La Abogacía del Estado estudia impugnar los acuerdos tomados por el pleno municipal
JESÚS GARCÍA Barcelona 2 MAR 2012 - 13:39 CET
La Fiscalía de Tarragona ha abierto diligencias para investigar si el acuerdo tomado el pasado 29 de febrero por parte del pleno del Ayuntamiento de Rasquera (Tarragona) de cultivar siete hectáreas de cannabis en su término municipal para un club de fumadores de Barcelona pudiera tener consecuencias penales.
La impugnación de los acuerdos de los plenos municipales corresponde al Gobierno español y las comunidades autónomas conforme al artículo 56 de la Ley 7/85 de 2 de abril de Bases de Régimen Local por lo que la Abogacía del Estado estudia hacerlo. Así lo ha anunciado el delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Francisco de Asís Babín, quien ha denunciado "la perversión del lenguaje" que emplea el Consistorio, informa Efe. El delegado ha advertido que desde el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy se "van a movilizar todos los recursos posibles para impugnar el acuerdo", que espera no llegue a tener efecto, con el objetivo de "defender la salud pública".
La polémica medida impulsada por el Consistorio se escuda en la jurisprudencia y en el limbo legal en que se encuentran este tipo de asociaciones de autoconsumo de cannabis con fines terapéuticos o lúdicos. "Se han basado en una argucia legal", aseguró una portavoz de Interior. Hasta el momento, la Generalitat no ha movido ficha.
Rasquera aprobó anteayer gracias a los votos de Esquerra Republicana (ERC), que gobierna en el municipio, ceder un terreno de siete hectáreas para la plantación. El Consistorio busca así sanear sus cuentas. Adeuda 1,3 millones de euros, según explicó el alcalde, Bernat Pellissa. Los concejales de Convergència i Unió (CiU) votaron en contra de la medida.
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