SILVIA AYUSO Washington 12 SEP 2015 - 00:51 CEST
La llegada del papa Francisco a Cuba la semana próxima podrá ser celebrada en las calles por 3.522 personas más. Ese es el número de presos que serán liberados en las próximas 72 horas, beneficiados por un indulto concedido por el Consejo de Estado cubano en vísperas de la llegada del jefe de la Iglesia católica, que visitará la isla entre el 19 y el 22 de septiembre.
El gesto no es inusual, pero sí su magnitud, que lo convierte en uno de los mayores indultos en Cuba desde el inicio del castrismo en 1959, solo superado por la excarcelación de 3.600 reclusos en 1979, cuando Fidel Castro recibió a cubanos del exilio en La Habana. Con motivo de la visita del papa Juan Pablo II en 1998, el Gobierno cubano liberó a unos 300 presos. Por la llegada de Benedicto XVI a la isla en 2012, el ejecutivo de su hermano Raúl Castro decidió indultar a casi 3.000 reclusos. Esta nueva amnistía, publicada este viernes por el diario estatal de la isla, Granma, coincidió además con el inicio de una nueva ronda de conversaciones entre Estados Unidos y Cuba.
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La cita política en La Habana fue la quinta desde que los presidentes Barack Obama y Raúl Castro anunciaran el 17 de diciembre el inicio de la normalización de relaciones tras año y medio de negociaciones secretas, en las que el papa Francisco tuvo un papel mediador clave, como han reconocido ambas partes. El encuentro sin embargo estrenaba formato: fue la primera reunión de la Comisión Bilateral acordada tras la apertura oficial de la embajada estadounidense en La Habana por el secretario de Estado John Kerry el 14 de agosto. El restablecimiento de relaciones diplomáticas el 20 de julio y la posterior visita cubana de Kerry -el primer jefe de la diplomacia estadounidense en poner pie en la isla en más de medio siglo- fue el punto culminante de un proceso de normalización de relaciones que sin embargo está lejos aún de haber concluido. La comisión bilateral establecida tiene precisamente el objetivo de continuar las múltiples y todavía complicadas negociaciones que permitan una normalización completa de relaciones, algo para lo que ninguna de las partes se atreve a poner fecha.
El Departamento de Estado había adelantado que esta nueva reunión se centraría en discutir “los pasos siguientes en el proceso de normalización” y el “calendario” de encuentros para la discusión de “prioridades compartidas”. Y así fue, según confirmó la Cancillería cubana, que anunció al término de la reunión en La Habana que la próxima cita será en noviembre en Washington.
En cuanto a los temas a tratar, persisten los problemas históricos -y más complicados por resolver- que lastran la relación bilateral hace más de medio siglo: desde el levantamiento del embargo reclamado por Cuba, que también exige la devolución de Guantánamo y el fin de las emisiones de radio y televisión a la isla, a las compensaciones por expropiaciones que quiere un EE UU que además reclama un diálogo abierto sobre derechos humanos y democracia, entre otros. Pero la comisión bilateral, que en esta ocasión estuvo presidida por la máxima responsable para EE UU de la Cancillería cubana, Josefina Vidal, y por el subsecretario de Estado adjunto para América Latina del Departamento de Estado, Alex Lee, también debatirá a corto plazo aspectos de más fácil negociación, como cooperación en materia de medioambiente, prevención de desastres naturales o aviación civil. Y también temas de "cumplimiento de la ley", entre los que se espera la revisión del estatus de refugiado político para muchos prófugos de ambos países, una cuestión que durante años ha contribuido a tensar más aún las relaciones entre EE UU y Cuba.
Entre los presos a liberar antes de la llegada del papa Francisco hay algunos extranjeros cuya identidad Cuba no ha proporcionado, limitándose a decir en su comunicado oficial que se trata de reclusos cuyos países de origen han “garantizado su repatriación”. Otros beneficiados son presos mayores de 60 años o menores de 20 sin antecedentes penales, así como enfermos crónicos, mujeres, presos que estaban a punto de recibir la libertad condicional y otros que ya cumplían condena en régimen abierto, según la nota oficial de este viernes. En esta no se especifica si entre los indultados hay también presos políticos, tal como exigen activistas y organizaciones dentro y fuera de la isla, aunque el hecho de que la nota oficial especifique que entre los indultados no hay presos acusados de “delitos contra la seguridad del Estado” hace pensar que han sido excluidos, al menos a priori, de esta medida.
Según las últimas cifras oficiales, que datan de 2012, la población penitenciaria en Cuba es de unos 57.000 presos. La opositora Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) afirma sin embargo que la cifra actual está entre los 60.000 y 70.000 presos, informa Efe. De acuerdo con el líder de la CCDHRN, Elizardo Sánchez, entre ellos hay al menos 60 presos por "razones políticas o mediante procedimientos políticamente condicionados".
Obama renueva una ley que conserva el embargo contra Cuba
S. AYUSO
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, renovó este viernes por un año más la Ley de Comercio con el Enemigo, uno de los pilares legales en los que se basa el embargo contra Cuba.
La acción parece a priori contradictoria, en vista de que el mandatario demócrata viene presionando desde diciembre al Congreso para que ponga fin a un embargo que considera “fracasado” y que lastra, dice, las relaciones tanto con la isla como con el resto del hemisferio occidental.
Según expertos sin embargo, renovar esta ley es la única manera que tiene Obama de poder seguir actuando mediante sus poderes ejecutivos para vaciar de contenido al embargo mientras el Congreso se siga negando a ponerle fin de forma definitiva. No renovar la normativa podría además haber revertido las medidas ejecutivas dictadas por Obama en los últimos meses y que han permitido una sustancial flexibilización para viajar y comerciar con la isla, advierte Tomás Bilbao, director ejecutivo de Cuba Study Group.
Con la Ley Helms-Burton de 1996, el embargo pasó a ser ley y por tanto quedó en manos del Congreso. “Sin embargo, con la Ley de Comercio con el Enemigo, el presidente mantiene autoridad para modificar las sanciones mediante autoridad ejecutiva en ciertas áreas. Si se eliminara su autoridad bajo eso, eliminaría su poder de ejercer discreción en cuanto a las sanciones”, destaca Bilbao.
La Ley de Comercio con el Enemigo data de 1917 y es en la que se basó el presidente John F. Kennedy para dictar el embargo contra Cuba en 1962. Esta normativa es la “preeminente” entre todas las leyes que desde entonces se han escrito para configurar el embargo, explicó recientemente también el abogado especializado Robert Muse. La paradoja es que se trata de la ley “principal” que permite mantener el embargo, pero a la par “es la única que garantiza autoridad ejecutiva al presidente para relajar el embargo a Cuba”.
Obama tenía hasta el lunes 14 para renovar la ley y no perder así su capacidad de seguir flexibilizando el embargo, algo que se espera suceda próximamente. Entre las medidas más esperadas destaca una nueva flexibilización de las restricciones para viajar a la isla. Oficialmente, los estadounidenses tienen prohibido hacer turismo en Cuba.
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