"Parece cómico que el persecutor sea elegido por los perseguidos. Claramente hace falta el sentido común en el Congreso. Se pierde el sentido común. Ellos están jugando a lo que se ha jugado durante mucho tiempo: que la gente olvida rápido, que el país olvida rápido, que estas cosas pasan de largo", afirmó el diputado Vlado Mirosevic
Por Felipe Reyes - 24/09/2015 (cambio21.cl)
El reemplazo del Fiscal Nacional, que actualmente ejerce Sabas Chahuán, está generando más inconvenientes de lo que se podría esperar. Once nombres se tienen como candidatos para el reemplazo, y los encargados de ratificar la elección de la Presidenta es la Cámara Alta. El tema es que de los 37 senadores en cuestión, contabilizamos a nueve que se encuentran siendo investigados -directa o indirectamente- por el Ministerio Público a raíz de relaciones con los casos Penta y Soquimich.
Es decir, el 25% de los componentes de la Cámara Alta se encuentran en entredicho sobre su validez en la votación, pues de forma espontánea surgió la idea de la inhabilitación para votar. Todo impulsado por la transparencia en política. Tema importante para blanquear el accionar de los parlamentarios, pero al parecer, muchos de ellos no piensan que es necesario inhabilitarse; en este caso, la transparencia, bien gracias.
Argumentos para inhabilitarse
Hasta el momento el único que ha realizado un juicio con base en el sentido común ha sido el senador PS Carlos Montes. "Me inhabilitare por otras razones. Yo tengo un hijo que es Fiscal y no puedo participar en la elección de su jefe", explicó el senador. "Yo creo que deberían mantener una cierta distancia de la elección aquellos parlamentarios investigados", indicó Montes.
Por su parte el senador UDI Juan Antonio Coloma, inmediatamente apareció defendiendo a los parlamentarios que se encuentran bajo investigación. Al ser consultado argumentó que "yo creo en las instituciones y no en las personas. Estar siendo investigados por una institución no es lo mismo que estar investigado por una persona. El principio general, lo lógico y lo deseable es que el parlamentario ejerza sus deberes, y sus deberes en este caso es votar por la elección del Fiscal", expresó Coloma.
En información entregada por el secretario de la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara Alta, José Luis Alliende, explicó la competencia que tendría la entidad al momento de querer regular esta situación de evidente inequidad política y de carencia de sentido común.
"La Comisión no tiene facultades para solicitar que los implicados declinen participar del debate respecto del personero que heredará la investigación que los implica y ello se está intentando subsanar en un proyecto de ley que, pese a los plazos que establecen que la nominación del Fiscal Nacional se hará en las próximas semanas, recibió el carácter de "simple urgencia" por el Ejecutivo. Es decir, tiene treinta días para ser discutido, lo que significa que es improbable que esté vigente antes de que la jefa de Estado envíe el nombre del elegido al Senado".
Al momento de evaluar la situación, el secretario indica que desde la comisión se está considerando una forma de poder subsanar estas situaciones de evidente incongruencia. "Como una apreciación de carácter general, es necesario precisar que la Comisión estima que debe perfeccionarse tanto la regulación del impedimento como de las excepciones al mismo. Así se hace en el nuevo artículo 11 E, que propone para regular esta materia el proyecto de ley presentado en el mes de agosto por el señor Presidente del Senado, con la firma de cuatro miembros de la Comisión, el cual modifica la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y otros cuerpos legales en lo relativo a probidad y transparencia y que ha recibido calificación de Simple Urgencia por el Supremo Gobierno. En dicha norma se elimina la aludida excepción al impedimento, haciendo aplicable este último, en consecuencia, aunque se trate de ejercer alguna de las atribuciones exclusivas de la respectiva Cámara", indica Alliende.
En conversación con el diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, reconoció estar sorprendido. "Tendrían que inhabilitarse, de todas maneras. Tendría que presentarse una presión ciudadana en caso de que la conciencia de cada uno de ellos no les dicte hacerlo. Efectivamente la inhabilidad es un tema de conciencia personal, me parece que si ellos no se inhabilitan están manchando un proceso republicano", expresa el diputado.
"Si ellos no se inhabilitan les estarían haciendo un daño muy grande al Ministerio Público y a la persona que sea elegida. Por el bien y el prestigio del Ministerio Público ellos deberían de inhabilitarse. No hay que pedir por favor que lo hagan, tendríamos que exigírselo. Estarían votando por la persona que seguiría con las investigaciones que se llevan en contra de ellos", dice.
