jueves, 23 de julio de 2015

Sólo el 19% de los chilenos confía ya en la presidenta Bachelet

Bachelet durante el discurso anual de la Cámara de Diputados y el Senado en el Congreso en Valparaíso REUTERS

CHILE

Desde principios de año la popularidad de la presidenta chilena no cesado descender

El 65% de los encuestados cree que el Gobierno no comete las medidas necesarias

La corrupción y las protestas estudiantiles son las tareas pendientes de su Ejecutivo


CÉSAR G. CALEROEspecial para EL MUNDO Buenos Aires


A la presidenta Michelle Bachelet le ha durado muy poco la tregua política que supuso el triunfo de Chile en la Copa América de fútbol. Los escándalos de corrupción han lastrado su gestión y han llevado a un mínimo histórico el nivel de credibilidad de la mandataria entre los ciudadanos. Sólo un 19% de la población confía en su presidenta, según la encuesta de julio del Barómetro de Política difundido por las consultoras Cerc y Mori.

La imagen de Bachelet ha caído en picado desde principios de año, cuando salió a la luz el escándalo protagonizado por su hijo, Sebastián Dávalos, implicado en un caso de presunto tráfico de influencias. El primogénito de Bachelet y su mujer, Natalia Compagnon, se embolsaron, según las denuncias periodísticas, unoscuatro millones de dólares con la compra-venta de unos terrenos. Para realizar la operación, habían adquirido un millonario crédito de parte de un banquero próximo al Palacio de La Moneda.

Según el Barómetro de la Política, el 65% de los encuestados cree que el Gobierno de Bachelet no emprende las medidas adecuadaspara esclarecer los escándalos de corrupción. "La crisis política se ha profundizado entre enero y julio de 2015", destaca el informe de Cerc-Mori, que adjudica un 56% de desaprobación al Gobierno de Bachelet. La desconfianza de la ciudadanía ha ido en aumento desde que se realizó el último sondeo similar, en marzo pasado.

"Esta crisis abarca al Gobierno, al Parlamento y a los partidos políticos; los chilenos hoy creen que el país aún no ha tocado fondo, que la corrupción no disminuirá en los próximos cinco años y que ninguno de los implicados llegará a la cárcel", ha declarado Marta Lagos, directora de la consultora Mori. Para Lagos, "la corrupción llegó para quedarse; estamos en un momento en que las instituciones están en su punto más bajo y negativo desde 1988".

Al escándalo de Dávalos se sumó este año la reactivación judicial de los casos Penta y Soquimich, dos empresas investigadas por la justicia chilena por sus oscuros nexos con dirigentes políticos de todo el arco parlamentario.

Rodrigo Peñailillo, ministro del Interior y jefe de gabinete implicado también en presuntas irregularidades

Para tratar de frenar el desencanto social, Bachelet realizó en mayo unaremodelación de su Gobierno de centroizquierda. El principal perjudicado por ese golpe de timón fue su delfín político, Rodrigo Peñailillo, ministro del Interior y jefe de gabinete, implicado también en presuntas irregularidades. Tan sólo un mes después del reajuste gubernamental, se vio obligado a dimitir uno de los ministros que acababa de entrar en el Gobierno, Jorge Insunza, por presuntas asesorías millonarias a las dos grandes empresas mineras del país. Fue otro golpe a la credibilidad de Bachelet, que ha tenido que lidiar también en los últimos meses con las protestas de estudiantes y profesores por una reforma educativa que no acaba de cumplir las expectativas de esos colectivos.

Mientras, el Congreso chileno presentó ayer su primera cuenta pública en sus 204 años de existencia. La sesión estuvo marcada por el "mea culpa" de los legisladores ante la imparable ola de corrupción que vive el país. "Muchas veces no hemos estado a la altura de lo que la ciudadanía espera de nosotros", admitió el presidente del Senado, Patricio Walker. Por su parte, el titular de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Núñez, propuso congelar las dietas a los legisladores y reforzar los controles éticos. En ese sentido, se espera que se aceleren los proyectos de ley enviados por el oficialismo y que prevén duras sanciones -incluida la expulsión del Congreso- para aquellos diputados o senadores implicados en escándalos de corrupción.

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