miércoles, 23 de septiembre de 2015

Solo una de cada seis titulaciones de derecho está acreditada en México

La Facultad de Derecho de la UNAM es considerada una de las mejores instituciones para estudiar derecho en el país / OSWALDO RAMÍREZ

La mayoría de las escuelas evitan someterse a examen para ocultar sus carencias

Los expertos alerta de su baja calidad educativa


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PRISCILA NAVARRETE México


Por las calles de la Ciudad de México no es difícil encontrar anuncios de universidades que ofrecen estudiar la carrera de derecho en solo dos años y recibir el título de abogado sin tesis o examen. Son anuncios atractivos, dirigidos a un público sediento de oportunidades y con escasos recursos, pero que ocultan una trampa: de los 1.600 cursos de derecho que se ofertan en el país, solo 300 están acreditados.

Aunque esto no impide el ejercicio de la profesión, sí que delata el incumplimiento de los requisitos mínimos de calidad. “A los alumnos se les dan falsas expectativas de educación y oportunidades, cuando la realidad es que la educación por la que pagan es deficiente”, dice el investigador de la UNAM, Alberto Abad Suárez Ávila.

La proliferación de estos cursos de baja calidad, denunciados por el Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación Superior en Derecho (Confede). tiene consecuencias graves. Y afecta, según los especialistas, al núcleo de la justicia. En México hay 321.000 abogados, y un buen número son letrados egresados de escuelas no acreditadas que trabajan en casos de justicia diaria: divorcios, pensión alimenticia, ministerio público y algunos problemas mercantiles.

En México existen 1.600 cursos de derecho, solo 300 cubren los estándares mínimos de calidad

Y es ahí donde se genera un daño a la sociedad. “Este tipo de abogados es a los que la gente accede y el resultado es que también salen timados”, indica Suárez, quien apuesta por un control gremial de los requisitos lectivos. “Si hacemos un gremio más fuerte y procesos más serios, será menos atractivo para alguien estudiar en estas escuelas; no hay que cerrar las puertas, sino cumplir los requisitos. Sólo así llegaríamos a un nivel aceptable, con menos abogados, pero más capacitados”, señala.

Para otros especialistas, bastaría con una acreditación general de los cursos. Pero este proceso dista de ser sencillo. La acreditación en México es voluntaria y además cuenta con la resistencia denumerosas escuelas que no quieren ver destapadas sus carencias. Como señala el presidente del Consejo para la Acreditación de la Enseñanza en Derecho (Conaed), Felipe Ibáñez, la mayoría de los centros no se somete a examen porque su plan de estudios no es completo, está desactualizado, no cuenta con instalaciones adecuadas o simplemente carece de profesores cualificados. “El resultado es que existe una diferencia significativa entre lo que aprende un alumno egresado de una institución acreditada y una que no lo está. El someterse al programa de acreditación significa un acto de apertura y transparencia de las instituciones educativas en búsqueda de la excelencia académica”, dice Ibáñez.

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Otro problema añadido es la incapacidad de absorción del propio sistema universitario. La carrera de Derecho en México es de alta demanda. A los dos exámenes de 2015 para ingresar en la UNAM se presentaron 12.462 aspirantes y solo fueron aceptados 1.020.La Facultad de Derecho es considerada como una de las escuelas élite junto con el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), pero sólo la primera es pública y estudiar en las otras puede costar hasta 46.980 dólares. “La razón por la que abunda la carrera de derecho es porque tiene una oferta asegurada, el problema es que la entrada a la licenciatura en las mejores escuelas es muy competida, y estas otras cubren la necesidad de la gente que no entra a las de prestigio”, señala Suárez.

La carrera de derecho es una de las más solicitadas en el país

El proceso de acreditación es relativamente sencillo. La institución, que primero debe tener un registro oficial ante la Secretaría de Educación Pública, paga unos 6.000 dólares (en caso de Confede), llena un formulario de autoevaluación y recibe la visita de un comité que entrevista a alumnos, exalumnos, empleadores y profesores. Este equipo realiza un informe para una instancia e valuadora que dictamina si la institución obtiene o no la acreditación. Pese a la sencillez del proceso, la realidad es que una mayoría de las escuelas de derecho evita someterse a él y sólo uno de cada seis cursos cumple con los requisitos de calidad mínimos.

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