Con esta nueva estrategia, el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén pretende reducir el repunte de la violencia
JUAN JOSÉ DALTON San Salvador
El fiscal general de El Salvador, Luis Martínez, anunció el martes que el pasado domingo emitió 300 órdenes de captura contra pandilleros o mareros, acusados de terrorismo por ser responsables de graves delitos contra empresas e instituciones oficiales, agentes y población civil, sobre todo, durante el paro del transporte público que tuvó lugar entre el 27 y 31 de julio pasados.
El anuncio de Martínez no fue una amenaza: presentó ante el Juzgado Especializado de Instrucción B de San Salvador —que procesa delitos del crimen organizado—, a 140 miembros de la pandilla Barrio 18 bajo la acusación de terrorismo por su participación intelectual y material en el boicot del transporte, que dejó un saldo de 11 empleados muertos y cuatro heridos, además de 30 millones de dólares en pérdidas económicas y el incremento del caos, miedo y zozobracuyo valor es intangible. “Los 160 restantes están siendo perseguidos”, apuntó el fiscal, quien aclaró que con la aplicación de la Ley contra Delitos de Terrorismo, que data de octubre de 2006, se “restablecerá el orden”. En lo que va del año suman 41 policías, 15 militares y un fiscal jefe asesinados. “Esta es una nueva estrategia para imponer orden y llevar paz social” dijo Martínez en rueda de prensa.
Tras el paro en el transporte público, que sintió sobre todo en el área metropolitana de San Salvador por donde transitan a dairio más de un millón de usuarios de los autobuses colectivos, las pandillas continuaron haciendo desmanes. Entre el 1 y el 10 de agosto fueron asesinadas 250 personas, de acuerdo a estadísticas del Instituto de Medicina Legal (IML).
Sólo el pasado lunes, se registraron 37 asesinatos, unas cifras que ya se han hecho rutinarias y han obligado a contratar de emergencia a médicos forenses e incrementar los horarios porque no se da abasto, según Miguel Fortín Magaña, director del IML.Con esta nueva estrategia para impedir que se sigan reptiendo estas acciones, el Gobierno del exguerrillero Salvador Sánchez Cerén muestra de nuevo “mano dura”.
En lo que va del año suman 41 policías, 15 militares y un fiscal jefe asesinados por la violencia que reina en el país centroamericano
En varios comunicados y mensajes en redes sociales, los líderes de las maras hacen llamados al diálogo para frenar la violencia criminal. Los pandilleros quieren que sus jefes, que están en cárceles de máxima seguridad, casi en aislamiento total, regresen a penales comunes, como estuvieron durante la tregua que se pactó en 2012, cuando estaba en el Gobierno el ex periodista Mauricio Funes. “No vamos a dialogar con criminales” advirtió Sánchez Cerén, quien ha ordenado un mayor despliegue de policías y soldados en las calles y carreteras de todo El Salvador.
No obstante, la violencia y la polarización políticas continúan. Voces de los diputados derechistas como Mauricio Vargas, general retirado, exigen que el Ejército asuma el mando en materia de seguridad nacional, porque “el Estado está siendo amenazado”. El otro es Guillermo Gallegos, que blandea la consigna de pena de muerte para los criminales. También Gallegos ha hablado de una nueva iniciativa: la creación de autodefensas ciudadanas, como las que existen en México. Hoy por hoy, El Salvador es uno de los países más peligros del mundo, por sus alta tasa de homicidios, unos 60 por cada 100.000 habitantes, de acuerdo a agencias de Naciones Unidas (ONU).
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