El Gobierno peruano, juzgado por ejecuciones extrajudiciales en 1997
JACQUELINE FOWKS Lima
Los oficiales jóvenes del Ejército no tienen buenas referencias de él, sino de su gran desprecio por la vida ajena. El coronel en retiro Jesús Zamudio, de 65 años, se entregó a la justicia peruana este viernes. Sobre él pesaba una orden de captura desde 2002 por haber liderado un grupo de agentes, conocidos como Los gallinazos, que en 1997 ejecutó extrajudicialmente a un terrorista que se rindió al final de la operación Chavín de Huántar, que rescató a 72 personas secuestradas por el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
Un juzgado de Lima también busca a Zamudio por el asesinato de 25 civiles cerca del cuartel del Ejército de Pichari (Ayacucho) en 1983, cuando integraba la patrulla Lince, que llegaba en helicóptero desde la ciudad de Ayacucho a escarmentar a los pueblos donde el grupo terrorista Sendero Luminoso emboscaba o mataba a uniformados. Ayacucho fue la región donde surgió el grupo terrorista y la más afectada por la violencia de los insurgentes y la contrasubversión entre 1980 y 2000.
La entrega de Zamudio a la justicia permitirá al Estado peruano hacerse cargo de una obligación pendiente en el sistema de justicia hemisférico. El 29 de junio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), difundió la sentencia del caso Eduardo Cruz Sánchez, el miembro del MRTA asesinado cuando estaba fuera de combate en 1997 en la residencia del embajador de Japón en Lima. Los antropólogos forenses afirmaron que murió “a causa de un disparo en la cabeza, y que además el victimario se habría ubicado atrás y a la izquierda de la víctima”.
El fallo cita a tres personas –dos policías y un académico japonés– que declararon a la justicia en 2001 y que vieron vivo a Cruz (aliasTito) cuando intentaba escapar y ya habían cesado los disparos entre el Ejército y el MRTA. Un policía subordinado a Zamudio dijo en 2001 que el terrorista suplicó por su vida: “Le dije que no temiese, que allí no le iba a suceder nada, dando cuenta de inmediato a mi jefe inmediato Zamudio. Yo pensaba que el capturado iba a ser presentado ante la opinión pública como un prisionero para después ser interrogado o que brinde información valiosa, sin embargo fue una sorpresa ver en el noticiero que todos los terroristas habían muerto en combate”, expresó Raúl Robles.
Zamudio, uno de los hombres de confianza del entonces asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos, dirigió un grupo de agentes encapuchados que llegaron al final de la operación de rescate sin compartir el sistema de radio de los comandos de élite Chavín de Huántar: el exministro de Defensa, Aurelio Loret de Mola, los nombró gallinazos años después.
La Corte Interamericana dispuso en junio que el Estado peruano debe conducir eficazmente la investigación y el proceso penal “sobre los hechos relacionados con la ejecución extrajudicial con la debida diligencia y en un plazo razonable para identificar, procesar y, en su caso, sancionar a los responsables”. Sin embargo, los procedimiento no avanzaban con Zamudio prófugo: ahora está detenido en el penal Miguel Castro Castro de Lima a la espera del juicio.
En una declaración la noche del viernes, el viceministro de Justicia, Alfonso Garcés, añadió que Zamudio “ayudó en la fuga de Montesinos a Venezuela” como su jefe de seguridad en septiembre del año 2000: la red de corrupción del exasesor del entonces presidente Alberto Fujimori, y jefe de facto de las fuerzas armadas, fue desvelada mediante videos que Montesinos grabó cuando entregaba sobornos a políticos de la oposición, empresarios y dueños de medios de comunicación, para respaldar la reelección de Fujimori.
Zamudio es uno de los más de 90 prófugos de la justicia que fueron parte del Gobierno de Fujimori o de la estructura de corrupción de aquel período: fue miembro de la cúpula militar dependiente de Montesinos. El viceministro Garcés también informó que fue detenido Luis Venero, uno de los testaferros de Montesinos, acusado por diez delitos.
Luego de conocerse la detención del prófugo, la organización pro derechos humanos Aprodeh, que defiende a la familia de Cruz, exhortó “al Poder Judicial, Ministerio Público y Ministerio del interior que se preste todas las garantías para que los testigos de ambos casos, en especial, el caso de la ejecución de Eduardo Cruz, puedan declarar sin temor de las amenazas vertidas contra testigos claves por el ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén”.
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