Por Mario López M. - 26/09/2015 (cambio21.cl)
• Es el quinto general que encabeza el Ejército desde la salida de Pinochet en 1998. Se trata del comandante en jefe más político y cuestionado desde entonces.
• Ha negado poseer antecedentes sobre detenidos desaparecidos o crímenes, defiende Punta Peuco, desmiente pactos de silencio y se opone a quitar honores a Manuel Contreras y otros violadores de DDHH.
• Designado por Piñera justo después de ser procesado su hermano, por delitos de lesa humanidad. Acusado de presionar la salida del exministro Solís.
Comienzo escandaloso
Como un oscuro presagio, Sebastián Piñera procedió a designarlo como Comandante en jefe del Ejército en las postrimerías de su mandato. Al ser nombrado, ya se conocía que su hermano, el también general Carlos Oviedo Arriagada, se encontraba procesado como autor de los homicidios calificado y apremios ilegítimos ocurridos en 1973, en Temuco, donde fueron asesinados 7 militantes del Partido Comunista.
La encargatoria de reo de Carlos Oviedo, tuvo “réplicas” al interior del Poder Judicial debido a presiones provenientes del Ejército y que implicaron la salida del entonces ex ministro Alejandro Solís, quien se desempeñaba como asesor del equipo de jueces con dedicación exclusiva para resolver juicios por violación a Derechos Humanos. Las presiones vinculan al ministro de la Corte Suprema Hugo Dolmestch, quien conminó al ministro Mesa para que “recibiera a la parte militar en el caso”, acusándolo de negarse a hacerlo, lo que fue desmentido por el propio Mesa.
Dolmestch no reveló quién le expresó el reclamo por el procesamiento del hermano del nuevo comandante en jefe del Ejército y tampoco explicó por qué llamó al ministro del caso, lo que era improcedente. Dolmestch comparte sala con el auditor del Ejército, Waldo Martínez, en materias que implican a militares. Carlos Oviedo obtuvo inmediata libertad contra el pago de 500 mil pesos, a pesar de habérsele negado por Mesa, por ser “un peligro para la sociedad”. El ex juez Solís denunció luego que militares presionaron para sacarlo como asesor de DDHH y acusó directamente que el ministro de la Suprema Hugo Dolmestch le habría dicho que militares pidieron su salida y que, un día después, se le solicitó la renuncia.
Dichos de la discordia
“El "Ejército no ampara pactos de silencio (…) No podría ni por ética decir y poder confirmar que nosotros albergamos pactos o amparamos pactos de silencio al interior del Ejército” han sido sus palabras reiteradas en diversas oportunidades. Otra de sus aseveraciones ha sido asegurar que: “si alguna persona, a título de personal, que está en retiro, tiene por su defensa la opción de guardar silencio, esa es una opción particular que permite la justicia. Pero nosotros como Ejército no tenemos pactos de silencio ni tampoco los vamos a permitir”.
“Doy fe que no existe un pacto de silencio institucional ni menos resguardo de archivos secretos para ocultar información sobre el destino de los detenidos desaparecidos”, aseguró. Según Oviedo, el Ejército tiene “un sólido compromiso con el tema de los DDHH, rechaza y condena de manera categórica estos hechos (caso Quemados), los cuales son ajenos al honor militar y a la doctrina institucional”. “Creemos que como institución (…) no hay ninguna falta de entrega de información en relación a los tribunales, porque no podríamos, estaríamos cometiendo una falta gravísima”.
Lo anterior en alusión al trabajo de los jueces a cargo de las investigaciones. También Oviedo ha señalado que “ellos (los jueces) pueden acceder a toda la información que nosotros tenemos, pueden ir al archivo del Ejército, pueden trabajar como ha sucedido, semanas en él y tratar que nosotros generemos el máximo de información para poder ojalá llegar a una... cuando uno dice solución, a lo que cada persona acepte como solución de aspectos que a lo mejor han sido muy dramáticos, muy dolorosos de aceptar”.
Negó tres veces
Víctimas de la dictadura han interpelado a Oviedo justamente por negar los pactos de silencio y encubrimiento, negar tener antecedentes sobre casos de detenidos desaparecidos y negarse a degradar a quienes violaron los DDHH. “Si el comandante en jefe del Ejército no es capaz de asumir esta responsabilidad histórica, debe renunciar”, exigió Carmen Gloria Quintana frente a la negativa de entregar antecedentes. No han sido los únicos que exigen al Ejército cooperar en la búsqueda de verdad y justicia, también en el Parlamento cuestionaron a Oviedo.
