proteger a los testigos y sus familias”, dice la organización defensora de derechos humanos.
La ONG también le pide a Colombia que dentro de las medidas de justicia transicional que puedan adoptarse en las negociaciones de paz que adelanta el Gobierno con la guerrilla de las FARC, las cuales incluirían también a los militares que cometieron delitos en el marco del conflicto armado, “no priven a los familiares de víctimas de falsos positivos de que se haga justicia”, dijo Vivanco.
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