Por Por Pablo Rodríguez | AFP – Hace 2 horas 25 minutosEl Congreso colombiano aprobó una reforma judicial impulsada por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que el jueves desató críticas porque, según algunos analistas, favorece la impunidad de los congresistas, tras lo cual el mandatario anunció que la devolverá al legislativo sin promulgarla.
"Mañana (viernes) devolveré al Congreso de la República, con objeciones por razones de constitucionalidad y también de inconveniencia, el proyecto de acto legislativo de reforma a la justicia que he recibido para su promulgación", dijo Santos en una alocución al país.
Tras indicar que asume las "consecuencias" de esa decisión, advirtió de que el gobierno no va a dejar que por aprobar una reforma que queríamos para descongestionar la justicia y hacerla más cercana al ciudadano, terminemos haciéndole el juego a quienes quieren escapar de ella".
Al filo de la noche del miércoles, en la última jornada del primer periodo anual de sesiones, el Senado y la Cámara de Representantes le introdujeron cambios, que entre otros hacen muy difícil que los legisladores pierdan su investidura parlamentaria por cometer algún delito.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, aunque defiende las "bondades" de la que consideró "histórica" reforma, dejó constancia del "desacuerdo" del gobierno con esos ajustes realizados a última hora.
En unas declaraciones a radioemisoras, Esguerra, tras asegurar que con la reforma, la cobertura de la Justicia se ampliará en el país y ayudará a descongestionar los cuatro millones de procesos en trámite, admitió la posibilidad de corregir "algunos errores que hemos encontrado".
El ministro se mostró en desacuerdo con que con la reforma los congresistas o ex congresistas que son investigados por la Corte Suprema de Justicia o la fiscalía por presuntos vínculos con grupos paramilitares de extrema derecha puedan resultar favorecidos. Además, defendió que con la reforma, los congresistas sólo podrán ser detenidos cuando la Justicia haya culminado una investigación en su contra y dictado una acusación formal.
La Corte Suprema de Justicia investiga a más de un centenar de políticos por presuntos vínculos con paramilitares y, en 2010, condenó a 10 ex parlamentarios, mientras que en 2011, otros nueve también fueron declarados culpables, entre ellos dos ex presidentes del Congreso.
"Lo que se hizo finalmente fue favorecer a los miembros del Congreso", dijo a la AFP el ex presidente de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández, quien aseguró que ahora los legisladores "van a poder delinquir sin ningún problema porque la Corte Suprema ahora no va a poder actuar como hasta ahora".
El jurista aseguró además que el Congreso violó el trámite que requiere una reforma constitucional como la que se hizo para reformar la justicia, porque dijo, en la conciliación del texto -en la noche del miércoles- los congresistas introdujeron puntos que no fueron discutidos en los ocho debates previos.
El Polo Democrático Alternativo (PDA, izquierda), el único partido de oposición al gobierno de Santos y que no votó la reforma, anunció que se propone impulsar un referendo para revocarla.
La ex Fiscal General Viviane Morales calificó la reforma como el resultado del "ejercicio del cinismo institucional" y advirtió de que "todas las investigaciones (a los políticos) que tenía la Fiscalía van a pasar a conocimiento de sólo tres magistrados (de la Corte), lo que quiere decir que la impunidad va a volver", dijo a la privada radio Caracol.
Por su parte, Gloria María Borrero, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, criticó la actitud del gobierno y calificó la reforma como una "vergüenza".
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