CANIBALISMO DE ESTADO 

Saludos a todos, 

Escrito por don Juan Carlos, editor senior emérito 

La actual administración ha instaurado una narrativa de escasez absoluta para justificar un retroceso histórico en la protección del ciudadano. Bajo el argumento de una crisis de liquidez y un déficit estructural, se ha procedido a una reducción sistemática de los recursos destinados al funcionamiento del Estado. Sin embargo, el análisis de fondo revela que este recorte no es una medida de saneamiento, sino una herramienta de disciplina social diseñada para subordinar la vida de las familias al rigor del mercado. 

El propósito latente de esta política es el desmantelamiento de la noción de derecho. Al degradar la calidad de los servicios públicos mediante el ahogo presupuestario, el sistema fuerza al ciudadano a buscar en el sector privado aquello que el Estado, por diseño y no por incapacidad, deja de proveer. Esta maniobra constituye una transferencia de soberanía desde el bienestar común hacia el beneficio de la élite financiera, la cual, mientras exige austeridad para las mayorías, asegura para sí misma una reducción de sus responsabilidades tributarias. 

Este escenario genera una contradicción peligrosa para la seguridad nacional. Un pueblo que percibe que su esfuerzo diario solo sirve para garantizar la rentabilidad de una minoría, y que ve cómo sus garantías básicas se desvanecen bajo la excusa de la crisis, entra inevitablemente en una fase de desafección y resistencia. La estrategia de estrangulamiento no busca el equilibrio del país, sino el blindaje de los activos de una casta que ha cooptado la toma de decisiones para protegerse de las consecuencias de sus propios modelos fallidos. 

Es imperativo que quienes custodian la institucionalidad comprendan que la estabilidad no se construye sobre el hambre o la incertidumbre de los más pobres. El orden que se intenta imponer mediante la carencia es un orden artificial y volátil. La verdadera fortaleza de una nación reside en la justicia de sus acuerdos y en la certeza de que el sacrificio es compartido y no impuesto unilateralmente por quienes detentan el capital. La supervivencia de la República exige denunciar este engaño y retornar a una economía que reconozca la dignidad humana como su único fin legítimo.