miércoles, 24 de mayo de 2017

JUBILACIONES MILITARES EN CHILE

Los chilenos protestan contra el sistema de pensiones en 2016. EFE

Chile debate sobre las millonarias pensiones a violadores de los DD HH

Los exmilitares condenados reciben pensiones que llegan a unos 4.700 dólares al mes


Por ROCÍO MONTES - Santiago de Chile

En un país como Chile, que tiene un sistema de pensiones en crisis, las millonarias jubilaciones que reciben exmilitares condenados por violaciones a los derechos humanos han abierto un intenso debate. Mientras el 91% de la población recibe menos de 235 dólares de jubilación, un centenar de condenados por crímenes de lesa humanidad, encarcelados en el penal Punta Peuco, reciben pensiones que llegan a unos 4.700 dólares al mes, según una investigación del diario La Tercera.

Fernando Torres Silva, el fiscal de la dictadura militar y hombre de confianza de Augusto Pinochet, lidera la lista con el mayor sueldo. El coronel en retiro del Ejército actualmente cumple 10 años de condena por el homicidio de Eugenio Berríos en 1991, que fue químico de la policía secreta del régimen, la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA).

Otro de los beneficiados es Miguel Krassnoff, que recibe unos 3.700 dólares. El exbrigadier pinochetista, que cumple cadena perpetua por distintos crímenes, en el golpe de Estado de 1973 dirigió el asalto a la casa del presidente Salvador Allende. Fue uno de los más feroces torturadores de la dictadura. Sus víctimas recuerdan que él era uno de los pocos a quien no le importaba decir su nombre real.

Para los activistas de derechos humanos, las millonarias pensiones de los exmilitares representan “una vergüenza, un agravio y una ofensa a la memoria de Chile, no solamente a los familiares de las víctimas”, como manifestó la abogada Carmen Hertz, viuda de un ejecutado político. “En contraste, aquellas personas y presos que sobrevivieron a las cárceles clandestinas reciben 150.000 pesos de pensión [unos 225 dólares]”, señaló Hertz a la radio Bío-Bío.

El sistema privado de pensiones que rige en Chile, que se inauguró en 1981, en la dictadura de Pinochet, prácticamente no tiene grandes defensores en la sociedad. Aunque los fundadores del mecanismo auguraban que para 2020 la gente se jubilaría con el 100% de su sueldo, la mitad de las personas que cotizó entre 25 y 33 años recibirá pensiones equivalentes a un 21%.


El modelo privado, que se basa en la capitalización individual, no existía en ninguna otra parte del mundo, aunque con el paso de los años ha sido implementado en otros ocho países (entre ellos, Malawi, Kosovo y República Dominicana, Israel, Hong Kong y Australia, que tiene una renta básica de 959 dólares).

La Caja de Defensa

La dictadura, sin embargo, al cambiar el sistema hace 36 años resguardó a las Fuerzas Armadas y de Orden, por lo que las jubilaciones de estas instituciones siguen siendo administradas por la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), a diferencia del resto de los ciudadanos. El problema con las millonarias pensiones no parece estar necesariamente en retirarle por completo las jubilaciones a los exmilitares condenados por violaciones a los derechos humanos, sino por tramitar una nueva legislación que permita instalar en el país un sistema de degradación. Actualmente, reciben mayores pensiones a mayor jerarquía, pero en el Congreso existe un proyecto de ley de 2015 que permitiría que los exuniformados condenados por los crímenes en dictadura pierdan sus cargos.

Los exmilitares, en cualquier caso, todavía cuentan con algunos respaldos entre los actuales dirigentes de la política chilena. La presidenta del partido de derecha Unión Demócrata Independiente (UDI), Jacqueline Van Rysselberghe, señaló que “el trabajo que realizaron merece que sea reconocido, al igual que el de cualquier persona”. “Si un chileno ha trabajado tiene derecho a una pensión. Si además de trabajar cometió delitos, tiene que ser castigado. No tiene que ver con quitarle los derechos que ganó en su vida laboral, que parece ensañamiento judicial más que con justicia”, sostuvo.

El Gobierno de Michelle Bachelet también debió interferir en la polémica y, a través del subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, anunció que el tema será abordado en el proyecto de ley sobre pensiones que el Ministerio de Hacienda enviará al Congreso durante los próximos tres meses.

LA FLACA CECILIA, PRIMERA MUJER CONDENADA

Por primera vez los tribunales chilenos hacen efectiva una pena de cárcel contra una mujer por violaciones a los derechos humanos. Ema Ceballos Núñez, de 70 años, fue una agente civil de la Armada que trabajó para la policía secreta de Pinochet. Apodada como La Flaca, el pasado 22 de marzo fue sentenciada a 10 años por secuestro. Según el diario El Mercurio, Ceballos Núñez cumple la pena en una cárcel común para mujeres, en el Centro de Orientación Femenina (COF), a diferencia de los exmilitares, condenados por causas de derechos huma<NO>que se hallan recluidos en recintos especiales.

COMENTARIO (1)

Del editor jefe, Juan Carlos C. J: 

Saludos a todos: 

LA CRUELDAD DE LA DICTADURA

Los oscuros días de la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet quien fue el responsable de muertes de chilenos con una crueldad inusitada.

Historias que estremecieron a la opinión pública nacional e internacional, marcó un doloroso hito para los familiares de los centenares de detenidos desaparecidos y para las víctimas del régimen militar: confirmaba la terrible sospecha de que sus parientes estaban definitivamente muertos. Peritajes realizados a cuerpos encontrados en las calles y ríos descartaban lesiones por impacto de bala y evidenciaron lesiones traumáticas contundentes. La muerte, entonces, era causada por golpes.

Tras desvelarse la verdad sobre los desaparecidos, Pinochet ordenó la operación "Retiro de Televisores": los cadáveres de un número indeterminado de prisioneros asesinados y sepultados de forma clandestina fueron exhumados, metidos en sacos, atados con rieles y lanzados al mar u otros lugares, incluidos ríos, lagos o el cráter de algún volcán, según declaraciones de agentes procesados años después.

Se buscó hacer desaparecer todo vestigio de las personas secuestradas y asesinadas a lo largo de todo el país, dando orden a todos los regimientos de buscar todos los cuerpos enterrados entre 1973 y 1979. Se debe decir que el principal responsable de llevar adelante el plan "Retiro de Televisores" fue Odlanier Mena, quien con posterioridad se suicidó.

Esta es la terrible historia del exterminio de ciudadanos chilenos que manchan la historia militar de las Fuerzas Armadas chilenas, contraviniéndos sus postulados que define su razón de ser: preservar la paz, garantizar la soberanía nacional, mantener la integridad territorial y proteger a la población, instituciones y recursos vitales del país, frente a cualquier amenaza o agresión externa. Y ello lo debe hacer con obediencia al Poder Ejecutivo, no deliberante, según establece nuestra Constitución Política.

Para concluir, conociendo estos datos se puede comprender porqué, la clase política, prefirió mantener un silencio cómplice. Mientras en el sistema del mundo civil la herencia que entrego la previsión con el fin de este ciclo es otorgar pensiones miserables, que no permiten en su vejez al ciudadano vivir dignamente, mientras que los militares mantiene un sistema maravilloso. No hay nada que justifique hoy mantenerlo.

Lo que hay que mirar es quién tiene el valor para plantear que hay que hacer una cirugía mayor en el sistema previsional de las Fuerzas Armadas".


Gracias.

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