Milton Juica, presidente de la Corte Suprema
Por Ana María Sanhueza | anamaria.sanhueza@quepasa.cl.
El próximo lunes 19 de diciembre, el pleno de la Corte Suprema elegirá al sucesor de Milton Juica para liderar el Poder Judicial. Tras dos años de un rol protagónico, en el que ha tenido una tirante relación con La Moneda, en medio del debate por el alza de la delincuencia, volverá a integrar una sala y ser ministro. Según él, de ahí en adelante -su carrera termina en 2018- pretende "en lo posible pasar desapercibido".
Su historia ha estado marcada por causas emblemáticas que acapararon portadas: cuando investigó el Caso Degollados, en los 90, provocó un terremoto político al pedir procesar por incumplimiento de deberes militares a los generales César Mendoza, ex miembro de la Junta Militar, y a Rodolfo Stange, mientras éste era el jefe máximo de Carabineros. Luego, en la Operación Albania, logró la confesión de uno de los hombres más temidos de la Central Nacional de Informaciones (CNI): el ex jefe del cuartel Borgoño, Alvaro Corbalán.
Años después, Juica fue parte de la mayoría de jueces que votaron a favor de los desafueros de Augusto Pinochet en las causas de violaciones a los derechos humanos. Y, a comienzos de 2010, fue el primer presidente de la Suprema que habló, directamente, de "dictadura"; también admitió que durante el régimen militar el Poder Judicial "no se comportó a la altura". Del mismo modo, hay quienes no olvidan que Juica se negó a ir a saludar a Piñera cuando salió electo presidente tras la segunda vuelta de enero de 2010, argumentando que lo haría una vez que asumiera.
También ha marcado la diferencia en temas como la Ley Antiterrorista: cree que sólo se debe aplicar en casos excepcionales y ha mostrado especial preocupación por los derechos de los pueblos originarios. De hecho, recibió a varias organizaciones de mapuches mientras presidió la Suprema, así como organizó reuniones semanales con estudiantes de Derecho de distintas universidades para hablar de educación y de la formación de los abogados. Lo hizo en antes y en medio de las protestas por la calidad de la educación.
-Está a punto de dejar el cargo, ¿cuál fue el momento más complicado que vivió?
-Sin duda, el terremoto, porque tuvimos que buscar soluciones que pudieran poner en pie los tribunales de justicia (más de 200 resultaron dañados) y se logró: tres o cuatro meses después la reconstrucción era del 80%. En cambio, los mejores momentos han sido los reconocimientos que se han hecho en términos de transparencia que nos colocan a la cabeza en Chile y en el extranjero como el Poder Judicial que informa todo lo que tiene que informar a la sociedad.
-La evaluación a los jueces en general siempre ha sido baja, ¿han subido en las encuestas?
-Sube a paso de hormiga. O a paso de tortuga, para ser más precisos, pero sube. Estamos trabajando en eso y para ellos necesitamos tener una mejor sintonía con la sociedad. Debemos enfocarnos en cómo llegar a la sociedad para que nos conozcan.
"¿De qué puerta giratoria me hablan si hay más presos, más condenados y más prisiones preventivas que antes?"
-¿Ha perjudicado la imagen de los jueces el término "puerta giratoria"?
-En general los jueces no se manejan por eslóganes. Los jueces son hombres prácticos que tienen una misión en la sociedad, que es resolver conflictos. Y esto de la "puerta giratoria" es un buen eslogan, porque aparentemente ha permitido que muchas personas, sobre la base de ese argumento, puedan tener una mayor votación en sus candidaturas. Pero en rigor, si es una crítica a los jueces, tenemos que decir que es falsa: hay más presos que antes.
-Los presos se han duplicado luego de la Reforma Procesal Penal.
-El Ministerio Público, que es un órgano autónomo, ha señalado que cuando pide 100 prisiones preventivas, que es la manera en que se tranca la "puerta giratoria", aproximadamente el 90% de esas personas quedan presas. Esa es la estadística. Entonces, ¿de qué "puerta giratoria" me hablan si hay más presos, más condenados y más prisiones preventivas que antes? En algún momento, algunas de estas personas tendrán la oportunidad de salir libres, porque ése es el estado normal en un juicio. Aquí hay un tema de hacer concordar el discurso con la legislación, que no es hecha por los jueces.
-¿Por qué?
-La libertad es la regla general en materia de enjuiciamiento penal y la prisión preventiva es la excepción. Si es cierto que el principio es de inocencia y no de culpabilidad, el juez tiene que considerar al imputado como inocente y su culpabilidad sólo va a quedar demostrada cuando dicte sentencia. Esos son los principios. Ahora, si es que es cierto ese principio, porque ya estoy casi por no creerlo (ironiza).
-¿Hoy pareciera que ser garantista es malo?
-Voy a decir algo que a muchos no les va a gustar, pero pareciera que hoy ser garantista es lo políticamente incorrecto en este país.
-¿Y cómo deberían ser las cosas, a su juicio?
- Como lo asumen los países modernos y civilizados, que no cuestionan a la justicia cuando decide los problemas de justicia.
Promesa incompleta
-¿A qué atribuye el alza de la delincuencia?
-No soy muy aficionado a la estadística, pero la delincuencia, a medida que crece la población y sobre todo si hay sociedades con ciertas desigualdades, empíricamente debiera ir subiendo. Y si alguien me dice "yo voy a terminar con eso", primero me sorprende y, en seguida, pongo atención para saber si eso se puede hacer.
-El gobierno ha atribuido a los fiscales y jueces el alza de la delincuencia.
-Los jueces no deben ser llamados en esta lucha contra la delincuencia, porque el papel de ellos no es de prevención, sino de determinar responsabilidades. Y ese hecho implica que el juez sea lo más independiente posible y que no reciba ningún tipo de presiones, porque está para asegurar las garantías de las personas. Entonces, cuando hablamos de la lucha contra la delincuencia, que es una tarea preventiva muy importante, que el Estado tiene que asumir, quienes asumen esta tarea lo hacen en el sentido de que "yo estoy interesado en que haya menos delincuentes y si encuentro a uno, lo que tengo que hacer es meterlo preso y tratar de que sea condenado". Eso está bien para ese sector, pero no corresponde a los jueces. Es una crítica injusta, que afecta de alguna manera la independencia.
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