Pese a todos los cuestionamientos, la máxima autoridad policial cuenta aún con la confianza del Gobierno, porque “no hay a quién poner en su reemplazo; si sacamos a Villalobos, lo más probable es que la mafia interna se rearticule”, explicaron en Palacio. Una premisa que comparten varios de los integrantes de la comisión investigadora del “pacogate” que se creó en la Cámara de Diputados, pues consideran que no solo se trata de un caso que ha ido creciendo como bola de nieve semana a semana, sino que además el modo de operar refleja una “verdadera mafia consolidada” que operó sin control por más de 12 años.
Por MARCELA JIMÉNEZ
Cuando a una autoridad pública se le reafirma insistentemente en su cargo, es señal casi inequívoca de que su continuidad está en entredicho y que ya existe un plan alternativo en marcha para reemplazarlo. Y si bien es cierto que desde el Gobierno han sido reiterativas las declaraciones de respaldo al general director de Carabineros, Bruno Villalobos, este no sería el caso para aplicar dicha norma. Y es que La Moneda asumió la estrategia de resistir a las presiones políticas para mantenerlo a la cabeza de la institución y así ganar la mayor cantidad de tiempo posible para tratar de extirpar la “mafia” interna que se enquistó en las filas de la policía uniformada, la que fue develada al estallar el caso “pacogate”.
En el Gobierno, e incluso en la Nueva Mayoría, reconocen que ha sido un error político permanente de la Presidenta Michelle Bachelet estirar el elástico hasta su límite, y por mucho más tiempo del recomendado, al momento de defender y mantener en sus cargos a personas de su círculo de confianza que han sido cuestionadas, como sucedió en su momento con Rodrigo Peñailillo, como asimismo con el ex administrador de La Moneda, Cristián Riquelme, o el año pasado con la ex ministra de Justicia, Javiera Blanco. Pero ahora hasta los detractores internos de esa tendencia de la Mandataria recalcaron que la permanencia de Villalobos en su cargo se debe a una razón mucho más profunda y compleja que la mera porfía o lealtad mal entendida de la que peca Bachelet.
No se trata de que Villalobos sea “santo de devoción” del grueso de los inquilinos de La Moneda, ni que todos allí estén convencidos –agregaron– de que “sea inmaculado”, tampoco respecto a que su manera de actuar haya sido la más acertada y que no generara ruido interno el excesivo blindaje inicial que le confirió Bachelet, pero sí es unánime en Palacio la certeza de que “no existe otra alternativa más que mantenerlo en el cargo”. Esto, debido a que se instaló en el seno del Ejecutivo –según reconocieron– la convicción de que no hay certeza sobre los alcances reales que tiene el fraude interno en Carabineros, por lo tanto, es muy alto el riesgo de nombrar a un sucesor que efectivamente pueda estar involucrado.
“No hay a quién poner en su reemplazo; si sacamos a Villalobos, lo más probable es que la mafia interna se rearticule”, explicaron en La Moneda. Una premisa que comparten varios de los integrantes de la comisión investigadora del “pacogate” que se creó en la Cámara de Diputados, pues consideran que no solo se trata de un caso que ha ido creciendo como bola de nieve semana a semana, sino que además el modo de operar refleja una “verdadera mafia consolidada” que operó sin control por más de 12 años.
“La tesis y temor del Gobierno tiene asidero, no se sabe a quién poner a la cabeza. Sería un tremendo problema si se nombra a un sucesor de Villalobos y luego aparece involucrado”, confidenció uno de los parlamentarios integrantes de la comisión, la que tiene hasta agosto para investigar, plazo que es altamente probable que sea prorrogado.
Los cálculos en La Moneda apuntan a que el escándalo del “pacogate” va a seguir sumando involucrados y algunos en el Ejecutivo creen que, a medida que siga avanzando la investigación que lleva adelante el Ministerio Público, es posible que se llegue a duplicar el monto defraudado, que hasta ahora se empina a los 21 mil millones.
Tanto a nivel gubernamental como de la comisión investigadora han puesto el foco en que el fraude en Carabineros es “mucho más grande” e importante que la permanencia de Villalobos como general director, porque para que la red interna pudiera efectivamente operar por más de una década, indiscutidamente –recalcaron en ambas instancias–tuvo que haber colaboración de personas tanto de la Contraloría General de La República como de la Dirección de Presupuestos (Dipres). “Cualquier paso en falso sería fatal, impediría sacar a todos los involucrados, los uniformados y los civiles”, afirmaron en Palacio.
Por eso en La Moneda actúan con recelo, desconfianza, pies de plomo y, sobre todo, con un hermetismo férreo que se instaló la última semana, casi inquebrantable, especialmente desde que ha trascendido que hay civiles involucrados, funcionarios y algunas ex autoridades de todos los gobiernos y colores políticos.
Públicamente ha sido el ministro del Interior, Mario Fernández, el que se reúne con Villalobos cuando le rinde cuentas del avance del plan de reestructuración que se generó a raíz del “pacogate”, como también quien junto a Bachelet ha respaldado reiteradamente al general director. “Fue él el que inició la investigación y es quien trabaja en la aclaración de estos temas, entonces, ¿por qué tendríamos que pedirle la renuncia? (…) La situación de Carabineros es muy delicada y nos debe preocupar a todos”, declaró Fernández el domingo 4 de junio, en el programa 'Estado Nacional', de TVN.
Pero en La Moneda confesaron que las verdaderas riendas de esta crisis tras bambalinas las lleva el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, quien habitualmente se hace cargo de los conflictos más espinudos y delicados que ha sorteado la administración bacheletista. “Que el tema esté en manos de Aleuy da cuenta de lo grave de la situación”, explicaron en la sede de Gobierno.
