Por Por Raúl Burgoa | AFP – Hace 1 hora 54 minutosEl linchamiento de dos supuestos ladrones y el saqueo del domicilio de un presunto criminal son apenas muestras de la reacción popular ante la creciente inseguridad ciudadana, en un momento en que el 'ojo por ojo, diente por diente' de la Ley del Talión parece resucitar en Bolivia.
En pocos días se han registrado varios actos de violencia contra delincuentes en Bolivia, mientras las estadísticas señalan un aumento de la inseguridad ciudadana.
"Los cogoteros nos están matando como a corderos", llora una mujer aymara, cuyo esposo taxista fue asesinado en una quebrada de El Alto (cerca de La Paz), asfixiado por delincuentes con una cuerda. En otra región, en Santa Cruz (este), la prensa informa de "un cambista herido por delincuentes que se llevaron 35.000 dólares" en pleno centro de la ciudad, mientras en la comarca de San Germán, a 160 km, una patrulla fue emboscada en febrero por narcotraficantes, con un saldo de tres heridos.
Cochabamba (centro), El Alto, vecina de La Paz, y Santa Cruz son las ciudades con mayor casos de robo o hurto, según una encuesta en febrero del estatal Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana que constató además que 4 de cada 10 hogares bolivianos fueron víctimas al menos de un delito en 2011.
Este estudio destaca también que "un 85% de hechos delictivos no son reportados ante las autoridades, mientras que el 57% de los hogares victimizados pertenecen al estrato socioeconómico bajo". Ante la ola delictiva -agravada aparentemente por fallos indulgentes con los delincuentes- la gente comenzó a hacerse justicia por mano propia.
En la comarca de Quila Quila, sudeste del país, dos presuntos ladrones fueron linchados y luego sepultados subrepticiamente, maniatados y con signos de golpes, después de haber sido sorprendidos en flagrancia por la población robando el pasado domingo en la iglesia local.
En la ciudad de El Alto, una turba saqueó en Bolivia el domicilio de un sospechoso de haber asesinado a dos hermanos, periodistas de radios de la ciudad de El Alto, y quemó su mobiliario, además de su automóvil, después de que la policía lo arrestara.
Dos principales sospechosos de los hermanos fueron capturados y presentados a la prensa la noche de este jueves por el ministro de Gobierno (Interior), Carlos Romero. Sobre ellos pesan "evidencias colectadas en los operativos de aprehensión", señaló en rueda de prensa.
El asesinato de estos jóvenes aymaras exacerbó a los vecinos de El Alto, donde residían, que el martes salieron en manifestación para pedir la pena de muerte. Al mismo tiempo, en La Paz decenas de campesinos llegaron de una región del altiplano, de donde es oriunda la familia de los periodistas asesinados, para pedir lo mismo. La pena de muerte está vetada por la Constitución, que sanciona con un máximo de 30 años de cárcel los delitos más graves.
Respecto de esa demanda de sectores sociales, e inclusive de congresistas de derecha, Rolando Villena, presidente de la Defensoría del Pueblo, manifestó un "no rotundo a la pena de muerte y el sí definitivo a la vida; hacemos una reflexión para que nos ajustemos a la Constitución y a la normativa internacional", agregó.
A pesar del llamado de las autoridades, Romero dijo el lunes que su despacho conoció que en algunos barrios de El Alto "han circulado volantes que invitan a organizar brigadas vecinales armadas para defenderse de la delincuencia y eso es muy preocupante". En las calles de El Alto, una de las de mayor peligrosidad del país, hay monigotes colgados en los postes de alumbrado público con leyendas de advertencia a los delincuentes de que serán linchados.
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