lunes, 6 de julio de 2015

Rebajar las penas de cárcel para criminales de lesa humanidad

Eso quieren los condenados del Caso Degollados

Parafraseando a David Pizarro "son unos cara de raja", dicen en círculos de defensa de derechos humanos. Los condenados por la muerte de tres profesionales en el denominado Caso Degollados quieren, nuevamente, que sus condenas sean rebajadas.

Por Equipo Cambio21 - 06/07/2015


La temática de Derechos Humanos en el país no tiene límites, y las consideraciones judiciales muchas veces superan el sentido común y la decencia. Lo dice el diputado comunista Hugo Gutiérrez, "judicialmente se puede pedir cualquier cosa".

Pero pedir al Poder Judicial que dos de los cinco inculpados por el denominado Caso Degollados vean sus condenas disminuidas, es algo que no se podría esperar. Menos pensando en la calidad de las personas que lo solicitan. Alejandro Sáez Mardones y Guillermo González Betancourt presentaron recursos de protección y amparo para forzar la petición de libertad condicional que ya les fue denegada con anterioridad.

Qué explican los hechos

Tanto Sáez Mardones como González Betancourt fueron condenados por su autoría en la muerte de tres profesionales durante la dictadura. Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Nattino fueron brutalmente asesinados. Tras investigaciones posteriores se pudo determinar la culpabilidad de Sáez y González y condenados a cadena perpetua. La solicitud de evaluar la petición de disminución de la condena ha causado molestia en las familias de los asesinados.

La respuesta de los afectados

Para el hijo de José Manuel Parada, Juan José, la situación es una directa afrenta para las familias.

"Nos violenta que los violadores de Derechos Humanos sigan insistiendo en tratar de no cumplir las penas, nos violenta que todavía no se haya derogado la Ley de Amnistía a pesar de que hay muchos jueces que decidan no aplicarla, y en este sentido para nosotros es difícil enfrentarnos a estas situaciones. Es doloroso, pero pensamos que tenemos la responsabilidad hacia nuestros padres y también hacia el país de intentar que los violadores de DD.HH cumplan sus condenas a cabalidad", expresó.

Al ser consultado sobre la lucha constante en que se han visto las familias de los detenidos desaparecidos, Juan José opinó: "la lucha por justicia y verdad la han sostenido los familiares, a partir del trabajo de las agrupaciones (de Detenidos y Desaparecidos, entre otras) y, tanto el Estado y la sociedad, tienen deudas en esta materia por cuanto aún hay familias de detenidos desaparecidos que no saben dónde están los restos. Hay casos sin fallos, hay menos de 100 condenados pese a la política de exterminio que ejecutó la dictadura y hay responsables civiles que no se han hecho cargo ni política ni judicialmente", advirtió.

Es por esto que las familias de José Manuel Parada y Manuel Guerrero irán a la Corte de Apelaciones a exigir que se mantengan las condenas de cadena perpetua.

Se trata, según las familias, de un caso donde se cometieron graves violaciones por lo que además se trasgreden estándares internacionales en esta materia, como la condición imprescriptible de estos y también la imposibilidad de los condenados de acogerse a beneficios.

Javiera Parada, hija de José Manuel Parada, se refirió a la situación de la petición de revocar la medida judicial: "estamos todos bastante choqueados, con mucho dolor. Es una situación irregular, no la esperábamos", indico. Además expresó que, a ciencia cierta, hay muestras claras de que estas dos personas "no han demostrado buena conducta, por lo tanto, revocar esto nos parece improcedente y una ofensa".

"No puede ser que asesinos de otros chilenos que utilizaron el aparato del Estado para hacer esto, quieran tener beneficios. Para nosotros es indignante, es doloroso. No pueden tener permisos que no se apegan a la ley, es indignante, muy doloroso", finalizó.

Para el diputado comunista Hugo Gutiérrez, la situación no tiene dobles lecturas.

"No se les puede impedir que soliciten las cosas que están en los márgenes que permite la ley. Es un derecho constitucional. Pero no puedo estar de acuerdo con que se permita rebajar las penas", dice tajante.

"Pero la República no puede permitir estas rebajas, ellos deben cumplir la penalidad que el Ministerio Público ya determinó. Los jueces ya les han negado esto con anterioridad y me parece que no habrían razones suficientes para que esto pueda revertirse", explica.

"Ellos siempre estarán pidiendo a los tribunales recuperar la libertad o rebajar las penas, ese es el derecho que se les permite. Pero me parece que la justicia debe de continuar con la ruta normal y negar todo tipo de beneficios", concluyó Gutiérrez.

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