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¿Es el Ejército de Chile una escuela de conspiradores?

El Artículo 101 de la Constitución exige Fuerzas Armadas obedientes y profesionales, financiadas por todos los chilenos. Esto hace intolerable su historial de eliminaciones internas y la actual corrupción de los altos mandos, hoy ratificada por condenas de hasta doce años de presidio por fraudes fiscales. Sin embargo, el Ejército chileno, es reconocido históricamente como genocida (exterminador sistemático de la clase obrera y campesina por motivos políticos) y mientras no sea cambiado ese comportamiento en su esencia, seguirá siendo lo mismo. Chile merece un Ejército pluralista no clasista y que no sea conformado por una élite. Debemos incorporar a sus filas una nutrida variedad de ciudadanos de las diferentes capas sociales que reflejen en su oficialidad la participación de los distintos segmentos sociales de la ciudadanía. Frente a esta descomposición moral, exhorto urgentemente a revisar las doctrinas y éticas de las principales escuelas de oficiales del país. Es imperativo transparentar la formación de los futuros oficiales, someter sus escuelas matrices a un proceso de acreditación estatal obligatoria y auditar qué se enseña en materias que dicen relación con la historia, la política, los derechos humanos, la sociedad y las relaciones internacionales. Solo transformando la educación de sus filas se garantizará una verdadera subordinación militar al poder civil constituido democráticamente y la justicia social.

POEMA

POEMA DE LA LIBERTAD

Nos arrebataron nuestro gobierno,
nuestros trabajos y nuestra libertad.

Cometieron todo tipo de crímenes brutales,
nos torturaron, nos hicieron rehenes
y nos expulsaron al exilio lejos de nuestro hogar.

Pero el deseo de nuestro pueblo;
fue de conquistar nuestro preciado derecho.

Lo que resta por hacer, es evitar,
que se repitan los hechos del pasado.

El recuerdo debe quedar como una advertencia,
para las futuras generaciones.

Y es que TODOS debemos de cuidarla;
Y eso, se llama LIBERTAD.

Escrito por Juan Carlos C. J.
Estados Unidos

JUEVES, julio 06, 2017.- DERECHOS HUMANOS EN DUDA CARTA ABIERTA A: VÍCTOR ROSAS VERGARA, ABOGADO

Saludos a todos. “No se trata de cuestionar la conquista de los derechos humanos, sino de reconocer que su efectividad depende de la capacidad humana para lograr resultados que sean concluyentes y sostenibles, para una reparación adecuada y asumir los compromisos que implican esas nuevas expectativas”. Desde que se conocieran los nefastos resultados de su gestión jurídica como abogado, no he dejado de emitir esta advertencia. Soy uno de los pocos ex prisioneros políticos en el exilio que se ha enfrentado públicamente a usted, exigiéndole que abandone el cargo de vicepresidente de la Unión de Ex Prisioneros Políticos de Chile (UNExPP). Su permanencia carece de ética y destruye su credibilidad, al anteponer sus intereses comerciales particulares como litigante a las obligaciones del organismo bajo su cargo. La transparencia, las incompatibilidades reglamentarias y los conflictos de interés constituyen el núcleo de mi denuncia. La profunda indignación que ha provocado este desacierto judicial me ha conducido a un punto de no retorno. Asimismo, mi reclamo técnico en su contra obedece a un perjuicio equivalente a los 147 millones de pesos faltantes por demandante. Esto consiste en la negligencia profesional cometida durante su gestión debido a la codicia desmedida de querer abarcar, dentro de una misma acción civil colectiva por apremios ilegítimos y tortura, la inclusión errónea de viudas y huérfanos. Ante dicha amalgama jurídica, la Corte Suprema de Chile optó por el fallo menos gravoso para las arcas fiscales, determinando una indemnización final de apenas tres millones de pesos para cada integrante de la Quinta Demanda. Técnicamente, las reclamaciones de los familiares debieron encauzarse en una demanda independiente, sin mezclarse con los casos específicos de los sobrevivientes directos de tormentos. LA HISTORIA Permanecí en cautiverio por casi tres años (1973-1976), para posteriormente ser expulsado del territorio nacional mediante decreto ley por la dictadura militar, solo para recibir, tras 41 años de exilio, una restitución de tres millones de pesos. Esta cifra contrasta drásticamente con los resultados de su propia defensa en el caso Isla Dawson, donde víctimas que no cumplieron un año de reclusión obtuvieron una reparación de 150 millones de pesos. En los campos de concentración y centros donde fui recluido, compartí el cautiverio con doctores, académicos, profesores, funcionarios públicos, periodistas, sacerdotes, dirigentes sindicales, políticos, artistas, estudiantes, agricultores, dueñas de casa y obreros. Para estos efectos, el régimen militar utilizó recintos masivos como la oficina salitrera Chacabuco o instalaciones deportivas de la magnitud del Estadio Chile. En otros casos, los servicios de seguridad habilitaron inmuebles particulares y prisiones clandestinas como Tres Álamos, además de la Cárcel Pública y la Penitenciaría. “Lamento decirle que hemos esperado media vida en el exilio por justicia y reparación; y la verdad es que no se acaba la vida, lo que se acaba son los sueños”. En el Chile actual, las millonarias jubilaciones que perciben los exmilitares condenados por violaciones a los derechos humanos resultan intolerables. Mientras el 91% de la población activa recibe pensiones de vejez inferiores a los 235 dólares, un centenar de criminales de lesa humanidad recluidos en el penal de Punta Peuco perciben asignaciones estatales que alcanzan los 4,700 dólares mensuales. Estas pensiones de privilegio otorgadas por el Estado representan una vergüenza, un agravio y una ofensa a la memoria histórica del país, afectando no solo a las familias de las víctimas directas, sino a todo el exilio en general. En contraste, aquellos ex prisioneros políticos que sobrevivieron a los centros clandestinos de detención perciben pensiones de reparación asistencial de apenas 150,000 pesos (aproximadamente 225 dólares). La expectativa de alcanzar una justicia digna permanecerá postergada por muchos años más en las instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mientras los afectados fallecen día con día sin haber hallado verdad ni amparo judicial. Tanta resistencia, tanta sangre derramada y tantos sacrificios a lo largo de décadas concluyen hoy en la impunidad de una promesa incumplida. Significa un vil desprecio a la clase trabajadora que aún lucha por dignificar la actividad política, y que legítimamente aspira a que su coraje histórico sea reivindicado mediante una reparación justa y decorosa. Juan Carlos C. J. Ex prisionero Político en el Exilio.

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martes, 29 de noviembre de 2011

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