El diputado de Amplitud, Pedro Brown, demostró las contradicciones entre Oviedo y otros antecedentes: “cuando conocemos declaraciones de una ex ministra de Defensa, la ex ministra Vivian Blanlot, que dice que tiene la convicción de que en el Ejército existen documentos que ayudarían a esclarecer muchos de los casos de violaciones a los derechos humanos. Creo que efectivamente se requiere una declaración contundente por parte del Ejército si eso efectivamente no es así, porque claramente ahí hay una contradicción”, aseveró.
El PPD Tucapel Jiménez interpeló a Oviedo: “Que Manuel Contreras haya muerto como general será una mancha que llevará el Ejército en su historia.”. El DC, Ricardo Rincón también cuestionó: “No entendemos los pactos de silencio como institucionales, al menos en el Ejército de hoy, lo que no podría ser. Pero se entienden los pactos de silencio como una herramienta de encubrimiento. En la CNI existió un departamento especial de microfilms y supongo que el Ejército tiene antecedentes de estos procesos. Son más de 200 mil documentos de la CNI incinerados por el Ejército en democracia. Esto no ocurrió en los años 70, sino en la década del 90 y posterior incluso”, señaló.
El hombre del Corvo
Como se recordará, fue él quien distinguió al futbolista Gary Medel entregándole un corvo a nombre del Ejército en reconocimiento a su desempeño deportivo en el pasado Mundial de Brasil. ¿Podría alguien dudar que la entrega y sacrificio por la camiseta de Gary no merece un sentido homenaje? No pareciera existir una persona con objetividad que lo discuta. Tampoco nadie cuestionaría que se le brindaran sentidas muestras de cariño. Hasta ahí, todo bien. Sin embargo Oviedo no encontró nada mejor que aprovechar la oportunidad y manipular la imagen del jugador, para “limpiar” la del Ejército y en especial la de un “símbolo de muerte”, como es el corvo.
Se trata de la encarnación de la muerte, pues fue el mismo que utilizaron cobardemente miembros del propio Ejército para asesinar a prisioneros desarmados y amarrados, como el caso de Carlos Berger, joven periodista y abogado, esposo de Carmen Hertz, quien fue masacrado junto a decenas de presos con esta arma letal. El corvo fue el arma favorita del Comando Conjunto, con la que degolló a civiles indefensos. También fue el arma preferida de la Caravana de la Muerte, con la que asesinó de manera macabra.
Ese pertrecho no es un signo que represente a la patria toda, tampoco es un "símbolo histórico" del Ejército, el que pasó a ser "oficial" en la infantería sólo en 1974, durante la dictadura, cuando ya se había usado para abatir cobardemente a prisioneros políticos amarrados o esposados con total impunidad. Oviedo al elegir el regalo para brindar a Medel, lo hizo sabiendo o debiendo saber que con ello infringiría un dolor a las familias de quienes fueron degollados o acuchillados y al país todo que desea dejar en el pasado tan crueles actos cometidos hace apenas 42 años con los corvos.
Indignación por la ofensa
Así reaccionó la exsenadora Carmen Frei frente a los dichos del general Oviedo, quien invitó a la familia Frei a “entregar” antecedentes sobre el asesinato del Presidente Frei Montalva. “Pero cómo me pide eso, cuando son miembros del Ejército los que han identificado a quienes participaron…¡Por favor…! que diga eso me parece una ofensa, por decir lo menos”, señaló la exparlamentaria e hija del Presidente Frei Montalva a Cambio21.
“Había una política institucionalizada del Ejército para eliminar a las personas que a ellos les molestaban, tal como lo afirma Carmen Gloria Quintana, los indeseables, como los llamaban. Desgraciadamente hoy existe esa misma política pero referida a no entregar información y eso es muy grave para la convivencia de hoy y del futuro. Todos respetamos las FFAA, de eso no hay duda, pero no cabe en la cabeza que no quieran entregar lo que se sabe que tienen”, aseguró Carmen Frei.
Oviedo aprovechó la sesión en la Cámara de Diputados para señalar que estaría dispuesto a recibir a la familia Frei para conversar y que le entregaran la información de que disponía la familia. “Realmente me pareció una tomadura de pelo, sobre todo cuando todo está judicializado. Si fueron los mismos miembros del Ejército que han confesado frente al juez, y no solo mandos subalternos, sino que también de mandos relevantes que en sus declaraciones judiciales reconocen con nombre y apellido quienes participaron, quienes microfilmaban, en qué lugares tenían los archivos secretos, cómo los cambiaron de un lugar a otro, ¡por favor…!”, señaló Carmen Frei.
