Estimado General,
Deuda con el Pueblo
Escrito por don Juan Carlos, editor senior emérito
Nos dirigimos a usted con el debido respeto para abordar, desde una perspectiva de conducción estratégica, el grave impacto que las medidas económicas de los primeros meses de la administración del presidente José Antonio Kast están provocando en la estabilidad del país. Pretender que la ciudadanía valide una austeridad que elimina garantías y recorta el presupuesto del pueblo es un error político, más aún cuando esta gestión contrajo una deuda de 6.200 millones de dólares que tendrán que pagar las próximas generaciones de chilenos. La nueva administración vino a incomodar el avispero y, ante este panorama, ¿qué espera usted, General?, ¿que el pueblo se quede callado frente al desamparo o que asuma los costos del endeudamiento sin reclamar sus derechos fundamentales?
Desde un punto de vista táctico, la proyección política de este modelo de recortes severos y endeudamiento masivo genera un escenario de alto riesgo para la gobernabilidad y la seguridad nacional. Cuando el costo de los ajustes recae exclusivamente sobre los trabajadores del pueblo para pagar compromisos financieros, mientras los amplios presupuestos de las Fuerzas Armadas permanecen intocables y blindados con los impuestos de todos los contribuyentes, se erosiona profundamente la cohesión interna y se profundiza la desigualdad. La verdadera seguridad de una nación no se mide por la fuerza de sus cuarteles ni por el saldo de sus cuentas de crédito, sino por la paz y estabilidad de sus ciudadanos; un país con un tejido social desprotegido económicamente y amarrado a una deuda gigantesca se vuelve vulnerable a crisis de legitimidad internas que neutralizan el desarrollo a largo plazo.
Conducción, no Subordinación
Por lo tanto, la fiscalización y la crítica que ejercemos desde el ámbito civil nacen de la convicción democrática de que todo gasto público y toda deuda contraída a nombre de la nación deben responder a las necesidades de la patria y estar sujetos al escrutinio ciudadano. En un Estado de derecho moderno, la institución militar está subordinada al poder civil, y la protección del pueblo es el fin supremo que justifica la existencia del Estado mismo. Advertir sobre el impacto de estas políticas públicas, denunciar la contradicción de comprometer el futuro de la juventud mientras se desmantela la red de apoyo social, y exigir rectitud en el manejo de las finanzas es un deber cívico indispensable para resguardar la estabilidad, la armonía y la verdadera soberanía de nuestra nación.
Atentamente,
Juan Carlos CJ
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OPEN LETTER TO GENERAL RAFAEL
Dear General,
Debt to the People
We are writing to you in the most respectful manner to address, from a perspective of strategic leadership, the severe impact that the economic measures of the first months of President José Antonio Kast's administration are having on the stability of the country. Expecting the citizenry to validate an austerity plan that eliminates social protections and cuts the budget of the people is a political mistake, even more so when this administration has taken on a debt of 6.2 billion dollars that future generations of Chileans will have to pay. The new administration came to stir up the hornet's nest and, given this outlook, what do you expect, General? Is the people to remain silent in the face of abandonment, or to shoulder the costs of this debt without claiming their fundamental rights?
From a tactical point of view, the political projection of this model of severe cuts and massive debt creates a high-risk scenario for governance and national security. When the cost of these adjustments falls exclusively on the working class to cover financial obligations, while the large budgets of the Armed Forces remain untouched and shielded by the taxes of all contributors, internal cohesion is deeply eroded and inequality deepens. The true security of a nation is not measured by the strength of its barracks nor by the balance of its credit accounts, but by the peace and stability of its citizens; a country with a socially vulnerable population tied to a gigantic debt becomes susceptible to internal legitimacy crises that neutralize long-term development.
Leadership, Not Subordination
Therefore, the oversight and criticism we exercise from the civil sphere stem from the democratic conviction that all public spending and all debt incurred on behalf of the nation must respond to the needs of the country and be subject to public scrutiny. In a modern state governed by the rule of law, the military institution is subordinate to civil power, and the protection of the people is the supreme goal that justifies the existence of the State itself. Warning about the impact of these public policies, denouncing the contradiction of putting the future of our youth at risk while dismantling the social support network, and demanding rectitude in the management of finances is an indispensable civic duty to safeguard the stability, harmony, and true sovereignty of our nation.
Sincerely,
Juan Carlos CJ.





