"Parece cómico que el persecutor sea elegido por los perseguidos. Claramente hace falta el sentido común en el Congreso. Se pierde el sentido común. Ellos están jugando a lo que se ha jugado durante mucho tiempo: que la gente olvida rápido, que el país olvida rápido, que estas cosas pasan de largo. Yo veo que el escenario en este momento es diametralmente distinto, y se podría esperar que se comporten de una forma distinta", finaliza.
Es decir, el 25% de los componentes de la Cámara Alta se encuentran en entredicho sobre su validez en la votación, pues de forma espontánea surgió la idea de la inhabilitación para votar. Todo impulsado por la transparencia en política. Tema importante para blanquear el accionar de los parlamentarios, pero al parecer, muchos de ellos no piensan que es necesario inhabilitarse; en este caso, la transparencia, bien gracias.
Argumentos para inhabilitarse
Hasta el momento el único que ha realizado un juicio con base en el sentido común ha sido el senador PS Carlos Montes. "Me inhabilitare por otras razones. Yo tengo un hijo que es Fiscal y no puedo participar en la elección de su jefe", explicó el senador. "Yo creo que deberían mantener una cierta distancia de la elección aquellos parlamentarios investigados", indicó Montes.
Por su parte el senador UDI Juan Antonio Coloma, inmediatamente apareció defendiendo a los parlamentarios que se encuentran bajo investigación. Al ser consultado argumentó que "yo creo en las instituciones y no en las personas. Estar siendo investigados por una institución no es lo mismo que estar investigado por una persona. El principio general, lo lógico y lo deseable es que el parlamentario ejerza sus deberes, y sus deberes en este caso es votar por la elección del Fiscal", expresó Coloma.
En información entregada por el secretario de la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara Alta, José Luis Alliende, explicó la competencia que tendría la entidad al momento de querer regular esta situación de evidente inequidad política y de carencia de sentido común.
"La Comisión no tiene facultades para solicitar que los implicados declinen participar del debate respecto del personero que heredará la investigación que los implica y ello se está intentando subsanar en un proyecto de ley que, pese a los plazos que establecen que la nominación del Fiscal Nacional se hará en las próximas semanas, recibió el carácter de "simple urgencia" por el Ejecutivo. Es decir, tiene treinta días para ser discutido, lo que significa que es improbable que esté vigente antes de que la jefa de Estado envíe el nombre del elegido al Senado".
Al momento de evaluar la situación, el secretario indica que desde la comisión se está considerando una forma de poder subsanar estas situaciones de evidente incongruencia. "Como una apreciación de carácter general, es necesario precisar que la Comisión estima que debe perfeccionarse tanto la regulación del impedimento como de las excepciones al mismo. Así se hace en el nuevo artículo 11 E, que propone para regular esta materia el proyecto de ley presentado en el mes de agosto por el señor Presidente del Senado, con la firma de cuatro miembros de la Comisión, el cual modifica la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y otros cuerpos legales en lo relativo a probidad y transparencia y que ha recibido calificación de Simple Urgencia por el Supremo Gobierno. En dicha norma se elimina la aludida excepción al impedimento, haciendo aplicable este último, en consecuencia, aunque se trate de ejercer alguna de las atribuciones exclusivas de la respectiva Cámara", indica Alliende.
En conversación con el diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, reconoció estar sorprendido. "Tendrían que inhabilitarse, de todas maneras. Tendría que presentarse una presión ciudadana en caso de que la conciencia de cada uno de ellos no les dicte hacerlo. Efectivamente la inhabilidad es un tema de conciencia personal, me parece que si ellos no se inhabilitan están manchando un proceso republicano", expresa el diputado.
"Si ellos no se inhabilitan les estarían haciendo un daño muy grande al Ministerio Público y a la persona que sea elegida. Por el bien y el prestigio del Ministerio Público ellos deberían de inhabilitarse. No hay que pedir por favor que lo hagan, tendríamos que exigírselo. Estarían votando por la persona que seguiría con las investigaciones que se llevan en contra de ellos", dice.
"Parece cómico que el persecutor sea elegido por los perseguidos. Claramente hace falta el sentido común en el Congreso. Se pierde el sentido común. Ellos están jugando a lo que se ha jugado durante mucho tiempo: que la gente olvida rápido, que el país olvida rápido, que estas cosas pasan de largo. Yo veo que el escenario en este momento es diametralmente distinto, y se podría esperar que se comporten de una forma distinta", finaliza.
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