Por la boca muere el pez…
El general Oviedo al enfrentar en la Cámara de Diputados las interpelaciones, sostuvo que “la CNI no fue un organismo del Ejército. Hubo gente comisionada de oficiales y suboficiales a la CNI, que cumplieron una función por ley. Y esas mismas personas después volvieron cuando terminaron su comisión”. Por ello confesó que dentro de la institución aún se mantenían 36 ex agentes que provenían de los servicios de seguridad de la dictadura (DINA – CNI), pero se atrevió a asegurar que “ninguno de ellos mantenía procesos judiciales pendientes”.
Las palabras de Oviedo fueron desmentidas tajantemente por los hechos. En la página web del Ejército al momento de las afirmaciones de Oviedo a la Cámara, se encuentra el suboficial mayor en servicio activo Nelson Williams Román Vergara, quien días antes había sido condenado como autor del secuestro del químico de la DINA Eugenio Berríos a 10 años de cárcel efectiva. Berríos fue asesinado por miembros del DINE.
Nelson Román Vergara se desempeñaba desde el 2012, en la Agrupación Especial de Montaña, que pertenece a la Brigada de Operaciones Especiales Lautaro del Ejército, en Colina, correspondiente al ex Fuerte Arteaga, el mismo lugar en el que se encontraron restos óseos de detenidos desaparecidos que habían sido enterrados en dichas dependencias como consecuencia de la “Operación retiro de televisores”. Descubiertas las contradicciones en las afirmaciones de Oviedo, el suboficial Román solicitó acogerse a retiro.
Oviedo más allá de los dichos
Cuesta entender que quien se desempeñara como comandante de Educación y Doctrina de la institución, que asegura que el honor militar es lo primero y que se jacta que las nuevas generaciones están ajenas a lo acontecido “en un momento de nuestra historia”, siga permitiendo que se idolatre a criminales como Manuel Contreras o el mismo Pinochet. Oviedo se ha negado a sacar las imágenes que veneran a tales personajes de los cuadros de “honor” de la institución.
Es más, ha señalado que “cuando se daña a nuestro Ejército, no solamente pierde la sociedad, sino lo que es peor, se erosiona la institucionalidad que la sostiene. Es la aprensión natural que debería surgir en momentos en que hemos sido testigos estas últimas semanas, de cómo se ha intentado involucrar a este Ejército, que nos pertenece a todos, en supuestas conductas impropias y ajenas a sus principios fundamentales, con emplazamientos mediáticos que lo menoscaban y condenan sumariamente”. Lo que Oviedo no dice, es que existen hechos concretos que no son ataques sino constatación de denuncias graves.
Tal es el caso de las acontecidas en Iquique, en que un par de tenientes del Ejército fueron detenidos luego que rayaran y dañaran un monolito en memoria a los detenidos desaparecidos y luego escaparan del lugar. ¿Quién formó y bajo qué principios a esos “ajenos oficiales a quienes no se dio de baja de inmediato? ¿Dónde quedan los principios de respeto, honor y cooperación? Hasta hoy no se conoce sanción alguna en contra de los tenientes Mauricio Pacheco Urrutia, de la 2ª Brigada Acorazada “Cazadores”, y Pablo Henríquez Fernández, del Centro de Entrenamiento Acorazado.
También corrupción
También la corrupción alcanzó a la institución bajo el mandato de Oviedo. Uno de los más grandes desfalcos con dineros fiscales de los últimos tiempos lo protagonizó el mayor Mauricio Lazcano Silva, ex jefe del Comando de Bienestar de la institución armada. Dicho funcionario utilizó facturas ideológicamente falsas, acción que coordinaba con una empresa externa, la que descontaba en bancos de la plaza dichos documentos firmados por Lazcano a nombre del Ejército. Así, generaba liquidez factorizándolos y la institución aparecía como obligado frente a la banca. Más de seis mil millones de pesos se birlaron en arcas públicas.
No son los únicos casos. De hecho, dos funcionarios están procesados y entre ellos un coronel. Este nuevo ilícito consistía en adulterar o falsificar facturas -de nuevo ideológicamente falsas-, por trabajos de reparación o adquisición de repuestos para vehículos institucionales que jamás fueron adquiridos o ejecutados realmente. Más de quinientas facturas y boletas avalaban compras por parte del Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF), en que se desempeñaban los funcionarios bajo sumario, que jamás ocurrieron. Oviedo frente a estos hechos ocurridos bajo su administración, ha señalado: “las personas que han faltado a la probidad cometen corrupción. Ellos son corruptos. En la institución tratamos de ser lo más transparentes”.
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