Saludos a todos.
Escrito por don Juan Carlos, editor senior emérito
El sistema político venezolano previo a mil novecientos noventa y nueve se estructuró como una democracia representativa, instaurada tras el derrocamiento del régimen de Marcos Pérez Jiménez en mil novecientos cincuenta y ocho. Este ordenamiento se fundamentó en el Pacto de Puntofijo, un acuerdo de gobernabilidad institucionalizado por los partidos Acción Democrática y Copei. Durante las décadas de mil novecientos sesenta y setenta, la estabilidad del régimen y el desarrollo del Estado se sustentaron en una bonanza rentista impulsada por las cotizaciones internacionales del petróleo, permitiendo la expansión de la infraestructura pública, la educación y los sistemas de salud. El rendimiento de este modelo se reflejó en proyectos de gran envergadura como la central hidroeléctrica de Guri, el Metro de Caracas y la consolidación de una corporación petrolera estatal caracterizada por altos estándares técnicos y operativos. No obstante, la arquitectura puntofijista colapsó en los años ochenta debido a la vulnerabilidad externa provocada por la caída de los ingresos petroleros y el incremento de la deuda soberana, lo que desencadenó severas tensiones estructurales y la crisis cambiaria del Viernes Negro en mil novecientos ochenta y tres. La acumulación de demandas insatisfechas y el impacto sociopolítico del Caracazo en mil novecientos ochenta y nueve erosionaron la legitimidad de las instituciones tradicionales, propiciando el surgimiento de liderazgos alternativos.
Tras la transición hacia la Revolución Bolivariana, el Ejecutivo venezolano reconfiguró su política exterior mediante una alianza estratégica y militar con el régimen cubano. Este vínculo implicó la inserción de miles de asesores extranjeros en las áreas de seguridad, salud e inteligencia, financiada mediante el suministro diario de crudo venezolano bajo condiciones de subsidio discrecional. El mecanismo operó a través de programas de transferencias sociales y la penetración de redes de contrainteligencia de La Habana en los componentes de las fuerzas armadas para garantizar la lealtad de la estructura militar. En el ámbito interno, el gobierno implementó políticas de expropiación, controles de cambio y la centralización absoluta de las rentas públicas. Los análisis institucionales indican que esta concentración de poder favoreció dinámicas de corrupción sistémica a gran escala, donde la opacidad en la asignación de divisas facilitó el desvío de recursos estatales mediante esquemas de lavado de activos y corporaciones fantasmas. El desmontaje del aparato productivo privado, sumado al saqueo de los fondos públicos, devino en una crisis humanitaria compleja y en la parálisis operativa de los servicios públicos esenciales.
La Doble Dependencia
El acuerdo energético con los Estados Unidos representa un cambio geopolítico interpretado como un detrimento de la soberanía nacional. El tratado delega en corporaciones norteamericanas el cincuenta y cinco por ciento de la producción de la empresa conjunta, adquiriendo crudo a precio de costo por veinticinco años. La declaración estadounidense sobre el acceso a sesenta y cinco mil millones de barriles para su Reserva Estratégica refleja las condiciones aceptadas por la dirigencia local para preservar su inmunidad tras la captura de Nicolás Maduro en enero de dos mil veintiséis. El desenlace evidenció la ineficacia del aparato de seguridad cubano ante una intervención de alta intensidad, confirmando el aprovechamiento asimétrico de la isla. La coyuntura expone una contradicción para una sociedad movilizada bajo la retórica de la independencia económica, cuyos recursos quedaron subordinados a la tutela castrista y finalmente al control norteamericano como un botín de guerra, de forma análoga a los despojos del corso histórico. Desde una perspectiva analítica, la figura de Simón Bolívar confrontaría el estado de la República denunciando la claudicación del proyecto emancipador por la sumisión de una dirigencia que transformó el Estado en un territorio dependiente.
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The Cost of Immunity
Greetings to all.
The Venezuelan political system prior to nineteen ninety-nine was structured as a representative democracy, established following the overthrow of the regime of Marcos Perez Jimenez in nineteen fifty-eight. This political order was based on the Pact of Puntofijo, a governance agreement institutionalized by the Accion Democratica and Copei parties. During the nineteen sixties and seventies, the stability of the regime and the development of the State were sustained by a rentier boom driven by international oil prices, which allowed for the expansion of public infrastructure, education, and healthcare systems. The performance of this model was reflected in large-scale projects such as the Guri hydroelectric plant, the Caracas Metro, and the consolidation of a state-owned oil corporation characterized by high technical and operational standards. However, the Puntofijista architecture collapsed in the nineteen eighties due to external vulnerability caused by the drop in oil revenues and the increase in sovereign debt, which triggered severe structural tensions and the Viernes Negro currency crisis in nineteen eighty-three. The accumulation of unfulfilled demands and the sociopolitical impact of the Caracazo in nineteen eighty-nine eroded the legitimacy of traditional institutions, paving the way for the rise of alternative leaderships.
Following the transition toward the Bolivarian revolution, the Venezuelan Executive reconfigured its foreign policy through a strategic and military alliance with the Cuban regime. This link implied the insertion of thousands of foreign advisors in the fields of security, health, and intelligence, financed through the daily supply of Venezuelan crude oil under conditions of discretionary subsidy. The mechanism operated through social transfer programs and the penetration of Havana's counterintelligence networks into the branches of the armed forces to guarantee the loyalty of the military structure. Domestically, the government implemented expropriation policies, exchange controls, and the absolute centralization of public revenues. Institutional analyses indicate that this concentration of power favored large-scale systemic corruption dynamics, where the lack of transparency in the allocation of foreign currency facilitated the diversion of state resources through money laundering schemes and shell corporations. The dismantling of the private productive apparatus, combined with the looting of public funds, resulted in a complex humanitarian crisis and the operational paralysis of essential public services.
The Double Dependence
The energy agreement with the United States represents a geopolitical shift interpreted as a detriment to national sovereignty. The treaty delegates fifty-five percent of the joint venture's production to North American corporations, acquiring crude oil at cost price for twenty-five years. The US declaration regarding access to sixty-five billion barrels for its Strategic Reserve reflects the conditions accepted by the local leadership to preserve its immunity following the capture of Nicolas Maduro in January twenty twenty-six. The outcome demonstrated the ineffectiveness of the Cuban security apparatus against a high-intensity intervention, confirming the island's asymmetric exploitation. The situation exposes a contradiction for a society mobilized under the rhetoric of economic independence, whose resources were subordinated first to Castro's tutelage and finally to North American control as a spoil of war, analogous to the looting of historical privateers. From an analytical perspective, the figure of Simon Bolivar would confront the state of the Republic, denouncing the abandonment of the emancipatory project due to the submission of a leadership that transformed the State into a dependent territory.











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