Río revuelto
Desde distintas veredas políticas y por distintas razones, las presiones para que La Moneda saque a Villalobos van en aumento en relación directa con cada nuevo antecedente que sale a la luz pública.
Es indiscutible que el director general no quedó en una posición fácil después que, a fines de la semana pasada, trascendiera que había declarado hace dos meses –en instalaciones de la Escuela de Carabineros– ante el juez Mario Carroza por una causa de violaciones a los derechos humanos en dictadura, el talón de Aquiles para un gobierno de centroizquierda, con muchos de sus funcionarios, partiendo por la propia Mandataria, víctimas de la represión.
"Originalmente el mandato de Villalobos es hasta septiembre del año 2019, ya que asumió la Dirección General el 2015. En La Moneda esperan que resista al menos hasta que termine la administración bacheletista o diciembre, en el peor de los casos, tiempo en que tanto la comisión investigadora como la Fiscalía deberían haber terminado su trabajo y se conocerían con mayor certeza los alcances reales del fraude y hasta qué nivel hay funcionarios involucrados".
Se trata de la muerte de Patricio Manzano, estudiante de Ingeniería de la Universidad de Chile en febrero de 1985, una causa que fue sobreseída el año 2015, pero en la que la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones ordenó al juez indagar la participación de organismos de inteligencia. El nombre de Villalobos aparece en una lista de la brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones (PDI) que contiene la identidad de los funcionarios de Carabineros que participaron en la detención de los estudiantes de la FECH, y el general habría reconocido haber estado en Los Andes, pero que se hallaba fuera del recinto en el que se torturó a los estudiantes.
En La Moneda aseguraron que investigaron, chequearon y están convencidos de que Villalobos no tuvo participación real en el caso Manzano, que, de lo contrario, habría sido insostenible mantenerlo en el cargo y que, por lo mismo, se resolvió resistir a las presiones. “Si él no ha tenido responsabilidad penal, no tiene por qué afectarse su carrera”, sentenció el ministro Fernández el domingo. Es más, hay quienes no descartan que esto sea parte de una operación interna desde Carabineros para tratar de “tumbar” al general director y así frenar las investigaciones.
Eso, sin embargo, no frenó que igual se avivaran estos días las declaraciones públicas exigiendo la salida de Villalobos por la responsabilidad en el “pacogate”, dada la verticalidad del mando que caracteriza a la policía uniformada. La precandidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, dijo el martes que “no puede ser lo que pasa hoy en Carabineros, donde existe un fraude que contamina a toda la institución. El costo de lo que hicieron esos oficiales está provocando una lesión en todos los carabineros (…), no hay una explicación certera, no se conoce el alcance y todavía el director de la institución está en su cargo. Por eso pedimos la renuncia del general Villalobos”.
Un emplazamiento al que este miércoles 7 de junio también se sumó la abanderada presidencial de la DC, Carolina Goic. “Si de mí dependiera, si yo tuviera las atribuciones, ya le hubiera pedido la renuncia al general Villalobos (…). Esto no tiene que ver con un tema personal, sino que más bien con la responsabilidad del mando. Carabineros es una institución querida, respetada por los chilenos, y que hoy ha visto manchado su uniforme por una red de corrupción que es inaceptable”, sentenció.
En otro tono y en el marco de una ceremonia de ascenso a suboficiales mayores en Concepción, el general inspector de Carabineros, Julio Pineda, pidió abiertamente que se dé vuelta la página del caso “pacogate”. "Ya hemos experimentado lo suficiente el sinsabor de la traición y es hora de comenzar a despertar de esta pesadilla (…). Es menester dar vuelta la página, despercudiéndose de todos los daños que la amoralidad e inmoralidad de unos pocos, que alguna vez pertenecieron a las filas de las carabinas cruzadas, nos produjeron tanto desdén y menosprecio", precisó ante la presencia de Villalobos, que guardó un estricto silencio ante sus declaraciones.
Una petición que no pasó inadvertida. El mismo martes el presidente de la comisión investigadora del “pacogate”, Jaime Pilowsky, respondió que “es fundamental determinar el origen de estos lamentables hechos de corrupción, la fecha de inicio, los involucrados, los montos defraudados, la responsabilidad en la falta de controles. Sabemos que para la institución ha sido un golpe durísimo, pero para recuperar la confianza es inapropiado pedir que se dé vuelta la página. Hay que limpiar la herida a fondo para que sane completamente”, señaló.
En La Moneda insisten en que están resueltos a que Villalobos continúe al mando de la institución, porque “el costo de resistir a las presiones, a pesar de haber recibido la medalla Misión Cumplida, es infinitamente menor al riesgo de sacarlo del puesto”. Explicaron que internamente aún posee “mando”, que las filas de Carabineros le tienen respeto, que lo que se ha observado desde el Gobierno es que “está convencido de llegar hasta la últimas consecuencias, hasta el final” y eso ha ido convenciendo a los inquilinos de Palacio de respaldarlo todo lo que sea posible.
Originalmente el mandato de Villalobos es hasta septiembre del año 2019, ya que asumió la Dirección General el 2015. En La Moneda esperan que resista al menos hasta que termine la administración bacheletista o diciembre, en el peor de los casos, tiempo en que tanto la comisión investigadora como la Fiscalía deberían haber terminado su trabajo y se conocerían con mayor certeza los alcances reales del fraude y hasta qué nivel hay funcionarios involucrados.
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