Sus dos editores, Miguel Henrique Otero y Alberto Federico Ravell, han sido demandados por difamación por el presidente del Parlamento, Diosdado Cabello
ALFREDO MEZA Caracas 10 OCT 2015 - 18:15 CEST
La policía judicial de Venezuela visitó a las siete y quince de la noche del jueves la sede del diario El Nacional en respuesta a una orden de conducción emitida por un tribunal contra el presidente-editor de ese medio, Miguel Henrique Otero, y otros integrantes de la junta directiva. Una hora después el agregador de noticias La Patillareportó que otros funcionarios del cuerpo de investigaciones visitaron la sede del portal en busca de su editor, Alberto Federico Ravell, que vive en Bogotá (Colombia) y de su hija Isabell.
Ambos procedimientos están relacionados con la demanda por difamación interpuesta por el número dos del régimen, Diosdado Cabello, contra 22 editores y miembros de la junta directiva de las publicaciones El Nacional, Tal Cual y La Patilla, que reprodujeron a principios de año un artículo publicado por un diario español que relaciona al presidente de la Asamblea Nacional con el tráfico de drogas.
A la defensa le llama la atención que cumplan con la orden judicial por la noche cuando los tribunales cierran
En principio, la policía científica debería llevar a ambos editores al tribunal que lleva la causa. A la defensa le llama la atención que cumplan con la orden judicial a esa hora de la noche cuando los tribunales, salvo excepciones, cierran. “Eso en la práctica equivale a una orden de captura. La intención es dejarme preso por tiempo indefinido y sustanciar cualquiera de las acusaciones en mi contra, como el financiamiento de las protestas de la oposición o el supuesto atentado contra la hija de Diosdado Cabello”, afirma Miguel Henrique Otero en conversación con este diario desde Estados Unidos.
La intención del editor es regresar a Venezuela, pero opina que no están dadas las condiciones para su vuelta. Lo cierto, dice, es que las demandas por difamación son procesos penales individuales, pero la justicia venezolana pretende que los 22 imputados estén presentes para iniciar el juicio. “Podría pasar dos horas o un mes en la cárcel mientras los ubican a todos. Además, de esos 22 uno solicitó asilo y otros diez tienen su residencia fuera de Venezuela. Es un riesgo volver”.
En agosto, un tribunal aceptó también una demanda de Cabello que busca una compensación económica por los daños que le habría causado la publicación de esas notas en Venezuela.
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