El Ejecutivo comienza a maniobrar para contar con nuevos magistrados oficialistas y reducir los daños de una posible derrota
ALFREDO MEZA Caracas 8 OCT 2015 - 01:36 CEST
Por primera vez desde 1999, el gobierno de Venezuela reconoce que podría perder un evento electoral. Desde el pasado domingo, cuando el presidente Nicolás Maduro aseguró que las parlamentarias del próximo 6 de diciembre serían los comicios más difíciles de toda la era chavista, ha quedado de manifiesto un plan para tratar de minimizar los efectos de una posible derrota. El Ejecutivo ha comenzado a maniobrar para contar con nuevos magistrados, afines al oficialismo, en el Tribunal Supremo de Justicia.
Elvis Amoroso, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y presidente del Comité de Postulaciones del Poder Judicial, ha anunciado el comienzo del proceso que culminará con la elección de cinco nuevos cargos del Tribunal Supremo de Justicia. El Gobierno, que actualmente controla tres quintas partes del unicameral parlamento, quiere sustituir a los miembros salientes con magistrados afines a sus intereses antes de la juramentación de la nueva legislatura el próximo 5 de enero. A partir de 2016, el Poder Legislativo podría contar con mayoría opositora si se cumplen las expectativas generadas en las últimas semanas por las principales encuestadoras.
Un control casi total
Cada miembro del Supremo es elegido por un periodo de 12 años. En la actualidad, de 32 magistrados que componen el TSJ solo cuatro, nombrados el pasado mes de diciembre por la Asamblea Nacional en una controvertida votación que desconoció lo establecido en la Constitución de Venezuela, no responden a los dicterios del régimen. Con el control total del Poder Judicial el chavismo podría prolongar su influencia en caso de que una eventual victoria de la oposición en diciembre le reste margen de maniobra.
Las explicaciones ofrecidas por Amoroso revelan, a juicio de la oposición, el temor del Gobierno de perder el control de uno de los poderes públicos después de tres lustros de férreo dominio. “No queremos que eso se empastele con las elecciones parlamentarias. Se elegirán a mediados de noviembre”, dijo el diputado en un programa de radio local. El período de los actuales togados vence el 15 de enero y correspondería elegir a la nueva terna de la Asamblea Nacional que se instalará el 5 de enero. Pero además es posible que la maniobra política sea más amplia. El diario El Universal publicó ayer que el Tribunal Supremo de Justicia podría renovar hasta 11 togados principales porque varios de ellos, cuyo período vence en diciembre de 2016, han solicitado su jubilación anticipada. Entre ellos está la expresidenta del Supremo Luisa Estela Morales. Durante su gestión el Gobierno jamás perdió un juicio.
La revolución
Como lo hiciera su padre político Hugo Chávez en momentos de crisis, Maduro advirtió el martes en su programa semanal de televisión que “la revolución” podría tomar “otro carácter” en caso de una derrota en las parlamentarias. Las declaraciones son muy vagas y amplias como para precisar a qué se refiere el jefe del Estado con el nuevo cariz del proceso iniciado en 1999. Se estima que se trata de un esfuerzo por intentar convencer a la base chavista, profundamente golpeada por el desabastecimiento y la escasez, para que los apoye en el lance electoral del 6 de diciembre. El número dos del régimen, Diosdado Cabello, también trabaja en esa dirección. En un acto político celebrado el martes en su natal estado Monagas (Oriente de Venezuela), pidió a los miembros del partido de gobierno y sus aliados vencer el sectarismo y entender que cada voto cuenta. “El triunfo de la revolución está en la base de los partidos, no en otro lado”, agregó.
Maduro está tratando de transmitir la idea de que solo el chavismo podrá superar la crisis estructural en la que se encuentra sumergida el país sudamericano. De la magnitud del problema económico ha dado cuenta el Fondo Monetario Internacional en un informe conocido el pasado martes. El organismo estima que la inflación de este año será del 159%, la más alta desde 1996, y una caída del PIB del 10%. Los números para 2016 no serían más optimistas en caso de que el régimen se niegue a hacer correctivos estructurales a su propuesta económica.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario